Gloria Tristan Diaz

Expediente 898/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
898/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
30/08/2018

Partes del expediente

  • Gloria Tristan Diaz

Actuaciones

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA LA DETERMINACIÓN DE ESTA FECHA QUE DICE:"Razón: En treinta de agosto de dos mil dieciocho, el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, con el oficio registrado con el número de correspondencia interna 13674. Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de agosto de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta, a través del cual se transcribe el auto de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictado en los autos del juicio de amparo 899/2018-1, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, del que se advierte que la titular de dicho órgano jurisdiccional, determinó carecer de competencia legal por razón de turno, de la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Perales Arroyo, apoderado especial en cuanto a su objeto, pero general en cuanto a sus facultades de Gloria Tristán Díaz y/o Gloria Tristán viuda de Castilla, contra el acto del Director General de la Junta Estatal de Caminos en el Estado de San Luis Potosí, consistente en: "La afectación que se está realizando al predio propiedad de mi poderdante, ubicado en la intersección que forman en el distribuidor Benito Juárez, la carretera 57 San Luis Potosí- México y la carretera 70 San Luis Potosí -Rioverde, de esta ciudad de San Luis Potosí; con motivo de los trabajos de construcción de uno de Dos Brazos al referido Distribuidor Vial y además del área afectada con el carril lateral de circulación de retorno a la carretera 70 San Luis Potosi-Rioverde; lo que representa una superficie total de afectación de 1,114.945 metros cuadrados." Asimismo, acompaña los autos originales del citado juicio de amparo y diversas copias del escrito de demanda. Acúsese recibo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, III, y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto al cual le corresponde el progresivo 898/2018-VI, y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Así, quien aquí provee, estima que respecto del referido acto reclamado, se actualiza de un modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]." Del transcrito precepto legal se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiendo dicho consentimiento como el hecho de dejar transcurrir el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de la materia, para promover el juicio de amparo. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La parte inicial del primero de los preceptos en comento establece en forma categórica que el plazo para la interposición de la demanda de amparo es de quince días, asimismo, el segundo de los citados dispositivos legales prevé tres distintos supuestos jurídicos para el cómputo de ese plazo, a saber: a. Dicho plazo se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que impugne. b. El plazo comienza a correr al día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c. El amparo debe pedirse dentro de los quince días siguientes a aquél en el que el quejoso se ostentó como sabedor del acto reclamado. Como se puede advertir, los preceptos en consulta hacen una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se deduce que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido, el legislador habría señalado su orden de prelación. Ahora bien, como se adelantó, la quejosa reclama de la Junta Estatal de Caminos en el Estado de San Luis Potosí, la afectación que se está realizando al predio propiedad de mi poderdante, ubicado en la intersección que forman en el distribuidor Benito Juárez, la carretera 57 San Luis Potosí- México y la carretera 70 San Luis Potosí -Rioverde, de esta ciudad de San Luis Potosí; con motivo de los trabajos de construcción de uno de Dos Brazos al referido Distribuidor Vial y además del área afectada con el carril lateral de circulación de retorno a la carretera 70 San Luis Potosi-Rioverde; lo que representa una superficie total de afectación de 1,114.945 metros cuadrados. De los antecedentes que la quejosa vierte bajo protesta de decir verdad, se desprende lo siguiente: 1. El treinta de noviembre de dos mil diecisiete, a través del Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, se dio a conocer la licitación LPE-JEC20-2017, lanzada por la Junta Estatal de Caminos en el Estado de San Luis Potosí, la cual se resolvió el doce de enero de dos mil dieciocho, resultando vencedoras las constructoras Sánchez Valdez Construcciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, Maquinaria y Renta de Zacatecas, Sociedad Anónima de Capital Variable y Constructora Santos Chisum, Sociedad Anónima de Capital Variable. 2. En virtud de lo anterior la parte quejosa el tres de enero del año en curso, a través de un escrito compareció por conducto de su poderdante ante la Dirección General de la Junta Estatal de Caminos en el Estado de San Luis Potosí, solicitando se iniciara a la brevedad los trámites inherentes a la regularización y pago por la afectación permanente al inmueble de su propiedad. Lo anterior se corrobora con la siguiente transcripción del acuse de recibo respectivo (fojas 18 y 19): ".Que mi representada GLORIA TRISTAN DÍAZ y/o GLORIATRISTAN VIUDA DE CASTILLA, es Albacea Definitiva en el Juicio Sucesorio Intestamentario a Bienes de JOSÉ CONCEPCIÓN CASTILLA GÓMEZ, según expediente número 46/1997; RADICADO EN EL Juzgado Mixto de Primera Instancia del Municipio de Cárdenas, San Luis Potosí; tal y como lo acredito con las fotocopias del Proyecto de Partición y Adjudicación de Bienes que al efecto acompaño; en donde se advierte que además de Albacea Definitiva detenta el USUFRUCTO VITALICIO sobre diversas propiedades. Por lo tanto, resulta ser usufructuaria vitalicia del