Gloria Reyes Iñiguez
Expediente 706/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 706/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 05/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Gloria Reyes Iñiguez
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos del presente cuaderno de antecedentes para que obre como corresponda el oficio de cuenta, signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana, mediante el cual informa que ese órgano Jurisdiccional aceptó la competencia y se avocó al conocimiento del juicio de amparo 706/2017-3A, promovido por GLORIA REYES ÍÑIGUEZ, correspondiéndole el juicio de amparo indirecto 1775/2017-E, de su índice. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto VIGÉSIMO PRIMERO del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el cuaderno principal del presente juicio de garantías. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE GOBIERNO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. RADICACIÓN Vista la demanda inicial formulada por GLORIA REYES IÑIGUEZ fórmese juicio de amparo y regístrese bajo el número 706/2017-3A, háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. INCOMPETENCIA Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama los descuentos identificados bajo los conceptos 53 (Servicios Médicos) y 76 (Reserva Técnica), realizados mensualmente a su pensión. Ahora, como presupuesto procesal de orden público es pertinente analizar la competencia de este Juzgado, por lo que no puede quedar sujeta a voluntad de las partes, ante lo cual, se procede estudiar si, en el caso, se surte la competencia legal de este Juzgado, para conocer de la demanda de amparo en comento. Como premisa fundamental a saber se cita el artículo 37, de la ley de amparo, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la interpretación literal del artículo citado se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo sometidos a su consideración; reglas que se puntualizan a continuación: 1. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2. Cuando el acto tenga ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, será competente el Juez de Distrito ante quien se presente la demanda de amparo; y, 3. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Entonces, de conformidad con las reglas que determina el artículo 37 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de garantías, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, o se haya ejecutado el acto reclamado, en el entendido de que la ejecución a que se refiere este precepto, es aquella que estuvo, está o puede estar a cargo de una autoridad, cuyos actos pueden ser impugnados, cuestionados o analizados a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a las consideraciones expuestas, por analogía la jurisprudencia número 13/95 de la Segunda Sala de la honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro siguiente: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. PARA DETERMINARLA DEBEN TOMARSE EN CUENTA LOS ACTOS DE EJECUCIÓN ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO A LOS PARTICULARES." Ahora bien, como quedó precisado la parte quejosa reclama los descuentos identificados bajo los conceptos 53 (Servicios Médicos) y 76 (Reserva Técnica), realizados mensualmente a su pensión, descuentos que de la simple lectura de sus talones de pago, se advierte que tienen verificativo en la ciudad de Tijuana, Baja California. A efecto de evidenciar dicha afirmación se procede a plasmar la imagen de uno de sus talones de pago: De lo que se sigue que el acto reclamado se hace consistir en los descuentos realizados a su pensión, en consecuencia, debe considerarse competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar del domicilio del beneficiario, por ser aquel en el que se priva del ejercicio del derecho de disfrutar la pensión de forma completa, pues por virtud de esos descuentos la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión; aunado a que el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido al lugar en el que trabajó. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia PC.V. J/9 K (10a.), de los Plenos de Circuito, cuyo rubro es: PENSIONES DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE SONORA. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE IMPUGNA EL ARTÍCULO 60 BIS B DE LA LEY DEL MENCIONADO INSTITUTO, VIGENTE HASTA EL 26 DE NOVIEMBRE DE 2015, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN, CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN QUE SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO PENSIONADO. El artículo citado, derogado mediante decreto publicado en el Boletín Oficial del Estado de Sonora el 26 de noviembre de 2015, establece que quienes disfruten una pensión o jubilación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, aportarán mensualmente al Fondo de Pensiones el 10% de la cuantía de su pensión mensual. Ahora bien, si en el juicio de amparo se impugna ese precepto con motivo de su aplicación, consistente en el descuento a la pensión del quejoso por concepto de "fondo de pensiones", efectuado por el director general de dicho instituto, ese acto se traduce en el pago reducido en la pensión, ya que tiene como consecuencia privar a los pensionados del ejercicio del derecho de disfrutar de ésta de manera completa; es decir, la aplicación del descuento establecido en el artículo 60 Bis B reclamado, afecta la esfera jurídica del quejoso al recibir su