Gloria Martínez Hernandez

Expediente 387/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2020.

Datos del expediente

Expediente
387/2020
Año
2020
Actuaciones
5
Última actuación
28/07/2020

Partes del expediente

  • Gloria Martínez Hernandez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    ACUERDO Ciudad de México, veintiocho de julio de dos mil veinte. Causa estado auto que sobreseyó fuera de audiencia Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha la parte quejosa, a quien pudiera causarle perjuicio, haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto de siete de julio de dos mil veinte, dictado en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo establecido en 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada legislación, de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo del asunto como total y definitivamente concluido Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." Destino del juicio de amparo Por otra parte, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 21, inciso a), pues se trata de un expediente en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia y a juicio de la suscrita carece de relevancia documental para su conservación; por tanto, procédase a su destrucción una vez que haya transcurrido el plazo de tres años a que se refiere el primer párrafo del artículo 21 del Acuerdo General invocado. Devolución de documentos Hágase del conocimiento de las partes que en caso de haber exhibido documentos originales y/o documentos que estimen relevantes, deberán acudir al local que ocupa este juzgado federal con identificación oficial vigente dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a recogerlos, en el entendido de que de no hacerlo, serán destruidos junto con el sumario en que se actúa. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridad responsable Oficio

  2. Principal

    ACUERDO Ciudad de México, siete de julio de dos mil veinte. Autoridades desahogan requerimiento Se agrega a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Director, así como por el Coordinador de Hospitalización, ambos del Hospital General Iztapalapa de la Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad de México, a través del cual, en atención al requerimiento formulado mediante proveído de treinta de junio de dos mil veinte, remiten el original del resumen clínico de uno de julio de este año, así como la copia fotostática simple de la nota de gravedad y defunción, y del certificado de defunción, estos dos últimos de dieciséis de abril del presente año, todos a nombre de la quejosa. En atención a su contenido, se tiene por desahogado el requerimiento de mérito, dejando sin efectos el apercibimiento decretado. Ahora bien, toda vez que de las constancias referidas con antelación se advierte que el dieciséis de abril de dos mil veinte, falleció la quejosa Gloria Martínez Hernández; en consecuencia, este Juzgado de Distrito estima que, en la especie, se actualiza el motivo de sobreseimiento establecido en el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona; [.]" Del precepto legal en cita, se desprende que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando el quejoso muera durante la tramitación del mismo, siempre y cuando el acto reclamado afecte únicamente a su persona, es decir, no trascienda más allá del gobernado que lo promovió, dado que sin parte agraviada, el juicio de amparo queda sin derecho fundamental que tutelar. Lo anterior es así, porque si entre los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada, conforme al cual dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado; se colige, que si esta muere y es un acto que únicamente le afectaba a la misma, procede sobreseer en el juicio. En este punto, resulta conveniente imponerse del contenido del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que a la letra establece: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" De la interpretación armónica de ambos preceptos, es posible concluir que el ejercicio de la acción de amparo está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por una norma general, que conculquen derechos fundamentales; esto es, el juicio de amparo sólo puede promoverse por la parte que sufre directa y personalmente el agravio originado por el acto de autoridad que se reclama. En estos términos, si fallece la persona afectada por virtud de la emisión de un acto de autoridad, el juicio de amparo deberá sobreseerse siempre que dicho acto no trascienda a la esfera de derechos de terceros que tengan algún vínculo con el promovente del juicio. En otras palabras, el fallecimiento del gobernado genera que el acto de autoridad no pueda seguir produciendo efectos jurídicos; por tanto, a nada práctico conduce la resolución del fondo del asunto, si ha dejado de existir el gobernado respecto del cual se podría materializar la decisión jurídica. A efecto de evidenciar la actualización del motivo de sobreseimiento aludido, es oportuno poner de relieve que en el presente juicio de amparo la parte quejosa señaló como acto reclamado el que a continuación se transcibe: "(.) NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE SE RECLAMA; La omisión de actuar diligentemente en el servicio médico y poner en peligro mi vida. (.)". En ese contexto, resulta evidente que el acto reclamado en cita únicamente afectaba su derecho a recibir atención médica por el padecimiento que le aquejaba, esto es, en todo caso, vulneraba su derecho humano a la salud. Así, en el presente sumario constitucional, las autoridades responsables acreditaron el deceso de la quejosa con las documentales consistentes el original del resumen clínico de uno de julio de dos mil veinte, así como la copia fotostática simple de la nota de gravedad y defunción, y del certificado de defunción, expedidas por el personal médico adscrito al Hospital General Iztapalapa de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, a las que se les concede valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°. Bajo esa óptica, ya no existe sujeto en cuyo favor pudiera dictarse sentencia de amparo con el efecto natural de restituirla en el pleno uso y goce del derecho fundamental que pudiese haber sido violado en su perjuicio; por lo que resulta procedente sobreseer el juicio de amparo, con base en el numeral 63, fracción III, de la citada legislación, pues es claro que a nada práctico conduciría realizar el estudio de constitucionalidad del acto reclamado, tomando en consideración que el mismo se encuentra vinculado con el derecho a la salud, es decir, en todo caso, sus consecuencias afectaban de manera específica derechos personales de la directa quejosa y al haberse acreditado en autos que ésta falleció durante la tramitación del juicio, por los motivos expuestos en las constancias descritas previamente, es evidente que los efectos reparatorios de una eventual concesión de amparo, resultarían estériles, atendiendo a la naturaleza personalísima del derecho que tutelan. Sirve de apoyo a lo anterior, lo sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, en la jurisprudencia 2 a./J.34/2019, Decima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO POR FALLECIMIENTO DEL QUEJOSO. PROCEDE DECRETARLO SI LOS ACTOS RECLAMADOS SÓLO AFECTAN SUS DERECHOS PERSONALES, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE HUBIESEN OCASIONADO DAÑOS Y PERJUICIOS A SUS FAMILIARES, SUSCEPTIBLES DE REPARACIÓN. En atención a los principios constitucionales de instancia de parte agraviada y de relatividad que rigen el juicio de amparo, la sentencia sólo puede ocuparse del quejoso, esto es, de quien lo promovió, limitándose a protegerlo contra los actos declarados inconstitucionales a efecto de que se le restituya en el goce del derecho fundamental violado; por tanto, el supuesto de sobreseimiento previsto en el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo, se actualiza cuando aquél fallece durante el trámite del juicio y los actos que reclamó sólo afectan sus derechos personales, aunque pudiesen trascender a la estabilidad económica, psicológica o emocional de sus familiares, en tanto carecería de lógica y sentido práctico analizarlos, si anticipadamente se advierte que su eventual declaratoria de inconstitucionalidad no tendría ejecutividad, al no ser jurídicamente posible conceder el amparo a personas que no lo solicitaron, aun cuando por su cercanía con el quejoso, dichos actos les hayan ocasionado daños y perjuicios susceptibles de reparación mediante una compensación económica o cualquier otra medida resarcitoria, habida cuenta que existen otros mecanismos legales para garantizar su derecho a una reparación integral. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno; asimismo, se instruye a la analista jurídica encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) para que en el expediente electrónico realice las capturas conducentes. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Personalmente

