Gloria Mercedes Ek Tun

Expediente 1216/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1216/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
17/10/2023

Partes del expediente

  • Gloria Mercedes Ek Tun

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, con en el que contaban las partes para recurrir la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e) y 86 de la Ley de Amparo, así como los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la citada ley de la materia, por disposición de su artículo 2º, se declara que la citada resolución que sobreseyó en el juicio, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimiento al artículo 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que en virtud de que se sobreseyó en el juicio de amparo, no se encuentra en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni cuenta con documentos determinados como información reservada, es susceptible de destrucción, lo que se podrá realizar una vez transcurrido el plazo de conservación de tres años a que se refiere la parte inicial del numeral referido. Por otro lado, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán estar digitalizadas de conformidad con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. De conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente, en el sentido de que este asunto es destruible. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    El Secretario hace relación de la demanda y demás constancias de autos, y da cuenta con los informes justificados rendidos por la Juez Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, Titular de la Agencia Investigadora en Trámite del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y por el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado de Yucatán, todas con sede en esta ciudad de Mérida, los cuales ya obran agregados en autos. A lo que la Jueza acuerda: téngase por rendidos en tiempo y forma los informes justificados de las autoridades responsables, para ser relacionados y tomados en consideración como correspondan. Abierto el período de pruebas se da cuenta con las documentales que la quejosa anexó a su escrito inicial de demanda, así como con las constancias que remitieron las autoridades responsables con sus informes justificados para acreditar la legalidad de su actuar. La Jueza acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas las pruebas de referencia, en virtud de su especial naturaleza jurídica, las cuales serán tomadas en consideración como corresponda; sin más pruebas pendientes por desahogar, se declara cerrada esta etapa. Abierto el periodo de alegatos, se da cuenta que las partes no los formularon, por lo que se cierra esta etapa. Finalmente, al no existir diligencias pendientes por desahogar, se procede a dictar la siguiente sentencia. Vistos para resolver los autos del presente juicio de amparo indirecto 1216/2023-VI; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veinticinco de julio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, turnado al día siguiente a este Juzgado Tercero de Distrito, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Juez Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán y de otras autoridades. SEGUNDO. Por auto de ocho de agosto de dos mil veintitrés, se admitió la demanda de amparo, que quedó registrada con el número 1216/2023-VI; se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional del juicio, y previo diferimiento, tuvo verificativo el día de hoy al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Esta Juzgadora Federal, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción l, y 107, fracción VII, de la Constitución Federal, 36 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, modificado por el 28/2016 del propio Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, porque el acto reclamado es atribuida a una autoridad donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y con el criterio sustentado en la tesis P.VI/2004, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO.", resulta necesario fijar claramente el acto reclamado, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda de amparo, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, pues constituye un todo, con la finalidad de determinar lo que el quejoso quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal. De manera que el quejoso reclamó; Del Juez Tercero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado: * La denegación de justicia al no dar seguimiento al requerimiento realizado el trece de marzo de dos mil veintitrés a la Titular de la Agencia Tramitadora del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, dentro del procedimiento sucesorio ********************. Del Fiscal General del Estado y de la Titular de la Agencia Tramitadora del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado: * La falta de atención al memorial de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, presentado ante su oficialía de partes. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. EL Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado negó la existencia del acto reclamado; lo anterior, sin que la parte quejosa hubiera ofrecido prueba idónea a contrario para desvirtuarla. Por tal motivo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, por lo que a dicha autoridad corresponde. CUARTO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Las autoridades responsables, Juez Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, la Agente Investigadora en Trámite del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y por el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado de Yucatán, todas con sede en esta ciudad de Mérida, al rendir sus informes justificados manifestaron que no es cierto el acto que se les reclama. Sin embargo, posterior a dichas negativas realizaron manifestaciones encaminadas a justificar la legalidad el su actuar, de donde, por lo que respecta a la Jueza Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado, señaló que a la fecha de presentación de la demanda no había realizado actuación o dictado requerimiento alguno a efecto de requerir nuevamente a la Fiscalía General del Estado. De igual manera la Agente Investigadora en Trámite del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado negó la existencia del acto reclamado, sin embargo también refirió que dio atención al escrito presentado por la parte quejosa a través de la resolución de veinticuatro de agosto del año en curso. Por lo que de dicha afirmación se desprende que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, no se había pronunciado respecto a dicho ocurso, de ahí que deba desvirtuarse su negativa y tener por cierto el acto que se le atribuye. QUINTO. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de fondo, deben analizarse las causales de improcedencia que se adviertan oficiosamente o propongan las partes, toda vez que su estudio es de orden público y preferente a cualquier otra cuestión, conforme a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo. Debe citarse al respecto la jurisprudencia 814, visible en la página 553, del Tomo VI, relativo a materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que a la letra es como sigue: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En el caso, esta juzgadora estima que, respecto del acto reclamado de la Jueza responsable consistente en la denegación de justicia al no dar seguimiento al requerimiento realizado el trece de marzo de dos mil veintitrés a la Titular de la Agencia Tramitadora del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, dentro del procedimiento sucesorio ********************, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, toda vez que el acto que reclama la quejosa, aun cuando subsiste, no puede surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Al respecto, el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, dispone: Artículo 61.