Gloria Sartillo Morales
Expediente 980/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 980/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Gloria Sartillo Morales
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación que antecede de la Secretaría de este juzgado, se desprende que el promovente dentro del término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, no interpuso recurso de queja en contra del proveído de veinticuatro de octubre del año en curso, por el cual se tuvo por desechada la demanda de amparo, se declara que dicho auto ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto en el Punto Vigésimo del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el presente expediente es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo fijado en dicho ordenamiento, posterior a la notificación legal del presente proveído, ya que a criterio del suscrito no es de relevancia documental, jurídica e histórica. Notifíquese por lista a las partes.
- Principal
Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por la quejosa ******************** mediante el cual solicita el amparo y la protección de la justicia en contra de la autoridad señalada como responsable. Ahora bien, del examen del escrito de cuenta relativo a la demanda de amparo se advierte que la ahora quejosa, sustancialmente, señala como acto reclamado el contrato de compraventa celebrado ante el Comisariado ejidal, entre ********************, como vendedores en favor de ********************, como comprador de una parte del solar ejidal; por tanto, el haber celebrado el referido contrato de compraventa ante la autoridad antes mencionada, no es un acto de autoridad para los efectos del amparo, y consecuentemente es improcedente la demanda que se analiza, por lo cual deberá desecharse como se verá a continuación. Previamente, debe dejarse precisado los actos que reclama la aquí quejosa a la autoridad, son los siguientes: "IV.- ACTO RECLAMADO: Reclamo los siguientes: 1.- El contrato de compraventa, del ignoro (sic) su fecha, celebrado ante el Comisario ejidal, entre ******************** y ********************, como vendedores, en favor del señor ********************, como comprador de una parte de mi solar ejidal, sin haberse seguido ningún procedimiento legal y sin tomar en cuenta a la suscrita, cuyas medidas y colindancias señalo más adelante. 2.- La posesión que otorgo dicho Comisario Ejidal, al señor ********************, el día catorce de del presente mes y año, de una parte mi solar ejidal, citado en el punto que antecede, sin haber seguido ningún procedimiento legal, y sin tomar en cuenta a la suscrita, cuyas medidas y colindancias señalo más adelante.". Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255 del Tomo XIX, Abril de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época, que dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACION CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.- El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe de acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Ahora bien, de lo antes expuesto se advierte que los actos reclamados a la autoridad señalada como responsable, sustancialmente la hoy quejosa lo hace consistir en el contrato de compraventa celebrado ante el Comisario ejidal, señalado como autoridad responsable, entre ******************** y ********************, como vendedores, en favor del señor ********************, como comprador de una parte de mi solar ejidal, así como la posesión otorgada por el Comisario Ejidal, al señor ********************, el día catorce de del presente mes y año; por tanto, este Juzgador advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia, por consiguiente, como se dijo anteriormente, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la interpretación gramatical de esta disposición legal se advierte que la demanda de amparo debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, por tanto, debe precisarse que con base en los actos reclamados, antes reseñados, se estima que las autoridad señalada como responsable no le reviste el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo; de conformidad a lo establecido en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los diversos numerales 1º fracción I, y 5º, de la Ley de Amparo, que prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.;" [.] "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general [.]" De los preceptos legales transcritos, se advierte, por una parte, que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite, por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; y, por otra, que debe considerarse autoridad responsable aquella que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o acto reclamado. Lo anterior pone de manifiesto, que el acto de la autoridad constituye un requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, pues así lo dispone el artículo 1º, de la Ley de Amparo, que establece la procedencia del juicio de amparo, contra leyes o actos de autoridad. En ese tenor, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que por autoridad responsable, debe considerarse a aquellos entes que con fundamento en una norma legal, emiten actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado, por lo cual, debe analizarse en cada caso, si la autoridad señalada como responsable tiene la facultad para tomar decisiones o emitir resoluciones que afecten la esfera jurídica del quejoso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 118, del Tomo V, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a febrero de 1997, que establece: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." En otras palabras, para atribuir el carácter de "autoridad" para efectos del juicio de amparo, debe atenderse a las relaciones jurídicas entre el gobernado y la autoridad, es decir, que exista una relación de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente público señalado como autoridad responsable actúe en un plano superior, para lo cual, debe reunir como notas distintivas las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; 2. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; 3. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y; 4. Que para emitir dichos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. En apoyo a lo expuesto se cita la Tesis Jurisprudencial 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 39, del Tomo XIV, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a noviembre de 2001, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Ahora, se afirma que en el caso se actualiza la citada causa de improcedencia porque de los actos reclamados que señala la aquí quejosa en su escrito de demanda de amparo, se advierte que los actos atribuidos a la autoridad ante precisada no constituyen determinaciones provenientes de autoridades, sino de hechos derivados de la relación comercial del contrato de compraventa celebrado ante la responsable, entre ******************** y ********************, como vendedores, en favor del señor ********************, como comprador de una parte del solar ejidal, y la posesión otorgada por el Comisario Ejidal responsable, al señor ********************, lo que hace evidente, que los actos reclamados para solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal no derivan de una autoridad como lo establece, la fracción II, del artículo 5°, de la Ley de Amparo, sino que deriva, según lo expuesto en el escrito de demanda, de la celebración del contrato de compraventa celebrado ante la autoridad responsable. En apoyo a lo anterior, se cita la Tesis XX.133 A, de Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 468, Tomo XV-2, Febrero de 1995, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "PRESIDENTE DEL COMISARIADO EJIDAL, PRESIDENTE DEL CONSEJO DE VIGILANCIA Y DEL PATRONATO DE SOLIDARIDAD RURAL. NO TIENEN EL CARACTER DE AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE GARANTIAS EL. El Presidente del Comisariado Ejidal, Presidente del Consejo de Vigilancia y del Patronato de Solidaridad Rural, no tienen el carácter de autoridad para los efectos del juicio de garantías, en razón de que, carecen de las facultades decisorias y ejecutoras a que se refiere el artículo 11 de la Ley de Amparo, esto es, tales actos no derivan de la tramitación, resolución y ejecución de expedientes agrarios para considerar que ejercen actos públicos autorizados por las propias resoluciones, sino que son órdenes provenientes de la asamblea general de ejidatarios en administración y vigilancia de los bienes agrarios que se equiparan a actos de particulares contra los cuales es improcedente la suspensión." De igual manera, se cita la Tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 841, Tomo XII, Diciembre de 1993, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMISARIADO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA. NO SON AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El hecho de que el Comisariado Ejidal y el Consejo de Vigilancia, tengan facultades para desposeer a los ejidatarios de sus parcelas, no por esta circunstancia debe atribuírseles el carácter de autoridades responsables y por ende sus actos sean susceptibles de combatir a través del juicio de amparo, toda vez que la investidura otorgada a tales órganos por la anterior y actual legislación agraria, debe entenderse en el sentido definido por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, "de órgano de dirección y vigilancia del ejido", pues aun y cuando éste sea una persona moral creada por voluntad estatal y que las decisiones de sus autoridades internas presenten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad, no participa de la naturaleza jurídica del Estado, de consiguiente, sus actos no son de autoridad para los efectos del amparo." Luego entonces, debe decirse que las relaciones jurídicas derivadas de la celebración del contrato de compraventa ante la autoridad señalada como responsable no constituyen actos equivalentes a los de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, toda vez que dicha actuación no fue por sometimiento del Estado, lo que da lugar a que se actualice la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del normativo 61, de la Ley de Amparo, razón por la que procede desechar la demanda de amparo. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes del caso en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que designa en su escrito de cuenta y por autorizado para tal efecto a la persona que refiere. Por otro lado, se hace la precisión que las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto correspondientes a la novena época y anteriores, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente, ello de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 6º, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los artículos 5 al 9, del Reglamento dela Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, dado que las partes no manifestaron oposición alguna para que al momento de hacer pública la presente sentencia se suprimieran sus datos personales, el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública; suprimiendo los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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