Gloria Ramirez Carrillo
Expediente 1123/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1123/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Gloria Ramirez Carrillo
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de diez de septiembre de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del año dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Octavo, artículo 21, fracción d), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca Morelos a diez de septiembre de dos mil veintiuno. RADICACIÓN. Visto el escrito de demanda presentado por GLORIA RAMÍREZ CARRILLO, por derecho propio, contra actos del Instituto de la Educación Básica en el Estado de Morelos y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 1123/2021-I, que por orden le corresponde. DESECHAMIENTO Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que, de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a lo siguiente: En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, 5, fracción II, de la de la Ley de Amparo, interpretado el último precepto a contrario sensu, que en lo que interesa, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (...)" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (...) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (...)" De los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo no es procedente, cuando los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, porque tal y como enseguida se observará, tiene el carácter de autoridades aquellas que con independencia de su naturaleza formal, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, es importante hacer énfasis en que existen diversos tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y de sus gobernados, a saber: I.- Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de particulares, en la cual estos actúan en un mismo plano, o sea, de igualdad; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral y se requiere de la intervención de un tribunal ordinario, expresa y legalmente facultado para dirimir las controversias que se susciten entre las partes contendientes. II.- Las relaciones de supra a subordinación, que son aquellas que surgen entre los órganos de la autoridad, por una parte; y, por la otra, el gobernado; en dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características: la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que, si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. En ese orden de ideas, cabe decir que el juicio de amparo procede únicamente contra actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pues son dichos actos los que revisten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Ahora bien, se estima necesario establecer que reclama a las autoridades responsables: "la orden de embargo, retención, desposesión, aseguramiento y retención administrativa de más del 50% de mi salario quincenal, por concepto de CH"DESCUENTO DE PRESTAMO DE CAJA DE AHORRO DEL "." CA CAJA DE AHORRO DEL SNTE descuentos de ahorro y pago de préstamos, identificados por las parte con los códigos "CH" y "CA con el propósito de ejercer acto de molestia sin fundamento y motivación alguna, al pretender privarme sin fundamento legal alguno de mi derecho al salario en una proporción que no es posible garantizar el mantenimiento de la quejosa trabajadora y de mi familia, sin que pase inadvertido que a la fecha no he sido emplazado, ni llamado a juicio alguno." De ahí que, al observarse que el acto reclamado del cual la quejosa se duele, deberá ser ante otra instancia en donde se ventile tal problemática y no mediante esta vía constitucional, ello con base en que se encuentran prestaciones derivadas de una relación laboral. En el caso, el artículo 37 de la Ley General del Servicio Civil del Estado de Morelos establece lo siguiente: Artículo 37.- No se harán retenciones, descuentos o deducciones al salario del trabajador, salvo en los casos siguientes: I.- Cuando el trabajador contraiga deudas por concepto de anticipo de salarios, por errores o pérdidas atribuibles a él; II.- Por pagos hechos en exceso o por error. Cuando el pago en exceso o por error se haya realizado a través de depósito en cuenta bancaria, el Gobierno o el Municipio de que se trate, podrá realizar directamente las gestiones ante la Institución Bancaria para ajustar el pago a la cantidad debida; III.- Cuando se trate del cobro de cuotas sindicales, de aportación a cooperativas y cajas de ahorro, siempre que el trabajador hubiere expresado su conformidad por escrito; IV.- Cuando se trate de descuentos ordenados por la autoridad judicial competente para cubrir alimentos que se hubieren exigido al trabajador; V.- Descuentos derivados de los servicios de seguridad social de los trabajadores; y, VI.- Descuentos derivados de créditos contraídos con las instituciones del Gobierno del Estado o de los Municipios que presten este servicio. Del numeral transcrito se desprende que no se harán retenciones, descuentos o deducciones al salario del trabajador, salvo en los casos que ahí se establecen; de lo que se coligue que los descuentos -como el que aquí se reclama- están regulados en la legislación laboral y por tanto, las controversias que surjan por motivo de su realización en perjuicio de un trabajador, tienen naturaleza eminentemente laboral. De ahí que los conflictos derivados de los descuentos al salario del trabajador que efectúe el patrón son competencia de las autoridades laborales, pues a pesar de que esas deducciones obedecen a un crédito contraído por el obrero con motivo de la adquisición de bienes de consumo o para el pago de servicios, no puede soslayarse que tales descuentos se encuentran regulados por el artículo 37 de la Ley General del Servicio Civil del Estado de Morelos; por lo tanto, cualquier controversia que se suscite sobre el particular, como acontece cuando el trabajador reclama los descuentos realizados a su salario por concepto de ahorros y pagos de préstamos, corresponde a la materia laboral, y su conocimiento y resolución compete a los tribunales del trabajo respectivos. Encuentra apoyo a lo anterior, por las consideraciones expuestas en su contenido, la tesis IV.2o.30 L, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, con número de registro digital 195976, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Junio de 1998, página 651, de rubro: "FONACOT. LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LA RECLAMACIÓN DEL TRABAJADOR, CONSISTENTE EN LA DEVOLUCIÓN DE CANTIDADES DESCONTADAS A SU SALARIO POR ESE CONCEPTO." En ese sentido, la justiciable se encuentra en posibilidad de alegar lo que es conveniente ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, quien es la autoridad competente para resolver las controversias entre las autoridades estatales y sus trabajadores, de acuerdo con lo estipulado en los numerales 1 y 114 de la ley relativa, que dice: "Artículo 1.