Resto de un Inmueble ubicado en la ciudad de San Luis Potosí, actualmente con una superficie de 10,667.29 metros cuadrados, propiedad adquirida por el de cujus JOSÉ CONCEPCIÓN CASTILLA GÓMEZ, mediante contrato de compra - venta protocolizado ante Notario Público en fecha 24 de septiembre de 1955; e inscrito ante el Instituto Registral y Catastral de la ciudad de San Luis Potosí, bajo la inscripción número 24,376 a Fojas 259 del Tomo 90 de Escrituras Públicas de conformidad con las fotocopias del documento que se anexan al presente escrito. Ahora bien, me permito manifestar que el inmueble antes descrito se localiza sobre la carretera San Luis Potosí - México en la intersección que se forma entre el Distribuidor vial Benito Juárez y la carretera San Luis Potosí - Rioverde; obra vial que, en su momento, afectó el inmueble propiedad de mi poderdande en una superficie de 1,5000 M2. Asimismo, nos hemos enterado que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Junta Estatal de Camino, pretende llevar a cabo la construcción de dos brazos al Distribuidor vial Benito Juárez; proyecto que dará fluidez al tráfico vehicular que circula por la carretera 57 con dirección hacia la zona poniente de la ciudad y que por consecuencia afectara en definitiva la fracción del inmueble antes mencionada, es por lo anterior, que mediante el presente escrito venimos solicitando la regularización de dicha superficie afectada mediante el pago de una indemnización de $15´000,000.00 (Quince Millones de Pesos 00/100 M.N), a fin de resarcir los daños y perjuicios que nos va a generar la construcción de la nueva obra a ejecutarse sobre el distribuidor vial. (Lo resaltado es propio). En atención a dicha misiva, el Director General de la Junta Estatal de Caminos en el Estado de San Luis Potosí, el ocho de enero de dos mil dieciocho, emitió un acuerdo en el que recibió dicho escrito, y admitió la solicitud de indemnización instada, fijando las diez horas del quince de enero del año en curso, para llevar a cabo un levantamiento topográfico referido. 3. El veinticinco de febrero del año en curso, se iniciaron los trabajos de construcción del referido proyecto, y en virtud que no se había emitido determinación alguna por parte de la autoridad respecto de la afectación que se estaba realizando a la propiedad de la aquí quejosa, por conducto de su apoderado, el veintiocho de febrero siguiente, se presentó diverso escrito con el fin de dar seguimiento a la misiva de exhibida el tres de enero del presente año, expresando el conocimiento pleno de tales obras. Lo cual se corrobora con la siguiente transcripción del acuse de recibo respectivo (fojas 32 y 33): ".Que en seguimiento al reclamo indemnizatorio presentado ante ese organismo en fecha 23 de enero del año en curso, por la afectación que pretenden realizar al predio ubicado en la intersección que forman en el Distribuidor Vial Benito Juárez, la carretera 57 San Luis Potosí - México y la carretera 70 San Luis Potosí - Rioverde de esta ciudad de San Luis Potosí, con la construcción de Dos Brazos al referido Distribuidor Vial y para efecto de darle celeridad al tema que nos ocupa y a fin de acreditar la propiedad del inmueble, anexo al presente escrito la documentación siguiente: .Cabe señalar que.con el Plano del Levantamiento Topográfico del predio elaborado por un Perito Dictaminador en Topografía y Deslindes, en donde resultó una afectación en una superficie de 1, 114.945 m2, por lo anterior, consideramos que de nuestra parte, hemos cumplido con entregar de manera puntual toda la documentación que nos ha sido requerida. Ahora bien, es de nuestro conocimiento que la empresa ganadora de la licitación, ya inició trabajos preliminares a la construcción de los Dos Brazos al Distribuidor Vial Benito Juárez, por lo que reiteramos nuestra postura de que no estamos en contra de la realización del proyecto y que dicha obra afecte una superficie de 1,114.945 M2 del predio del cual demandamos la indemnización, pero en lo que no estamos de acuerdo es que trabajos previos se ejecuten sin nuestra anuencia y autorización y mucho menos sin que al día de hoy se encuentre pagada la indemnización de $15´000,000.00 que venimos reclamando." (Lo resaltado es propio). 4. En virtud de que los trabajaos de construcción siguieron avanzando a ritmo acelerado y ante la falta de acuerdo al escrito que antecede, presentado el veintiocho de febrero del año en curso, con fechas veintiocho de mayo, veintiocho de junio y seis de agosto del año en curso, presentó escritos ante la autoridad responsable reiterando la afectación del inmueble antes referido. Tales manifestaciones son del tenor siguiente: - Escrito presentado el veintiocho de mayo del año en curso (foja 34): ".Al respecto hemos visto que los trabajos de construcción de dicha obra vial avanzan a ritmo acelerado, sin que esto mismo se vea reflejado en las negociaciones que se tienen pendientes. por lo que consideramos que hemos sido en exceso tolerantes al no tomar acciones legales a pesar de que ya se vienen realizando trabajos consistentes en la ampliación de la calle lateral hacia la carretera 70 San Luis Potosí - Rioverde dentro de la propiedad, tal y como quedó demostrado con el levantamiento topográfico que ya obra en su poder y del cual se desprende una afectación en un superficie de 1,114.945 M2." (Lo resaltado es propio). - Escrito presentado el veintiocho de junio del año en curso (foja 35): ".Ahora bien, a la fecha han transcurrido treinta días sin que tengamos respuesta del último de los diversos escritos que presentamos ante ese organismo en donde hemos insistido en el pago que nos corresponde por la afectación del terreno antes descrito, por lo tanto, sirva la presente para comunicarles que a partir de este momento queda estrictamente prohibido seguir realizando trabajos de construcción de la obra vial sobre el terreno propiedad de