Gloria Isabel Martínez Balseca

Expediente 1054/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1054/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
04/10/2022

Partes del expediente

  • Gloria Isabel Martínez Balseca

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de octubre de dos mil veintidós. Vistos los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el acuerdo que desechó la demanda de amparo, sin que lo haya hecho. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha determinación ha causado estado. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional se desechó la demanda de amparo, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    ". . . San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Vista la razón asentada por la actuaria judicial adscrita de diecinueve de septiembre del actual, en la cual hace constar que no fue posible notificar a la parte quejosa el proveído dictado el doce de este mes y anualidad, debido a que en el domicilio que señaló para recibir notificaciones, la persona con quien fue atendida le manifestó que no conoce a la impetrante de amparo ni a sus autorizados. Por tanto, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar a la parte quejosa el citado acuerdo y los subsecuentes -aún lo de carácter personal- por lista, hasta en tanto, proporcione nuevo domicilio para tales efectos. Notifíquese y cúmplase. - - - - - - I N S E R C I Ó N. - - San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo1 y regístrese con el progresivo 1054/2022. Desechamiento. Ahora, de conformidad con lo establecido por el numeral 113 de la Ley de Amparo este Juzgado de Distrito procede a efectuar el análisis de la demanda de amparo, dado que se advierte que esta instancia es improcedente por las razones que se expondrán a continuación. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano De la disposición inserta se desprende que el Juez de Distrito debe examinar el escrito inicial y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia lo desechará de plano; lo que es así porque en atención al derecho fundamental de administrar justicia de manera pronta y expedita consagrado por el ordinal 17 de la Constitución Federal no es factible dar trámite a las demandas de amparo notoriamente improcedentes para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que desde un inicio se advierte que resultará indudablemente improcedente. Precisa destacar que por motivo manifiesto se entiende lo que se advierte clara y patentemente y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y la plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento relativo no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o porque estén acreditados con datos de juicio indubitables, de modo tal que el informe justificado que rinda la autoridad responsable, los alegatos y las pruebas que las partes pudieran aportar o hacer valer en el procedimiento sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Tal tiene como base lo previsto por el artículo 17 de la Constitución Federal que consagra el derecho fundamental de acceso a la justicia e impone como deber a los órganos jurisdiccionales de salvaguardar esa prerrogativa de manera pronta y expedita, dado que no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia XVII 2º J/11, localizable la página seiscientos cuarenta y ocho, del tomo IX, enero de mil novecientos noventa y nueve, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, bajo el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." Ahora bien, de un análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama: Del juez de Control del Distrito Judicial de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca:  La determinación emitida para que comparezca a la formulación de imputación que hará en su contra el agente del Ministerio Público de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca. En ese sentido, tomando en consideración la naturaleza del acto reclamado, se desprende que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la ley de la materia; motivo de improcedencia que desde luego, es notorio y manifiesto. Los artículos citados, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. [.]" De la anterior transcripción se advierte que el juicio de amparo indirecto procede únicamente contra actos emitidos fuera de juicio, por lo que interpretando a contrario sentido, la improcedencia se actualiza cuando aún y siendo un acto fuera de juicio ello no se traduce en un acto de imposible reparación. Para corroborar lo antes expuesto, es importante asentar que la etapa con la que inicia el nuevo sistema de justicia penal es la denominada de investigación inicial o desformalizada, la cual tiene como finalidad que el Ministerio Público, la policía y los peritos, recaben los datos de prueba para la acreditación del hecho delictivo, así como la probable participación de un sujeto en su comisión, iniciando la integración de la carpeta de investigación. Ello, como dispone el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se trascribe a continuación: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme." De la anterior trascripción se tiene que la etapa investigación posee dos fases, a saber: Investigación inicial. En esta fase los investigadores recaban los datos de prueba necesarios para la formulación de la imputación, o