Gloria Maria Macrina Serrano Cuanalo
Expediente 264/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 264/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 11/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Gloria Maria Macrina Serrano Cuanalo
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta de la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, al que anexa copia certificada del testimonio de la ejecutoria pronunciada en recurso de queja Q-37/2018; mediante la cual dicho Tribunal declaró infundado el recurso de queja que hizo valer el promovente del amparo en contra del proveído de veintidós de marzo de dos mil dieciocho. Acúsese recibo a la superioridad. Anótese lo procedente en el libro de gobierno y archívese este asunto como totalmente concluido. En razón de lo anterior, en cumplimiento a lo que establece el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente expediente en que se actúa, es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes, conforme a lo que dispone la fracción XVIII, del capítulo primero, del referido acuerdo general conjunto; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Finalmente, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el capítulo tercero, punto décimo primero, párrafo segundo, del multicitado acuerdo general conjunto número 1/2009.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta de XXX autorizada de la parte quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, por el cual interpone recurso de queja en contra del auto de veintidós de marzo de dos mil dieciocho; en conformidad con el artículo 97 fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo vigente; en tales condiciones, con fundamento en el artículo 101 de la Ley de Amparo, ríndase informe justificado en el sentido de que es cierto el acto reclamado; toda vez, que el suscrito determinó en el auto que se impugna desechar de plano la demanda de amparo promovida por XXX, contra actos del DIRECTOR GENERAL DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACION DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE PUEBLA y otra autoridad. Ahora bien, virtud de que en el caso se trata de un auto en el que se desechó la demanda de amparo, no es necesario hacer requerimiento alguno respecto de señalamiento de las constancias correspondientes; en consecuencia, se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia Penal en Turno del Sexto Circuito, el informe justificado respectivo al cual deberán anexarse el recurso y los autos originales del presente expediente de amparo. Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente.
- Principal
SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO REALIZADO EN DILIGENCIA DE NOTIFICACIÓN, POR LO QUE SE PROCEDE A REALIZAR LA NOTIFICACIÓN POR MEDIO DE LISTA, EN LOS TERMINOS SIGUIENTES: RADICACIÓN Vista la demanda de amparo promovida por GLORIA MARÍA MACRINA SERRANO CUANALO, contra los actos del DIRECTOR DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, CONTROL Y SEGUIMIENTO Y AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO INVESTIGADOR, TODOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente bajo el número 264/2018. DESECHAMIENTO Ante todo, debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda de amparo, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Bajo esa tesitura, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que Gloria María Macrina Serrano Cuanalo, reclama del Agente del Ministerio Público Investigador de la Fiscalía General del Estado y otras autoridades, la determinación del no ejercicio de la acción penal de la carpeta de investigación NUAT 2580/2016/UAT, misma que deviene improcedente. Se afirma lo anterior, ya que el aquí inconforme antes de acudir en demanda de amparo se encontraba obligado a agotar el medio ordinario de defensa previsto en la ley que rige, ya que al no hacerlo así se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (...) Efectivamente, el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que las determinaciones de la instancia investigadora sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal se deberán notificar a los sujetos pasivos del delito, quienes podrán impugnar ante el Juez de Control dicha resolución; instancia jurisdiccional que convocará a una audiencia para decidir en definitiva, con la concurrencia de las partes (víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y su Defensor). Tal como se advierte del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo texto es el siguiente: Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. Por tanto, como en el caso se reclama un acto de autoridad distinta a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, contra del cual la legislación que los rige establece la posibilidad de impugnarlos a través de un medio ordinario de defensa, el cual tiene por objeto que con la concurrencia de la partes se resuelva en definitiva la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, confirmar, modificar o, nulificar el acto que se controvierte, por lo que resulta evidente de que antes de acudir en demanda de amparo, el quejoso debió agotar dicho recurso. Así mismo, al ser la determinación que se controvierte de naturaleza declarativa, esto es, no contiene consecuencias intrínsecas susceptibles de afectar materialmente la esfera jurídica de alguna de las partes implicadas en la investigación, al prever que las citadas la determinaciones podrán ser impugnadas ante el Juez de Control dentro de los diez días posteriores, a su notificación, ésta no podrá cumplimentarse, es decir, la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal no podrán materializarse, es decir, archivarse, en tanto no transcurra ese lapso o, hasta que sea resuelto en definitiva por el Juez de Control el medio de defensa que, en su caso, promueva agraviado u ofendido, lo cual implica que prevé la suspensión del acto reclamado, sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo. Argumentos similares fueron sostenidos por el Pleno en Materia Penal del Primer Circuito al resolver la contradicción de tesis 5/2015, que