Gloria Isabel Martínez Wong

Expediente 155/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 6 actuaciones registradas, la última del 9 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
155/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
09/06/2022

Partes del expediente

  • Gloria Isabel Martínez Wong

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    JUICIO DE AMPARO 155/2022-V.. Puebla, Puebla, nueve de junio de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal del juicio, se observa que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra el proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, en el cual se tuvo por no presentada su demanda de tutela constitucional. Entonces, con fundamento en los artículos 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al numeral 2 de la Ley de Amparo, SE DECLARA QUE EL REFERIDO ACUERDO CAUSÓ ESTADO (QUEDÓ FIRME). Anotaciones internas. Se instruye a la oficial encargada de los libros de gobierno, y al Oficial Judicial A del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) que realicen las anotaciones correspondientes a la declaración de firmeza procesal. Archivo. En términos del artículo 3, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se ordena el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Por lo que en uso de la facultad conferida por los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, esta juzgadora, previo análisis de las constancias, estima que el presente asunto carece de relevancia documental porque no se ubica en alguna de las hipótesis previstas por el artículo 15 del referido acuerdo. Además, con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 de ese Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se determina que el sumario constitucional es susceptible de destrucción, lo cual deberá acaecer dentro de los treinta días siguientes al que se cumpla el plazo de conservación de tres años. Ello, porque se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso b), del referido acuerdo, ya que en el proveído de veintisiete de mayo de dos mil veintidós, se tuvo por no presentada la demanda de amparo -lo cual implica una resolución que sin decidir el juicio lo dio por concluido-. Resguardo del expediente. Con fundamento en el artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales -publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticinco de marzo de dos mil veinte-, se determina que este juicio deberá resguardarse en el archivo físico de este juzgado, durante el lapso de tres años. Una vez termine el referido lapso, deberá procederse a la destrucción. Carátula del expediente. Se instruye al secretario encargado de la tramitación de este expediente para efectos de que realice las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente; ello, conforme al sello autorizado para tal efecto. También, de conformidad con el artículo 25, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, deberá certificar la coincidencia de la versión electrónica con la totalidad de la versión impresa. Revisión del expediente. Se instruye al secretario que haga la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) a efecto de verificar que el expediente físico coincida con el expediente electrónico. Ello en cumplimiento al artículo 3 párrafo octavo, de la Ley de Amparo. Notificación del presente proveído. Se descarta la notificación personal de este acuerdo a la parte quejosa, porque ningún derecho procesal tiene por ejercer en la declaración de causa estado. Aunado a que si deseara conocer el estado del presente asunto, puede solicitarlo. De ahí que este proveído se le habrá de notificar por medio de lista, sobre todo porque se trata de un asunto concluido.

  2. Principal

    JUICIO DE AMPARO 155/2022-V. Puebla, Puebla, veintisiete de mayo de dos mil veintidós. Demanda no presentada. Visto el estado procesal del presente juicio, se advierte que el plazo de cinco días otorgado a la parte quejosa en proveído de dieciséis de mayo del año en curso, transcurrió del diecinueve al veinticinco de mayo de dos mil veintidós, como se desprende de la certificación secretarial previa. Además, ese plazo transcurrió sin que la parte quejosa desahogara la prevención contenida en el proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintidós. En consecuencia, se le hace efectivo el apercibimiento formulado en ese acuerdo, y se declara no presentada la demanda que originó el presente juicio de tutela constitucional. Notifíquese de forma personal a la parte quejosa en su domicilio procesal (las listas de este juzgado).

  3. Principal

    155/2022 Puebla, Puebla, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Prevención. La lectura integral que se hizo a la demanda de protección, llevó a encontrar irregularidades en los actos reclamados por los antecedentes que relató la quejosa, motivo por el cual debe requerirse la aclaración respectiva. Para demostrarlo, se hace notar que el capítulo de actos conduciría a visualizar el reclamo de los siguientes: ".orden de aprehensión y/o reaprehensión girada en mi contra y su ejecución..". Pero los antecedentes relatados por la quejosa bajo protesta de decir verdad, reflejan que esta no tiene conocimiento de alguna causa penal instruida en su contra. Ello hace irregular el reclamo que hizo contra la orden de reaprehensión, porque este acto jurídico sólo puede librarlo un juez penal en el trámite de una causa donde el inculpado ya recibió un auto de formal prisión, o bien cuando ya está vinculado a proceso -en las causas del sistema penal acusatorio-. De modo que si la quejosa no tiene conocimiento de alguna causa instruida en su contra, debe considerarse inviable el reclamo que hizo contra la orden de reaprehensión. Sobre todo porque los antecedentes que relató bajo protesta de decir verdad, sólo hacen procedente el diverso acto que reclamó a los jueces federales: la orden de aprehensión. Porque si bien las órdenes de aprehensión y reaprehensión, tienen como finalidad privar de la libertad a una persona, técnicamente son diferentes. Ello es así pues la orden de aprehensión es una resolución judicial en la que, con base en la solicitud del agente del Ministerio Público y una vez satisfechos los requisitos del artículo 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena capturar a una persona, para ponerla a disposición de la autoridad que la reclama, a fin de que conozca la conducta ilícita que se le atribuye. En cambio, la orden de reaprehensión constituye una determinación judicial emitida para que la persona que ya se encuentra sujeta a un proceso penal, cumpla con una obligación procesal que dejó de hacer, o bien, con la sanción impuesta, en su caso; de ahí que para la emisión de este tipo de resoluciones no se requiere que la autoridad judicial emisora se pronuncie en torno al acreditamiento del cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a diferencia de una orden de aprehensión, en la que se estima indispensable el análisis de ambas categorías procesales. Por lo que dicha la aclaración debe realizarla la quejosa toda vez que la figura de suplencia está limitada a la expresión de conceptos de violación y agravios, motivo por el cual es inviable perfeccionar los actos reclamados, dado que esto corresponde a quien suscribe la demanda en términos del artículo 108, fracción IV, de la Ley de Amparo. De ahí la necesidad de que se aclare la demanda. Así, con fundamento en los artículos 108, fracción IV, 114 fracciones I, II y IV, de la Ley de Amparo, se requiere a la quejosa para que en el plazo de cinco días siguientes a la fecha cuando le surta efectos la notificación de este acuerdo, presente escrito aclaratorio en el cual: 1. Manifieste si el reclamo de su demanda de amparo está dirigido en forma exclusiva a la orden de aprehensión y su ejecución, conforme a los antecedentes que relató bajo protesta de decir verdad; y 2. Si pretendiera mantener el reclamo de la orden de reaprehensión, deberá indicar el número de causa donde haya recibido un auto de formal prisión o un auto de vinculación a proceso, así como precisar el juzgado donde se encuentre radicada esa causa y sus antecedentes. Conviene indicar a la quejosa un aspecto importante: esta juzgadora ya revisó los antecedentes relatados en la demanda, motivo por el cual debe evitar (la quejosa) la introducción de antecedentes novedosos, es decir, que presenten un escenario jurídico distinto al que ya informa la demanda origen de este juicio, porque ello podría implicar la comisión del delito especial previsto en el artículo 261 fracción I, de la Ley de Amparo, que debería informarse al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito para que le instruya una carpeta de investigación, como lo ha establecido el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en tesis jurisprudenciales recientes. Al margen de lo anterior, se informa a la quejosa que las diferencias que llegaran a detectarse en la firma de su escrito aclaratorio -si lo presenta-, con la firma puesta en la demanda de amparo, podría obligar a disponer un requerimiento para que la ratifique, conforme a los lineamientos aplicables a la situación actual de contingencia sanitaria. Escrito aclaratorio. Se requiere a la quejosa que presente escrito aclaratorio, para lo cual deberá atender el numeral 110 de la Ley de Amparo, el cual dispone la obligación de exhibir copias para cada una de las partes, y dos para el incidente de suspensión. Apercibimiento. Se formula a la quejosa el apercibimiento siguiente: de no presentar el escrito aclaratorio, en el plazo otorgado para tal efecto (por las irregularidades mencionadas), se tendrá no presentada la demanda, como lo ordena el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Domicilio procesal de la quejosa y autorizado. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones, las listas que se publican en este juzgado y a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Máxime que señaló los estrados (sic) como domicilio para recibir notificaciones personales. Por otro lado, queda autorizado en términos restringidos del numeral 24 de la Ley de Amparo, el único profesionista nombrado por aquél en el primer acápite de la demanda, porque no tiene registrada su cédula profesional en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, al margen de que la quejosa parece haber intentado otorgarle facultades amplias.Notifíquese; en forma personal a la quejosa en su domicilio procesal (por lista); y por oficio al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y de Trabajo del Decimotercer Circuito, con sede en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca; y cúmplase

  4. Principal

    JUICIO DE AMPARO 155/2022-V. Puebla, Puebla, dos de marzo de dos mil veintidós. Informa admisión de conflicto competencial Se agrega al expediente el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y del Trabajo del Décimo Tercer Circuito, en el cual informa la admisión del conflicto competencial suscitado entre el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca con residencia en San Bartolo Coyotepec, y este juzgado federal, el cual quedó registrado bajo el número * de su índice. De lo cual esta operadora jurídica toma nota para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

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