Gloria Ojeda Velasquez

Expediente 1088/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1088/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
13/12/2021

Partes del expediente

  • Gloria Ojeda Velasquez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, trece de diciembre de dos mil veintiuno. Estado de los autos. De la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de garantías; por tanto, se declara que el mismo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como definitivamente concluido. Acorde en el artículo 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en cuanto a la valoración de este expediente se determina encuadra en el supuesto a que se refiere el artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo que: No tiene relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción; y Remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. En otro orden, tomando en consideración que obra glosado un documento original que exhibió la parte quejosa con su demanda de amparo; por tanto, requiérasele para que en el plazo de noventa días, siguientes al en que surta efectos la notificación del presente proveído, se presente en días y horas hábiles ante este Tribunal, a recoger dichos documentos, apercibida que de no hacerlo, podrá ser destruido al destruirse el presente expediente Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (doce horas con treinta minutos a dieciocho horas con treinta minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras se prorrogue la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio de la Magistrada Presidenta de la Tercera Ponencia de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, mediante el cual rinde su informe justificado; con apoyo en el artículo 119 de la citada Ley, se admiten como pruebas documentales las que se anexan al mismo, que se desahogan en razón de su propia naturaleza. Estado de los autos Del estado de los autos se advierte que la Magistrada Presidenta de la Tercera Ponencia de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez, al rendir su informe justificado mediante oficio 15-1-3-58298/21, de tres de noviembre de dos mil veintiuno, remitió copia certificada del auto de uno de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 1381/18-15-01-6, de su índice, en el cual se acordó lo procedente a la solicitud realizada por la parte quejosa Gloria Ojeda Velásquez, en su escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, así como la notificación del mismo. Sobreseimiento fuera de audiencia Al efecto, se advierte que se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior." De los preceptos transcritos, se advierte que debe sobreseerse en el juicio cuando los efectos del acto reclamado han cesado, esto es, que hayan quedado insubsistentes de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo, quedando restablecidas las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en relación con los efectos que pudiese tener la determinación establecida en dicho acuerdo. En ese sentido, el sobreseimiento del juicio de amparo por cesación de los efectos del acto reclamado, se sustenta en el hecho de que al haber desaparecido el motivo originador del juicio, no es dable entrar al estudio de la constitucionalidad de dicho acto, ya que de lo contrario, se tornaría ocioso el dictado de una resolución en la que se declarara la inconstitucionalidad de un acto que ha dejado de surtir efectos, persiguiéndose algo que ya está logrado, que es la reparación de la infracción, es decir la restitución del derecho fundamental violado, al volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación reclamada. Para efectos del juicio de amparo se estima, que los efectos del acto reclamado han cesado: a) Cuando el acto reclamado se deje sin efectos por la misma autoridad señalada como responsable y ésta emita uno nuevo que lo substituya y que no deje huella en la esfera jurídica del particular; b) Cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, se constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y se repone a la parte quejosa en el goce de su derecho violado; y, c) Cuando contra el acto de la autoridad impugnado, se interpuso recurso ordinario al cual recayó resolución, que sustituyó los efectos del primero. De ahí que, la omisión reclamada se ubica en la hipótesis descrita en el inciso b). Lo anterior es así, toda vez que, en este juicio, la aquí quejosa Gloria Ojeda Velásquez, reclamó del Magistrado Instructor de la Tercera Ponencia de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en Oaxaca de Juárez: La omisión de acordar el escrito presentado el dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes de la Sala Regional del Sureste del Tribunal de referencia, en el que señala domicilio y nuevos autorizados, de igual manera solicitó se requiriera a la autoridad demanda en el juicio 1381/18-15-01-6, el cumplimiento de la sentencia. Luego, toda vez que la responsable ya hizo pronunciamiento al respecto como se advierte de las constancias relatadas en párrafos que preceden, se pone de relieve que la omisión reclamada ha cesado en sus efectos, pues, tal pasividad ha sido destruida en todos sus efectos en forma total e incondicional, con motivo del auto de uno de octubre de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 1381/18-15-01-6, del cual se realizó aviso electrónico de veintinueve de octubre de este año y boletín jurisdiccional de ocho del presente mes y año. Ello, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto reclamado no hubiere invadido la esfera jurídica de la parte quejosa, puesto