Gloria López Castillo
Expediente 329/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 329/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 19/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Gloria López Castillo
Actuaciones
- Principal
Notificación personal.
- Principal
CONSTANCIA: en virtud de que la PARTE QUEJOSA, no compareció ante este órgano jurisdiccional los días veintitrés o veinticuatro de mayo del año en curso, para que se le practicara la notificación de la resolución dictada el diecinueve de mayo del año en curso, no obstante el aviso que se le dejó para tal fin; se le notifica por medio de lista dicha resolución, la cual dice: Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el proveído dictado el tres de mayo de dos mil dieciséis, mediante el cual se desechó la demanda de garantías promovida por ----- no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2º, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo primero, fracción I del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran cinco años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se dictó resolución en la que se desechó por extemporánea la demanda de garantías. Finalmente, se previene a la quejosa, para que en un plazo de noventa días naturales, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acuda a este recinto jurisdiccional a recoger la documental que exhibió en original en el presente juicio, bajo apercibimiento que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos con el presente expediente, como se previene en el Acuerdo General conjunto número 1/2009 de que se trata.
- Principal
CONSTANCIA: En virtud de que la PARTE QUEJOSA, no compareció ante este órgano jurisdiccional los días seis o nueve de mayo del año en curso, para que se le practicara la notificación del proveído de tres del citado mes y año, no obstante el aviso que se le dejó para tal fin; se le notifica por medio de lista dicho acuerdo, el cual dice: Visto lo de cuenta, se provee: téngase por recibida la demanda de amparo que promueve ***, por su propio derecho; contra actos del Juez Primero Civil de Partido de Silao, Guanajuato; que considera violatorios en su perjuicio de las garantías contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Regístrese en el libro de gobierno con el número 329/2016-VIII; y, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, es necesario traer a colación lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De la lectura del artículo citado, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. Ahora bien, un motivo de improcedencia manifiesto e indudable es aquel que está plenamente acreditado y no requiere mayor demostración, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito íntegro de demanda; además, da la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata, es operante al caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar las partes, y considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o en virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de manera que los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que se hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido. Del análisis integro de la demanda, se advierte que la peticionaria de amparo precisó, que el acto reclamado se hace consistir en: "IV.- Actos reclamados: La aprobación al inventario y avalúo, así como el acuerdo donde se pone a la vista el proyecto de partición dentro del expediente *** ventilado en el Juzgado Primero Civil de Partido de la ciudad de SILAO GTO; en el sentido del que se escriture y se ponga en posesión a todos y cada uno de los coherederos la casa habitación ubicada en ***, donde no fui parte, por ende no fui oída ni vencida en juicio, por lo cual solicito EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a efecto de que se ordene la reposición del procedimiento para que no se violenten mis garantías de audiencia, seguridad jurídica y derechos humanos." En la especie, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo vigente, en virtud de que la demanda de garantías fue presentada de manera extemporánea. A fin de evidenciar lo anterior, resulta necesario reproducir el texto del citado artículo 61 de la Ley de Amparo y la fracción de referencia, mismos que a la letra establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "(...)" "XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Del citado numeral se desprende que es improcedente el juicio de amparo contra actos consentidos tácitamente, esto es, en contra de aquellos en que no se promueva el juicio de garantías dentro del término establecido por los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente. Por su parte, los referidos preceptos legales establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Así, del último de los preceptos legales invocados se evidencia que la Ley de Amparo vigente establece tres momentos a partir de los cuales debe computarse el plazo de quince días para la interposición del juicio de garantías, los cuales se cuentan, respectivamente, a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento del mismo; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. Es decir, conforme al artículo 18 de la Ley de Amparo vigente, el juicio de garantías debe promoverse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, pero también permite al quejoso promoverlo desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución, e incluso, al en que se haya ostentado sabedor de los mismos. Así, resulta clara la intención del legislador en establecer que el inicio del cómputo para la promoción del juicio de garantías, fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en dicho precepto legal, de lo que se sigue que los mismos son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno. Por otra parte, es pertinente destacar que el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, de forma general, establece el plazo para promover el juicio de amparo, ya sea en la vía directa o indirecta. Por tanto, la esencia del referido numeral 17, se sustenta en el conocimiento del acto reclamado, puesto que es suficiente que en la demanda de garantías el promovente manifieste la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado, para que ésta constituya el punto de partida a efecto de determinar la oportunidad del juicio de amparo, siempre y cuando no exista prueba que demuestre lo contrario. En el caso concreto, de las manifestaciones vertidas por la propia quejosa en su escrito de demanda, a las que se les otorga valor pleno como CONFESIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 95, en relación con los numerales 199 y 200, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo autoriza su numeral 2, y en atención a la jurisprudencia 2ª./J.50/2002 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 64, Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "AMPARO CONTRA LEYES. EL MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE SU IMPROCEDENCIA, PUEDE SUSTENTARSE EN LA CONFESIÓN DEL QUEJOSO DE QUE NO RECLAMA EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN SINO UNO POSTERIOR." Así, como del contenido integro de la demanda en estudio, se advierte que se promovió de forma extemporánea, al haberse presentado después de los quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente. Ciertamente, en el caso, se tiene que la parte quejosa, en su escrito de demanda de amparo manifestó bajo protesta de decir verdad que tuvo conocimiento del acto reclamado el día siete de abril de dos mil dieciséis, por la publicación en lista dentro de los estrados del Juzgado Primero Civil, de la ciudad de Silao, Guanajuato, lo que se desprende del apartado de "HECHOS", en el número 2, plasmado en su demanda de amparo, mismo que señala: "2.- La señora *** junto con sus hermanos promovieron Juicio Sucesorio Intestamentario a bienes del finado *** que recayó en el expediente *** ventilado en el Juzgado Primero Civil de Partido de la ciudad de SILAO, GTO, respecto de la casa habitación ubicado en ***, bien inmueble del cual la suscrita *** soy posesora y propietaria del mismo desde hace más de treinta años tal y como lo demuestro y acredito con la documental agregada en el presente juicio de garantías. Haciendo del conocimiento a su Señoría que la suscrita *** no tengo personalidad en el expediente *** radicado como ya se dijo en el Juzgado Primero Civil de Partido de la ciudad de SILAO, GUANAJUATO, bien inmueble que como ya lo menciono la suscrita, me encuentro en propiedad y posesión desde la fecha en que celebramos el contrato privado de compraventa entre la suscrita y el ahora finado *** siendo esto el día 15 de enero de 1976, como se desprende de la documental agregada en el escrito de demanda de garantías. Es de vital importancia hacer de su conocimiento que la suscrita *** he tenido conocimiento por constancia de autos, del expediente ***, de que la señora *** representante legal de la sucesión a bienes del finado *** pretende adjudicar el inmueble a favor de todos y cada uno de los coherederos y que se le otorgue una escritura pública en copropiedad del inmueble y que se le ponga en posesión del bien inmueble antes mencionado y ello ocasiona graves afectaciones a la esfera jurídica de la suscrita *** violándose en mi prejuicio(sic) las garantías de seguridad, audiencia y legalidad consagradas en Nuestra Carta Magna pues la suscrita no he sido oída, ni vencida en juicio ya que al llevarse a cabo dichos actos, dejarían a la suscrita en total estado de indefensión, agregando a la presente impresión de la consulta de la página del poder judicial, haciendo mención a su Señoría que tuve conocimiento el día 07 de abril del presente año, por la publicación en lista dentro de los estrados del Juzgado Primero Civil de la ciudad de Silao, Guanajuato, del acuerdo que recae a la oposición respecto del proyecto de partición presentado por el albacea, dentro del expediente ***, ventilado en el Juzgado Primero Civil de Partido de la Ciudad de Silao, Guanajuato, incidente de oposición presentado por el señor ***, el cual manifiesta que no acepta el proyecto de partición por que los bienes se encuentran afectados por terceros ajenos a juicio y que es obligación de la albacea entregarlos libres de cualquier gravamen y afectación, incidente de oposición que salió en lista el día 7 de abril del presente año y en el cual la suscrita una vez que me entere de dicho juicio, me di a la tarea de investigar por terceras personas que bienes conforman el acervo hereditario de dicho expediente y me enteré por dichos de ***, que mi propiedad también estaba dentro del proyecto de partición en dicho juicio. Por tanto, la citada fecha (siete de abril de dos mil dieciséis), se debe tomar como base para realizar el cómputo del término de los quince días a que se refieren los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo vigente. En tales condiciones, el plazo para promover la demanda de amparo transcurrió del ocho al veintiocho de abril de dos mil dieciséis, sin contar los días nueve, diez, dieciséis, diecisiete, veintitrés y veinticuatro del mismo mes y año, por ser sábados y domingos, inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo; por lo tanto, es evidente que la quejosa consintió el acto reclamado, toda vez que a la fecha de presentación de la demanda de amparo (veintinueve de abril de dos mil dieciséis), transcurrió evidentemente el término de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de la materia, para que las partes puedan promover el juicio de garantías. En mérito de lo anterior, si la demanda de amparo se presentó el veintinueve de abril dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, como se advierte del sello que obra a foja dos de autos, resulta claro que el presente juicio de amparo, como se dijo, se encuentra fuera del plazo legal establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, por lo que ese acto debe considerarse consentido tácitamente. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, se desecha la presente demanda por ser notoriamente improcedente, en términos del artículo 61, fracción XIV, de la ley en cita, ya que la misma no fue interpuesta dentro del término legal que marca la ley de la materia, respecto al acto en análisis. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda; asimismo, se autoriza en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, en virtud de que cuentan con cédula profesional de licenciado en derecho registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, previsto por el Acuerdo General 24/2005 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. De igual forma, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Finalmente, con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo.
- Principal
Notifíquese de manera personal a la parte quejosa.
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