Gloria Naranjo Pico

Expediente 825/2022 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
825/2022
Año
2022
Actuaciones
8
Última actuación
10/04/2023

Partes del expediente

  • Gloria Naranjo Pico

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos se advierte ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa y Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, interpusieran recurso de revisión en contra del proveído de trece de marzo de dos mil veintitrés, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado estado. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano, con independencia de haberse sobreseído fuera de audiencia, es susceptible de depuración, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General y en atención a lo señalado en el punto 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/OGN

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, quince de marzo de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la constancia actuarial de cuenta, se desprende la imposibilidad del Actuario de notificar a los quejosos Rubén Darío Serna Londoño, Miguel Ángel Duran Barón, Jeremy Guillermo León Córdova, José Daniel Fernández Barrientos y Carlos Heriberto Arias Barrientos el auto de trece de marzo de dos mil veintitrés, toda vez que no señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones. En consecuencia, se ordena notificarles por lista en los estrados de este Juzgado el auto antes referido, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, en conformidad con lo dispuesto en la fracción III del artículo 26 de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/mecs

  3. Principal

    Dieciséis de marzo de dos mil veintitrés, quien suscribe licenciado Rufino Salgado Ramírez, actuario adscrito al juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, hago constar; que como esta ordenado en autos, notifiqué por medio de lista que se fijó en los estrados de este Tribunal Federal, el contenido del acuerdo de trece de marzo de dos mil veintitrés, a la parte agraviada Rubén Darío Serna Londoño, Miguel Ángel Duran Barón, Jeremy Guillermo León Córdova, José Daniel Fernández Barrientos y Carlos Heriberto Arias Barrientos, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley de Amparo, y se tiene por legalmente hecha la notificación del referido acuerdo, mismo que en lo conducente dice: Por lo expuesto, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, al haber cesado sus efectos, por las consideraciones siguientes. En principio, es pertinente destacar que -como lo reconoció el Máximo Tribunal del País al analizar la Ley de Amparo abrogada- de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 772 de la ley de la materia, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia invocada se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, 2 "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad con motivo de delitos que la ley no considere como graves o respecto de los cuales no proceda la prisión preventiva oficiosa conforme la legislación procedimental aplicable, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto por el que se resuelva la situación jurídica del quejoso en el sentido de sujetarlo a proceso penal, en términos de la legislación procesal aplicable, y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, ésta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Esto es así, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, registro 193758, de rubro: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Ahora bien, en el caso concreto, como se anticipó, la parte quejosa reclama la privación de la libertad, deportación, expulsión o repatriación, incomunicación y restricción de la libertad de tránsito. No obstante, de las constancias que obran en autos y que fueron previamente valoradas, se desprende que el treinta de septiembre y diez de octubre de dos mil veintidós, la autoridad responsable emitió documento provisional, instruido a los quejosos Rubén Darío Serna Londoño, Miguel Ángel Duran Barón, Jeremy Guillermo León Córdova, José Daniel Fernández Barrientos y Carlos Heriberto Arias Barrientos, a través del cual fueron puestos en libertad concluyendo en esa fecha el alojamiento en la instancia migratoria, por lo que como se dijo han cesado en sus efectos los actos reclamados. Por tanto, si -como se anticipó- el reclamo del promovente consiste en la privación de la libertad, deportación, expulsión o repatriación, incomunicación y restricción de la libertad de tránsito y, a la fecha, se determinó su salida de la estación migratoria, en atención su solicitud dentro del procedimiento migratorio, del cual emanaban los actos reclamados y, como consecuencia se permitió a los quejosos abandonar las instalaciones de la autoridad responsable, debe concluirse que han cesado los efectos de los actos reclamados y sus consecuencias pues se han destruido todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Por lo tanto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo se sobresee fuera de audiencia en el presente asunto únicamente por lo que hace a los quejosos Rubén Darío Serna Londoño, Miguel Ángel Duran Barón, Jeremy Guillermo León Córdova, José Daniel Fernández Barrientos y Carlos Heriberto Arias Barrientos, por lo que queda sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a las partes y hágase la anotación de rigor en el libro de Juzgado respectivo. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la constancia actuarial de cuenta, se desprende la imposibilidad del Actuario de notificar a los quejosos Gloria Naranjo Pico y Gloria Nayive López Blanco, Rubén Dario Serna Lendoño, Miguel Ángel Duran Barón, Jeremy Guillermo León Córdova, José Daniel Fernández Barrietos y Carlos******************** el auto de catorce de febrero de dos mil veintitrés, toda vez que no le fue posible localizarlos en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de esta ciudad, ya que fueron puestos en libertad. En consecuencia, toda vez que en su escrito inicial de demanda no señalaron domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, se ordena notificarles en la cuenta de correo guillermina_ventura@yahoo.com.mx como se ordenó en proveído de catorce de febrero pasado. En ese sentido, se comisiona al actuario de la adscripción para que requiera a los aquí quejosos Rubén Dario Serna Lendoño, Miguel Ángel Duran Barón, Jeremy Guillermo León Córdova, José Daniel Fernández Barrietos y Carlos******************** para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, señalen domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones; apercibiéndolos que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, incluso las de carácter personal, se le realizarán por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto designen domicilio en el que puedan llevarse a cabo. Notifíquese y cúmplase.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Jesús Daniel Meza Arrayales, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe. AMC/JDMA/mecs

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