Gloria Rodríguez Luna

Expediente 42/2019 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 16 actuaciones registradas, la última del 5 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
42/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
05/07/2021

Partes del expediente

  • Gloria Rodríguez Luna
  • Director del Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno Y Municipios del Estado de Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a cinco de julio de dos mil veintiuno . Visto el estado procesal de los autos, se advierte que mediante acuerdo del tres de febrero de dos mil veintiuno, se ordenó el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido; sin embargo, la valoración indicada en dicho proveído se realizó en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, se regulariza el procedimiento únicamente por cuanto hace su valoración, para quedar en los siguientes términos: Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Depúrese el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con una sentencia en la que se determinó conceder el amparo en el presente juicio; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 18. Expedientes depurables. Son susceptibles de depuración los expedientes siguientes: (.) I. b) Los expedientes relativos a juicios de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional.". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 151 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25,2 del citado acuerdo, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia definitiva dictada en el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Por otra parte, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Este proveído se firma de manera electrónica por la suscrita Secretaria encargada del despacho y el Secretario que da fe, al tener el mismo valor de firma autógrafa y se instruye al personal correspondiente para que, en su oportunidad, se incluya la evidencia criptográfica de la firma para la actualización de los 1 "Artículo 15. Expedientes de relevancia documental. Se consideran expedientes de relevancia documental y se conservarán en su integridad en original, con independencia del órgano jurisdiccional que lo genere o el tipo de expediente, los siguientes: I. Los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; II. Los relativos a delitos contra el derecho internacional; III. Delitos contra la humanidad; IV. Los que traten de delitos contra la administración de justicia; V. Los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; VI. Los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; VII. Los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; VIII. Los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; IX. Los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; X. Los que versen sobre materia agraria; y XI. Los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito. Podrán ser considerados de relevancia documental, además de los anteriores supuestos, aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional." 2 "Artículo 25. Digitalización de expedientes generados con la FIREL. (.) Previo a la transferencia de su documentación, con independencia de la materia del expediente, el órgano jurisdiccional dará´ fe de que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa."??????????????? expedientes físicos, en términos de los artículos 3, fracciones I, V y VII, 22 35 Y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencias de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de junio de dos mil veinte. Notifíquese.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que conforme a las Circulares CAP/3/2020 y SECNO/1/2021, ambas de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se dieron a conocer las medidas adoptadas, con el fin de salvaguardar la salud de las y los justiciables y las y los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, entre las cuales fue regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno, así como del doce al dieciocho de enero del presente año. Mientras que en la circular SECNO/4/2021, de la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, entre aspectos, se determinó la reanudación de los plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante a contingencia, conforme al acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura federal, cuya vigencia fue ampliada por los diversos acuerdos generales 25/2020 y 37/2020. Atento a lo anterior, se ordena levantar la suspensión de plazos y términos procesales en el presente juicio de amparo en el punto en que quedó pausado. En ese orden de ideas, procede analizar si efectivamente la autoridad responsable Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Tijuana, Baja California, cumplió con la sentencia de amparo dictada en el presente juicio, en razón que mediante proveído de dos de enero de dos mil veinte, se ordenó dar vista a la parte quejosa con el cumplimiento dado a la referida sentencia. De acuerdo a lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio de amparo, la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En ese sentido, por sentencia de treinta y uno de julio de dos mil diecinueve, este Juzgado de Distrito, resolvió: "[.]PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Gloria Rodríguez Luna, por propio derecho, contra actos del Poder Ejecutivo del Estado de Baja California y Oficial Mayor de Gobierno del Estado de Baja California, por los motivos expuestos en el considerativo tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia Federal ampara y protege a Gloria Rodríguez Luna, contra actos de las autoridades responsables Instituto; Director; Junta Directiva; y, Director de Pensiones y Jubilaciones, todas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, en términos del sexto considerando y para los efectos indicados en el séptimo considerativo de esta sentencia. TERCERO. En cumplimiento a lo establecido en el octavo punto considerativo de esta resolución, procédase a la captura de la misma en el módulo "Sentencias" contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como a recabar la constancia correspondiente. [.]" Inconforme con la sentencia, el Delegado de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado, con sede en Mexicali, Baja California, interpuso recurso de revisión, del cual conoció el Sexto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, quien mediante ejecutoria dictada dentro del amparo en revisión administrativo 493/2019, confirmó la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional. Con fecha seis de agosto de dos mil veinte, se proveyó sobre la ejecutoria recibida, y requirió al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, el cumplimiento al fallo protector. En ese orden de ideas, en tres de septiembre de dos mil veinte, se recibió en este Juzgado el oficio signado por el Delegado de las autoridades responsables pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, mediante el cual solicitaron una prórroga de veinte días, los cuales les fueron concedidos. Asimismo, en veintitrés de octubre de dos mil veinte, se recibió en este Juzgado, el oficio y anexo signado por la Apoderada legal de las responsables, todas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, mediante el cual anexó copia certificada del acuerdo, en el que informó se concedió el otorgamiento a la petición de Pensión por Jubilación, presentada por la quejosa, constancias con las que se dio vista a la parte quejosa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, y las cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad a los artículos 129, 197 y 202 de Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente. En ese sentido, si la protección de la justicia federal fue para las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, emitieran contestación fundamentada y motivada, respecto a la solicitud de pensión por jubilación de la quejosa, y con la misma prontitud, hicieran del conocimiento al peticionario del amparo la resolución que se sirvieran a dictar, lo cual como se vio, realizaron las responsables, por tanto, se considera que quedó acatada cabalmente la ejecutoria de amparo, sin que este órgano jurisdiccional advierta, exceso o defecto en el acatamiento, por ende, se tiene por cumplida en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, debiéndose comunicar lo anterior a las autoridades responsables. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en este juicio de amparo en el que se concedió el amparo y la protección de la justicia federal a la parte quejosa, se encuentra totalmente concluido, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese, previas las anotaciones que se realicen en el libro de gobierno de este Juzgado. Por otra parte, en cumplimiento a lo ordenado en el punto Décimo Primero, segundo párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso punto Vigésimo Primero, último párrafo, del citado acuerdo, por tanto, realícese la anotación correspondiente en la carátula respectiva. Además, se establece que el expediente principal, por haberse concedido el amparo y la protección de la justicia federal al quejoso, es susceptible de depurarse, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en consecuencia, una vez que transcurra el término a que se refiere el punto Décimo Octavo del citado acuerdo, acuérdese lo conducente en relación a la transferencia que corresponda. Por tanto, con fundamento en el artículo 202, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a su interés convenga, en el entendido que en caso de no hacerlo, se deberá estar a lo acordado en párrafos precedentes. Por último, háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional, y en su momento remítase al archivo de este Juzgado.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que a la fecha no obra constancia de notificación personal a la quejosa Gloria Rodríguez Luna; respecto del auto de veintitrés de octubre del año en curso; en ese sentido, se conmina al área de Actuaría, para que a la brevedad posible glosen la constancia respectiva y la integren al expediente electrónico en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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