mi poderdante por lo que de continuar con dichos trabajos no veremos en la necesidad de presentar las demandas que correspondan ante las instancias correspondientes." (Lo resaltado es propio). - Escrito presentado el seis de agosto del año en curso (foja 36): ".Que en seguimiento al reclamo indemnizatorio presentado ante ese organismo en fecha 03 de enero del año en curso, por la afectación que están realizando al predio de mi propiedad de mi poderdante ubicado en la intersección que forman en el Distribuidor Vial Benito Juárez la carretera 57 San Luis Potosí - México y la carretera 70 San Luis Potosí - Rioverde, de esta ciudad de San Luis Potosí, con motivo de los trabajos de construcción de uno de Dos Brazos al referido Distribuidor Vial, y además del área afectada con el carril lateral de circulación de retorno a la carretera 70 San Luis Potosí - Rioverde; lo que representa una superficie de afectación de 1,114.945 M2; Ahora bien, para efecto de dar por concluida la negociación y señalar fechas de pago con respecto al tema indemnizatorio que no ocupa en donde estamos reclamando una indemnización de. Cabe señalar que por escrito de fecha 28 de febrero del presente año fue entregada ante la DIRECCIÓN DE LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, fotocopias del contrato de compra - venta protocolizado ante Notario Público en fecha 24 de septiembre de 1955; e inscrito ante el Instituto Registral y Catastral de la ciudad de San Luis Potosí, bajo la inscripción número 24,376 a Fojas 259 del Tomo 90 de Escrituras Públicas con las que venimos acreditando la propiedad del predio, así como también, el Plano de Levantamiento Topográfico del predio elaborado por un Perito Dictaminador en Topografía y Deslindes, en donde resultó la afectación a que hacemos referencia." (Lo resaltado es propio). De lo expuesto se advierte que la parte quejosa tuvo pleno conocimiento de los trabajos de construcción que considera afectan el predio que aduce es de su propiedad ubicado en la intersección que forman en el distribuidor Benito Juárez, la carretera 57 San Luis Potosí- México y la carretera 70 San Luis Potosí-Rioverde, de esta ciudad de San Luis Potosí, con una superficie total de 1,114.945 (mil ciento catorce punto novecientos cuarenta y cinco) metros cuadrados, al menos desde el veintiocho de febrero del dos mil dieciocho; data en la cual presentó una misiva ante la autoridad responsable, en la que manifestó expresamente tal conocimiento. Se afirma lo anterior, pues de las copias certificadas de las documentales que se anexaron al escrito de demanda, en específico la misiva presentada el veintiocho de febrero del año en curso, adminiculadas con el dicho de la parte quejosa realizado bajo protesta de decir verdad (el cual opera en su perjuicio en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo), constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo, y que por tanto, goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199, 200, 208 del código procesal aludido. Apoya lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 57, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Asimismo, adquiere aplicación en lo conducente, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, Volumen 193-198, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Así como las jurisprudencias 1a./J. 126/2012 (10a.), 2ª./j. 183/2005, de la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena y Décima Época, Libros XVII y XXIII, Enero de 2006 y Febrero de 2013, Tomo 1, páginas 778 y 622, que dispone: "DOCUMENTOS PRIVADOS ORIGINALES Y COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. SU VALOR PROBATORIO EN LOS JUICIOS MERCANTILES. En el artículo 1296 del Código de Comercio, de contenido idéntico al numeral 1241 del mismo ordenamiento, el legislador estableció que si los documentos privados presentados en original en los juicios mercantiles -en términos del artículo 1205 del Código invocado-, no son objetados por la parte contraria, se tendrán por admitidos y surtirán sus efectos como si se hubieran reconocido expresamente. Al respecto, este último numeral establece, después de un listado enunciativo en el que contempla a los documentos privados, que también será admisible como prueba "en general cualquier otra similar u objeto que sirva para averiguar la verdad", entre los cuales están las copias simples. Ahora bien, los documentos originales y las copias fotostáticas no son lo mismo, pues éstas son simples reproducciones de documentos originales que pueden alterarse o modificarse en el proceso de reproducción, de modo que no correspondan al documento que supuestamente reproducen y, por ello, constituyen elementos de convicción distintos regidos por diferentes normas y con diferente valor probatorio; de ahí que conforme al indicado artículo 1296, las copias simples no pueden tenerse por reconocidas ante la falta de objeción, como sucede con los documentos privados exhibidos en original. Así, para determinar el valor probatorio de las copias fotostáticas simples en un procedimiento mercantil, ante la falta de disposición expresa en el Código de Comercio, debe aplicarse supletoriamente el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual ha sido interpretado por este alto tribunal en el sentido de que las copias fotostáticas simples deben ser valoradas como indicios y adminicularse con los demás elementos probatorios que obren en autos, según el prudente arbitrio judicial". "DEMANDA DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA MISMA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la demanda de amparo debe ser interpretada en forma integral, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; el desarrollo de este criterio permite considerar que el estudio integral de la demanda incluye el de los anexos de la misma, en virtud de que éstos generalmente contienen datos que completan