Gloria Ruiz Retana
Expediente 145/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de febrero de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 145/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/02/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gloria Ruiz Retana
Actuaciones
- Principal
Visto lo de cuenta, se desprende de la certificación asentada por la Secretaría de este Juzgado de la Federación, que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que haya sido interpuesto recurso de queja en contra del acuerdo dictado el veintisiete de enero de dos mil diecisiete (f. 16-21), que desechó la demanda promovida por *** por conducto de su apoderada general para pleitos y cobranzas ***; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición del numeral 2°, del ordenamiento legal citado en último término, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO. Comuníquese lo anterior a la parte solicitante del amparo; háganse las anotaciones en el libro de control y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda con que se formó este juicio de amparo; el expediente en que se actúa será susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo citado en el párrafo que antecede. Por último, por ser innecesario obren glosados al sumario, devuélvanse a la parte quejosa, por conducto de su apoderada o cualquiera de sus autorizados, los documentos que se adjuntaron al escrito de demanda, previa certificación y razón que de su recibo se asiente en autos.
- Principal
Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda promovida por ***, contra actos del Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar de Celaya, Guanajuato y otra autoridad, que estima violatorios de las garantías que se encuentran consagradas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; carácter que se le reconoce en términos de la copia certificada ante Notario Púbico del primer testimonio del instrumento público 42637 de veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, de la que se desprende que en esa fecha le fue otorgado poder general para pleitos y cobranzas a su favor por Gloria Ruiz Retana; lo anterior con fundamento en el artículo 10 segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivamente, bajo el número 145/2017-V-1, anótese su ingreso en el libro de Gobierno de este Juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias referentes para la integración del expediente electrónico, en el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado Federal. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como el Consejo de la Judicatura Federal desarrolle los requerimientos técnicos indicados en el artículo 12, de los Acuerdos Generales Conjuntos números 1/2013 y 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fijado lo anterior, vista la demanda de amparo y anexo que a ella se adjuntó, se acuerda lo siguiente: El artículo 113 de la Ley de Amparo a la letra dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la demanda de amparo, se desprende que la parte promovente, solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de las autoridades que denominó como Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar (en su carácter de ordenadora) y Secretaria del Juzgado (en su carácter de ejecutora), ambos con residencia en Celaya, Guanajuato; actos que describió de la forma siguiente: "Norma general, acto u omisión reclamados: De la autoridad responsable ordenadora se reclama el auto de fecha 16 de diciembre de 2016, acordado por el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar LIC. J*** en el expediente número F2823/2016 de esta ciudad, quien acordó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Banco de México para que informen a ese juzgado el número de cuentas bancarias registradas en las diferentes instituciones de crédito de este país del quejoso por ser padre del demandado en el juicio cuyo expediente ya quedó manifestado y proporcionen sus estados de cuentas bancarias desde enero del 2009 a diciembre 2016, así como la autorización y administración del manejo del ente mercantil por el mismo período de tiempo del quejoso como madre de ***. Así mismo, se señalan como Acto Reclamado (sic) las consecuencias y efectos materiales y jurídicos que se han producido o lleguen a producirse con relación a lo anterior." En ese orden, como antecedentes de los actos reclamados, se desprende, en lo que aquí interesa, que el quince de diciembre de dos mil dieciséis, ***, todos de apellidos Aguilera Mendoza, presentó ante el Juzgado responsable, demanda sobre modificación de pensión alimenticia (incremento), en contra de ***, lo que motivó la formación del expediente F-2823/2016. Por auto de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, el Juez responsable, entre otros aspectos, ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Banco de México para lo siguiente: ". informen a este Juzgado el número de cuentas bancarias registradas en las diferentes instituciones de crédito de este país a nombre de ***, movimientos de depósitos, retiros, transferencias electrónicas efectuadas a terceros, las aperturas, cancelaciones a su nombre o cuentas mancomunadas con terceras personas y movimientos financieros, cuentas bancarias donde el aludido tenga acreditado la autorización y/o administración del manejo de éstas ya sea de terceros y en particular de sus señores padres ***, así como del ente mercantil DISTRIBUIDORA AGUIA S.A. DE C.V., proporcione los estados de cuenta bancarias que estén a nombre de dicha persona de los meses de enero de 2009 a diciembre de 2016, los estados de cuentas donde se reflejen movimientos financieros donde ***tenga acreditada la autorización y/o administración del manejo del ente mercantil *** del mes de enero de 2009 a diciembre de 2016, así como de sus señores padres *** en el mismo periodo." Ahora, en el capítulo correspondiente al acto reclamado, la quejosa afirma que el Juez responsable, en la parte del acuerdo reclamado ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Banco de México para que informen el número de cuentas bancarias registradas en las diferentes instituciones de crédito del país de la quejosa por ser la madre del demandado en el juicio de origen; y proporcione los estados de cuenta