Gloria Patricia Uehara Guerrero
Expediente 94/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 94/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/06/2019
Partes del expediente
- Gloria Patricia Uehara Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de destrucción que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Se hace la aclaración que ninguna de las partes allegó al presente cuaderno algún documento que por sus características amerite ser devuelto. Finalmente, se hace constar que en el cuaderno en el que se actúa, no se aperturó incidente de suspensión de los actos reclamados.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria que resolvió el impedimento planteado por este órgano jurisdiccional. Acúsese recibo Consecuentemente, hágase las anotaciones en el libro de gobierno de este juzgado y estese a lo resuelto por el Superior, al tenor de los siguientes puntos resolutivos: PRIMERO. Se declara fundado el impedimento planteado por el licenciado Ramón Hernández Cuevas, Juez Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, en los términos planteados en el último considerando del presente fallo. SEGUNDO. Con el testimonio de esta resolución, remítase la demanda de amparo promovida por ***y sus anexos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, a efecto de que le envíe al Juzgado de Distrito que corresponda, en turno, con excepción del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado, para su conocimiento. De lo que este órgano jurisdiccional toma conocimiento, para los efectos legales conducentes.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio proveniente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual, acusa recibo del diverso por el que se remitieron los autos originales del juicio de amparo de donde deriva el presente cuaderno de antecedentes, e informa que se admitió el impedimento planteado, mismo que quedó registrado bajo el consecutivo que refiere.
- Principal
LLEGADA DE AUTOS. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Vigésimo Segundo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la determinación de catorce de febrero de dos mil diecinueve, emitida en el Impedimento 2/2019, planteado por este Juzgado. En consecuencia, acúsese el recibo de estilo; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno del juzgado y estese a lo resuelto por el Superior al tenor del punto resolutivo siguiente: PRIMERO. Se declara sin materia el presente impedimento. SEGUNDO. Devuélvanse los autos al Juzgado de Distrito, para los efectos legales a que haya lugar. Dicha circunstancia notifíquese a las demás partes para los efectos legales correspondientes y, en consecuencia se acuerda lo siguiente: DECISIÓN SOBRE LA INSTANCIA CONSTITUCIONAL. Vista la demanda promovida por *****, contra actos de la Legislatura del Estado de Querétaro, y otras autoridades responsables, que hace consistir en: El proceso legislativo origen de los preceptos legales reclamados, así como la aplicación de dichos ordenamientos legales. En esa virtud, a criterio del suscrito juzgador, no debe conocer de la citada demanda de amparo, al considerar que se encuentra legalmente impedido para conocer del asunto, en virtud de las disposiciones y razonamientos siguientes: El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese sentido, el ejercicio de la función jurisdiccional se ve limitado, inicialmente, por la competencia propia del órgano y en segundo término por lo que se refiere al elemento personal del juzgador, ya que independientemente de la titularidad que se confiere a los órganos jurisdiccionales, también son personas físicas que, como tales, viven dentro de un conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derecho, de intereses, con relaciones humanas, sociales y familiares, titulares de bienes propios, situaciones de vida personal, etcétera; asimismo, no solo las relaciones personales de dichas personas físicas pueden influir en el ánimo del juzgador, sino que en ocasiones pudieran presentarse situaciones relacionadas con su ejercicio jurisdiccional que en algún momento pudieran dar lugar a mermar la imparcialidad con la que el juzgador debe conducirse. En atención al mandato dirigido a los juzgadores, en el sentido de que la justicia que impartan debe ser imparcial, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que el juzgador debe emitir una resolución no sólo apegada a derecho, sino que debe ser imparcial, que no dé lugar a considerar que existió inclinación o emulación respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido. Así, la justicia imparcial se traduce en la observancia de las normas jurídicas que regulan el caso y el ánimo del juzgador de estudiar los aspectos que se debaten sin crear sentimientos de aversión o simpatía hacia alguna de las partes, sea por los datos probatorios que se proporcionen o por el conocimiento externo de las conductas del sujeto. Desde esa perspectiva, las leyes permiten que los titulares encargados de impartir justicia puedan hacer patente su posible parcialidad en el fallo que