que la omisión reclamada ya no está produciendo sus efectos y, por ende, no se ha dejado huella en su esfera jurídica. En otras palabras, la parte quejosa fue restituida en el goce de su derecho violado; por ende, al menos hasta el momento, se ha respetado su derecho fundamental de justicia pronta tutelado en el artículo 17 Constitucional que, en dado caso, sería el efecto de la concesión del amparo. Es aplicable, en lo conducente, la Jurisprudencia número 2a./J. 59/99, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, de junio de 1999, visible en la página 38, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE en el juicio fuera de audiencia. En virtud de lo anterior, queda sin efecto la audiencia constitucional señalada para las catorce horas con diez minutos del dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, pues no es necesario esperar a esa fecha para sobreseer el presente asunto, dada la manifiesta causa de improcedencia del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del artículo 17 de la Constitución Federal. Se cita en apoyo de lo anterior, en lo conducente y por las razones que la informan, la Tesis número XIV.1o.13 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, Agosto de 2000, página 1235, intitulada: "SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA. No causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa cuando se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia, siempre que derive de una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica (de orden de aprehensión a auto de formal prisión), de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; por ende, a nada práctico conduciría ordenar reponer el procedimiento para que se verifique la citada audiencia, pues invariablemente la conclusión sería la misma. Por consiguiente, cuando las causas de improcedencia son notorias e indudables, de modo que nada pueda impedir el sobreseimiento en el juicio, es posible hacerlo fuera de audiencia; además, tal proceder guarda congruencia con el principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 constitucional.". Los criterios invocados, a pesar de haber sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, resultan aplicables al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a ésta. Hágase del conocimiento de las partes, lo determinado en el presente proveído para los efectos legales consiguientes. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (doce horas con treinta minutos a dieciocho horas con treinta minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras se prorrogue la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, seis de octubre de dos mil veintiuno. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Gloria Ojeda Velásquez, contra actos del Magistrado Instructor de la Tercera Ponencia de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otra autoridad; regístrese con el número 1088/2021, que le correspondió. Fórmese expediente en los términos del artículo 3º de la Ley de Amparo. Desechamiento parcial. Del contenido de la demanda de cuenta se considera que respecto del Secretario de Acuerdos de la Mesa Seis de la Tercera Ponencia de la Sala Regional del Sureste, se surte de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, al no tener el carácter de autoridad para los efectos del juicio de amparo. Los artículos invocados establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1.- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" "ARTÍCULO 5. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. (.)" Ahora bien, toda vez que los secretarios de los órganos jurisdiccionales están facultados para autorizar las diligencias y resoluciones que emita el titular, tarea que de ninguna manera involucra de su parte actos de decisión, pues solamente significa dar fe o confirmar que las resoluciones en que va puesta su firma fueron real y efectivamente pronunciadas por el funcionario de quien es subalterno. De ello se advierte, que los referidos servidores públicos, al no estar investidos de atributos decisorios en el desempeño de sus funciones, de conformidad con el artículo 59 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, no pueden ser considerados como autoridad para efectos del juicio constitucional. Sirve de apoyo por identidad jurídica, la tesis III.2o.C.J/21, emitida por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, consultable en la página 2292, Tomo XX, octubre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro: "SECRETARIO DE ACUERDOS. NO ES AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO): Por disposición del artículo 27, fracción III (vigente hasta el 26 de julio de 1994, de contenido similar al artículo 112, fracción II, de la ley que entró en vigor el 2 de julio de 1997), de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el secretario de Acuerdos de los Juzgados de lo Civil está facultado, entre otras cuestiones, para autorizar las diligencias y resoluciones que emita el titular, tarea ésta que de ninguna manera involucra de su parte, actos de decisión, pues solamente significa dar fe o confirmar que las determinaciones en que va puesta su firma fueron real y efectivamente pronunciadas por el funcionario de quien es subalterno. De lo anterior se desprende que el referido servidor público, al no estar investido de atributos decisorios en el desempeño de sus funciones, no puede ser considerado como autoridad para efectos del juicio constitucional." En consecuencia, toda vez que se actualiza de manera indudable y manifiesta la citada causa de improcedencia se desecha parcialmente