bancaria de enero de 2009 a diciembre de 2016. Sin embargo, ello, no es así; es decir, el Juez no ordena girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Banco de México para que informe en los términos que refiere la quejosa; puesto que revisado de forma acuciosa el párrafo del que se hace depender el acto reclamado, se desprende con meridiana claridad que respecto de quien se ordenan los informes en los términos anotados en el apartado del acto reclamado, es a Gerardo Aguilera Ruiz, demandado en el juicio natural, pero no a Gloria Ruiz Retana, de quien solo se pide informe para el caso de que; como tercero tenga alguna vinculación con los movimientos y transferencias efectuadas por ***, pero no que informe el número de cuentas registradas en diferentes instituciones de crédito del país a nombre de ****, como lo afirma la quejosa. De lo hasta ahora anotado, y aplicando analógicamente el contenido del artículo 74 fracción I, de Ley de Amparo, en cuanto a que la resolución correspondiente debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado; se precisa que el acto reclamado lo constituye el acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis, emitido por el Juez responsable en el juicio oral ordinario F2823/2016; específicamente en la parte que ordena girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Banco de México para que informe movimientos de depósito, retiros, transferencias electrónicas efectuadas por *** a terceros, entre estos terceros, ***; así como aperturas, cancelaciones a nombre de ***o cuantas macomunadas con terceras personas, entre ellos, ***. Lo anterior encuentra apoyo además, en las Tesis de Jurisprudencia siguientes: Novena Época Registro: 195745 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo VIII, Agosto de 1998 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 55/98 Página: 227 "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Bajo este escenario, se estima que en el caso, en relación con el acto reclamado que resultó, se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que deriva de los artículos 61 fracción XXIII, en vinculación con el diverso numeral 1° fracción I, y 5° fracción II, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo. Los indicados numerales y fracciones, a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." De lo anotado se obtiene que el juicio de amparo sólo es procedente, entre otras hipótesis, contra actos de autoridad, lo que comúnmente se conoce como "acto reclamado"; y que quien dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; son características distintivas de la autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Así también, es menester señalar que por acto reclamado se entiende la acción o la omisión de la autoridad que el quejoso considera violatoria de garantías. En otras palabras, el acto reclamado para efectos del juicio de amparo consiste en una disposición o hecho autoritario, concreto y particular; es decir, puede entenderse por acto de autoridad, cualquier hecho voluntario e intencional, negativo o positivo imputable a un órgano del Estado, consistente en una decisión o en una ejecución o en ambas conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, que se impongan imperativa, unilateral o coercitivamente. Sobre este punto, es de invocarse por su puntual aplicación, la Tesis de datos de localización y contenido siguiente: Octava Época Registro: 211002 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo XIV, Julio de 1994 Materia(s): Común Tesis: Página: 390 "ACTO RECLAMADO. CONCEPTO DE. De acuerdo con lo dispuesto por los artículos 103 fracción I constitucional, y 1o., fracción I de la ley reglamentaria; los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales. La expresión "leyes o actos de autoridad" recibe el nombre de acto reclamado, que puede traducirse en una disposición o hecho autoritario, concreto y particular. Es decir, puede entenderse por acto de autoridad, cualquier hecho voluntario e intencional, negativo o positivo imputable a un órgano del Estado, consistente en una decisión o en una ejecución o en ambas conjuntamente, que produzcan una afectación en situaciones jurídicas o de hecho determinadas, que se impongan imperativa, unilateral o coercitivamente. Dentro de tales características, destaca el elemento voluntariedad, que lo distingue de un acontecimiento cualquiera, el de intencionalidad que estriba en la causación de una afectación, esto es que tiende a la obtención de un fin determinado, así como la índole decisoria o ejecutiva del acto dotado de imperatividad, unilateralidad y coercitividad, que le imprimen naturaleza autoritaria y que por ello puede producir una afectación en bienes o derechos del particular. Por lo tanto, el acto de autoridad reclamable a través del juicio de garantías, necesariamente debe inferir un agravio o lesión a cualquier derecho o bienes del gobernado, para que le asista interés jurídico en reclamarlo." (El énfasis es propio). Y por lo que informa, la diversa Tesis siguiente: Séptima Época Registro: 246683 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen 217-228, Sexta Parte Materia(s): Común Tesis: Página: 159 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. DEBEN ESTAR SIEMPRE REFERIDOS AL ACTO RECLAMADO. Si bien el artículo 116 de la Ley de Amparo señala la expresión de los actos reclamados y de los conceptos de violación como requisitos para la interposición del juicio de garantías, se trata de dos cosas distintas. Por acto reclamado se entiende la acción o la omisión de la autoridad que el quejoso considera violatoria de garantías, y por concepto de violación los razonamientos jurídicos concretos que demuestren por qué el acto reclamado es inconstitucional. De esta manera, debe haber una lógica correspondencia entre el acto que se señala como reclamado y el concepto de violación relativo, que siempre debe estar referido a aquél, y no es válido así señalar como reclamado un acto que realiza la autoridad responsable, y como concepto de violación expresar razonamientos jurídicos que tienden a demostrar la inconstitucionalidad de un acto diverso al que se señaló como reclamado." (El subrayado es de este Juzgado de la Federación). En ese orden, el concepto autoridad para efectos del juicio