pensión de manera disminuida; y esa afectación se materializa en el domicilio de éste, toda vez que, de la interpretación conjunta de los artículos 87 de la mencionada legislación; y 23 a 25, 67 y 72 del Reglamento de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, se evidencia que aquél es el lugar donde los pensionados cobran y disfrutan su pensión. Por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio de amparo en el que se impugna la aplicación del citado artículo 60 Bis B, el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en la localidad en que se ubique el domicilio del quejoso pensionado. Tal criterio es acorde con la intención del Constituyente Permanente y del legislador ordinario de privilegiar el principio de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la indicada regla de competencia es la que permite tener mayor certeza en cuanto al cumplimiento del principio señalado, pues al atribuir competencia al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde se localiza el domicilio del quejoso, existe seguridad jurídica de que éste tendrá la facilidad de acudir a desahogar las diligencias necesarias, a fin de que se dilucide de manera expedita sobre la violación de sus derechos fundamentales violados. De igual forma, es aplicable a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 152/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, cuyo rubro es: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO. Si el acto reclamado en el juicio de garantías se hace consistir en la indebida cuantificación de la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho, derivados de las reformas al párrafo tercero del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en vigor a partir del 5 de enero de 1993 y 1o. de enero de 2002, atribuida al Subdirector General de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto mencionado, implica la privación del ejercicio del derecho como es a disfrutar de una pensión correctamente cuantificada, pues por virtud de esa negativa la autoridad afecta la esfera jurídica del quejoso al pagarle incompleta su pensión. Por otro lado, el pago de la pensión jubilatoria está intrínsecamente ligado al domicilio del beneficiario por ser razonablemente el lugar en el que la cobra y disfruta, al ya no estar unido a su centro de trabajo. Bajo este tenor, cuando en el amparo se reclame la indebida cuantificación de la pensión por no aplicar los aumentos correspondientes, tal acto tiene consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, por lo que conforme al artículo 36, párrafo primero, de la Ley de Amparo, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique el domicilio del quejoso, sin importar que no se demande destacadamente la falta de pago porque tal situación es consecuencia natural del indicado acto reclamado. Este criterio es acorde con la voluntad del Constituyente acerca de que al atribuir competencia se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado." Por lo expuesto y tomando en consideración que conforme al precepto 48 de la propia ley y de conformidad con el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, cuando ante un Juez de Distrito se promueva un juicio de amparo de que otro deba conocer, debe declararse incompetente de plano y ordena remitir los autos originales al Juez de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en Turno. En consecuencia, se procede a remitir la presente demanda y sus copias a la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito, con residencia en Tijuana, Baja California, previo cuaderno de antecedentes de las citadas constancias que se forme; solicitándole el acuse de recibo correspondiente. NO RESULTA PROCEDENTE PROVEER RESPECTO DE LA SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a proveer lo relativo a la suspensión del acto, por no estar en los supuestos a que alude el artículo 48, en relación con el 15 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa, para efectos de oír y recibir notificaciones, el que precisa en su escrito de demanda; por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la profesionista que indica; y únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que refiere en el mismo. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES Asimismo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, último párrafo de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios adscritos a este juzgado, lleven a cabo las notificaciones personales a las partes en este juicio de amparo; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 Constitucional, ya que este último procura la impartición de justicia pronta y expedita y el principio de celeridad procesal. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. ANOTACIONES EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Finalmente, hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la lista de ingresos de la estadística de este juzgado, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. Por último no resulta necesario notificar personalmente el presente proveído a la parte quejosa, en atención a la jurisprudencia P./J. 12/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primera, página cincuenta y cinco, cuyo rubro establece "DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALÍA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCIÓN. EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE".
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