si existe una persona detenida, los elementos necesarios para sustentar la legalidad de la detención, en esta etapa aún no se hace del conocimiento del juez la investigación, por eso se le conoce como investigación no judicializada que se sigue por la comisión de un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que un sujeto haya participado en su comisión. Investigación Complementaria: Esta fase también es conocida como investigación judicializada, pues a partir de este momento el juez y el imputado conocen de la investigación, con ello, se inician las demás actuaciones procesales tales como la solicitud de la vinculación a proceso, la aplicación de medidas cautelares y el establecimiento de un plazo para culminar o cerrar la investigación. Ahora, el numeral 141 del citado ordenamiento legal establece lo siguiente: "Artículo 141. Citatorio, orden de comparecencia y aprehensión. Cuando se haya presentado denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público anuncie que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, el Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá ordenar: I. Citatorio al imputado para la audiencia inicial; II. Orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, y III. Orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. En la clasificación jurídica que realice el Ministerio Público se especificará el tipo penal que se atribuye, el grado de ejecución del hecho, la forma de intervención y la naturaleza dolosa o culposa de la conducta, sin perjuicio de que con posterioridad proceda la reclasificación correspondiente. También podrá ordenarse la aprehensión de una persona cuando resista o evada la orden de comparecencia judicial y el delito que se le impute merezca pena privativa de la libertad. La autoridad judicial declarará sustraído a la acción de la justicia al imputado que, sin causa justificada, no comparezca a una citación judicial, se fugue del establecimiento o lugar donde esté detenido o se ausente de su domicilio sin aviso, teniendo la obligación de darlo. En cualquier caso, la declaración dará lugar a la emisión de una orden de aprehensión en contra del imputado que se haya sustraído de la acción de la justicia. El Juez podrá dictar orden de reaprehensión en caso de que el Ministerio Público lo solicite para detener a un imputado cuya extradición a otro país hubiera dado lugar a la suspensión de un procedimiento penal, cuando en el Estado requirente el procedimiento para el cual fue extraditado haya concluido. El Ministerio Público podrá solicitar una orden de aprehensión en el caso de que se incumpla una medida cautelar, en los términos del artículo 174, y el Juez de control la podrá dictar en el caso de que lo estime estrictamente necesario." En ese sentido, de un estudio sistemático de las fracciones I y II del numeral del artículo previamente citado, se advierte que la citación de una persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del juez, a petición del Ministerio Público; esto es así, toda vez que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar, lo que en caso de estimarlo conveniente podría combatir a través del recurso ordinario previsto para tal efecto o incluso, a través del juicio de amparo biinstancial. Sin que pase desapercibido a lo anterior, el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, a estar condicionado a que no asistan sin justificación y el Ministerio Público solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del imputado. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 1a./J.78/2018(10a.)2 , de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 97/2013, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 93/2013 (10a.), interpretó las legislaciones adjetivas penales de los Estados de Chihuahua y Durango y sustentó que la orden de citación al investigado a la audiencia de formulación de imputación, con apercibimiento de aprehensión en caso de no comparecer, transgrede el derecho a la libertad deambulatoria, pues coloca al individuo en una situación ineludible de obediencia ante un mandato judicial, lo que se traduce en un acto de imposible reparación susceptible de ser impugnado a través del juicio de amparo indirecto. Ahora bien, de una nueva reflexión, esta Primera Sala estima necesario interrumpir ese criterio jurisprudencial, porque la regulación de la citación a esa audiencia en las legislaciones locales mencionadas, es semejante a la prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales para la citación a la audiencia inicial, y de la lectura sistemática de las fracciones I y II del artículo mencionado, se advierte que la citación de la persona investigada a la audiencia inicial en la que habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte su libertad personal, al tratarse de una simple comunicación del Juez, a petición del Ministerio Público, en el sentido de que se requiere su presencia para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación que se sigue en su contra y se formulará la imputación respectiva; audiencia en la que podrá o no ser vinculado a proceso y, en su caso, sometido a una medida cautelar. No obsta a lo anterior el hecho de que conforme a la fracción II del precepto citado, en caso de no comparecer injustificadamente, pueda ordenarse su comparecencia forzosa, pues ello es un acto futuro de