la demanda de garantías por lo que respecta a dicha autoridad. Por otra parte, en relación con el Magistrado Instructor de la Tercera Ponencia de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con fundamento en los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. Tramítese este juicio sin incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa. Requerimiento de informes. Con apoyo en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe justificado el que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, donde expondrá las razones y fundamentos para sostener la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y en su caso, la improcedencia del juicio o la actualización de alguna causa de sobreseimiento y según el caso, acompañará copia certificada completa y legible de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe. Apercibimientos. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, apercíbase a la autoridad responsable que de no rendir su informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado salvo prueba en contrario. Además, de no rendirlo o no hacerlo en el término señalado, es decir, quince días, o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a ocho mil novecientos sesenta y dos pesos 00/100, moneda nacional ($8,962.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($89.62) por cien (100), al momento de incurrir en la conducta prevista por el artículo 260, fracción II, de la ley de la materia. Dígase a la autoridad responsable que dado el alto riesgo de infección y propagación en el marco de la pandemia derivada del virus COVID-19, se le requiere para que rinda su informe justificado y envíe cualquier oficio, al correo electrónico 3jdo13cto@correo.cjf.gob.mx. Se precisa a la autoridad responsable que en caso de que las constancias que deba remitir en apoyo a su informe justificado resulten ser voluminosas y sea imposible su correcto envío por correo electrónico, en términos del artículo 12 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19 (publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte), podrá presentarla de manera física a través de la Oficialía de Partes Común (OPC), que se instala en la entrada del edificio que alberga este órgano jurisdiccional. Asimismo, cualquiera de las partes deberán informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: "Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a dos mil seiscientos ochenta y ocho pesos 60/100, moneda nacional ($2,688.6) que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($89.62) por treinta (30); en términos del artículo 251 de la ley de la materia. Requiérase a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado, manifieste si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente, del cual emana el acto reclamado, y en caso de ser así, señale ante qué autoridad federal se radicó y remita las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndola que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), equivalente a cuatro mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional ($4,481.00), que resulta de multiplicar el valor diario de la unidad de medida y actualización ($89.62) por cincuenta (50), con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 238 y 259 del mismo ordenamiento. Audiencia constitucional. Se señalan las CATORCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL DÍA DIECIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se fija atendiendo a la carga de trabajo de este órgano jurisdiccional y a la agenda respectiva. Notificación a las autoridades. En la inteligencia de que las notificaciones diversas al presente proveído deberán realizarse a la autoridad responsable por medio de lista electrónica que publica este Juzgado de Distrito, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo; esto es, sin necesidad de que se envíen oficios para hacer del conocimiento determinaciones de mero trámite, como lo son los autos que agregan informes y difieren audiencia; a menos que, según el caso, sean trascendentales y necesaria su notificación por oficio, como si fuera de manera personal. Sin que ello implique dejar en estado de indefensión a la autoridad responsable, dado que la fecha inicial señalada para la celebración de la audiencia constitucional, le será notificada en este auto inicial y, por lo tanto, de no celebrarse, estará en aptitud de consultar la nueva fecha a través de la lista de acuerdos que se publica en el Portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo rubro y texto dicen: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Así mismo, con fundamento en el artículo 28, fracción III, y 30 de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones personales que deban practicarse a la autoridad responsable, a las que tengan el carácter de terceros interesados o que deban intervenir en este juicio, las realice el Actuario adscrito vía correo electrónico, o bien en el portal de servicios en línea si las autoridades tiene celebrado convenido de interconexión, como dispone el apartado B, número 12, de la circular SECNO/7/2020 de seis de mayo de dos mil veinte. Lo anterior, a fin de dar continuidad a este juicio de amparo de forma electrónica, con el objeto de proteger la salud de las partes y del personal de este juzgado. Domicilio y autorizados. Téngase al quejoso señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Calle Almendros número 202, Local Uno, Colonia Reforma, Código Postal 68050, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, así como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Jorge