Gloria Lilia Beauregard Pérez

Expediente 731/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tabasco. 4 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
731/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
10/06/2019

Partes del expediente

  • Gloria Lilia Beauregard Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    Cúmplase...

  2. Principal

    Causa estado, archivo y destruible...

  3. Principal

    Notifíquese personalmente...

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso C de la Ley de Amparo notifico por medio de lista a la parte quejosa ********************** el proveído de 21 de mayo de 2019, que a la letra dice: Villahermosa, Tabasco, veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. RADICACIÓN DE LA DEMANDA Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Gloria Lilia Beauregard Pérez, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, de esta ciudad capital; regístrese en el libro de gobierno bajo el índice 731/2019-VI-11 y fórmese expediente. ANÁLISIS DE LA DEMANDA Ahora, de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar ante todo, el escrito de demanda y, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Proceder que tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17 Constitucional, que consagra el derecho fundamental a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO Al analizar la demanda de amparo presentada por el quejoso, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de la Materia, se aprecia que destaca como acto reclamado el siguiente: ? La omisión por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, de dictar resolución interlocutoria en el incidente de liquidación, planteado en el expediente laboral de origen 623/2007. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Quien esto resuelve, de oficio advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]" En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 294/2018, sostuvo que si bien a través de la jurisprudencia de rubro "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS." , estableció que el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra dilaciones intraprocesales que no afectan derechos sustantivos, a excepción que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso el juicio será procedente. Sin embargo, dicha Sala también expuso que dada la complejidad para fijar un lapso genérico de duración de la demora reclamada a la autoridad responsable, para determinar si ha incurrido en una dilación abierta del procedimiento o la paralización total del mismo y, con el fin de establecer un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes; determinó que para la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntivamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de derechos fundamentales procederá cuando hayan transcurrido más de cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la conclusión del plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, por ser ese el período máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo, tolera para que el controvertido laboral permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador. Contradicción de tesis citada en párrafos que anteceden, que dio origen a la Jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la publicación semanal del viernes 01 de marzo de 2019 10:04 h, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2019400, cuyo rubro y texto rezan: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En esa tesitura, este Juzgado Federal estima que el acto omisivo en esta vía reclamado, no constituye una abierta dilación del procedimiento laboral de origen o paralización del mismo, que haga procedente el juicio de derechos humanos por la afectación material a derechos sustantivos, pues atento a la narrativa de la parte quejosa en su demanda, asevera que la responsable en audiencia incidental de liquidación de quince de mayo del año en curso, celebrada en el expediente 623/2007, se reservó el derecho para emitir la resolución correspondiente. Así es, el artículo 8 fracción II de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Tabasco, establece que en los casos no previstos en la misma se aplicará supletoriamente la Ley Federal del Trabajo; por su parte, el artículo 763, último párrafo de la última citada, establece que los incidentes que no tengan una tramitación especial se resolverán de plano oyendo a las partes. Así las cosas, la parte quejosa bajo protesta de decir verdad manifestó que el quince de mayo del año en curso, se celebró la audiencia incidental de liquidación, en la que la autoridad responsable debía dictar la resolución interlocutoria respectiva. Motivo por el cual, el plazo de cuarenta y cinco días naturales que establece la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.) transcrita en retro líneas, transcurre del dieciséis de mayo al veintinueve de junio del año en curso; por tanto, si la parte quejosa acude al amparo el veinte de mayo de dos mil diecinueve (según la constancia de registro que emite la Oficina de Correspondencia Común), es válido jurídicamente establecer que la autoridad responsable no ha incurrido en una dilación abierta del procedimiento o paralización total del mismo. Datos fácticos se sintetizan en el siguiente cuadro: TIPO DE JUICIO Y No. DE EXPEDIENTE SINTESIS DE ACTO FECHA DE CONCLUSIÓN DE PLAZO LEGAL FECHA DE CONCLUSIÓN (45 DÍAS NATURALES) FECHA SEÑALADA PARA LA ACTUACIÓN Laboral 623/2007 Omisión de dictar resolución interlocutoria 15/05/2019. 15/05/2019 29/06/2019 N/A En consecuencia, LO PROCEDENTE ES DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, al haberse actualizado la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107 fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Por otro lado, tomando en cuenta la carga de trabajo de este Tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la nueva Ley de Amparo, se faculta al Actuario judicial de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de garantía constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZACIÓN. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que señala en su escrito inicial de demanda, y con fundamento en los artículos 12 y 24 de la Ley de Amparo, téngase a quienes menciona como autorizados en términos amplios, por tratarse de un asunto en materia laboral, promovido por la parte trabajadora. MEDIOS DIGITALES. Este Juzgado autoriza la toma de las actuaciones mediante cámaras, grabadoras o lectores ópticos, ello con fundamento en la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Para dicha práctica podrán intervenir únicamente el promovente y sus autorizados siempre y cuando no se contraríe la función jurisdiccional de este Juzgado y con el cuidado de que las herramientas sean utilizadas preservando la integridad del expediente. En el entendido de que las reproducciones se autorizan con el fin de que se impongan de los autos, tal y como lo dispone el artículo 12 de la Ley de Amparo, por lo que el uso y reproducción posterior de las citadas imágenes será bajo su más estricta responsabilidad, en términos de la legislación aplicable en materia de protección de datos personales e información pública. TRANSPARENCIA De conformidad con los artículos 6, inciso A, fracciones I, II y III de la Carta Magna, 1, 20 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 68, 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales (los cuales serán resguardados); ello, amén de que, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o a las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, la unidad administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal oposición puede o no surtir sus efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o demás constancias contiene información considerada como reservada o confidencial. Además, conforme lo dispuesto en los artículos 1° fracción VI, 54, 55, 56, 57 y 65 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, se ordena a la Secretaria de este Juzgado encargada del trámite del expediente, que elabore la versión pública del mismo, siguiendo los lineamientos que al efecto establecen los ordenamientos citados, con la subsecuente captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Finalmente, atento a lo establecido en el artículo 3º de la Ley de Amparo, así como al Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena la integración del sumario y la digitalización de constancias para que coincidan íntegramente el expediente impreso con el electrónico...

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