dicten, lo que los inhibe de su conocimiento con el fin de cumplir con el artículo 17 constitucional. De esa manera, objetivamente se podría presumir parcialidad si se tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones, a las cuales se encuentra vinculado por diversos factores, entre los que se prevén la fracción VIII del artículo 51 de la Ley de Amparo vigente, que a la letra dice: Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: (.) VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad. (.) Como se observa, el precepto transcrito atiende a la persona física concreta e individual que encarna el órgano al que corresponde conocer del juicio de amparo, con el fin de que deje de tener injerencia en el procedimiento que conozca, cuando se presentaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad, que constitucionalmente debe imperar, con el objeto de preservar la facultad de poder impartir justicia imparcial, independiente y conforme a derecho. Sobre dicha causa de impedimento el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sustentó la tesis I.6o.C. J/44, visible en la página 1344, XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es aplicable al caso por las razones que la informan, de rubro: IMPEDIMENTO. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE LIMITA AL JUZGADOR EN SUS FUNCIONES PARA INTERVENIR EN CASOS ESPECÍFICOS, EN QUE PUEDE VERSE AFECTADA SU IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. En efecto, la fracción VIII del precepto 51 invocado con antelación, establece que el riesgo de parcialidad debe ser objetivo, es decir, que no consista simplemente en un temor, especulación, presunción o sospecha en el sentido de que el juzgador tiene un interés personal de favorecer indebidamente a una de las partes, sino que es necesario partir de datos concretos que permitan concluir que el Juez que dictará sentencia en el juicio de amparo indirecto estará influido en la toma de su decisión judicial. Así, el juzgador tiene el deber fundamental de tomar sus decisiones con base en la legislación aplicable y no rebasar los límites que las mismas le imponen a sus atribuciones. En ese sentido, los titulares de los órganos jurisdiccionales en todo momento tienen el deber de sujetar su actuación a la ley, con la cual se brinda seguridad jurídica a las partes que someten sus controversias a la potestad del Estado; en la inteligencia de que si bien su decisión jurídica favorecerá a una de las partes, ello no implica que deriven de sentimientos de aversión o simpatía hacia alguna de ellas. Ahora bien, procede se analice la existencia de una causa de excusa, en virtud de que la suscrita estimo que mi imparcialidad estaría afectada al resolver el asunto. En razón de lo anterior, conviene tener presente el contenido de los artículos 54, fracción III y 55, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 54. Conocerán de las excusas y recusaciones: (.) III. Los tribunales colegiados de circuito: (.) c) De los jueces de distrito, los titulares de los tribunales unitarios y demás autoridades que conozcan de los juicios de amparo, que se encuentren en su circuito. Artículo 55. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación manifestarán estar impedidos ante el tribunal pleno o ante la sala que conozca del asunto de que se trate. Los magistrados de circuito y los jueces de distrito manifestarán su impedimento y lo comunicarán al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Ahora, a efecto de no incurrir en responsabilidad, en virtud de que, este juzgador advierte que se encuentra legalmente impedido para conocer de la demanda de garantías, en términos del ya citado artículo 51, fracción VIII ya referida, en relación con la diversa fracción VII, del mismo precepto de la ley de la materia, en que se dispone textualmente como causa de excusa e impedimento, lo siguiente: Artículo 51. (.) (.) VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y (.)" Lo anterior se estima así, toda vez que dicho supuesto de impedimento se configura cuando el juzgador tiene amistad con alguna de las partes, lo que desde luego entraña una situación de riesgo, de imparcialidad; por tanto, si la promovente del amparo ***, tiene el carácter de servidora pública de base en este órgano jurisdiccional a mi cargo, al desempeñarse como Secretaria de Juzgado y por tal motivo, una relación laboral que conlleva una convivencia y trato frecuente y cotidiano en virtud de sus funciones dentro de este juzgado federal; es inconcuso que ello, debe entenderse equivalente a una relación de amistad estrecha, entre dicha funcionaria y el suscrito juzgador, lo cual puede incidir en un riesgo de imparcialidad. Lo anterior tiene mayor apoyo, si se toma en consideración que el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, define a la amistad como: AMISTAD Del lat. vulg. *amicitas, -atis, der. del lat. amicus 'amigo'. 1. f. Afecto personal, puro y desinteresado, compartido con otra persona, que nace y se fortalece con el trato. 2. f. amancebamiento. 3. f. Merced, favor. 