el entendimiento de la demanda, cuando es obscura o imprecisa; así, los anexos pueden permitir al Juez esclarecer su contenido y desentrañar la verdadera voluntad del quejoso, lo que encuentra su apoyo en los principios que para la administración de justicia prevé el artículo 17 de la Constitución General de la República. Por ende, en los casos en que del análisis integral de la demanda y sus anexos, el Juez advierta alguna irregularidad o imprecisión, debe prevenir a la parte quejosa en términos de lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que formule la aclaración correspondiente, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que podría trascender al resultado de la sentencia, por lo que con apoyo en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, llevaría a ordenar la reposición del procedimiento." Precisado lo anterior, es válido concluir que el término de quince días para instar la acción constitucional en contra del acto reclamado, transcurrió en exceso, toda vez que la parte quejosa tuvo conocimiento de la afectación al inmueble que refiere es de su propiedad, inclusive con motivo de los trabajos realizados en el Distribuidor Vial Benito Juárez y por la superficie total de 1, 114.95 metros cuadrados, desde el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Así, el término de quince días para promover juicio de amparo contra la resolución reclamada inició el uno de marzo de dos mil dieciocho y concluyó el veintitrés de marzo del mismo año, previo descuento de los días inhábiles. Luego, si la presente demanda constitucional se presentó el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, deviene inconcuso que el término de quince días para promover el juicio de amparo respecto del acto reclamado ya había transcurrido, pues el último día con que contaba la quejosa para ello lo fue el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Lo anterior, jurídicamente implica que debe estimarse consentido tácitamente -solo para efecto de la promoción del juicio de amparo en su contra-, el acto que por esta vía pretende impugnar al haber transcurrido con exceso el término de quince días fijado en el precepto 17 del cuerpo legal en cita. En ese orden de ideas, tal conducta jurídicamente revela conformidad con el acto reclamado, por así estar dispuesto en el precepto legal en cita; consecuentemente, ello hace imposible encausar la inconformidad de la parte quejosa a través de este medio constitucional. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia número VI.2o.J/21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas 291, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." En consecuencia, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Asimismo, se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el proemio de la demanda; y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la legislación invocada, a Ana Carlota Enríquez Olvera, quien cuenta con su cédula profesional número 6865011, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos a Guillermo Martínez Dávila, por así solicitarlo expresamente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. En otro orden, se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Apoya lo expuesto, la tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe."

  2. Principal

    Razón: En treinta de agosto de dos mil dieciocho, el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario del Juzgado, da cuenta al Juez, con el oficio registrado con el número de correspondencia interna 13674. Conste. San Luis Potosí, San Luis Potosí, treinta de agosto de dos mil dieciocho. Visto el oficio de cuenta, a través del cual se transcribe el auto de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, dictado en los autos del juicio de amparo 899/2018-1, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, del que se advierte que la titular de dicho órgano jurisdiccional, determinó carecer de competencia legal por razón de turno, de la demanda de amparo promovida por Juan Carlos Perales Arroyo, apoderado especial en cuanto a su objeto, pero general en cuanto a sus facultades de Gloria Tristán Díaz y/o Gloria Tristán viuda de Castilla, contra el acto del Director General de la Junta Estatal de Caminos en el Estado de San Luis Potosí, consistente en: "La afectación que se está realizando al predio propiedad de mi poderdante, ubicado en la intersección que forman en el distribuidor Benito Juárez, la carretera 57 San Luis Potosí- México y la carretera 70 San Luis Potosí -Rioverde, de esta ciudad de San Luis Potosí; con motivo de los trabajos de construcción de uno de Dos Brazos al referido Distribuidor Vial y además del área afectada con el carril lateral de circulación de retorno a la carretera 70 San Luis Potosi-Rioverde; lo que representa una superficie total de afectación de 1,114.945 metros cuadrados." Asimismo, acompaña los autos originales del citado juicio de amparo y diversas copias del escrito de demanda. Acúsese recibo. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 1º, 103, fracción I, 107, fracciones I, III, y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 35, 37, 107, 108, 112, 115 y 117, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto al cual le corresponde el progresivo 898/2018-VI, y fórmese el expediente respectivo. Ahora bien, el suscrito procede al estudio de la demanda en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual establece: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Así, quien aquí provee, estima que respecto del referido acto reclamado, se actualiza de un modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.]