Gloria Mejia Rocha

Expediente 1453/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1453/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
08/11/2019

Partes del expediente

  • Gloria Mejia Rocha

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de veintidós de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer dicho medio de impugnación; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Asimismo, como se hizo constar en la certificación de cuenta, no obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(III)

  2. Principal

    Notifíquese personalmente al promovente. (III)

  3. Principal

    Se notifica por lista a la quejosa auto de veintidós de octubre de dos mil diecinueve...Visto el escrito de Gloria Mejía Rocha, téngasele dando cumplimiento a la prevención que se le formuló en proveído de cuatro de octubre de dos mil diecinueve. -Análisis integral de la demanda- De lo expuesto en el escrito de demanda de amparo inicial y de cuenta, analizados en forma integral, se desprende que la parte quejosa reclama la determinación incidental dictada por el Juez Tercero de lo Familiar, el seis de septiembre de dos mil diecinueve en el expediente del juicio de divorcio... de su índice, en que se ordena la desocupación y en su caso, lanzamiento del inmueble que actualmente habita. -Desechamiento por notoria improcedencia- Al respecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano la demanda por notoriamente improcedente. Sobre el alcance de la expresión "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se cita la jurisprudencia P./J. 128/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, octubre de 2001, página 803, con rubro "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA". Ahora bien, en principio, es de indicar que el juicio de amparo es un medio de control constitucional y de legalidad, que se ejerce por medio de acción ante un órgano jurisdiccional, mediante el cual el gobernado solicita la intervención del Poder Judicial de la Federación para que invalide, nulifique, o deje sin efectos un acto de autoridad que supone arbitrario, y lo restituya en el uso y goce de sus garantías individuales violadas para que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación. Sin embargo, dicha instancia constitucional se rige por diversos principios fundamentales, entre los que se encuentra el de definitividad, que impone como presupuesto para la procedencia de la acción constitucional, la obligación a la parte quejosa de previamente a interponer el juicio de amparo, agotar los medios de defensa concedidos por la ley que rija al acto reclamado, para reparar la violación contenida en el mismo. En ese sentido, el artículo 107, fracción III, incisos a) y b), Constitucional, y el diverso 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, que expresan: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y..." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)". En el texto de los preceptos legales transcritos con antelación se consagra la improcedencia del juicio de amparo indirecto en el supuesto de que proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar el acto reclamado. En esa tesitura, el principio de definitividad que rige al juicio de garantías encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, la parte quejosa debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente que, en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tanto, los medios ordinarios de defensa son instituidos en las propias leyes para que los afectados los hagan valer, y solo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Si pasando por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos jurisdiccionales no tuvieran la carga de plantear sus defensas o medios de impugnación ante la autoridad responsable a fin de que ésta agote las facultades que le competen, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el Juez de Distrito suplantaría las facultades de la administración pública. Le resulta cita a la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, número de registro: 187,016, visible en la página 902, Tomo XV, mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Ahora bien, de las manifestaciones que en forma de "antecedentes" del acto reclamado son narrados por la parte quejosa, las cuales constituyen una confesión expresa en términos de lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del artículo 2° de la Ley de Amparo, se advierte lo siguiente: 1. Que el tercero interesado promovió a mediados del mes de junio de dos mil dieciocho, la disolución del vínculo matrimonial que la une con la accionante de amparo, decretándola el veinticinco siguiente, en donde se señaló fecha para audiencia conciliadora con respecto a los aspectos no solucionados, relativos a la compensación reclamada por la quejosa y la determinación sobre cuál de las partes continuaría habitando el domicilio que actualmente ocupa. 2. La citada audiencia fue celebrada el doce de septiembre de dos mil dieciocho, sin que la parte quejosa estuviera presente ante su incomparecencia, por lo que se dejó a los promoventes en libertad de presentar una ampliación o modificación al convenio en forma unilateral. 3. Luego, el tercero interesado promovió en la vía incidental sin que la accionante de amparo fuera emplazada ni enterada de la admisión del incidente, acordada de conformidad el veinticinco de septiembre de la citada anualidad; consecuentemente, el veinticuatro de octubre siguiente se declaró su rebeldía y se siguió el procedimiento sin estar enterada, admitiéndose las pruebas de su contraparte y dictándose la determinación interlocutoria correspondiente el nueve de septiembre de dos mil diecinueve, en la que se ordena que la impetrante deberá desocupar el inmueble previo requerimiento y, en caso de no hacer, será lanzada para que lo habite el tercero interesado. El anterior acto es el que se reclama en esta instancia, mismo que a decir de la promovente de amparo, fue sustanciando en un procedimiento en donde no fue llamada, dado que nunca se le emplazó personalmente al mismo, para poder defenderse de las pretensiones de su contraparte. No obstante, por virtud del principio rector del juicio de amparo ya expuesto, la parte quejosa tenía la obligación de agotar el recurso procedente, porque mediante el acto de autoridad, a decir del recurrente, se le causó una lesión o perjuicio en sus derechos o intereses; perjuicio que no solamente la legitima sino que la obliga a interponer en contra de ese acto lesivo, los recursos o medios de defensa ordinarios que resulten procedentes. En efecto, una de las finalidades del principio de definitividad es la de evitar los abusos en la promoción del juicio de amparo y, con ello, impedir que se utilice para retardar la administración de justicia, y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto a las resoluciones judiciales después de agotado el recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Le resulta cita a la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, número de registro: 187,016, visible en la página 902, Tomo XV, Mayo de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Ahora bien, como quedó establecido en párrafos precedentes, la parte quejosa se duele de la falta de notificación personal de la admisión del incidente del que deriva la determinación combatida, lo que coartó su derecho a oponer defensa y excepciones. Ahora bien, los artículos 66, 67 y 68 del Código de Procedimientos Civiles vigente en el Estado, aplicables al caso en concreto, disponen: "Artículo 66.- Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el capítulo V de este título serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviere legítimamente hecha". "Articulo 67.- La nulidad de una actuación debe reclamarse en la actuación subsecuente en que intervenga el que la promueve; de lo contrario aquélla queda revalidada de pleno derecho, con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento". "Articulo 68.- Las nulidades a que se refiere el artículo anterior se promoverán ante el mismo Juez o Tribunal que conozca del negocio y de la petición se dará vista a la contraria por el término de tres días. Si la parte contraria estuviere conforme, se declarará desde luego la nulidad de lo actuado desde la actuación o notificación que se reclama. Si no se manifestare conformidad o nada expresa, se convocará a una audiencia que tendrá verificativo a más tardar dentro de cinco días en la que los interesados podrán presentar las pruebas que tuvieren y que se puedan desahogar en la misma audiencia, en la que se resolverá lo que procediere sin recurso alguno, salvo que se trate de nulidades por defecto de emplazamiento, de citación para absolver posiciones o para reconocimiento de documentos, en estos casos procederá en contra de la resolución del incidente el recurso de apelación". Luego, si la parte quejosa se duele de que la resolución combatida, se dictó sin que fuera emplazada legalmente de manera personal al procedimiento incidental arriba expuesto, lo que la privó de la oportunidad para defenderse adecuadamente, entonces, conforme a los numerales citados, debió reclamar la nulidad de las actuaciones que indica en la actuación subsecuente en la que interviniera, mediante la interposición de un incidente de nulidad de actuaciones, pues de no hacerlo, se revalidan de pleno derecho la citadas actuaciones. Lo anterior resulta relevante, pues la procedencia del juicio constitucional se encuentra condicionada a que si la ley ordinaria prevé algún recurso o medio de defensa legal capaz de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, éste debe ser agotado, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión, de tal manera que no es optativo para el efecto de cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio en términos de la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. En esa línea de ideas, de acuerdo al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, previo a la promoción de la presente litis constitucional, la quejosa, al ser parte en el juicio de origen, está constreñida a agotar el correspondiente procedimiento ordinario de defensa (incidente de nulidad de notificaciones) a fin de cumplir con el aludido requisito, pues éste principio es uno de los pilares en que se sustenta el juicio de amparo, premisa que se traduce como un requisito de procedibilidad de la pretensión, según el cual, para impugnar un acto de autoridad por vía de amparo, forzosamente deben agotarse previamente los recursos ordinarios previstos por la ley que regula el acto reclamado. En conclusión, si la parte quejosa al ser parte demandada en el juicio de origen tuvo a su alcance el medio de impugnación capaz de nulificar las actuaciones que tilda de inconstitucionales, y no lo hizo valer previamente a la promoción del juicio de amparo, resulta inconcuso que no acató el principio de definitividad que rige en esta materia, y, por ende, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo. Además, debe destacarse que en la especie no se está ante alguna excepción al aludido principio, puesto que del contenido del propio ocurso constitucional, se desprende que la disconforme es parte en el juicio de origen, además de que el auto reclamado no importa peligro de privación de la vida, deportación, destierro, o cualquier otro acto de los prohibidos en el artículo 22 Constitucional, ni se da tampoco ninguna excepción jurisprudencial, por lo que la quejosa, estaba obligada a observar el multicitado principio de definitividad, agotando previo al juicio de amparo, el medio de defensa dispuesto legalmente. Sustenta lo expuesto, la jurisprudencia VI.2o.C. J/260 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Marzo de 2006, página: 1816, de texto y rubro: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Máxime que de la normativa relatada en supra líneas, se advierte que la procedencia del incidente de nulidad de actuaciones es clara respecto a su procedencia, oportunidad y requisitos, por lo que no se sujeta a una interpretación adicional que permitiera estimarlo como una excepción más al principio de definitividad, pues dicho medio de defensa existe en el texto legal de la materia aplicable y su interpretación no admite diversos sentidos contrarios u opuestos aun en términos racionales u objetivos, al ser claras sus hipótesis de procedencia. Orientadora de lo expuesto la tesis XXVII.3o.76 C (10a.) del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible con el registro digital 2019101, en la página 2479 del Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "INTERPRETACIÓN ADICIONAL. NO SE ACTUALIZA ESTA EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD EN EL AMPARO POR EL HECHO DE QUE EL CÓDIGO DE COMERCIO ESTABLEZCA LA SUPLETORIEDAD DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES QUE PREVÉ LA PROCEDENCIA DE UN RECURSO ORDINARIO CONCRETO (INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES) CONTRA DETERMINADA RESOLUCIÓN. Luego, si como quedó evidenciado, no se agotó el medio de defensa ordinario en contra de la ausente o ilegal notificación que se estima irregular, al no haberse observado el principio de definitividad, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo y, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que se presenta por notoriamente improcedente. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia 244, visible en la página 415, de la Octava Parte del apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años 1917-1985, que a la letra dice: "RECURSOS SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO. ..(III)

  4. Principal

    Notifíquese personalmente a la promovente.(III)

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