Gloria Ramírez Cárdenas
Expediente 864/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 12 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 864/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 26/09/2019
Partes del expediente
- Gloria Ramírez Cárdenas
- GLORIA RAMÍREZ CÁRDENAS y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que por oficio y anexos presentados ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, el veintinueve de agosto del presente año (fojas 99-101), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada, comunicó la forma en que la aludida responsable dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de amparo, por la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Gloria Ramírez Cárdenas. Posteriormente, mediante proveído de dos de septiembre del año en curso (foja 102), se dio vista a la citada parte agraviada con el oficio y documentales en cuestión, para que en el plazo de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que, de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. El anterior acuerdo, se notificó a la parte quejosa el seis de septiembre siguiente (foja 105), sin que se hubiere desahogado dicha vista Por consiguiente, en obvio de mayores dilaciones, de conformidad con el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, aplicable al presente caso por disposición expresa de su ordinal tercero transitorio, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Así, por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional el veinticuatro de mayo del presente año (fojas 40-55), se determinó conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: ".1. Los artículos 24, fracción XIX, 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil diecinueve, que prevén, respectivamente, el refrendo alcoholes y los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit sean desincorporados de la esfera jurídica del amparista, tanto en el presente como en el futuro. 2. En consecuencia, los Recaudadores de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en Tepic y San Blas, devuelvan las contribuciones erogadas por el amparista, determinadas en el recibo de pago exhibido por el agraviado previstas en los preceptos normativos declarados inconstitucionales. 3. De igual manera, para que dichos recaudadores, no realicen el cobro de los impuestos contenidos en los artículos 11, 12 y 13 de la ley aquí combatida; en consecuencia, deberá hacer la devolución del pago que realizó la parte quejosa, por los impuestos referidos con antelación. 4. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por refrendo de alcoholes, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el dispositivo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto.". De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A) Que no le fuera aplicado a la parte quejosa lo previsto en el artículo 24, fracción XIX de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dos mil diecinueve, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del referido ordenamiento; esto es, para que vigilaran que fuera desincorporado de la esfera jurídica de la promovente del amparo, en el presente y en el futuro; y B) Devolverle a la parte quejosa las contribuciones que erogó por motivo de la aplicación de la porción normativa reclamada; la cual debía ser actualizada. Ahora bien, a través del oficio y documentales de veintinueve de agosto de dos mil diecinueve (fojas 99-101) la delegada de la autoridad responsable informó a este juzgado federal la forma en que cumplió con el fallo protector emitido en autos, de los cuales se advierte que efectuó la devolución a la parte quejosa por medio del cheque número 0001308 valioso por la cantidad de $6,995.22 (seis mil novecientos noventa y cinco pesos 22/100 moneda nacional), la cual efectivamente corresponde a la cantidad que éste erogó a su favor con motivo de la aplicación de la norma combatida y su actualización. Se dice lo anterior, dado que al monto de $6,984.78 (seis mil novecientos ochenta y cuatro pesos 78/100 moneda nacional) que pagó el quejoso, debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. Para lo cual debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, el recibo fiscal materia de la concesión fue pagado el veintiocho de marzo de la presente anualidad y el veintiocho de agosto del mismo año, se efectúo la devolución de la totalidad de la cantidad indicada en el párrafo que antecede, por la cual la autoridad responsable pretendía devolver las contribuciones reclamadas; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de marzo al mes de agosto del presente año. Ahora, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de febrero entre el índice para el mes de julio del presente año (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); por lo que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Así el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de febrero del presente año fue de 103.079 y para julio del año actual de 103.687. De la división de dichos factores (el más reciente entre el más antiguo) se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas: 1.00589. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por el quejoso, esto es, $6,984.78 (seis mil novecientos ochenta y cuatro pesos 78/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, es decir, la cantidad de $7,025.97 (siete mil veinticinco pesos 97/100 moneda nacional. Por tanto, se advierte que la autoridad responsable debía devolver al quejoso la cantidad de $7,025.97 (siete mil veinticinco pesos 97/100 moneda nacional); sin embargo, éste reintegró la diversa de $6,995.22 (seis mil novecientos noventa y cinco pesos 22/100 moneda nacional), es decir, existe un deficit a favor de la parte agraviada por la cantidad de $30.75 (treinta pesos 75/100 moneda nacional), pero dicho monto no tiene relevancia económica para considerar que el fallo protector no se encuentra cumplido, pues dada la magnitud de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla. Lo anterior, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto la autoridad responsable a fin de devolverla, así como los que efectué la parte agraviada, a fin de obtener dicho monto, serían mayores al beneficio de reintegrar el numerario referido. De ahí que resulta evidente que con ello se ha restituido a la parte solicitante del amparo en el goce de sus derechos violados, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente sumario constitucional, ha quedado cumplimentado. Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido precepto de la ley de la materia, en relación con el diverso 214, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos décimo primero, párrafo último y vigésimo segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este juzgado federal determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en la fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio constitucional se concedió el amparo y protección de la justicia federal; sin embargo, carece de relevancia documental y, por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es depurable, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de amparo y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que éste no se tramitó. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio signado por el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada, a través del cual, informa que ya entregó a la parte quejosa un cheque por la cantidad que indica, como lo acredita con las documentales que adjunta; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en Vigor, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento a la sentencia amparadora, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, DOS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio signado por el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada, a través del cual, informa que ya entregó a la parte quejosa un cheque por la cantidad que indica, como lo acredita con las documentales que adjunta; luego, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo en Vigor, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, manifieste lo que a su derecho convenga, apercibido que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, se pronunciará en relación con el cumplimiento a la sentencia amparadora, sin tomar en cuenta las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
TEPIC, NAYARIT, VEINTIUNO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE. Téngase por recibido el oficio signado por el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, por conducto de su delegada, a través del cual, en cumplimiento al fallo protector concedido informa que el quejoso no ha recogido el cheque 1308, no obstante que de haber sido requerida y notificada en varias ocasiones para hacerle entrega del mismo, como lo acredita con las documentales que adjunta; motivo por el cual, solicita se tenga por cumplida la sentencia amparadora. Ahora, el fin que se persigue en el presente caso es que se restituya el goce de la garantía violada al disidente; en consecuencia, en estricto acatamiento a los efectos de la sentencia de amparo, la responsable ejecutora denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, deberá restituir la cantidad erogada con motivo de los preceptos declarados inconstitucionales; esto es, se encuentra obligada a realizar las gestiones necesarias para dar debido cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. Máxime que, en ejecutoria de cuatro de septiembre de dos mil quince, dictada en los autos del recurso de inconformidad número 18/2015, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, determinó, entre otras cosas, que la autoridad recaudadora es la encargada de llevar a cabo la devolución del monto equivalente a la contribución fiscal reclamada en el juicio de garantías; por tanto, en atención a ésta, debe: a).- Devolver a la peticionaria de garantías la cantidad establecida en la sentencia amparadora; b).- Poner a disposición de la promovente el numerario a entregar y c).- Le notifique a ésta última que ha quedado a su disposición la cantidad respectiva para que desde ese momento la parte quejosa esté en condiciones de recibirla. Por tanto, con fundamento en los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase al ente responsable de cuenta, para que dentro del plazo de CINCO DÍAS, siguientes al en que reciba el oficio correspondiente, de cumplimiento cabal al fallo protector concedido en autos y remita copia del cheque que se genere a favor de la parte quejosa, asimismo deberá indicar la mecánica, operaciones aritméticas y cualquier elemento que hubiera utilizado para determinar la cantidad a devolver al agraviado y su debida actualización, con motivo de la declaración de inconstitucionalidad de los preceptos impugnados; esto es, debe señalar el procedimiento que llevó a cabo para determinar la suma a devolver a la solicitante del amparo; de igual forma, tiene que remitir las constancias en que compruebe que notificó lo anterior a la agraviado, ajustándose estrictamente a los efectos de la sentencia concesoria. Apercibida que de no hacerlo sin causa justificada, con fundamento en el numeral 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa equivalente a cien valores diarios de la unidad de medida y actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo constitucional en relación con el segundo y tercer transitorio del "Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo", mismo que entró en vigor el veintiocho de enero de dos mil dieciséis). De otra parte, se le hace del conocimiento a la citada autoridad que en el supuesto de que la ejecutoria de amparo no quede cumplida en el plazo fijado, este Órgano Jurisdiccional hará el pronunciamiento respectivo e impondrá las multas que procedan; asimismo, remitirá los autos al Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito en Turno, con sede en esta ciudad; en la inteligencia, de que si por algún motivo el Titular respectivo dejara el cargo que desempeña, seguirá teniendo responsabilidad, conforme lo prevé el ordinal 193 de la Ley citada.
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