." Del transcrito precepto legal se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiendo dicho consentimiento como el hecho de dejar transcurrir el término de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de la materia, para promover el juicio de amparo. Por su parte, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, señalan lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." La parte inicial del primero de los preceptos en comento establece en forma categórica que el plazo para la interposición de la demanda de amparo es de quince días, asimismo, el segundo de los citados dispositivos legales prevé tres distintos supuestos jurídicos para el cómputo de ese plazo, a saber: a. Dicho plazo se contará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto reclamado, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que impugne. b. El plazo comienza a correr al día siguiente al en que el quejoso tuvo conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c. El amparo debe pedirse dentro de los quince días siguientes a aquél en el que el quejoso se ostentó como sabedor del acto reclamado. Como se puede advertir, los preceptos en consulta hacen una clara distinción en los momentos en que imperativamente debe promoverse la acción constitucional, pues las hipótesis que previenen se encuentran relacionadas mediante la conjunción "o", de lo que válidamente se deduce que los supuestos aludidos son excluyentes entre sí y no guardan un orden de preferencia, pues de haberlo querido, el legislador habría señalado su orden de prelación. Ahora bien, como se adelantó, la quejosa reclama de la Junta Estatal de Caminos en el Estado de San Luis Potosí, la afectación que se está realizando al predio propiedad de mi poderdante, ubicado en la intersección que forman en el distribuidor Benito Juárez, la carretera 57 San Luis Potosí- México y la carretera 70 San Luis Potosí -Rioverde, de esta ciudad de San Luis Potosí; con motivo de los trabajos de construcción de uno de Dos Brazos al referido Distribuidor Vial y además del área afectada con el carril lateral de circulación de retorno a la carretera 70 San Luis Potosi-Rioverde; lo que representa una superficie total de afectación de 1,114.945 metros cuadrados. De los antecedentes que la quejosa vierte bajo protesta de decir verdad, se desprende lo siguiente: 1. El treinta de noviembre de dos mil diecisiete, a través del Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí, se dio a conocer la licitación LPE-JEC20-2017, lanzada por la Junta Estatal de Caminos en el Estado de San Luis Potosí, la cual se resolvió el doce de enero de dos mil dieciocho, resultando vencedoras las constructoras Sánchez Valdez Construcciones, Sociedad Anónima de Capital Variable, Maquinaria y Renta de Zacatecas, Sociedad Anónima de Capital Variable y Constructora Santos Chisum, Sociedad Anónima de Capital Variable. 2. En virtud de lo anterior la parte quejosa el tres de enero del año en curso, a través de un escrito compareció por conducto de su poderdante ante la Dirección General de la Junta Estatal de Caminos en el Estado de San Luis Potosí, solicitando se iniciara a la brevedad los trámites inherentes a la regularización y pago por la afectación permanente al inmueble de su propiedad. Lo anterior se corrobora con la siguiente transcripción del acuse de recibo respectivo (fojas 18 y 19): ".Que mi representada GLORIA TRISTAN DÍAZ y/o GLORIATRISTAN VIUDA DE CASTILLA, es Albacea Definitiva en el Juicio Sucesorio Intestamentario a Bienes de JOSÉ CONCEPCIÓN CASTILLA GÓMEZ, según expediente número 46/1997; RADICADO EN EL Juzgado Mixto de Primera Instancia del Municipio de Cárdenas, San Luis Potosí; tal y como lo acredito con las fotocopias del Proyecto de Partición y Adjudicación de Bienes que al efecto acompaño; en donde se advierte que además de Albacea Definitiva detenta el USUFRUCTO VITALICIO sobre diversas propiedades. Por lo tanto, resulta ser usufructuaria vitalicia del Resto de un Inmueble ubicado en la ciudad de San Luis Potosí, actualmente con una superficie de 10,667.29 metros cuadrados, propiedad adquirida por el de cujus JOSÉ CONCEPCIÓN CASTILLA GÓMEZ, mediante contrato de compra - venta protocolizado ante Notario Público en fecha 24 de septiembre de 1955; e inscrito ante el Instituto Registral y Catastral de la ciudad de San Luis Potosí, bajo la inscripción número 24,376 a Fojas 259 del Tomo 90 de Escrituras Públicas de conformidad con las fotocopias del documento que se anexan al presente escrito. Ahora bien, me permito manifestar que el inmueble antes descrito se localiza sobre la carretera San Luis Potosí - México en la intersección que se forma entre el Distribuidor vial Benito Juárez y la carretera San Luis Potosí - Rioverde; obra vial que, en su momento, afectó el inmueble propiedad de mi poderdande en una superficie de 1,5000 M2. Asimismo, nos hemos enterado que el Gobierno del Estado de San Luis Potosí, a través de la Junta Estatal de Camino, pretende llevar a cabo la construcción de dos brazos al Distribuidor vial Benito Juárez; proyecto que dará fluidez al tráfico vehicular que circula por la carretera 57 con dirección hacia la zona poniente de la ciudad y que por consecuencia afectara en definitiva la fracción del inmueble antes mencionada, es por lo anterior, que mediante el presente escrito venimos solicitando la regularización de dicha superficie afectada mediante el pago de una indemnización de $15´000,000.00 (Quince Millones de Pesos 00/100 M.N), a fin de resarcir los daños y perjuicios que nos va a generar la construcción de la nueva obra a ejecutarse sobre el distribuidor vial. (Lo resaltado es propio). En atención a dicha misiva, el Director General de la Junta Estatal de Caminos en el Estado de San Luis Potosí, el ocho de enero de dos mil dieciocho, emitió un acuerdo en el que recibió dicho escrito, y admitió la solicitud de indemnización instada, fijando las diez horas del quince de enero del año en curso, para llevar a cabo un levantamiento topográfico referido. 