Gloria Luz Vega

Expediente 1426/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 7 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1426/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
16/06/2022

Partes del expediente

  • Gloria Luz Vega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado ejecutoria. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,1 que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto 7.4 del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal que establece el tratamiento de los expedientes con suspensión de plano, archívese este asunto como concluido y depúrese una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con treinta y seis minutos del veintiocho de marzo de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con la demanda de derechos, con las constancias de notificación de la totalidad de las partes -autoridad responsable, quejosa y fiscal federal adscrito-, así como el informe justificado rendido por el jefe del departamento de Pensiones de la subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta localidad; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para imponerse del citado informe; de igual manera, que mediante proveído de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, se dio vista a la parte quejosa a fin de que manifestara su deseo de ampliar la demanda respecto una nueva autoridad responsable, bajo apercibimiento que de no hacer manifestación al respecto, se continuaría la secuela procesal por la autoridad y actos señalados en la demanda inicial, la cual le fue notificada el diecisiete de febrero siguiente vía electrónica.. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias, y en cuanto a la vista otorgada a la parte quejosa a fin de que ampliara su demanda de derechos, y toda vez que ha transcurrido el plazo otorgado para tal efecto, se hace efectivo el apercibimiento y se continua este juicio respecto la autoridad y actos señalados en la demanda inicial. Abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales allegadas por la autoridad administrativa responsable. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por Gloria Luz Vega, contra los actos atribuidos al jefe del departamento de Pensiones de la subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido, por razón de turno, el diecinueve siguiente a este juzgado de distrito, Gloria Luz Vega, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de la autoridad y por los actos que se precisarán con posterioridad. Mediante acuerdo de esa fecha, este juzgado admitió la citada demanda, pidió a la autoridad señalada como responsable su informe justificado, dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, se llevó a cabo en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción VII, de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto atribuido a una autoridad con ejecución dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados: La falta de atención médica; y, La cancelación del pago de la pensión por viudez otorgada a la quejosa Gloria Luz Vega, como beneficiaria de Rafael Montoya Martínez, correspondiente al mes de noviembre de dos mil veintiuno. Inexistencia de actos reclamados No es cierto el acto atribuido al jefe del departamento de Pensiones de la subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, consistente en la falta de atención médica de la que se duele la quejosa. En efecto, a fin de determinar respecto de la existencia o inexistencia del acto reclamado, es importante destacar que el acto por esta vía combatido es de naturaleza negativa, el cual, por regla general, quien los reclama no está obligado a probar; no obstante, existen excepciones, con independencia de las manifestaciones realizadas por la parte quejosa, o bien, por el sentido del informe justificado. Se justifica lo anterior, porque el acto será cierto o inexistente, en función de las obligaciones y facultades que la autoridad esté obligada a realizar; de ahí que para precisar la certeza de un acto de estas características, debe acudirse en principio a las normas legales que prevén su competencia para verificar si está obligada jurídicamente a realizar esa conducta, porque de no ser así se llegaría a la conclusión errónea de que cualquier omisión reclamada fuera cierta, dejando de lado la exigencia objetiva de que se debe obrar en determinado sentido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1a. XXIV/98, de rubro: "ACTOS DE NATURALEZA OMISIVA. PARA ESTAR EN APTITUD DE PRECISAR SU CERTEZA O FALSEDAD, DEBE ACUDIRSE EN PRINCIPIO A LAS NORMAS LEGALES QUE PREVÉN LA COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD PARA DETERMINAR SI EXISTE O NO LA OBLIGACIÓN DE ACTUAR EN EL SENTIDO QUE INDICA EL QUEJOSO." En ese sentido, procede verificar la existencia del acto reclamado, a la luz de las consideraciones abordadas en los párrafos que anteceden. En el caso, se estima que no es cierto el acto que se reclama al jefe del departamento de Pensiones de la subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su respectivo informe justificado, sin que la parte quejosa haya aportado prueba para desvirtuar dicha negativa; máxime que la citada quejosa no amplió su demanda de derechos respecto diversas autoridades. Se corrobora lo anterior, pues como se precisó anteriormente, la parte quejosa le reclama la negativa de proporcionarle atención médica; sin embargo, dicha facultad no es atribuible a la citada autoridad, pues no se ubica en las contenidas en el precepto 81 del Reglamento Interior del Instituto Mexicano del Seguro Social, y encomendadas a la dirección de Prestaciones Económicas, y Sociales del citado instituto, de la que depende la autoridad administrativa responsable, esto es, dentro de las atribuciones conferidas a las citadas autoridades responsables, no se encuentra la de proporcionar atención médica a los derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. En esa virtud, conforme a lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio de derechos respecto el acto que se atribuye a tales autoridades. Existencia de los actos reclamados Con independencia de la decisión alcanzada en el considerando precedente, es cierto el acto atribuido al jefe del departamento de Pensiones de la subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, residente en esta localidad, consistente en la cancelación de la pensión de viudez de la aquí quejosa, pues así lo manifestó en su informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Además, la veracidad de los actos combatidos se acredita con las documentales que al efecto acompañó a su informe, consistente en copia certificada de diversas constancias relativas a los informes de pago de la pensión a que tiene derecho la aquí quejosa; documentales a las que se les asigna valor probatorio pleno conforme los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia 226, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." Causa de improcedencia actualizada En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 1a./J. 3/99, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." En el caso, respecto el acto atribuido al jefe del departamento de Pensiones de la subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, consistente la cancelación del pago de la pensión por viudez otorgada a la quejosa Gloria Luz Vega, como beneficiaria de Rafael Montoya Martínez, correspondiente al mes de noviembre de dos mil veintiuno, este juzgador advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1º, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, que señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]" Por su parte, el artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con relación a la impugnación de actos de autoridad, establece: "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías individuales; II. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencia del Distrito Federal; y III. Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal." Del precepto transcrito, así como de los diversos 1º, fracción I, y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, se infiere que la procedencia del juicio constitucional se encuentra supeditada a que los actos que se reclamen provengan de una autoridad, entendiéndose por tal aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas; esto es, a través del juicio de amparo únicamente es dable impugnar un acto que provenga de autoridad o de un particular que actúa con el carácter de autoridad -con imperio-, a fin de estar en aptitud de analizar los conceptos de violación de legalidad que se hayan aducido en su contra. Como corolario de lo anterior, debe destacarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha definido el concepto de autoridad responsable, pues sostuvo el criterio de que quienes disponían de fuerza pública en virtud de circunstancias legales o de hecho y que, por lo mismo, están en posibilidad material de obrar como individuos que ejercen actos públicos por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen, tenían el carácter de autoridad. En el primer supuesto, se identifica la calidad de autoridad con la disposición de la fuerza pública, mientras en el segundo, quienes disponen de ella tienen calidad de autoridad sin excluir que puedan tener esa naturaleza quienes no dispongan de esa fuerza. Posteriormente, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, amplió el concepto de autoridad en la tesis P. XXVII/97, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO." Además, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS", estableció que una autoridad para efectos del amparo es la que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir de la voluntad del afectado o aun en contra de ella. De ello se obtiene como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo las siguientes: La existencia de un órgano del Estado que establece una relación de supra a subordinación con un particular. Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al órgano del Estado de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Como se aprecia, autoridad para los fines del amparo es aquélla que teniendo las características de órgano público que le dan las normas jurídicas, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados, sin la necesidad de acudir ante los órganos jurisdiccionales, ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. Bajo este contexto, resulta incuestionable que se torna improcedente este juicio de derechos, pues no se está en presencia de actos de autoridad para efectos del amparo, dado que la problemática se sitúa en el ámbito de prestaciones sociales relativas al régimen obligatorio del seguro social, y consiste en la suspensión del pago de la pensión por viudez otorgada a la quejosa Gloria Luz Vega, como beneficiaria de Rafael Montoya Martínez, correspondiente al mes de noviembre de dos mil veintiuno. En relación a lo cual, la autoridad responsable al rendir su informe justificado manifestó que la pensión por viudez otorgada a la solicitante del amparo se dio de baja a partir de noviembre de dos mil veintiuno, a virtud de la presentación del tutor legal de Jesús Manuel Montoya del Cid, hijo con discapacidad de Rafael Montoya Martínez, e hizo valer los derechos del cobro de pensión de orfandad; asimismo, que se otorgó la pensión de viudez y orfandad a favor de la aquí quejosa y el citado menor, en su carácter de esposa e hijo, respectivamente. Como se ve, al tratarse de prestaciones otorgadas conforme a la Ley del Seguro Social, el instituto responsable no está revestido como autoridad en el juicio de amparo, toda vez que dicha circunstancia debe ser impugnada mediante recurso de inconformidad, o bien, ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para determinar quién es el (la) única (o) beneficiario (a) del extinto derechohabiente, de acuerdo a lo establecido en los numerales 295 de la Ley del Seguro Social, por ser quien dirime y se pronuncia sobre las controversias que se suscitan sobre las prestaciones que otorga el ordenamiento legal antes invocado, entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto Mexicano del Seguro Social. En tales circunstancias, es indudable la dinámica en que actúa la quejosa con la señalada como responsable en un plano de coordinación, entablada entre particulares, es decir, en igualdad, en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador, aquélla y sus beneficiarios, o con base en un acto jurídico, mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios. De ahí que se considera que, las actuaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del jefe del departamento de Pensiones de la subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, relativas a las prestaciones otorgadas por la Ley del Seguro Social, como aparente beneficiaria del extinto Rafael Montoya Martínez, no se encuentran revestidas de imperio frente al particular. Para robustecer lo anterior, se estima pertinente traer a la vista el contenido de los artículos 294 y 295 de la Ley del Seguro Social, se advierte la posibilidad que tienen los patrones y demás sujetos obligados, así como los asegurados o sus beneficiarios, de interponer recurso de inconformidad, cuando consideren impugnable cualquier acto definitivo del Instituto Mexicano del Seguro Social. Sin embargo, la norma contenida en el numeral 295 distingue la posición jurídica que guardan los patrones y demás sujetos obligados frente al Instituto Mexicano del Seguro Social, respecto de aquélla que se presenta entre asegurados o sus beneficiarios y el propio instituto, pues, en relación con los primeros determina que las controversias que existan entre ellos serán dirimidas ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en tanto que los segundos tienen que acudir ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Esa distinción tiene su justificación en la medida en que la naturaleza jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social, no es similar cuando actúa frente a los patrones y demás sujetos obligados, que cuando lo hace con los asegurados o sus beneficiarios, como se desprende de los numerales 5°, 270 y 271, de la Ley del Seguro Social. En tal virtud, los actos -negativos, positivos u omisivos- del Instituto Mexicano del Seguro Social, en el caso, a través del jefe del departamento de Pensiones de la subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, respecto de las prestaciones de seguridad social que otorga la ley como beneficiaria, no tienen el carácter de actos de autoridad, porque si bien cuenta con facultades para determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas, no se encuentra investido de las facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación que surge entre ambos es de igualdad -coordinación-, y al resolver solamente está verificando el cumplimiento de los requisitos para el otorgamiento de una prestación, como lo es de la pensión por viudez; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social, dispone que las controversias entre el instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que, evidentemente, el instituto no puede acudir como autoridad, sino como parte demandada en ese procedimiento. Cobran aplicación al respecto, las jurisprudencias 2a./J. 134/2011 y 2a./J. 9/2008, de rubro y texto siguientes: "SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia. "SEGURO