  3. Principal

    Ciudad de México, treinta de junio de dos mil veinte. Requerimiento Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se desprende que con fecha catorce de abril de dos mil veinte, se tuvieron por rendidos los informes de las autoridades responsables, en relación con el cumplimiento a la suspensión de oficio y de plano dictada en el presente asunto. En ese sentido, en aras de la impartición de justicia pronta y expedita, así como para que este órgano jurisdiccional se encuentre en posibilidad de proveer lo conducente en relación con la continuación del presente juicio, se estima necesario requerir a las autoridades responsables Director y Jefe de Cirugía del Hospital General Regional de Iztapalapa, "Dr Juan Ramón de la Fuente para que dentro del plazo de tres días, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, informen el estado de salud de la parte quejosa, en el que deberán indicar si dicha persona continua hospitalizada en ese nosocomio por el padecimiento que señaló al promover la demanda de amparo o si ya recibió el alta médica. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en dicho plazo, o bien, de no manifestar su imposibilidad para ello, se les impondrá a sus integrantes una multa de cincuenta a mil unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 259 del mismo ordenamiento legal. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridades responsables Oficio Ministerio Público Federal Lista

  4. Principal

    Por rendidos los informes de las autoridades, relativos a la suspensión de plano decretada en proveído de trece de abril de dos mil veinte. Se tienen como pruebas las señaladas por la autoridad. Notifíquese a las partes de la siguiente forma: Parte Tipo de notificación Quejosa Lista Autoridad responsable Lista

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