3. El veinticinco de febrero del año en curso, se iniciaron los trabajos de construcción del referido proyecto, y en virtud que no se había emitido determinación alguna por parte de la autoridad respecto de la afectación que se estaba realizando a la propiedad de la aquí quejosa, por conducto de su apoderado, el veintiocho de febrero siguiente, se presentó diverso escrito con el fin de dar seguimiento a la misiva de exhibida el tres de enero del presente año, expresando el conocimiento pleno de tales obras. Lo cual se corrobora con la siguiente transcripción del acuse de recibo respectivo (fojas 32 y 33): ".Que en seguimiento al reclamo indemnizatorio presentado ante ese organismo en fecha 23 de enero del año en curso, por la afectación que pretenden realizar al predio ubicado en la intersección que forman en el Distribuidor Vial Benito Juárez, la carretera 57 San Luis Potosí - México y la carretera 70 San Luis Potosí - Rioverde de esta ciudad de San Luis Potosí, con la construcción de Dos Brazos al referido Distribuidor Vial y para efecto de darle celeridad al tema que nos ocupa y a fin de acreditar la propiedad del inmueble, anexo al presente escrito la documentación siguiente: .Cabe señalar que.con el Plano del Levantamiento Topográfico del predio elaborado por un Perito Dictaminador en Topografía y Deslindes, en donde resultó una afectación en una superficie de 1, 114.945 m2, por lo anterior, consideramos que de nuestra parte, hemos cumplido con entregar de manera puntual toda la documentación que nos ha sido requerida. Ahora bien, es de nuestro conocimiento que la empresa ganadora de la licitación, ya inició trabajos preliminares a la construcción de los Dos Brazos al Distribuidor Vial Benito Juárez, por lo que reiteramos nuestra postura de que no estamos en contra de la realización del proyecto y que dicha obra afecte una superficie de 1,114.945 M2 del predio del cual demandamos la indemnización, pero en lo que no estamos de acuerdo es que trabajos previos se ejecuten sin nuestra anuencia y autorización y mucho menos sin que al día de hoy se encuentre pagada la indemnización de $15´000,000.00 que venimos reclamando." (Lo resaltado es propio). 4. En virtud de que los trabajaos de construcción siguieron avanzando a ritmo acelerado y ante la falta de acuerdo al escrito que antecede, presentado el veintiocho de febrero del año en curso, con fechas veintiocho de mayo, veintiocho de junio y seis de agosto del año en curso, presentó escritos ante la autoridad responsable reiterando la afectación del inmueble antes referido. Tales manifestaciones son del tenor siguiente: - Escrito presentado el veintiocho de mayo del año en curso (foja 34): ".Al respecto hemos visto que los trabajos de construcción de dicha obra vial avanzan a ritmo acelerado, sin que esto mismo se vea reflejado en las negociaciones que se tienen pendientes. por lo que consideramos que hemos sido en exceso tolerantes al no tomar acciones legales a pesar de que ya se vienen realizando trabajos consistentes en la ampliación de la calle lateral hacia la carretera 70 San Luis Potosí - Rioverde dentro de la propiedad, tal y como quedó demostrado con el levantamiento topográfico que ya obra en su poder y del cual se desprende una afectación en un superficie de 1,114.945 M2." (Lo resaltado es propio). - Escrito presentado el veintiocho de junio del año en curso (foja 35): ".Ahora bien, a la fecha han transcurrido treinta días sin que tengamos respuesta del último de los diversos escritos que presentamos ante ese organismo en donde hemos insistido en el pago que nos corresponde por la afectación del terreno antes descrito, por lo tanto, sirva la presente para comunicarles que a partir de este momento queda estrictamente prohibido seguir realizando trabajos de construcción de la obra vial sobre el terreno propiedad de mi poderdante por lo que de continuar con dichos trabajos no veremos en la necesidad de presentar las demandas que correspondan ante las instancias correspondientes." (Lo resaltado es propio). - Escrito presentado el seis de agosto del año en curso (foja 36): ".Que en seguimiento al reclamo indemnizatorio presentado ante ese organismo en fecha 03 de enero del año en curso, por la afectación que están realizando al predio de mi propiedad de mi poderdante ubicado en la intersección que forman en el Distribuidor Vial Benito Juárez la carretera 57 San Luis Potosí - México y la carretera 70 San Luis Potosí - Rioverde, de esta ciudad de San Luis Potosí, con motivo de los trabajos de construcción de uno de Dos Brazos al referido Distribuidor Vial, y además del área afectada con el carril lateral de circulación de retorno a la carretera 70 San Luis Potosí - Rioverde; lo que representa una superficie de afectación de 1,114.945 M2; Ahora bien, para efecto de dar por concluida la negociación y señalar fechas de pago con respecto al tema indemnizatorio que no ocupa en donde estamos reclamando una indemnización de. Cabe señalar que por escrito de fecha 28 de febrero del presente año fue entregada ante la DIRECCIÓN DE LA JUNTA ESTATAL DE CAMINOS, fotocopias del contrato de compra - venta protocolizado ante Notario Público en fecha 24 de septiembre de 1955; e inscrito ante el Instituto Registral y Catastral de la ciudad de San Luis Potosí, bajo la inscripción número 24,376 a Fojas 259 del Tomo 90 de Escrituras Públicas con las que venimos acreditando la propiedad del predio, así como también, el Plano de Levantamiento Topográfico del predio elaborado por un Perito Dictaminador en Topografía y Deslindes, en donde resultó la afectación a que hacemos referencia." (Lo resaltado es propio). De lo expuesto se advierte que la parte quejosa tuvo pleno conocimiento de los trabajos de construcción que considera afectan el predio que aduce es de su propiedad ubicado en la intersección que forman en el distribuidor Benito Juárez, la carretera 57 San Luis Potosí- México y la carretera 70 San Luis Potosí-Rioverde, de esta ciudad de San Luis Potosí, con una