García Balcázar, Antonia Carrillo Quintero, Antonio Acuayte Valdez, Zita Juárez Vargas, Mónica Cristina García Balcázar, Agustín Flores Aguilar, Victoriano Jesús Antero de la Torre, Justino Espinosa Viana, Fernanda Montaño de la Torre, Karla Paola Galván Pérez, Emilia Francisca Moreno Leal, Rosa Romero Molina, Ángel Santome Pérez y Dik Francisco Santome Zárate, hasta en tanto acrediten encontrarse legalmente facultados para ejercer la profesión de licenciado en derecho, o proporcionen su número de cédula profesional y de registro en el Sistema Computarizado para el Registro de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Toda vez que proporciona el usuario "ACarrilloQ", dése de alta dicho usuario en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para consultar el expediente electrónico, no así para seguir el juicio en "línea", dado que no solicitó expresamente las notificaciones de este asunto por esa vía, lo anterior, en términos del artículo 391 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Con apoyo en el artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, publicado el 31 de julio 2020, en el Diario Oficial de la Federación, se le tiene proporcionando el correo electrónico soladm1231@homail.com, y números telefónicos 55-68-05-40-94 y 55-61-63-57-76, únicamente como forma de contacto (no para establecer comunicaciones procesales), pues las notificaciones en este asunto se continuarán haciendo en los términos que establece la Ley de Amparo. Exhortación a tramitar el juicio en línea. En atención al artículo 22 del citado Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que durante la tramitación de este asunto, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. En el entendido que de optar por el "juicio en línea", deberán así expresarlo, solicitar sus notificaciones por esa vía y proporcionar su número de usuario. Así también, las autoridades sean responsables o terceras interesadas deberán señalar en la siguiente promoción, correo electrónico en el que se les harán las subsecuentes notificaciones vía electrónica. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten como prueba documental la que acompaña la parte quejosa a su demanda de amparo, misma que se tiene por desahogada en razón de su propia naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. Por otra parte, con apoyo en el citado artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas como pruebas la instrumental de actuaciones, así como presuncional legal y humana, mismas que se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno. Uso de medios electrónicos. Toda vez que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de sus autorizados o delegados, según sea el caso, puedan hacer uso del escáner, cámaras fotográficas, o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el titular de este juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Sin embargo, se les hace saber que las normas actuales en materia de información pública, obligan a salvaguardar los datos personales y la información reservada que exista en los juicios de amparo. De modo que si las actuaciones a fotografiar contuvieran datos personales o información reservada y fuera imposible la protección de estos durante el uso de cámaras fotográficas o teléfonos celulares, tendrán que sujetarse al proceso de fotocopiado; es decir, serán fotocopiadas las actuaciones a costa de aquellas y las copias que se obtengan serán marcadas con líneas negras para salvaguardar la información que deba protegerse. Todo lo cual se realizará previa identificación y acta que se deje para constancia. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia 1a./J. 33/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 34, Septiembre de 2016, Tomo I, Materia(s): Común, página 470 de rubro y texto: "COPIAS CERTIFICADAS DE CONSTANCIAS EN QUE APAREZCAN LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y/O LA ORDEN DE APREHENSIÓN DEL QUEJOSO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE AUTORIZARLAS CUANDO SE INTEGRAN AL JUICIO DE AMPARO POR VIRTUD DEL INFORME JUSTIFICADO, SIEMPRE QUE LA INFORMACIÓN RESERVADA O CONFIDENCIAL QUE PUDIEREN CONTENER NO PERTENEZCA A UNA PERSONA DISTINTA". Habilitación de horas. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto, y entregue los oficios que del mismo deriven. Intervención. Se otorga a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, la intervención que legalmente le corresponde en términos del artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo, para ello, entréguesele copia simple de la demanda. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Integración de expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponde a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservaran en este juzgado sin digitalizarse, finalmente con fundamento en el artículo 91 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstos en un tomo por separado. Engrose de constancias. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (de doce horas con treinta minutos a dieciocho horas con treinta minutos), en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se autoriza este proveído con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), así como los subsecuentes que recaigan mientras subsista la vigencia del referido Acuerdo General; quedando pendiente su engrose por el personal de mesa de trámite en los días que tiene autorizado acudir presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexará al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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