- El juicio de Amparo es improcedente: [.] XXII.- Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; y [.]. Ahora bien, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia, conviene tener presente que generalmente la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tales condiciones, siendo el juicio de amparo un medio de control constitucionalidad, cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos fundamentales que un determinado acto de autoridad genere sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta al principio de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio, se encuentra la prevista en la fracción XXII del numeral 61, de la Ley de la Materia, antes transcrita, en la cual el legislador tomó en consideración que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental que se estime violado; o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, o porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación. En ese tenor, en el caso concreto, la autoridad responsable al rendir su informe de ley, informó que en audiencia de catorce de abril de dos mil veintitrés, dentro del juicio de sucesión intestado se le reconoció al ciudadano ********************, el carácter de cónyuge supérstite con derecho a gananciales y como única y universal heredera y albacea de dicha sucesión a la aquí quejosa, por lo que el juez responsable ordenó el archivo del expediente como asunto concluido. Lo antes expuesto actualiza la causal de improcedencia en estudio, porque a nada práctico conduciría el estudio del acto reclamado, pues ha quedado superado con el archivo del juicio de sucesión intestado ante la voluntad de la aquí quejosa de continuar con dicha sucesión ante un notario público. Sobre el particular, norma este criterio la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, correspondiente a diciembre de 2006, página 189, Novena Época; cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. En esas condiciones, es inconcuso que se surte la improcedencia del juicio contenida en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por ende, es procedente sobreseer en el mismo, acorde a lo dispuesto por la diversa fracción V del artículo 63 de la legislación referida. En otro contexto, por lo que hace al acto reclamado de la Titular de la Agencia Tramitadora del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, consistente en la falta de atención al memorial de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, presentado ante su oficialía de partes, se actualiza la causal de improcedencia del juicio constitucional, derivada de la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional respecto de un acto que ya no afecta al peticionario de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que, para considerar que los efectos del acto reclamado han cesado, es necesario que se demuestre que éste dejó de afectar la esfera jurídica del quejoso. Lo anterior no implica sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto, pues el motivo o razón que justifica la improcedencia en mención no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sustenta lo anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De lo hasta aquí expuesto se desprende que para la actualización de la causa de improcedencia en mención, es necesaria la coincidencia de dos extremos, a saber: a. Que se demuestre que el acto reclamado ha quedado insubsistente; y, b. Que con motivo de la insubsistencia del acto reclamado, las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia a la parte quejosa y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. En el caso, se reclama la omisión atribuida a la autoridad ministerial, de dar contestación a su escrito de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós y la negativa a tener acceso a la carpeta de investigación ********************. Sin embargo, como se mencionó, de las constancias que la autoridad ministerial responsable adjuntó a su informe con justificación, se desprende que mediante el acuerdo de veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés, accedió a darle las copias certificadas de la averiguación previa solicitada y tener acceso a la misma. Dichas documentales, por su naturaleza pública, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido expedida por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Lo expuesto hace evidente que en el caso han cesado los efectos de la omisión atribuida a la autoridad responsable, al haberse demostrado que la dio contestación al escrito de la parte quejosa y le dio acceso a la indagatoria correspondiente, de tal forma que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación impugnada. Es así, porque la parte quejosa reclamó la violación al derecho de prontitud en la impartición de justicia a partir de la inactividad de la autoridad responsable que no acordaba el escrito solicitado, dentro del plazo que la ley establece, lo que en el caso se subsana con el dictado del acuerdo por tal autoridad accediendo a dichas peticiones. Por consiguiente, esta Juzgadora decreta el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 61 y 63, fracción V de la Ley de Amparo, al surtirse las causales de improcedencia previstas en el numeral 61, fracción XXI y XXII, del mismo ordenamiento legal, lo cual impide a esta Juzgadora a realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa. Resulta aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 64, 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, contra los actos que reclamó del Juez Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, Agente Investigadora en Trámite del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado y del Fiscal General del Estado de Yucatán, todas con sede en esta ciudad de Mérida; por las razones expuestas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, asistida de Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que que aún se encuentra transcurriendo el término de la vista que se le diera a las partes en autos de veinticinco de agosto y cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, respecto de los informes justificados rendidos por la Juez Tercero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, agente Investigadora en Trámite del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán y por el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado de Yucatán, todas con sede en esta ciudad de Mérida, esto es, aún no se cumple con el término de anticipación a que se contrae en el artículo 117 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan como nuevas hora y fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL VEINTISIETE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los presentes autos los informes justificados rendidos por la agente Investigadora en Trámite del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con un anexo que adjunta, y por el Vicefiscal de Investigación y Control de Procesos por suplencia del Fiscal General del Estado de Yucatán, ambos con sede en esta ciudad de Mérida; y con fundamento en los artículos 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes en este juicio y relaciónense al celebrarse la audiencia constitucional relativa. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Miguel Alejandro Patrón Ballote, Secretario de Juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.

Quedan 4 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán · 12,065 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano