Gloria Luz Sierra Silva

Expediente 1180/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1180/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
28/12/2018

Partes del expediente

  • Gloria Luz Sierra Silva

Actuaciones

  1. Principal

    ... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL CITATORIO DEJADO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE:Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo presentada por Luis Marcelo Melchor Flores, apoderado legal de Gloria Luz Sierra Silva, contra actos de los Magistrados que Integran la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz y otra autoridad, por violación a sus derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 1180/2018-VII-B. INCOMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público y, por ende, de estudio preferente, toda vez que atañen a las facultades que la ley otorga a los Juzgadores para conocer y resolver los asuntos que les son turnados dentro del ámbito de su competencia; por tanto, antes de decidir sobre la admisión de la demanda de amparo que nos ocupa es menester analizar tal cuestión. Para establecer su competencia, no sólo se debe atender al planteamiento hecho en la demanda de amparo, sino que es menester analizarla de manera integral como los demás elementos que se alleguen a la misma para deducir los datos que, razonablemente hagan posible conocer la materia jurídica sobre la que trata el acto reclamado, a fin de estar en aptitud de establecer qué órgano jurisdiccional debe avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior se apoya en la tesis 1a. II/92, sostenida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IX, Mayo de 1992, Materia Común, visible en la página 94, que a la letra dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU." En el caso, de la lectura íntegra del ocurso de demanda que se provee, se advierte que el acto reclamado se hace consistir en la resolución de treinta y uno de octubre de dos mil dieciocho, dictada en el toca civil 1659/2018 del índice de la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad, misma que confirmó la interlocutoria de diez de julio del año en curso, dictada en el juicio ordinario civil 4275/2018 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Córdoba, Veracruz, en la que se desestimó el incidente de incompetencia por declinatoria promovido por la titular de la Dirección de Planeación Catastral del Ayuntamiento de Veracruz, Veracruz. A efecto de proveer lo conducente, se estima factible precisar que el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece las reglas a que ha de sujetarse la competencia de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo, a saber: I. Por regla general, la competencia para conocer de un juicio de amparo se determina en función del lugar en que residan las autoridades en donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se haya ejecutado el acto reclamado; II. Cuando el acto reclamado se ha comenzado a ejecutar en un distrito y continúe ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los Jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, III. Si el acto reclamado no requiere de ejecución material, el Juez de Distrito competente será aquél ante quien se presenta la demanda. En razón de ello, este Juzgado estima carecer de competencia legal para conocer de la demanda de cuenta, ya que el acto reclamado si bien se trata de una resolución declarativa al limitarse a confirmar el auto recurrido, lo cierto es que tiene el efecto positivo de que ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Córdoba, Veracruz, se continúe con el trámite del juicio ordinario civil 4275/2018, el cual como se advierte del propio escrito de demanda está en trámite, particularmente, en la fase de contestación del escrito de demanda. En razón de este, esta Juzgadora considera que el acto reclamado tiene ejecución material en Córdoba, Veracruz, pues, será en aquella ciudad en la que se continuará con el trámite del juicio civil, con motivo de que fue desestimado el incidente de incompetencia hecho valer. Congruente con ello, en términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, debe conocer de la demanda de amparo el juez de Distrito con jurisdicción en el lugar donde deba ejecutarse el acto reclamado y, en el caso, si bien es cierto, el quejoso reclama la resolución dictada por el tribunal de alzada, también lo es, que el juicio ordinario civil 1576/2017 se tramita ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de Córdoba, Veracruz, por ende, quien debe conocer de la demanda promovida por Gloria Luz Sierra Silva, es el juzgado de Distrito en Turno, con residencia en la citada ciudad. En ese contexto, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo y los párrafos Primero y Segundo del Apartado VII, Séptimo Circuito, Punto Cuarto, y transitorios Primero y Segundo del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, resulta competente, por razón de territorio, el Juez de Distrito en el Estado de Veracruz, en turno, con sede en Córdoba, por estar ubicado dentro del territorio donde ejerce jurisdicción, la autoridad que habrá de continuar la secuela del juicio del que deriva el acto combatido. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis número I.1º.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1299, Tomo XIV, Agosto del dos mil uno, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO". . En consecuencia, este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de la presente demanda y con apoyo en los artículos 48, y 37, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, remítase el presente asunto, al juzgado federal que se estima competente para que determine al respecto, solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la demanda y autógrafa de este acuerdo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa el indicado en la demanda de amparo y como autorizados en los amplios términos que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Abraham Eduardo Mendoza Campos, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal; y en los términos que restringe dicho precepto a Pedro de Jesús Sánchez López y Beatriz Contreras Rodríguez, por no contar con tal registro. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no realiza petición expresa para que se supriman sus datos personales de las mismas. Notifíquese; y, personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Alberto Arbea Pérez, que autoriza y da fe. ...

  2. Principal

    el oficio remitido vía correo electrónico oficial por la Secretaria del Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, mediante el cual informa que aceptó la competencia planteada y radicó el juicio de amparo indirecto con el número 1040/2018. ., archívese este asunto como concluido. , este expediente es susceptible de ser destruido.

  3. Principal

    ... los oficios signados por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, y anexos que los acompañan, consistente en los testimonios de las resoluciones dictada en las Quejas 1550/2018 y 156/2018 de su índice, de las que se desprende que la Superioridad en el primero de los testimonios resolvió declarar infundado el recurso de queja y en el segundo desechó el citado medio de impugnación, ambos interpuestos por******************** en su carácter de representante legal de ********************contra el auto de veintinueve de junio del año en curso, en el que se desechó la demanda de garantías. Acúsese recibo vía interconexión a la Superioridad. Hágase las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y, archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el manual para la organización de archivos judiciales vigente a partir del año dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, y dado que en este asunto se desechó de plano la demanda que diera origen al presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de ser destruido. Por lo que, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda a la destrucción, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha.

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