Gloria Martínez Martínez

Expediente 675/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
675/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
29/06/2018

Partes del expediente

  • Gloria Martínez Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, se aprecia que ha transcurrido el término de cinco días a que se refieren los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la ley de amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de quince de junio de dos mil dieciocho (fojas 30 a 35), mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por Gloria Martínez Martínez, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero y otra autoridad. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído ha causado estado y queda firme. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, se determina; De acuerdo con el punto vigésimo primero, fracción II, del citado acuerdo, el presente expediente transcurridos cinco años a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, se destruirá en su totalidad, porque se desechó la demanda de amparo. En términos de los puntos 11, párrafo segundo, 20 y 21 del señalado Acuerdo General Conjunto, este expediente no es de relevancia documental, histórica ni jurídica, y no existen documentos originales que devolver a las partes, de acuerdo a la certificación que antecede. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Se tiene recibida la demanda de amparo promovida por Gloria Martínez Martínez, por propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero y otra autoridad. Sin que haya lugar a tener la demanda de amparo promovida en su carácter de Síndica Procuradora y representante del Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla, Guerrero, toda vez que no exhibe las documentales con las que acredite dicha personalidad. Regístrese en el libro de gobierno bajo el número 675/2018 y fórmese expediente. Ahora bien, analizada la demanda de amparo en su integridad, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo en vigor, procede desechar la misma por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causal de improcedencia, prevista por el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza a la Juzgadora a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Con relación a ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Por su parte, la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en lo que interesa, establece lo siguiente: "El juicio de amparo es improcedente: . IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;..." 1.- En el caso: de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: "IV. ACTOS RECLAMADOS: 1. Lo constituye el acuerdo de veintisiete de abril del dos mil dieciocho, dictado en el expediente laboral número 361/2008 promovido por la C. Natalia Santos Santiago, en contra de mi representado, H. Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla de Guerrero; mediante el cual el presidente ejecutor; impuso una multa manera ilegal a mi persona, consistente en 300 días de salario mínimo vigente en la entidad." 2.- Es un hecho notorio para este Órgano Jurisdiccional la existencia del juicio de amparo 110/2018, donde el veintiséis de abril de dos mil dieciocho, se emitió sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: ". . . El Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, remita las constancias de las que se advierta que requirió al Ayuntamiento Municipal Constitucional de Tixtla, Guerrero, en términos del auto de quince de diciembre de dos mil diecisiete, emitido en el juicio laboral 361/2008, por conducto de Gloria Martínez Martínez, Síndica Procuradora del Ayuntamiento demandado." Esa sentencia, causó ejecutoria el veinticinco de mayo de dos mil dieciocho y se ordenó al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, que requiriera el cumplimiento del laudo en el expediente laboral 361/2008 en los términos establecidos en auto de quince de diciembre de dos mil diecisiete, por lo cual emitió el acuerdo de veintisiete de abril de dos mil dieciocho y le impuso la multa por el equivalente a trescientos días de salario mínimo a Gloria Martínez Martínez, ordenando requerir de nueva cuenta el cumplimiento del laudo. Así, resulta inconcuso que Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, actuó en cumplimiento al fallo protector dictado en el citado juicio constitucional, con el fin de cumplir con la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 361/2008, para lo cual se anexan copias certificadas de las actuaciones realizadas en el juicio de amparo 110/2018, de este índice. Por tanto, el quejoso sabe no solo que fue condenado en el juicio de origen, que está en la etapa de ejecución; sino también lo concerniente a la existencia de una sentencia de amparo que ordenó lo concerniente la multa que nos ocupa; aun así promueve un juicio de amparo, que de admitirlo a trámite implicaría detener la ejecución de otro juicio de amparo. Por lo que, es inconcuso que el acto aquí reclamado por la parte quejosa no puede ser analizado constitucionalmente en ésta vía en virtud de que el mismo, como ya se dijo, fue emitido para cumplimentar una ejecutoria de amparo dictada en el juicio 110/2018, de este índice, y la fracción IX del citado artículo 61 de la ley de la materia, regula dos supuestos que hacen improcedente el juicio de amparo, a saber: Contra resoluciones emitidas en los juicios de amparo; y, Contra aquellas que se emitan en ejecución de las mismas. En el caso nos encontramos en el segundo supuesto de dicha norma de improcedencia. Tiene aplicación al caso concreto la jurisprudencia XXI.1o. J/15, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable a página ochocientos sesenta y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta que dice: "IMPROCEDENCIA. INTELECCIÓN DEL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE AMPARO. Si se toma en cuenta la finalidad que se persigue con la norma, su razón legal y la aplicación constante y uniforme hecha por los tribunales federales, el correcto sentido del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, en lo que toca a la improcedencia del juicio de garantías contra resoluciones dictadas en ejecución de las determinaciones emitidas en los juicios de amparo, no es el que se pudiera deducir de una vista inicial de sus términos gramaticales, que llevarían a la actualización de esa hipótesis normativa en todos los casos en que el acto reclamado se emitiera teniendo como base lo ordenado en ese sentido en una resolución proveniente de un juicio constitucional, sin importar el alcance de esta última ni la medida en que vinculó a la autoridad responsable, sino que este motivo de improcedencia se da sólo cuando las cuestiones que se plantean en la nueva demanda de garantías fueron objeto de una decisión directa y definitiva en la resolución del juicio constitucional anterior o si constituyen su consecuencia lógica y jurídica inmediata, aunque la autoridad responsable se apoye en nuevos fundamentos y razones para sostener su criterio respecto a lo ya resuelto por las autoridades jurisdiccionales federales, pues es evidente que lo que quiso evitar el legislador ordinario con el establecimiento de la improcedencia referida, fue que una misma cuestión concreta pudiera ser objeto de controversia y decisión en dos o más sentencias de amparo, con el peligro de que se produjera una cadena infinita de dichos juicios sobre la misma materia, en demérito de la seguridad que se requiere para lograr la armonía social; es decir, que tanto la razón de la ley como el propósito perseguido, son semejantes a los de la institución de la cosa juzgada, pero ajustados a la estructura jurídica sobre la que se levanta el juicio de amparo." Así como la diversa II.T.12 K, sustentada por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, consultable en la página mil dos del tomo XI, enero de dos mil, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "IMPROCEDENCIA. RESOLUCIONES DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. La mera interpretación literal del artículo 73, fracción II, de la Ley de Amparo, en la parte relativa en que prevé esta causal de improcedencia nos llevaría a ubicar en ella a toda resolución emitida en cumplimiento de una ejecutoria de amparo, lo cual sería incorrecto si consideramos la ratio legis de dicha causal que atiende a que una ejecutoria de amparo tiene la presunción de haber sido dictada en estricto apego constitucional o legal; por tanto, la resolución emitida en su cabal cumplimiento, también comparte tal presunción y debido a ella esta última resolución sólo puede impugnarse por vicios propios (exceso o defecto en su cumplimiento) o incluso el incumplimiento mismo, mediante los recursos contemplados en la propia ley, mas no por el fallo del cual proviene. Así, se considera cosa juzgada lo analizado y resuelto en esa ejecutoria a la luz de los conceptos de violación expuestos y, en su caso, la suplencia de la queja, evitando de esta manera una cadena interminable de juicios de amparo que atentaría contra la seguridad jurídica. Sin embargo, los alcances de la protección constitucional en contra de un laudo son variables en tanto que, en algunas ocasiones constriñen a la autoridad responsable a actuar en un solo y único sentido, sin posibilidad alguna de ejercer a plenitud su jurisdicción originaria, y en otras, la restitución al agraviado del derecho público subjetivo infringido conlleva a que la responsable ejerza necesariamente tal jurisdicción. Pudiéndose generar incluso un tercer supuesto, consistente en que ambos alcances se señalen en una sola ejecutoria de amparo, relacionados, por supuesto, con diferentes aspectos del laudo. En este entendido, para que un segundo o ulterior laudo dictado en cumplimiento de una ejecutoria de amparo se encuentre comprendido dentro de la hipótesis de improcedencia en estudio, existiendo identidad entre el quejoso que obtuvo la protección constitucional (que motivó tal dictado) y el promovente del actual juicio de amparo en el que se combate el nuevo laudo, requiere necesariamente que la ejecutoria de amparo quede comprendida en el primer supuesto (vinculación total), porque en los dos restantes el ejercicio por la responsable de su libre jurisdicción, al resultar un tema nuevo, si les afecta, podría ser impugnado nuevamente en vía de amparo por cualquiera de las partes, a reserva, claro está de declarar inoperantes los conceptos de violación con los que pretendiese cuestionar lo ya analizado, o las consideraciones que desde el primer laudo le paraban perjuicio y por ello estaba obligado a impugnar desde entonces, sin haberlo hecho." Acorde a lo expuesto, el juicio de amparo es improcedente, pues se está en presencia de una orden emitida por la Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guerrero, en ejecución de una sentencia dictada por este Juzgado Federal, en el juicio de amparo 110/2018, en la cual concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, en los términos antes transcritos, en esencia para los efectos precisados con antelación. En mérito de lo hasta aquí expuesto, resulta inconcuso que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción IX, de la Ley de Amparo, y lo que procede es desechar la demanda planteada, con apoyo en el diverso precepto 113 de la ley de la materia. DOMICILIO. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica la parte quejosa en su escrito de demanda. AUTORIZADOS. Se tiene como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Jorge Alberto Carbajal Bello, Jaime Castillo Hilario, Juan Manuel Ramírez Santiago y Luis Gabriel Alvarado Avilés, toda vez que cuentan con cedula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; no así a Margarito Navarro Aguirre y Gustavo Salgado Bahena, toda vez que no cuentan con el registro de cedula profesional en el aludido sistema. Asimismo se tiene como sus autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a las diversas personas que designan, dado que así lo solicitaron expresamente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Guerrero · 12,048 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano