Gloria Martinez Medina

Expediente 934/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
934/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
04/07/2022

Partes del expediente

  • Gloria Martinez Medina

Actuaciones

  1. Principal

    De la certificación que antecede se advierte que no fue impugnado, dentro del plazo legal, el auto en el que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia como lo establece el artículo 81, inciso d, de la Ley de Amparo; en consecuencia, se declara que ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto concluido. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, inciso b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, dado que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, además de que no se considera de relevancia documental, este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN. De la certificación de cuenta se advierte que la parte promovente no manifestó su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. V. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a la parte quejosa.

  2. Principal

    Visto el oficio que presenta el representante especial de los menores V.G.C.S. y G.A.C.S., por el cual informa bajo protesta de decir verdad que a partir del seis de junio de dos mil veintidós, dejará de ejercer funciones como Asesor Jurídico en la Delegación Jalisco del Instituto Federal de Defensoría Pública; por lo cual, no podrá seguir fungiendo como representante de los citados menores. Ahora bien, tomando en consideración las manifestaciones del citado representante, con fundamento en el artículo 8 de la Ley de Amparo, requiérase al Delegado Regional en Jalisco del Instituto Federal de Defensoría Pública, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que se le notifique el presente proveído, informe a partir de qué fecha el representante especial Jorge Reyes Rodríguez, dejará de desempeñar funciones en dicha Delegación, y en caso de que a la fecha en que reciba el presente comunicado ya haya dejado de laborar el citado representante, designe un asesor jurídico que pueda fungir como representante especial de los menores V.G.C.S. y G.A.C.S.. De conformidad con lo establecido por los artículos 237, fracción I, 238 y 260 fracción II de la Ley de Amparo, se apercibe con la aplicación de multa por el equivalente de cien Unidades de Medida y Actualización determinada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, cuyo valor fue publicado el diez de enero de dos mil veintidós en el Diario Oficial de la Federación. Notifíquese por lista física y electrónica.

  3. Principal

    Citatorio principal. Por medio de lista notifico a la parte quejosa el acuerdo de siete de junio de dos mil veintidós, que dice: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe con justificación de la autoridad responsable Juez Cuarto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco; dese vista a las partes con él para que se impongan de su contenido. a) Prueba documental. Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la documental exhibida por la autoridad oficiante. b) Se agregan constancias certificadas. Glósese a los presentes autos las constancias que remite la citada autoridad responsable para que obren como correspondan. c) Causa de sobreseimiento. De conformidad con el numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, téngasele haciendo valer la causal de sobreseimiento que invoca, misma que será considerada en el momento procesal oportuno. d) Correo electrónico. De igual forma, se le tiene proporcionando correo electrónico para entablar toda clase de comunicaciones no procesales. II. Sobreseimiento fuera de audiencia El juzgador de amparo tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente y analizar de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en artículo 62 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Luego, de la lectura de la demanda de amparo se aprecia que Gloria Martínez Medina reclama del Juez Cuarto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, la omisión de acordar el escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, dentro del expediente ----- . En el caso, de la copia certificada remitida con el oficio de cuenta, se desprende que en proveído de seis de junio del año en curso -esto es con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo- la responsable acordó el escrito cuya falta de proveer se reclama. Dicha copia certificada del proveído en mención, por ser documental pública goza de valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de una constancia integrada por un funcionario investido de fe pública, durante y con motivo del ejercicio de sus funciones; en el entendido de que la calidad de públicos se demuestra por la existencia regular sobre los documentos de los sellos, firmas y otros signos exteriores que, en su caso, provengan de las leyes. a) Causal de improcedencia actualizada. En ese contexto, de lo narrado, se aprecia que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, precepto que dispone lo siguiente: "Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Conforme al citado precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, por parte de la propia autoridad responsable, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, no dejara huella. La causa de improcedencia que se invoca tiene su justificación en el contenido del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, cuya finalidad de la concesión del amparo es respetar el derecho que se trate y hacer que el mismo se cumpla, por tener el acto reclamado naturaleza omisiva. La razón que justifica la improcedencia invocada, es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Así, tenemos que los requisitos de la fracción invocada son: 1. Que exista revocación incondicional del acto, o de sus efectos, por parte de la autoridad; y 2. Que haya restitución al quejoso en el pleno goce del derecho constitucional violado. Sentado lo anterior, en el caso, como se dijo, la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional la omisión de acordar su escrito presentado el veintiuno de octubre de dos mil veintiuno, dentro del expediente ----- ; sin embargo, la citada autoridad responsable informó y acreditó que en auto de seis de junio de dos mil veintidós, esto es con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, se acordó el escrito de mérito. En ese orden, si la parte quejosa combate la vulneración a su derecho fundamental, bajo el argumento de que la responsable fue omisa en acordar el escrito referido, mientras que la autoridad responsable al emitir el auto de seis de junio de dos mil veintidós, en donde proveyó respecto a la solicitud de la parte quejosa, es claro que ha cesado el acto reclamado. Ello es así, ya que el artículo 77 de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho." Del texto del artículo citado se advierte la naturaleza del acto reclamado en dos hipótesis: 1. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se ordenará restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y 2. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Luego, en el caso, la falta del dictado de una resolución se traduce en dilación en el procedimiento de origen, cuya naturaleza es abstención que se clasifica entre los actos negativos. Por tanto, con la determinación emitida por la autoridad en fecha veintinueve de abril de dos mil veintidós, las cosas volvieron al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, pues como se dijo, ya no existe acto de molestia, con lo que cesaron los efectos de la litis constitucional, por lo que no es posible examinar las violaciones que pudieran existir en el acto reclamado sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad si el mismo ya no afecta la esfera jurídica del peticionario de amparo. En consecuencia, al existir de manera notoria, manifiesta e indudable la causal de improcedencia expuesta, se sobresee en el presente juicio constitucional, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Sirven de apoyo los siguientes criterios: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO."1 "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL." Causal que se actualiza de forma manifiesta e indudable, pues se cuenta con las constancias remitidas en copia certificada por la responsable, por lo que en nada variaría el sentido de la presente resolución, pues aun cuando se continuara la tramitación del juicio de amparo, el resultado sería el mismo y se contravendría el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Al respecto, es aplicable al no oponerse a lo previsto en le Ley de Amparo, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la siguiente jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE."3 III. Se deja sin efectos. Con motivo de lo anterior, se deja sin efectos la fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, señalada para las once horas con treinta minutos del catorce de junio de dos mil veintidós

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