SOCIAL. SON COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO Y SUS RECURSOS, PROMOVIDOS POR LOS TRABAJADORES O SUS BENEFICIARIOS CONTRA LOS ACTOS QUE EXTINGAN O MODIFIQUEN LAS PRESTACIONES QUE INTEGRAN EL RÉGIMEN OBLIGATORIO, LOS ÓRGANOS QUE CONOZCAN DE LA MATERIA LABORAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. CXLIII/2007, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 458, con el rubro: "SEGURO SOCIAL. LA FRACCIÓN XI DEL ARTÍCULO 251 DE LA LEY RELATIVA NO VIOLA LA GARANTÍA DE AUDIENCIA.", sostuvo que al tener las cuotas del seguro social el carácter de contribuciones, y su pago, la naturaleza de una obligación fiscal, la garantía de audiencia puede otorgarse con posterioridad a la baja que ordene el Instituto Mexicano del Seguro Social del régimen obligatorio de los patrones, sujetos obligados y asegurados, por el incumplimiento en el pago de las cuotas respectivas, concretamente a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 294 de la Ley del Seguro Social. Ahora bien, ese criterio, referido a la oportunidad de defensa contra el acto que impida a los trabajadores acceder a las prestaciones en dinero o en especie que dicho Instituto deba proporcionarles por el régimen en el que se encuentran inmersos, dada la naturaleza fiscal de la obligación incumplida, no implica que tales prerrogativas sean de la misma índole, pues se otorgan en función de una relación laboral. En ese sentido, considerando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación también ha sostenido que toda controversia derivada de una relación de trabajo o todo trámite administrativo que apunte a preservar derechos laborales quedarán enmarcados en los objetivos del derecho de trabajo, en caso de que los trabajadores o sus beneficiarios impugnen una resolución que modifique o extinga una prestación del régimen obligatorio del seguro social previamente otorgada, se concluye que son competentes para conocer del juicio de amparo y sus recursos los órganos que conozcan de la materia laboral, una vez agotado el recurso de inconformidad mencionado, o bien, emitida la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a la cual deben acudir aquéllos, conforme al artículo 295 de la ley citada, en el que se establece una diversa vía de impugnación para los patrones y demás obligados, al disponer que las controversias entre éstos y el citado Instituto se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa." Decisión En esa virtud, en términos del numeral 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se VII. R e s u e l v e Único. Se sobresee en el presente juicio de derechos promovido por Gloria Luz Vega, respecto la autoridad y actos reclamados en este juicio, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos III y V de este fallo. Notifíquese; por oficio a la autoridad responsable y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario de juzgado con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.

  3. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Diferimiento de audiencia constitucional. Visto lo de cuenta, se advierte que no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para esta data, en virtud de que mediante proveído de dieciséis de febrero del el año en curso, se dio vista a la parte quejosa, a fin de que manifieste si es su interés ampliar la demanda de amparo. Consecuentemente, se difiere la aludida audiencia y se fijan las nueve horas con treinta y seis del veintiocho de marzo de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Estado de autos. Del estado que guardan los autos de este juicio, se desprende que en la demanda que dio inició al presente juicio de derechos, se señaló como acto reclamado destacado la falta de atención médica en perjuicio de la quejosa atribuido al jefe del departamento de Pensiones Subdelegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social. Asimismo, mediante proveído de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, se agregó el oficio remitido por el representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Ciudad Obregón, Sonora, a través del cual informó que las funciones de aquella autoridad son meramente administrativas, por lo que no proporciona atención médica de ninguna naturaleza. En esa virtud, a fin de brindar certeza y seguridad jurídica, y con ello no generar estado de indefensión a la quejosa, así como evitar violaciones a las normas esenciales del procedimiento, se impone dar vista a la parte quejosa, para que en el plazo de quince días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste si es su deseo o no ampliar su demanda de amparo respecto de una nueva autoridad responsable y, en su caso, precise la denominación correcta y domicilio donde emplazarla. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacer manifestación alguna en dicho plazo, únicamente se continuará la secuela procesal por la autoridad responsable señalada en el escrito inicial de demanda. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Luis Felipe Escalante Pasos, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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