dio origen a la jurisprudencia PC.I.P. J/15 P (10a.), visible en la página 1410, tomo II, noviembre de 2015, décimo época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: ACCIÓN PENAL. CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE AUTORIZA SU NO EJERCICIO, DEBE AGOTARSE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 3, FRACCIÓN XVI, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. Acorde con el artículo 107, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en consonancia con el numeral 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, cuando se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, debe agotarse el medio de defensa ordinario antes de acudir al juicio de amparo, siempre que conforme a las mismas leyes que los rijan se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el agraviado, con los mismos alcances que los que prevé la citada ley, por lo que si bien es cierto que el recurso de inconformidad referido en el artículo 3, fracción XVI, último párrafo, de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, no se tramita en sede jurisdiccional, también lo es que constituye un recurso contenido en una ley formal y material, por cuya interposición se contempla la suspensión de los efectos de la autorización de inejercicio de la acción penal, en términos similares a los dispuestos en la Ley de Amparo, por lo que debe agotarse previamente a instar la vía de control constitucional es obligatorio. De igual manera, da sustento a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 118/2010 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: ACCIÓN PENAL. MOMENTOS EN QUE PUEDEN IMPUGNARSE EN AMPARO INDIRECTO LAS RESOLUCIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO SOBRE EL NO EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA (INTERPRETACIÓN DEL RÉGIMEN TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 18 DE JUNIO DE 2008). De los artículos transitorios del citado decreto, se advierte que cuando alguna legislatura no ha establecido el sistema penal acusatorio dentro de la legislación secundaria correspondiente ni ha emitido la declaratoria que señale expresamente que dicho sistema ha sido incorporado en los ordenamientos, o bien, la declaratoria en que se establezca que ya existían ordenamientos preconstitucionales sobre la materia, como estos aspectos condicionan la vigencia de las reformas y adiciones de mérito, al existir una vacatio legis que no puede exceder el plazo de ocho años dispuesto para ello, el fundamento para reclamar en amparo indirecto las determinaciones de no ejercicio o desistimiento de la acción penal se encuentra en el artículo 21, cuarto párrafo, de la Constitución General de la República, antes de reformarse, pues esas circunstancias hacen que siga surtiendo efectos. En cambio, de haberse cumplido las condiciones para la entrada en vigor de las reformas y adiciones constitucionales, la víctima u ofendido debe impugnar las determinaciones referidas ante el Juez facultado dentro del sistema acusatorio instaurado, en razón de que la intención del Constituyente Permanente fue que en el nuevo esquema procesal el órgano jurisdiccional conozca de esas impugnaciones para controlar su legalidad, y que contra la resolución que se emita al respecto, proceda el juicio de garantías conforme al vigente artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Ley Fundamental. Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada, número XIX.1°1P(10a) de los Tribunales Coegiados de Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: MEDIO DE IMPUGNACIÓN CONTRA LA DETERMINACIÓN DEL NO EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. CONSTITUYE UN AUTÉNTICO RECURSO ORDINARIO QUE DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con el artículo 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece un mecanismo para impugnar, entre otras, la determinación del no ejercicio de la acción penal. Dicha impugnación constituye un auténtico recurso ordinario que debe agotarse antes de acudir al juicio de amparo, toda vez que ese numeral contiene elementos suficientes para someter a control judicial esa clase de resoluciones, al regular: a) La autoridad ante quien debe promoverse -el Juez de control-; b) en quién recae la legitimación para impugnar -víctima u ofendido-; c) el plazo para su interposición -dentro de los diez días posteriores a su notificación-; d) la instancia que la conocerá -el Juez de control-; e) su sustanciación -mediante una audiencia a la que serán citadas previamente las partes-; y, f) un supuesto para declararla sin materia -la inasistencia de la víctima u ofendido-, a pesar de haber sido debidamente citados. En consecuencia, por ser manifiesta e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XX, 113 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sensu, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese este asunto como totalmente concluido. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, así como autorizado a Ana Isabel Martínez Moctezuma, conforme al artículo 12 de la Ley de la Materia, así como a Román Rosales Sánchez para los efectos que señala en su escrito inicial de demanda. PRECISIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES Luego, con fundamento en el artículo 108, fracción III de la Ley de Amparo, que establece como obligaciones del quejoso, entre otras, la de señalar con precisión las autoridades responsables -tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de la Materia-, se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes en este juicio, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o bien, corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, a instancia de la parte quejosa, tomando en consideración que le corresponde a la misma estar al pendiente de la tramitación de su asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo proveyó y firma CUAUHTÉMOC ESCOBAR GONZÁLEZ, Juez Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado, ante Patricia Asucena Juárez Díaz, Secretaria que autoriza y da fe.
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