superficie total de 1,114.945 (mil ciento catorce punto novecientos cuarenta y cinco) metros cuadrados, al menos desde el veintiocho de febrero del dos mil dieciocho; data en la cual presentó una misiva ante la autoridad responsable, en la que manifestó expresamente tal conocimiento. Se afirma lo anterior, pues de las copias certificadas de las documentales que se anexaron al escrito de demanda, en específico la misiva presentada el veintiocho de febrero del año en curso, adminiculadas con el dicho de la parte quejosa realizado bajo protesta de decir verdad (el cual opera en su perjuicio en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo), constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo, y que por tanto, goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199, 200, 208 del código procesal aludido. Apoya lo anterior, en lo conducente la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 57, Tomo III, Junio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCION III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESION EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Asimismo, adquiere aplicación en lo conducente, la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, Volumen 193-198, Primera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son: "DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACION EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACION DEL ARTICULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan "que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día", como esa confesión hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria; de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación, realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado." Así como las jurisprudencias 1a./J. 126/2012 (10a.), 2ª./j. 183/2005, de la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena y Décima Época, Libros XVII y XXIII, Enero de 2006 y Febrero de 2013, Tomo 1, páginas 778 y 622, que dispone: "DOCUMENTOS PRIVADOS ORIGINALES Y COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. SU VALOR PROBATORIO EN LOS JUICIOS MERCANTILES. En el artículo 1296 del Código de Comercio, de contenido idéntico al numeral 1241 del mismo ordenamiento, el legislador estableció que si los documentos privados presentados en original en los juicios mercantiles -en términos del artículo 1205 del Código invocado-, no son objetados por la parte contraria, se tendrán por admitidos y surtirán sus efectos como si se hubieran reconocido expresamente. Al respecto, este último numeral establece, después de un listado enunciativo en el que contempla a los documentos privados, que también será admisible como prueba "en general cualquier otra similar u objeto que sirva para averiguar la verdad", entre los cuales están las copias simples. Ahora bien, los documentos originales y las copias fotostáticas no son lo mismo, pues éstas son simples reproducciones de documentos originales que pueden alterarse o modificarse en el proceso de reproducción, de modo que no correspondan al documento que supuestamente reproducen y, por ello, constituyen elementos de convicción distintos regidos por diferentes normas y con diferente valor probatorio; de ahí que conforme al indicado artículo 1296, las copias simples no pueden tenerse por reconocidas ante la falta de objeción, como sucede con los documentos privados exhibidos en original. Así, para determinar el valor probatorio de las copias fotostáticas simples en un procedimiento mercantil, ante la falta de disposición expresa en el Código de Comercio, debe aplicarse supletoriamente el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el cual ha sido interpretado por este alto tribunal en el sentido de que las copias fotostáticas simples deben ser valoradas como indicios y adminicularse con los demás elementos probatorios que obren en autos, según el prudente arbitrio judicial". "DEMANDA DE AMPARO. AL PROVEER SOBRE SU ADMISIÓN, SU ANÁLISIS DEBE COMPRENDER LOS ANEXOS QUE SE ACOMPAÑEN A LA MISMA. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la demanda de amparo debe ser interpretada en forma integral, atendiendo a lo que en ella se pretende desde el punto de vista material y no únicamente formal; el desarrollo de este criterio permite considerar que el estudio integral de la demanda incluye el de los anexos de la misma, en virtud de que éstos generalmente contienen datos que completan el entendimiento de la demanda, cuando es obscura o imprecisa; así, los anexos pueden permitir al Juez esclarecer su contenido y desentrañar la verdadera voluntad del quejoso, lo que encuentra su apoyo en los principios que para la administración de justicia prevé el artículo 17 de la Constitución General de la República. Por ende, en los casos en que del análisis integral de la demanda y sus anexos, el Juez advierta alguna irregularidad o imprecisión, debe prevenir a la parte quejosa en términos de lo previsto en el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que formule la aclaración correspondiente, ya que de omitir esa prevención, incurre en una violación a las normas que rigen el procedimiento en el juicio de amparo, que podría trascender al resultado de la sentencia, por lo que con apoyo en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, llevaría a ordenar la reposición del procedimiento." Precisado lo anterior, es válido concluir que el término de quince días para instar la acción constitucional en contra del acto reclamado, transcurrió en exceso, toda vez que la parte quejosa tuvo conocimiento de la afectación al inmueble que refiere es de su propiedad, inclusive con motivo de los trabajos realizados en el Distribuidor Vial Benito Juárez y por la superficie total de 1, 114.95 metros cuadrados, desde el veintiocho de febrero de dos mil dieciocho. Así, el término de quince días para promover juicio de amparo contra