amparo, debe entenderse como aquella que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. En otras palabras, autoridad para efectos del juicio de amparo es la que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Asimismo, el concepto de autoridad responsable está dado, en primer lugar, por exclusión de los actos de particulares, lo que significa que el juicio de amparo es improcedente contra actos de particulares que no realicen actos equivalentes a los de autoridad; de lo que se sigue que, haciendo una interpretación en sentido contrario, para analizar la procedencia del juicio debe atenderse a que si el acto reclamado no es de particulares, el juicio será procedente. Sobre el tema, tiene aplicación por las razones que informa, la Tesis de datos y texto que dice: Novena Época Registro: 194367 Instancia: Segunda Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo IX, Marzo de 1999 Materia(s): Administrativa Tesis: 2a. XXXVI/99 Página: 307 "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." En la especie, no se actualizan las características que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo; a saber: a) Existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra o subordinación con un particular. b) El referido vínculo jurídico entre la autoridad y el particular tiene su origen en la ley, que dota al órgano del Estado de una facultad cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. c) Con motivo de la relación jurídica en cita, la autoridad emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones de derecho susceptibles de afectar la esfera legal del particular. d) Para emitir los actos en mención, el órgano del Estado no necesita de los órganos judiciales ni obtener el consentimiento del afectado. Tiene aplicación a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia de datos y contenido que dice: Novena Época Registro: 161133 Instancia: Segunda Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Septiembre de 2011 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 164/2011 Página: 1089 "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En ese contexto, el juicio de amparo promovido resulta improcedente porque lo que pretende la quejosa con el juicio de amparo es que se tenga como acto reclamado una decisión judicial que no reviste las características de acto reclamado para efectos de juicio de amparo; puesto que como se ha visto, no se están pidiendo el número de cuentas bancarias registradas en las diferentes instituciones de crédito del país de *** como lo pretende hacer aparecer la quejosa; sino que los informes solicitados en ese sentido, son las que aparezcan a nombre de ***parte demandada en el expediente de origen; actos que no se encuentran dentro del catálogo de procedencia del juicio de amparo; de ahí su improcedencia. Por todo ello, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que se desprende del artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 1° fracción I, y 5° fracción II, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, en razón de que el acto reclamado que resultó, no reviste las características de un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo; se desecha la demanda de amparo promovida por ***por conducto de su apoderada general para pleitos y cobranzas ***, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Sobre el tema, es aplicable, por lo que informa, las Tesis de rubro y texto que dice: Quinta Época Registro: 352415 Instancia: Tercera Sala Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo LXXII Materia(s): Común Tesis: Página: 2615 "ACTO RECLAMADO, CUANDO NO SE SEÑALA EN FORMA EXPRESA Y TERMINANTE, EL AMPARO ES IMPROCEDENTE. Si el acto reclamado se hace consistir en las actuaciones emanadas de determinado auto, pronunciado en un juicio, y el quejoso no precisa en su demanda cuáles son esas actuaciones, ni menos los conceptos por los que estima que las mismas son violatorias de garantías, el juicio de amparo resulta improcedente, por falta de cumplimiento a la fracción I del artículo 1o. de la ley que lo reglamenta, disposición que establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por leyes o actos de la autoridad, que violen las garantías individuales. En efecto, al no señalarse expresa y terminantemente los actos que se estiman violatorios de garantías individuales, no se da cumplimiento a este precepto y no existe base para la controversia constitucional, lo que indica que debe sobreseerse en el juicio de garantías, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVIII, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo." En la inteligencia de que las Tesis invocadas son aplicables de conformidad con el Artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, en vigor a partir del día siguiente a aquel en que fue publicada en el citado medio de difusión oficial nacional; en razón de que no se oponen a los postulados establecidos en la mencionada Ley. En otro orden, con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, ténganse por autorizados únicamente para recibir notificaciones de carácter personal e imponerse de los autos a los licenciados ***, por así haberlo solicitado el promovente. Por otra parte, en razón de que la promovente señaló como domicilio para recibir notificaciones de carácter personal, el que describió como los estrados de este H. Juzgado, siendo que estos no constituyen un domicilio propiamente dicho; hasta en tanto se dé cumplimiento a lo establecido en el artículo 27 fracción I, de la Ley de Amparo, la notificación de este auto y las subsecuentes que tengan ese carácter practíquense al promovente por medio de lista que se fije y publique en los estrados de este Juzgado de la Federación, conforme a las reglas que al efecto establece el diverso numeral 29 de la invocada Ley. En observancia al principio de la pronta y expedita impartición de justicia, a que se refiere el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de cualquiera de las diligencias que lleve a cabo el Actuario judicial adscrito a este Juzgado de la Federación, en las ocasiones que sean necesarias; esto último con fundamento el artículo 21 tercer párrafo, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.
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