4. f. Afinidad, conexión entre cosas. 5. f. desus. Pacto amistoso entre dos o más personas. 6. f. desus. Deseo o gana de algo. 7. f. pl. Personas con las que se tiene amistad. (Página electrónica ). Entre cuyo concepto se encuentra la afinidad o conexión" entre otras cosas. Incluso, el Diccionario para Juristas de Juan Palomar de Miguel, Primera edición, 1981, página 89, define a la amistad como: (Lat. amicitas, por amicitia, amistad.) f. Afecto personal, generalmente reciproco que nace y se fomenta con el trato. Amancebamiento. Favor, merced. Tratándose de cosas, conexión, afinidad. pl. Personas con las que se tiene amistad. Por lo anterior, es que se podría dar lugar a un conflicto entre el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional y el interés personal de quien debe ejercerla en un caso concreto, al darse tales circunstancias; de ahí que resulta pertinente declarar la causa de impedimento que considero se materializa, ya que la ley así lo establece, con el fin de asegurar la garantía de neutralidad en el proceso, así como para preservar la imparcialidad e independencia de la impartición de justicia. Apoya la anterior consideración, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia 2ª/J.36/2002, visible a foja 105, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, Mayo de 2002, Materia Común, Novena Época, registro número 186939, de rubro y texto siguientes: IMPEDIMENTO POR CAUSA DE AMISTAD ESTRECHA. PARA CALIFICARLO DE LEGAL ES SUFICIENTE LA MANIFESTACIÓN QUE EN ESE SENTIDO HACE EL FUNCIONARIO JUDICIAL RESPECTIVO.- Asimismo, es dable invocar en vía de orientación, la tesis emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en la tesis I.11º.C.24K (10), visible a foja 1711, del Semanario Judicial de la Federación, Libro 28, Marzo de 2016, Tomo II, Décima Época, Materia Común, con número de registro 2011198, que reza: IMPEDIMENTO EN EL AMPARO. LA SITUACIÓN DE RIESGO DE PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD, DEBE SER REAL Y ACTUAL (ALCANCES DEL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE LA MATERIA). Las fracciones de la I a la VII del artículo en mención, prevén la existencia de elementos objetivos que afectan de forma directa e inmediata la imparcialidad en que debe conducirse el juzgador, cuando tiene el carácter de cónyuge o pariente de alguna de las partes o de sus abogados; si tiene interés personal en el asunto o lo tiene su cónyuge o parientes; si ha intervenido en el asunto en diverso carácter o intervino como asesor; si forma parte de diverso juicio de amparo semejante al de su conocimiento; y si tiene una amistad o enemistad con alguna de las partes o sus representantes. Por otro lado, en la fracción VIII, el legislador estableció que pueden presentarse situaciones diversas a las especificadas, que impliquen, desde luego, elementos que pongan en riesgo la imparcialidad del juzgador. A diferencia de las fracciones I a VII, que señalan específicamente las circunstancias que afectan directamente la imparcialidad del juzgador, la fracción VIII no exige que el elemento objetivo la afecte directamente, pues establece como mínimo que exista un riesgo, término que significa una contingencia o proximidad de un daño que está expuesto a perderse o a no verificarse. Así, el elemento objetivo que exige la fracción VIII debe tener la característica de que el juzgador no se encuentre en una situación de riesgo que comprometa su imparcialidad o, que a los ojos de la sociedad o de un observador razonable pueda advertir que existe motivo para pensarlo así; esto es, que existan situaciones que puedan llevar a considerar que se advierten conflictos de intereses y, por ello, se pierda la distinción de honorabilidad, la buena imagen y el decoro de los que goza el juzgador, así como el órgano jurisdiccional del que forma parte; decoro judicial que funciona como una herramienta de unidad y equilibrio para la exteriorización de las conductas judiciales, atendiendo con razonabilidad a determinado escenario de conducta exigido como desarrollo de un mejor escenario de justicia, lo que fortalece la respetabilidad y confianza en los justiciables, la probidad, buena opinión e imagen. Así, para que se actualice la hipótesis prevista en la invocada fracción VIII debe presentarse lo siguiente: que el juzgador se encuentre en una situación diversa a las previstas en las fracciones I a VII; que esa situación constituya un elemento real y actual; y, que éste ponga en riesgo la pérdida de imparcialidad, como puede ser la afectación al decoro judicial." Del mismo modo, resulta conveniente citar el contenido de la tesis sostenida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en la tesis II.1º.C.8K (10ª), visible a foja 4011, del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV, Décima Época, con número de registro 2010253, que dispone lo siguiente: "IMPEDIMENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL FUNCIONARIO JUDICIAL EXPRESA LOS ELEMENTOS OBJETIVOS DE LOS QUE SE INFIERE EL RIESGO DE PÉRDIDA DE IMPARCIALIDAD (ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY RELATIVA). El numeral mencionado norma los casos en los cuales los funcionarios judiciales que conozcan de los juicios de amparo deberán excusarse por incurrir en alguna de las causas de impedimento allí previstas. En las primeras siete fracciones establece diversos supuestos específicos para su actualización, de forma que las razones por las cuales se haga valer un impedimento fundado en cualquiera de ellas, debe ajustarse al tipo legal preciso; sin embargo, en la fracción VIII el legislador comprendió un supuesto normativo novedoso -que no existía en el precepto 66, correlativo de la legislación de la materia abrogada-, pues en aquélla deja abierta la posibilidad para la configuración de esta figura jurídica en casos distintos a los expresamente previstos, sin más limitante que la situación invocada brinde los elementos objetivos de los que se infiera que la imparcialidad del juzgador pudiera ser afectada. Así, para calificar de legal el impedimento de que se trate, bastará que casuísticamente el funcionario proporcione las bases que objetivamente le sirven de fundamento para hacerlo valer, y exprese que subjetivamente lo colocan en un riesgo de pérdida de imparcialidad, pues en casos como éstos la posibilidad de peligro de quebranto de la imparcialidad se presenta en el fuero interno del funcionario el que, en cada caso, es diferente, ya que su determinación dependerá de la vida cotidiana, intereses, relaciones humanas, sociales y familiares, entre otros factores personalísimos propios de cada quien." A su vez, cobran aplicación en lo conducente, las jurisprudencias aprobadas por el Pleno de Circuito, números PC.I.C.J/35K y PC.I.C.J/36K, visibles a fojas 1918 y 1920, del Semanario Judicial de la Federación, Libro 35, Octubre de 2016, Tomo III, Décima Época, Materia Común, que a la letra dicen en forma respectiva: "IMPEDIMENTO. ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 51 DE LA LEY DE AMPARO. Los supuestos de impedimento para conocer del juicio de amparo previstos en las fracciones I a VII del artículo 51 de la Ley de la materia contemplan situaciones de índole subjetiva que el Juez puede reconocer en su ánimo o probarse por otro medio. Por su parte, en la novedosa fracción VIII del mismo numeral se atiende a elementos objetivos de los que pudiera derivarse un riesgo de pérdida de la imparcialidad del juzgador, que surgen de una fuente externa a éste, es decir, que el elemento inhabilitante de su jurisdicción resulta de la prueba directa del hecho que representa el riesgo de pérdida de la imparcialidad." "IMPEDIMENTO. REQUISITOS PARA CALIFICAR DE LEGAL LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO. En el análisis de la causa de impedimento para conocer del juicio de amparo prevista en el precepto citado, a la luz de los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en materia de imparcialidad judicial, para que a partir de la apreciación de los elementos objetivos de un caso concreto, el órgano jurisdiccional que califique un impedimento pueda determinar que existe la posibilidad de que el juzgador corra riesgo de perder su imparcialidad, con independencia de la percepción del promovente, es necesario que se actualice al menos uno de los siguientes requisitos consistentes en que el juzgador: 1) tenga una posición personal tomada en la controversia que le resulte inhabilitante; 2) tenga preferencia o animadversión por alguna de las partes en el juicio; o, 3) se encuentre involucrado en la controversia." Y de manera ilustrativa, la tesis XI.2º.41 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, visible a foja 3180, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 171167, que dispone lo siguiente: IMPEDIMENTO. SI EL JUZGADOR RECONOCE EXPRESAMENTE QUE SU IMPARCIALIDAD ESTARÍA AFECTADA AL RESOLVER EL ASUNTO, ELLO BASTA PARA EXAMINARLO. En el caso, no se exhibe probanza alguna al respecto, por no ameritarse así, atento al criterio siguiente: IMPEDIMENTO PLANTEADO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 51, FRACCIÓN VIII, EN RELACIÓN CON LA I, DE LA LEY DE AMPARO, PARA CALIFICARLO DE LEGAL BASTA QUE EL JUZGADOR MANIFIESTE CONTUNDENTE Y CLARAMENTE EL MOTIVO POR EL QUE SE UBICA EN ESE SUPUESTO, SIN QUE ESTÉ OBLIGADO A ACOMPAÑAR ALGÚN MEDIO DE PRUEBA QUE LO ACREDITE. En consecuencia, en términos del segundo párrafo del artículo 55 de la Ley de Amparo, remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado que corresponda, con sede en esta ciudad, para que califique el presente impedimento, acompañando las constancias pertinentes para los efectos legales a que haya lugar. Por consiguiente, se reserva proveer sobre la admisión o no de la demanda de amparo promovida por ***, contra actos de la Legislatura del Estado de Querétaro, y otras autoridades responsables, hasta en tanto se califique el impedimento planteado. En tal sentido, fórmese cuaderno de antecedentes, solicítese el acuse de recibo correspondiente y háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno.
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