Gloria Padilla viuda de Flores
Expediente 644/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 644/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/06/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima · Colima
Partes del expediente
- Gloria Padilla viuda de Flores
Actuaciones
- Principal
Firmeza de la sentencia. Visto; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el proveído dictado el diecinueve de mayo del año en curso, mediante el cual se decretó el sobreseimiento del presente juicio de amparo, por falta de impugnación dentro del plazo legal. Archivo del expediente. Archívese el presente juicio, como asunto concluido.
- Principal
Informe justificado. Visto; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo (en adelante la ley), téngase por rendido el informe justificado. Recepción del expediente generador del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley, se recibe como prueba documental la copia certificada del juicio mercantil ejecutivo 82/1994, del índice del Juzgado Segundo de lo Mercantil de esa ciudad de Colima, con el cual se ordena abrir por cuerda separada cuaderno de pruebas. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora bien, del estado de autos se advierte que la parte quejosa reclama a la autoridad responsable Juez Segundo de lo Mercantil de esta ciudad, la omisión de acordar el escrito presentado el cinco de abril de dos mil diecisiete, en el que promueve el incidente de cancelación de embrago que interpuso en los autos del juicio 82/1994-M. Sin embargo, del informe justificado de cuenta rendido por el Juez Provisional del juzgado Segundo de lo Mercantil de esta ciudad, se advierte que el nueve de mayo del año en curso dictó el auto cuya omisión alega la quejosa, anexando para tal efecto copia certificada del juicio natural en el que obra dicho auto y la notificación efectuada por medio de lista, documental cuyo valor probatorio es pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En tal virtud, y toda vez que como ya quedó expuesto, el acto reclamado por la quejosa Gloria Padilla viuda de Flores, al Juez Segundo de lo Mercantil de esta ciudad, se hizo consistir en la omisión en que ha incurrido, al no proveer el escrito presentado por la quejosa el cinco de abril del año en curso, es indudable que con el dictado del auto de nueve de mayo del año en curso, se actualiza la causal de improcedencia que prevé la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, de acuerdo a las siguientes consideraciones: El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Consecuentemente, es incontrovertible que, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la aludida fracción XXI, párrafo primero, del artículo 61 de la Ley de Amparo en vigor, puesto que de las copias remitidas por el juez responsable, se desprende que el nueve de mayo de dos mil diecisiete, dicho órgano jurisdiccional proveyó sobre el mismo. Con vista a lo anterior, es claro que la conducta omisiva del Juez Segundo de lo Mercantil de esta ciudad, cesó en sus efectos con el acuerdo emitido el diecinueve de los corrientes del que se advierte que proveyó sobre el escrito presentado el cinco de abril del año en curso, lo que determina que los efectos de dicho acto, han dejado de afectar su esfera jurídica, al cesar su actuación, desde el momento en que se acordó el mismo, lo que generó el acto reclamado, por lo que tal circunstancia conlleva a la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del citado promovente que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se invoca en apoyo a lo anterior, la tesis consultable en la página 187 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 157-162 Sexta Parte, Séptima Época, del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL, TRATÁNDOSE DE LA OMISIÓN DE RESOLVER UN RECURSO ADMINISTRATIVO. El acto reclamado consistente en la omisión de resolver dentro de los plazos legales un recurso administrativo cesa en sus efectos con el dictado del fallo respectivo, sin que para así estimarlo obste el hecho de que se alegue que no se notificó al interesado el sentido de ese fallo. En efecto, la omisión que se analiza no se traduce en la falta de respuesta a un ocurso elevado por un particular a la autoridad administrativa, sino en no haberse dictado una resolución dentro del término que señala la ley; por lo que hay que entender que la violación que se impugna atañe a la garantía consagrada por el artículo 17 de la Constitución General de la República y no al derecho de petición establecido por el artículo 8o. de la Carta Magna". También se invoca en apoyo a lo anterior el criterio de tesis sustentado por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 3750 del Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXIX, Quinta Época, que textualmente dice: "DENEGACIÓN DE JUSTICIA, CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO QUE LA CONSTITUYE. Si el quejoso reclama en el amparo, el acto consistente en la violación del artículo 17 constitucional, por haber dictado el Juez, con demora, el proveído relativo a una petición que le hizo, debe estimarse que cesaron los efectos de ese acto, desde el momento en que se proveyó a la misma petición, de acuerdo con lo dispuesto por la fracción XVI, del artículo 73 de la Ley de Amparo, y debe sobreseerse en el juicio de garantías, de conformidad con la fracción III, 74 de la misma ley". Asimismo, la jurisprudencia número 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Esto es así, en virtud de que conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la ley de la materia, el efecto y finalidad del juicio de amparo, es conseguir la restitución en el goce del derecho fundamental violado a favor de la quejosa, volviendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional, por lo que si en la especie, la materia sobre la cual recayó el acto reclamado dejó de surtir efectos, es indudable que no podrá restituirse al gobernado en el goce del derecho fundamental conculcado, al haber dejado de producir consecuencias legales, por lo que el amparo es improcedente, actualizándose de esta manera la hipótesis normativa prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Se invoca en apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 90/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 9, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Diciembre de 1997, Novena Época, que reza: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Asimismo se invoca el diverso criterio jurisprudencial número 2a./J. 59/99, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Sin que obste a la anterior determinación el hecho de que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, puesto que la causal de improcedencia invocada, es notoria, manifiesta e indudable, en virtud de que la misma no podría ser desvirtuada con prueba alguna. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en la página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." ( Se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional. Dado lo expuesto en párrafos precedentes, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, a verificarse a las ONCE HORAS CON VEINTIÚN MINUTOS DEL CINCO DE JUNIO DE DOS MIL DIECISIETE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y comuníquese la circunstancia anterior a la autoridad señalada como responsable para su conocimiento y efectos legales consiguientes.
- Principal
Radicación. Formación de expediente, registro y seguimiento Conforme al artículo 3 de la Ley de Amparo (en adelante, la Ley), fórmese expediente tanto impreso como electrónico, identifíquese el presente juicio con el número 644/2017 y dése seguimiento de su estado procesal en los registros oficiales correspondientes (Libros de Gobierno y SISE). Admisión la demanda. Con fundamento en los artículos 107 y 115 de la Ley se admite a trámite la demanda. Audiencia constitucional. De conformidad con el artículo 115, primer párrafo, de la Ley, se fijan las once horas con veintiún minutos del cinco de junio del año en curso, para que se verifique la audiencia constitucional. No se tramita incidente de suspensión. No se tramita el incidente de suspensión porque la parte quejosa no lo solicitó expresamente. Requerimiento del informe justificado y del expediente generador del acto reclamado.
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