- La presente Ley es de observancia general y obligatoria para el Gobierno Estatal y los Municipios del Estado de Morelos y tiene por objeto determinar los derechos y obligaciones de los trabajadores a su servicio. Artículo 114.- El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje será competente para conocer de los conflictos individuales que se susciten entre un Poder Estatal o Municipio con sus trabajadores; para conocer de los conflictos respectivos que surjan entre el sindicato y un Poder Estatal o Municipio, incluido el procedimiento de huelga; para conocer de los conflictos que surjan entre los diversos sindicatos y para llevar a cabo el registro y cancelación de los sindicatos de trabajadores al servicio de los tres Poderes del Estado o de los Municipios." Conforme lo anterior, toda vez que en la especie el acto reclamado, se trata de orden de embargo, desposesión y/o desposesión administrativa del salario de la suscrita; es evidente que, en el caso, el juicio de amparo es improcedente, ya que, como puede verse, la actuación de la autoridades señaladas como responsables, es revisable mediante juicio ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje que se promueva en su contra, pues el citado tribunal es la autoridad competente para dilucidar cualquier inconformidad que surja con motivo del embargo del salario; por lo que el juicio laboral es el medio ordinario para resolver cualquier inconformidad que surja. De ahí que deba establecerse que, cuando los trabajadores al servicio del Estado de Morelos promueven juicio de amparo contra actos del Instituto de la Educación Básica en el Estado de Morelos, en los que controvierte su actuación en relación a la orden de embargo, retención, desposesión, del salario quincenal de la impetrante, derivada precisamente de la relación de trabajo que subsiste, como acontece en la especie, el referido juicio resultará improcedente, porque esas acciones o conductas no constituyen actos de autoridad, en términos del artículo 5º de la Ley de Amparo, susceptibles de impugnarse mediante el juicio de amparo, por lo que corresponde conocer de la demanda relativa al órgano especializado (Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje). Además porque, el apartado B, del artículo 123, Constitucional, equipara la relación entre Estado y empleado con una relación laboral, y establece las bases para que aquél asuma una posición jurídica similar a la de un patrón, por lo que el Estado, no actúa con la potestad e imperio que derivan de su soberanía y que constituyen las características propias de los actos de autoridad, sino que la evolución del derecho positivo ha hecho que en la relación con diversos servidores se conduzca como si fuera un patrón. En ese orden de ideas, los actos que aquí se reclaman no constituyen, de acuerdo a su naturaleza, un acto de persona de derecho público o de autoridad, pues las autoridades responsables no obraron con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, por lo que es incuestionable que el juicio de amparo en el que se reclaman actos de esta especie resulta improcedente, por actualizarse la causa de improcedencia, que es concretamente la prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I y 5º, fracción II, estos últimos interpretados en sentido contrario, de la Ley de Amparo. En efecto, se reitera, los actos que se reclaman, atendiendo a las razones por las que está inconforme la parte quejosa, no tienen el carácter de actos de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, en razón de que corresponden al vínculo entre patrón y trabajador; caso en el que se insiste, actúan en un plano de igualdad. Y, por tanto, tampoco se está en el supuesto señalado por el artículo 5° fracción II, de la Ley de Amparo, que al respecto señala que un particular tendrá el carácter de autoridad responsable cuando realice actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos, y cuyas funciones estén determinadas por una noma general. En esa tesitura, los actos reclamados en el juicio de amparo, tienen una naturaleza eminentemente laboral, en un plano de coordinación y no de supra-subordinación; por tanto, sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado, también quedan sometidos a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular, congruentemente con la doble personalidad del Estado. Por ende, los actos de que se duele la peticionaria de derechos humanos no pueden ser considerados como de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Luego, es evidente que entre la parte quejosa y la autoridad responsable, subyace un vínculo empleado-patrón, atendiendo a la relación laboral que existe, de ahí que nos encontramos ante una relación de coordinación -no subordinación, (gobierno gobernado)-, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales acorde al contenido del artículo 123 Constitucional, ante ello, al emanar los actos reclamados de un organismo público descentralizado actuando como patrón, la parte quejosa tiene expedito su derecho para hacerlo valer ante los tribunales correspondientes (Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje) pues el acto impugnado, no puede ser objeto de examen constitucional, en tanto, ello es propio de una controversia ante las autoridades del trabajo y no del juicio de amparo, pues como se dijo entre ellos existe una relación de coordinación, obrero patrón, la cual debe ventilarse ante las instancias correspondientes, ya que el juicio de amparo tiene entre otros objetos, resolver las controversias que se susciten por actos u omisiones de autoridad, sin que pueda considerarse actos de autoridad las diferencias de carácter laboral, suscitadas entre aquéllas y sus empleados. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia I.6o.T. J/28 (10a.), sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes uno de abril de dos mil dieciséis, Décima Época, Materia Común, con número de registro 2011343, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." Específicamente respecto a las relaciones entabladas entre los organismos descentralizados, como lo es el Instituto de la Educación Básica en el Estado de Morelos y sus trabajadores; la autoridad jurisdiccional competente para resolver las controversias que se susciten entre ellos es, por regla general, el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje. Tiene apoyo la anterior consideración la jurisprudencia PC.XVIII. J/6 L (10a.), emitida por el Pleno de Circuito, visible en la página dos mil quinientos quince, tomo III, octubre de dos mil diecinueve, del Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Décima Época, del rubro siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS LABORALES SUSCITADOS ENTRE LOS ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS LOCALES Y SUS TRABAJADORES. POR REGLA GENERAL, CORRESPONDE AL TRIBUNAL ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS).". Por lo expuesto, y con apoyo en el artículo 113, en relación con los diversos 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I, y 5, fracción II, estos últimos interpretados a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda. Se estima oportuno señalar que, si bien el acto reclamado que nos ocupa no es susceptible de analizarse a través del juicio de amparo, ello no significa que se deje a la parte promovente en estado de indefensión, ya que tiene expedito el derecho de acudir ante la autoridad correspondiente para deducir lo que a través de esta vía pretende. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ conforme a los pasos que ahí se precisan. NOTIFICACIONES. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa el presente auto, en virtud de que es obligación del promovente de amparo cerciorarse del auto de admisión; aunado a ello, el numeral 26, de la Ley de Amparo, no establece la obligación de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de admisión de su demanda, habida cuenta que este tipo de notificación se hace en el emplazamiento del tercero interesado -siempre que exista- y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, no así al impetrante de amparo. En otro orden de ideas, se instruye al Actuario judicial para que los subsecuentes acuerdos que se lleguen a presentar cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29, de la legislación federal en consulta, al actualizarle el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, aunado que a través de ella se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que deba ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. La anterior determinación encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, del rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". EXHORTACIÓN PROMOCIONES VÍA ELECTRÓNICA. Además, se exhorta a las partes, para que con toda oportunidad utilicen las herramientas tecnológicas puestas a su disposición y presenten electrónicamente los escritos, pruebas y/o alegatos que consideren pertinente a sus intereses para ser considerados al desahogarse la audiencia de ley. Asimismo, atendiendo al artículo 22 del citado Acuerdo General se invita a las partes a que: De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y, Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. RECOMENDACIÓN PARA TRANSITAR HACIA EL ESQUEMA DE JUICIOS EN LÍNEA. Además, para quienes esto sea una posibilidad, se recomienda transitar hacia el esquema de juicios en línea, lo cual se puede hacer incluso en aquellos asuntos que se hayan tramitado físicamente, para lo cual se puede ingresar una promoción solicitando la consulta y notificación electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea. DOMICILIO Y PERSONAS AUTORIZADAS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa y por autorizadas en los términos señalados, a las personas propuestas. En atención a su contenido, se faculta al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado Federal, a efecto de que lo autorice con el usuario "MGuzman" la consulta del Expediente Electrónico del presente asunto en que se actúa en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena practicarle las notificaciones vía electrónica, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de este Juzgado Federal. Respecto a la solicitud en el sentido que se autorice el correo electrónico y número telefónico para contactar vía Whatsapp; en su atención, se toma del conocimiento los medios que proporciona a través de los cuales se puede entablar comunicaciones no procesales y acorde a lo dispuesto en el citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, instrúyase al Actuario adscrito a este Juzgado para que establezca contacto con dicha parte procesal en caso de considerarlo necesario para entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá ser registrado y su caso asentar la razón respectiva para los efectos legales a que haya lugar. Por último, se hace del conocimiento de las partes que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del mencionado Acuerdo General, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio CCJ/ST/2819/2021, de nueve de agosto de dos mil veintiuno, ante la Secretaria Gabriela Tirado Ruiz, que autoriza y da fe.
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