realización incierta, al estar condicionado a que el citado no asista, sin justificación, y el representante social solicite que se ordene su comparecencia mediante la fuerza pública, por lo que ese acto de comunicación, como tal, no incide en la libertad personal del citado. De ahí que contra el auto que ordena la citación del investigado a la audiencia inicial es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues se trata de un acto judicial fuera de juicio que no afecta la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo." (Énfasis añadido) En ese contexto, si en el caso que nos ocupa, como se adelantó, la quejosa Gloria Isabel Martínez Balseca reclama del juez de Control del Distrito Judicial de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca, la determinación emitida para que comparezca a la formulación de imputación que hará en su contra el agente del Ministerio Público de Santiago Pinotepa Nacional, Oaxaca; es notorio que esa determinación no afecta su libertad personal, pues se trata de una mera comunicación de la citada responsable de que se formalizará la investigación que se sigue en su contra. Citación que no incide en su libertad personal, pues en dicho acto procesal únicamente se formalizará la investigación que se sigue en su contra y será lo que se resuelva en dicha audiencia lo que, en su caso, pueda generarle perjuicio, pero que puede ser impugnado en la vía conducente, sin que se le deje en estado de indefensión. Aunado a que, su eventual privación de la libertad, a fin de que sea hecho comparecer de manera forzosa, es un acto futuro de realización incierta, condicionada a que no asista sin justificación y que el Ministerio Público a lo solicite. Por lo antes expuesto, con fundamento en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo por actualizarse de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en relación con los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos del ordenamiento legal invocado. Domicilio para recibir notificaciones y autorizados de la parte quejosa. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica. Por otro lado, se autoriza con las restricciones a que refiere el precepto 24, párrafo segundo de la Ley de Amparo, a la persona que señala, debido a que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales. Juicio en línea. Toda vez que se advierte la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), esto con apoyo en el artículo 2 del Acuerdo General 8/2020 y la Circular 7/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y del Secretario Ejecutivo de la Comisión Especial de dicho Consejo. Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3°, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Herramientas a disposición de las partes, para la consulta del expediente. Se hace del conocimiento de las partes que con base en el referido acuerdo general 21/2020, pueden comunicarse a este órgano jurisdiccional vía telefónica y por correo electrónico a fin de conocer el estado procesal de su asunto, para tal fin pueden acceder al sitio de internet serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea en donde encontrarán el micrositio "Servicios Jurisdiccionales" a través del cual pueden consultar las listas de acuerdos y de sesión de Juzgados y Tribunales de Circuito, el directorio de órganos jurisdiccionales, así como agendar una cita para acudir a este Juzgado a consultar este expediente. En el entendido de que deberán ajustarse al procedimiento indicado en los artículos 3 a 7 del multicitado acuerdo 21/2020, para generar un código QR individualizado, a fin de que asista un máximo de dos personas por cita, quienes deberán identificarse debidamente, someterse al control sanitario de ingreso y respetar las medidas de sana distancia conforme a la señalización respectiva (flechas en áreas de tránsito y cuadros en las áreas de espera y atención), evitar permanecer en las áreas destinadas al tránsito y usar cubrebocas en todo momento. Uso de medios electrónicos. Como no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza puedan hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, las actuaciones o las resoluciones que se dicten en este asunto por el Titular de este Juzgado, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la secretaría de este órgano jurisdiccional, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Tribunal; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Expediente electrónico. Se hace del conocimiento de las partes que están en posibilidad de así estimarlo de consultar por vía electrónica las promociones, los acuerdos, las resoluciones y las demás constancias que integran su expediente de amparo, para lo cual deberán sujetarse a las reglas previstas por el Acuerdo General Adjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los órganos del Consejo de la Judicatura Federal. Protección de datos. Hágase saber a las partes que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y la confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en lo establecido por el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar se testarán las palabras, las frases o los párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este Juzgado alguna obligación d transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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