la resolución reclamada inició el uno de marzo de dos mil dieciocho y concluyó el veintitrés de marzo del mismo año, previo descuento de los días inhábiles. Luego, si la presente demanda constitucional se presentó el veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, deviene inconcuso que el término de quince días para promover el juicio de amparo respecto del acto reclamado ya había transcurrido, pues el último día con que contaba la quejosa para ello lo fue el veintitrés de marzo de dos mil dieciocho. Lo anterior, jurídicamente implica que debe estimarse consentido tácitamente -solo para efecto de la promoción del juicio de amparo en su contra-, el acto que por esta vía pretende impugnar al haber transcurrido con exceso el término de quince días fijado en el precepto 17 del cuerpo legal en cita. En ese orden de ideas, tal conducta jurídicamente revela conformidad con el acto reclamado, por así estar dispuesto en el precepto legal en cita; consecuentemente, ello hace imposible encausar la inconformidad de la parte quejosa a través de este medio constitucional. Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia número VI.2o.J/21, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas 291, Tomo II, Agosto de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "ACTOS CONSENTIDOS TÁCITAMENTE. Se presumen así, para los efectos del amparo, los actos del orden civil y administrativo, que no hubieren sido reclamados en esa vía dentro de los plazos que la ley señala." En consecuencia, resulta indudable y notoria la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve, al actualizarse la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XIV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor, por lo que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley invocada, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, y notifíquese el presente acuerdo en forma personal a la parte quejosa. Hágase del conocimiento de las partes, que desde este acuerdo queda autorizada la expedición de copias simples, en un solo tanto, previa petición verbal que hagan al secretario encargado del expediente; dejando constancia de su recepción. De igual forma, de conformidad con la circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a las partes reproducir o fotocopiar los documentos que obran en este expediente, mediante el uso de aparatos y medios electrónicos; en la inteligencia de que en cada caso deberán solicitar autorización al secretario de acuerdos de este Juzgado a fin de dejar constancia de los documentos que se reproduzcan, mediante la razón correspondiente. Asimismo, se hace de su conocimiento que para el caso de devolución de los documentos que aquí ofrezcan, los mismos serán devueltos hasta que quede firme la determinación que falle el presente asunto, toda vez que estos pueden ser objetados por las partes y es necesario que obren en autos. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el proemio de la demanda; y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la legislación invocada, a Ana Carlota Enríquez Olvera, quien cuenta con su cédula profesional número 6865011, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y en términos restringidos a Guillermo Martínez Dávila, por así solicitarlo expresamente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional y 21 último párrafo de la Ley de Amparo, atendiendo a la carga de trabajo y al principio de expeditez en la administración de justicia y por economía procesal, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales, a cualquiera de las partes en el juicio y que no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente para ello la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del último de los numerales invocados. En aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de Amparo, desde este momento se faculta al Actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa, no conozca a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectué (previa razón asentada como soporte), por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado de Distrito; en la inteligencia de que dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo domicilio para tal efecto. En otro orden, se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se les informa en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocado por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Apoya lo expuesto, la tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1253, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." Finalmente, con fundamento en lo que dispone el primer transitorio de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, se informa que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la referida ley y, por ende, los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones I, VIII, IX y XVII, 5°, 22, fracciones I, IV y V, 25, 31 y demás relativos y aplicables al caso de la legislación en cita, además se informa que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgado y que sea materia de este asunto, y los mismos serán protegidos conforme a la referida ley, a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emiten en el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones, además se les hace del conocimiento a las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, conforme a los lineamientos referidos en los artículos 21, 22, fracción VIII, 43, 46 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten, se publiquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en la ley antes citada. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el licenciado Enrique Acevedo Mejía, Juez Sexto de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado Ricardo Jasso Flores, Secretario que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · 7,770 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano