Gloria Irazema Rosaldo de la Vega

Expediente 678/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
678/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
21/09/2023

Partes del expediente

  • Gloria Irazema Rosaldo de la Vega

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se negó la protección constitucional; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Archívese el expediente como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. Tomando en consideración que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se concluye que no es de relevancia documental. En términos del artículo 17, fracción III, inciso a) de dicho ordenamiento, se hace la observación de que el expediente es conservable, en razón de que se negó el amparo. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XX, del Acuerdo General de referencia. En cumplimiento al artículo 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, en relación con la publicación de la totalidad de las sentencias, así como la implementación del buscador de resoluciones especializado en el sistema de justicia penal adversarial, y la circular interna 03/2022 de veintisiete de abril de dos mil veintidós, el secretario encargado de la tramitación del expediente certificó que la versión pública del fallo dictado en el presente asunto está disponible en la liga institucional: https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios%2Fexpedientes.htm y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    día y hora señalados para la CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en el juicio de amparo 678/2023; el Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ..., asistido de ..., Secretaria que autoriza y da fe, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, la declara abierta sin la asistencia de las partes. A continuación la Secretaria hace relación de las constancias que obran agregadas en autos, y da cuenta con: A) Demanda de amparo; y, B) Oficio por el cual la autoridad responsable rindió su informe justificado. Al efecto se acuerda: Téngase por hecha la relación que antecede para los efectos legales conducentes. A continuación se procede a la apertura del período probatorio, en el que se hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Al no haber elementos de convicción por desahogar, se cierra el presente periodo y se abre la etapa de alegatos, donde se hace constar que ninguna de las partes los formuló; por lo que se cierra esta etapa. Con lo anterior, se da por terminada la audiencia que firma el Juez con la Secretaria que da fe para constancia legal, procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.

  3. Principal

    VISTOS para resolver el juicio de amparo 678/2023, promovido por ..., contra actos del Juez Primero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México; y RESULTANDO PRIMERO. Demanda. El ocho de junio de dos mil veintitrés, la quejosa solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, aduciendo que se violentaron en su perjuicio los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales. SEGUNDO. Admisión de la demanda y substanciación del proceso. La demanda se remitió a este órgano federal, donde se admitió el dieciséis de junio de la presente anualidad. En ese acuerdo, se dio intervención a la representante social de la Federación adscrita; requirió el informe justificado; y fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. El juez responsable rindió su informe justificado, la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita no formuló intervención; finalmente, la audiencia constitucional tuvo lugar en los términos del acta que antecede; y CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, es competente para conocer y resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 37 y 107 fracción IV de la Ley de Amparo, en atención a que se trata de un amparo indirecto promovido contra actos derivados de un proceso de naturaleza mercantil, seguido ante un tribunal del orden común con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Conforme al artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, el acto reclamado es: La resolución que declaró infundado el recurso de revocación contra el auto de dos de mayo de dos mil veintitrés, emitido en las providencias precautorias ... del índice del Juzgado Primero de lo Civil de esta ciudad. En dicho proveído se desestimó su petición de girar oficios a la Secretaría de Movilidad y Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ambos de la Ciudad de México; y vía exhorto a la Secretaría de Movilidad e Instituto de la Función Registral, ambos del Estado de México, para que informaran la existencia de vehículos e inmuebles a nombre del deudor, y de arrojar resultados positivos, se inscribiera su embargo. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe justificado, el juez responsable aceptó el acto que se le atribuye, lo que se corrobora con las copias certificadas del proceso natural que se remitieron y tienen valor probatorio pleno, conforme a los arábigos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes. Para una mejor comprensión del asunto, es pertinente hacer las siguientes precisiones que se advierten de las constancias remitidas por la autoridad responsable: 1. El trece de enero de dos mil veintitrés, la quejosa promovió providencia precautoria de retención de bienes contra una persona física. 2. El veinte del mismo mes y año, el juez responsable admitió el procedimiento y decretó la retención del dinero depositado en cuentas bancarias del deudor hasta por $300,000.00 (trescientos mil pesos 00/100 moneda nacional); y fijó una garantía para tal efecto. 3. Una vez exhibida la garantía, el treinta siguiente, ordenó girar oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para ejecutar la providencia precautoria. 4. El veintiuno de febrero del año en curso, el A quo recibió las respuestas de las entidades bancarias, que solo arrojaron una cuenta con un saldo de $3,000.00 (tres mil pesos 00/100 moneda nacional). 5. El veinticinco de abril de la presente anualidad, la quejosa solicitó girar oficio a diversas entidades para que informaran la existencia de vehículos y de bienes inmuebles a nombre del deudor, y en su caso, efectuar su aseguramiento ante la insuficiencia de fondos retenidos en las cuentas bancarias. 7. El dos de mayo siguiente, se desestimó dicha petición. 8. Inconforme, interpuso revocación en su contra y el diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, se dictó sentencia declarando infundado dicho medio de impugnación. Esta resolución constituye el acto reclamado. QUINTO. Conceptos de violación. La accionante sostiene que el acto reclamado vulnera los derechos humanos contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 Constitucionales, por lo siguiente: a) Carece de una debida fundamentación y motivación, pues es contradictorio al afirmar que si bien la retención del dinero contenido en las cuentas bancarias del deudor resultó insuficiente, ello no da la posibilidad de que se inicie una búsqueda de bienes muebles e inmuebles propiedad del presunto demandado. Ello constituye una violación a su derecho fundamental de impartición de justicia. b) Omite considerar que las providencias precautorias pueden solicitarse en cualquier momento, por lo cual si bien en un inicio sólo se pidieron de las cuentas bancarias, fue porque asumió que con ello lograría garantizar la deuda. c) La legislación mercantil no prohíbe la ampliación de la solicitud de providencias precautorias. d) Contrario a lo resuelto por la autoridad, lo solicitado por la quejosa no constituye una pesquisa, y por ello la respuesta desestimatoria impide recuperar el dinero que forma parte de su patrimonio. e) Omitió considerar que se encuentra imposibilitada para individualizar los bienes. f) Omitió analizar la buena fe de la solicitante, quien incluso exhibió la garantía que le impuso; y la conducta dolosa y de mala fe del deudor, al haber expedido un cheque sin fondos. Los conceptos de violación a), b), e) y f) son infundados; y los restantes son inoperantes. El principio de legalidad se encuentra reconocido en el artículo 16 de la Constitución Federal, y debe entenderse como la condición de que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica, exponiendo las razones atinentes al caso. Por fundamentación se entiende el deber que tiene la autoridad de expresar, en mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer con el acto; mientras que la motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales se considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Particularmente en materia jurisdiccional el cumplimiento al principio de legalidad se encuentra en el estudio de la cuestión planteada, apoyada en el derecho aplicable y la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo indispensable que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso, para justificar el sentido de la decisión. Al respecto se cita el criterio jurisprudencial 1a./J. 139/2005, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, en Materia(s): Común, Página: 162, intitulada: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.". Ahora bien, conforme al artículo 17 de la Constitución Federal, las personas tienen derecho de acceso a la justicia, el cual se entiende como la prerrogativa de carácter público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión Se cita al respecto la Jurisprudencia 1a./J. 103/2017 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, página 151, en Materia Constitucional, que dice: "DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA. ETAPAS Y DERECHOS QUE LE CORRESPONDEN. De los artículos 14, 17 y 20, apartados B y C, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, deriva el derecho de acceso efectivo a la justicia, el cual comprende, en adición a determinados factores socioeconómicos y políticos, el derecho a una tutela jurisdiccional efectiva y los mecanismos de tutela no jurisdiccional que también deben ser efectivos y estar fundamentados constitucional y legalmente. Ahora bien, en la jurisprudencia 1a./J. 42/2007, de rubro: "GARANTÍA A LA TUTELA JURISDICCIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES.", la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió el acceso a la tutela jurisdiccional como el derecho público subjetivo que toda persona tiene, dentro de los plazos y términos que fijen las leyes, para acceder de manera expedita a tribunales independientes e imparciales, a plantear una pretensión o a defenderse de ella, con el fin de que, a través de un proceso en el que se respeten ciertas formalidades, se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute tal decisión; de ahí que este derecho comprenda tres etapas, a las que corresponden tres derechos: (i) una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; (ii) una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que concierne el derecho al debido proceso; y, (iii) una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas. Ahora, los derechos mencionados alcanzan no solamente a los procedimientos ventilados ante Jueces y tribunales del Poder Judicial, sino también a todos aquellos seguidos ante autoridades que, al pronunciarse sobre la determinación de derechos y obligaciones, realicen funciones materialmente jurisdiccionales." Sobre esta base, las medidas cautelares, además de ser una herramienta para hacer efectivos y eficientes los derechos que consagran el debido proceso, también constituyen un medio que asegura la eficacia de los recursos y la ejecución plena y salvaguarda de los derechos de los particulares. Al respecto, se cita por sus consideraciones la jurisprudencia I.11o.C. J/11 C (11a.), de la Undécima Época, emitida por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, en Materias Constitucional, Civil, que dice: "MEDIDAS CAUTELARES O PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS. CONSTITUYEN INSTRUMENTOS ESENCIALES QUE SALVAGUARDAN EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA JUSTICIA, A FIN DE QUE ÉSTA SEA PLENA Y EFECTIVA. Hechos: En un juicio ordinario el demandado solicitó medidas cautelares. El Juez de origen no acordó de conformidad esa petición, por lo que aquél promovió juicio de amparo indirecto. El Juez de Distrito desechó la demanda, lo cual derivó en el recurso de queja. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que las medidas cautelares o providencias precautorias son instrumentos esenciales que salvaguardan el derecho fundamental de acceso a la justicia, a fin de que ésta sea plena y efectiva. Justificación: Lo anterior, porque las medidas cautelares, calificadas también como providencias precautorias, son los instrumentos que puede decretar la autoridad judicial, a solicitud de las partes -o en algunos casos de oficio-, para conservar la materia del litigio, así como para evitar un grave e irreparable daño a las partes o a la sociedad, con motivo de la tramitación de un proceso, es decir, se decretan para evitar que se haga inútil la sentencia de fondo y que ésta tenga eficacia práctica. Dichas medidas pueden solicitarse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia o resolución ejecutoria, incluso, previamente a la instauración del juicio. Ahora bien, la naturaleza de toda providencia cautelar es asegurar un derecho subjetivo y prevenir un efecto, que reviste particularidades que exigen que se colmen determinados requisitos necesarios para estar en condiciones de obsequiarlas. De esa forma, la aplicación de las medidas cautelares no es automática, esto es, no basta que alguien las solicite para que la autoridad judicial necesariamente deba otorgarlas. Por regla general, para poder concederlas se requiere de la concurrencia de determinados presupuestos, entre los que se encuentran: a) Un presumible derecho. Quien la solicita debe acreditar, aun presuntivamente, que tiene facultad de exigir de la otra parte algún derecho que se pretende asegurar con la medida cautelar; b) Peligro actual o inminente. Dados los hechos en que se sustenta la petición, se advierta que en caso de no obsequiarse la medida cautelar se causará un daño irreparable o de difícil reparación, que torne nugatorios los derechos subjetivos del promovente; c) Urgencia de la medida. Es necesario que el derecho sustancial deducido o a deducir por el solicitante no pueda ser protegido inmediatamente de otra manera, pues de ser así no se justificaría tomar una medida de excepción; y, d) Solicitud formal. La petición se debe hacer de acuerdo con las formalidades previstas en la ley respectiva, ante el órgano jurisdiccional competente. En algunos casos previstos expresamente en la ley, el otorgamiento de la medida cautelar implicará la obligación para el solicitante, de exhibir la garantía que le fije la autoridad judicial. De esa forma, las medidas cautelares son instrumentos esenciales que salvaguardan el derecho fundamental de acceso a la justicia, a fin de que ésta sea plena y efectiva, pues la tutela judicial efectiva es el derecho fundamental que toda persona tiene a la prestación jurisdiccional; esto es, a obtener una resolución fundada jurídicamente, normalmente sobre el fondo de la cuestión que, en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, haya planteado ante los órganos jurisdiccionales. En ese contexto, las medidas cautelares pueden considerarse no sólo una herramienta que hace efectivos y eficientes los derechos que consagran el debido proceso, sino también un medio que asegura la eficacia de los recursos y la ejecución plena y salvaguarda de los derechos de los particulares. De esa forma, se entiende que las medidas cautelares, dada su finalidad, constituyen las herramientas que permiten que la materia del litigio se conserve y pueda ser efectiva una sentencia o resolución de la controversia o el procedimiento, o bien, que a través de tales providencias precautorias se evite, mientras dura el juicio en lo principal o el procedimiento respectivo, que se cause un grave daño a una de las partes o al interés social." Al margen de la naturaleza de dichas herramientas, no basta que una persona solicite la providencia -o su ampliación, como es el caso- para que ésta sea procedente, pues se deben satisfacer los requisitos establecidos en la legislación mercantil para tal efecto. Los artículos 1,168, fracción II y 1,175 del Código de Comercio establecen lo siguiente: "Art. 1,168. En los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias, previstas en este Código, y que son las siguientes: [.] II. Retención de bienes, en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando exista temor fundado de que los bienes que se hayan consignado como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar una acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes, y b) Tratándose de acciones personales, siempre que la persona contra quien se pida no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia, y exista temor fundado de que los disponga, oculte, dilapide o enajene. En los supuestos a que se refiere esta fracción, si los bienes consisten en dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, u otros bienes fungibles, se presumirá, para los efectos de este artículo, el riesgo de que los mismos sean dispuestos, ocultados o dilapidados, salvo que el afectado con la medida garantice el monto del adeudo. Tratándose de la retención de bienes cuya titularidad o propiedad sea susceptible de inscripción en algún registro público, el Juez ordenará que se haga la anotación sobre el mismo. Art. 1,175. El juez deberá decretar de plano la retención de bienes, cuando el que lo pide cumpla con los siguientes requisitos: I. Pruebe la existencia de un crédito líquido y exigible a su favor; II. Exprese el valor de las prestaciones o el de la cosa que se reclama, designando ésta con toda precisión; III. Manifieste, bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales tenga temor fundado de que los bienes consignados como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar la acción real serán ocultados, dilapidados, dispuestos o enajenados. En caso de que dichos bienes sean insuficientes para garantizar el adeudo, deberá acreditarlo con el avalúo o las constancias respectivas; IV. Tratándose de acciones personales, manifieste bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en que se ha de practicar la diligencia. Asimismo, deberá expresar las razones por las que exista temor fundado de que el deudor oculte, dilapide o enajene dichos bienes, salvo que se trate de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, o de otros bienes fungibles, y V. Garantice los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en el caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto en este Código o bien porque promovida la demanda, sea absuelta su contraparte. El monto de la garantía deberá ser determinado por el juez prudentemente, con base en la información que se le proporcione y cuidando que la misma sea asequible para el solicitante." En lo inherente al embargo de bienes (que es lo pretendido por la parte quejosa en el procedimiento precautorio primigenio), la primera disposición prevé su viabilidad tratándose de acciones personales, siempre que la persona contra quien se pida no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia, y exista temor fundado de que los disponga, oculte, dilapide o enajene. Y como requisito, la segunda norma en su fracción IV, impone al solicitante la obligación de manifestar bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en que se ha de practicar la diligencia; así como de expresar las razones por las que exista temor fundado de que el deudor oculte, dilapide o enajene dichos bienes (excepto tratándose de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, o de otros bienes fungibles). Una interpretación conjunta de dichas disposiciones, permite colegir que el deber del solicitante de las providencias, de informar que el deudor no tiene otros bienes conocidos, conlleva la obligación de indicar cuáles son esos bienes (sobre los que pide la providencia), y a partir de la satisfacción de dicho requisito, se puede cumplimentar la segunda carga, de referir las razones por las que existe temor fundado de que puedan ser ocultados, dilapidados o enajenados, lo que no podría ocurrir si se refieren los bienes de forma genérica; esto es, sin identificarlos, salvo la excepción expresa sobre el dinero en efectivo o depositado en instituciones de crédito, o bienes fungibles. En ese sentido, si la pretensión de la peticionaria, es investigar la existencia de bienes (automóviles y raíces), y a partir del resultado, efectuar su embargo; es dable afirmar que no satisface la carga que le impone la ley, de referir los bienes conocidos, que el deudor no tiene otros, y los motivos por los que tiene el temor fundado de que puedan ser ocultados, dilapidados o enajenados. Por ello, no puede considerarse contradictorio que el juez responsable señalara que el aseguramiento parcial del monto total solicitado a través de la retención de cuentas, no propiciaba la posibilidad de embargar bienes de forma genérica, pues la legislación impone una serie de cargas que la peticionaria no satisfizo, y que el juez no puede soslayar al momento de efectuar el pronunciamiento. De ahí lo infundado de los conceptos de violación a) y e). En apoyo a lo anterior, se cita en su parte conducente la jurisprudencia PC.I.C. J/94 C (10a.), de la Décima Época, emitida por el Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, en Materias Constitucional, Civil, que dice: "MEDIDAS CAUTELARES O PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS EN LOS JUICIOS MERCANTILES. SON INHERENTES AL DERECHO A LA JURISDICCIÓN, POR LO QUE LA LIMITACIÓN DE SU OTORGAMIENTO DEBE ATENDER A UNA INTERPRETACIÓN FUNCIONAL Y CONFORME DEL ARTÍCULO 1168 DEL CÓDIGO DE COMERCIO CON LOS ARTÍCULOS 1o. Y 17 CONSTITUCIONALES. En los juicios mercantiles se pueden decretar medidas cautelares o providencias precautorias para mantener una situación preexistente, en virtud de que este tipo de instrumentos son inherentes al derecho a la jurisdicción, al tener la finalidad de hacer eficaces las sentencias de los Jueces tal como está previsto en el artículo 17, párrafo séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que: "Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones.". Así la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de enero de 2014 a los artículos 1168 y 1171 del Código de Comercio, no tuvo la intención de impedir que en los juicios mercantiles se decreten las medidas o providencias cautelares necesarias para hacer efectivo el cumplimiento de las sentencias, ya que su propósito se concretó a la interpretación de reglas claras y precisas que permitan a los acreedores obtener el cobro efectivo de sus créditos insolutos, mediante la radicación de personas o la retención de bienes. De esta manera, el texto reformado del artículo 1168, primer párrafo, invocado, que establece: "En los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias previstas en este Código y que son las siguientes: (...)", no debe interpretarse con un criterio de simple literalidad, pues resultaría ser prohibitivo frente al deber del Juez ordinario de conservar subsistente la materia del juicio, lo que, desde luego, vulneraría los derechos fundamentales reconocidos por los instrumentos internacionales firmados por el Estado Mexicano y por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de acuerdo con su artículo 1o.; no obstante, una interpretación funcional y conforme de aquel numeral da la pauta para advertir que se trata de una norma taxativa al prever dos supuestos aplicables a determinada situación de hecho, lo cual, sin embargo, no restringe la posibilidad del juzgador de que en cumplimiento de su función en relación con el otorgamiento y procedencia de las diferentes medidas cautelares, deben adaptarse a las circunstancias y necesidades de cada caso, pues estas medidas deben ser flexibles incluso con posibilidad de modificación según se necesite en el procedimiento en que se emitan; además, al otorgarlas, debe fundarlas y motivarlas debidamente, así como en cuanto a las garantías que se exijan, a fin de evitar abusos de las partes que las soliciten. En tal virtud, tal interpretación es acorde con los derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva y de acceso a la impartición de justicia reconocidos tanto por el artículo constitucional en comento, como por el precepto 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." Tampoco asiste la razón a la peticionaria en alegar que la autoridad omitió considerar su buena fe al garantizar la providencia precautoria, y la mala fe de su deudor al haber expedido un cheque sin fondos. Ello es así, pues la buena o mala fe son aspectos ajenos a las disposiciones para decretar una providencia precautoria, al no estar previstos en los requisitos que señala el numeral 1175 de la legislación mercantil. En efecto, dicha norma impone como obligaciones a satisfacer, las siguientes: - Probar la existencia de un crédito líquido y exigible a favor del solicitante; - Expresar el valor de las prestaciones o el de la cosa que se reclama con toda precisión; - Manifestar bajo protesta de decir verdad, las razones por las cuales se tiene temor fundado de que los bienes consignados como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar la acción real serán ocultados, dilapidados, dispuestos o enajenados; y en caso de que dichos bienes sean insuficientes para garantizar el adeudo, deberá acreditarlo con el avalúo o las constancias respectivas; - Tratándose de acciones personales, manifestar bajo protesta de decir verdad que el deudor no tiene otros bienes conocidos que aquellos en que se ha de practicar la diligencia; aunado a ello, deberá expresar las razones por las que exista temor fundado de que el deudor oculte, dilapide o enajene dichos bienes, salvo que se trate de dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, o de otros bienes fungibles - Garantizar los daños y perjuicios que pueda ocasionar la medida precautoria al deudor, en el caso de que no se presente la demanda dentro del plazo previsto en la ley o bien porque promovida la demanda, sea absuelta su contraparte. Los puntos anteriores son los elementos a satisfacer en la solicitud de providencias precautorias; sin que de ellos se advierta la carga de demostrar una buena fe o mala fe para emitir el pronunciamiento; de ahí lo infundado del motivo de disenso f). También deviene infundado lo alegado sobre la omisión de considerar que las providencias precautorias pueden solicitarse en cualquier momento. Lo anterior es así, conforme al artículo 1,177 del Código de Comercio, las medidas pueden decretarse tanto prejudicialmente, como después de iniciado cualquiera de los juicios previstos en la legislación mercantil, sin embargo, dicha disposición no influye en la posibilidad de ampliar la providencia; de ahí que no fuera necesario que el juez responsable considerara tal circunstancia para emitir el pronunciamiento. De ahí lo infundado del concepto de violación b). Ahora bien, es importante destacar que la desestimación de su planteamiento no vulnera el derecho de la quejosa de acceso a la impartición de justicia, pues la autoridad responsable tramitó recurso y conforme a los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal, dio respuesta a sus motivos de disenso conforme al marco jurídico que regula las providencias precautorias, sin que la garantía apuntada al inicio de este párrafo implique necesariamente que todo lo solicitado sea procedente. En efecto, la confirmación del proveído que negó girar oficios para indagar sobre la existencia de bienes del deudor y en su caso embargarlos, no entraña una limitación para que la peticionaria acceda a la administración de justicia, pues existen supuestos específicos que habrá de colmar para lograr el aseguramiento del monto que reclama. Se cita al respecto la Jurisprudencia I.14o.T. J/3 (10a.), de la Décima Época, del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes 22 de febrero de 2019, en Materia Constitucional, que dice: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. SU RELACIÓN CON LOS FORMALISMOS PROCESALES. El artículo 17, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para los órganos jurisdiccionales la obligación de "privilegiar la solución del conflicto" por sobre los "formalismos procesales", con miras a lograr la tutela judicial efectiva. Este deber impuesto a los tribunales tiene como límite los derechos de las partes durante el proceso. El primero de ellos es el de igualdad procesal; esto es, las mismas oportunidades para exponer sus pretensiones y excepciones, para probar los hechos en que las fundamenten y para expresar sus alegatos. El segundo, es el de debido proceso; es decir, el respeto a las "formalidades esenciales del procedimiento" (que consisten en la notificación del inicio del procedimiento y de sus consecuencias; la oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; la posibilidad de formular alegatos, y la certeza de que el litigio será decidido con una resolución que dirima las cuestiones debatidas), así como otros derechos procesales que derivan de principios aceptados constitucionalmente, como los de presunción de inocencia, non bis in idem, contradicción, de preclusión, de eventualidad, de inmediación, de concentración, de publicidad, etcétera. Atento a lo anterior, debe considerarse que los formalismos tienen como razón de ser garantizar tres cosas: 1) la buena fe de las partes durante el proceso; 2) la no arbitrariedad de los Jueces; y, 3) la seguridad jurídica (en el sentido de predictibilidad). En este sentido, no se trata de obviar indiscriminada o irreflexivamente las formas que previene el orden jurídico, por considerarlas obstáculos a la justicia, sino de comprender cuál es su función y si ella puede ser cumplida sin menoscabo de la sustancia del litigio. Así, el artículo 17 aludido, es sólo una de las normas -directrices, principios y reglas- a las que deben apegarse los tribunales, y éstos tienen que ajustar su actuación a todas." Por otro lado, con relación a lo alegado en los incisos c) y d), es importante señalar que en términos generales, los conceptos de violación devienen inoperantes cuando se presenta algún impedimento técnico o jurídico que imposibilita el análisis del planteamiento formulado; lo anterior se ilustra analógicamente con el criterio de jurisprudencia 2a./J. 188/2009, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS EN LOS QUE SE PRODUCE UN IMPEDIMENTO TÉCNICO QUE IMPOSIBILITA EL EXAMEN DEL PLANTEAMIENTO QUE CONTIENEN." Conforme a ello, son inoperantes los conceptos de inconformidad en los que la solicitante del amparo alega que lo solicitado no constituye una pesquisa, y por ello la respuesta desestimatoria impide recuperar el dinero que forma parte de su patrimonio. Lo anterior, porque su procedencia se hace depender de la eficacia del motivo de queja que fue desestimado, relativo a la insatisfacción de elementos para llevar a cabo el embargo de bienes en la forma en que fue solicitado por la quejosa. De ahí que si ello fue infructífero, lo inherente a determinar si se trata de una pesquisa también debe desestimarse, porque el origen de la petición carece de los elementos que la ley impone para decretar una medida cautelar de retención de bienes muebles o inmuebles, como ocurre en el caso. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia XVII.1o.C.T. J/4, visible en la página 1154, del Tomo XIX, Abril de 2005, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES LOS QUE PARTEN O SE HACEN DESCANSAR SUSTANCIALMENTE EN LO ARGUMENTADO EN OTROS QUE FUERON DESESTIMADOS. Si de lo alegado en un concepto de violación se advierte que la impugnación planteada se hace descansar, sustancialmente, en lo que se argumentó en otro u otros conceptos de violación que fueron anteriormente desestimados en la misma ejecutoria, en tanto que resultaron infundados, inoperantes o inatendibles, ello hace que aquél resulte a su vez inoperante, dado que de ninguna manera resultará procedente, fundado u operante lo que en dicho concepto se aduce, por basarse en la supuesta procedencia de aquéllos." Otro motivo de inoperancia surge cuando lo alegado parte de una premisa falsa, lo que acontece con el concepto de violación c), pues el quejoso señala que la ley no prohíbe la ampliación de las providencias precautorias, siendo que ello no fue motivo para que la resolución reclamada fuera desfavorable a sus intereses. En efecto, el juez responsable argumentó en síntesis lo siguiente: - Si bien la retención de dinero depositado en cuentas bancarias o de cheques del deudor fue insuficiente para asegurar el monto total, ello no posibilita a iniciar una búsqueda de bienes muebles o inmuebles propiedad del deudor, como lo pretende la quejosa. - La legislación mercantil no contiene disposición alguna que faculte al juez para indagar en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio y en las Secretarías de Movilidad, para localizar bienes a embargar. - La retención de bienes se debe circunscribir únicamente a los bienes conocidos del deudor, pues de otra forma se trata de una pesquisa. De los anteriores argumentos no se advierte que la respuesta desestimatoria a su recurso fuera porque la ampliación de las providencias precautorias fuera improcedente. De ahí que sea dable afirmar que el concepto de violación parte de una premisa falsa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 108/2012 (10a.), Décima Época, en Materia(s): Común, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS. Los agravios cuya construcción parte de premisas falsas son inoperantes, ya que a ningún fin práctico conduciría su análisis y calificación, pues al partir de una suposición que no resultó verdadera, su conclusión resulta ineficaz para obtener la revocación de la sentencia recurrida." Ante lo INFUNDADO E INOPERANTE de los conceptos de violación, lo conducente es NEGAR LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, pues en el presente caso opera el principio de estricto derecho al derivar de un negocio en materia mercantil. Al respecto se cita la tesis de jurisprudencia I.6o.C. J/50, de la Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Junio de 2006, en Materia(s): Civil. Página: 1045, intitulada: "PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. OPERA CON MAYOR RIGOR EN LA MATERIA MERCANTIL, QUE EN LA CIVIL." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73 a 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ..., contra actos del Juez Primero de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, precisados en el considerado segundo, por los motivos expuestos en el diverso último. NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Lo sentencia y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., Secretario del Juzgado que autoriza y da fe; en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo, hasta hoy quince de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    Se tiene por hecha la certificación secretarial de cuenta; visto el informe con justificación del Juez responsable, el suscrito acuerda: Téngase por rendido y dese vista a las partes con sus contenidos en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; una vez transcurrido el término que otorga dicho numeral sin que las partes realicen pronunciamiento sobre las constancias anexas, se entenderá su conformidad con éstas y se dictará la sentencia que corresponda en su oportunidad. Para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional y se fijan las once horas del diez de agosto de dos mil veintitrés, para su verificativo. Considerando que esta determinación no contiene requerimiento con apercibimiento o petición para la autoridad responsable, ni actualiza algún supuesto del artículo 26 de la Ley de Amparo, no es necesario enviarle oficio, y con fundamento en la fracción III del citado numeral, se ordena notificarle por lista este auto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Segunda Sala del Alto Tribunal, Décima Época, Materias(s): Común, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." NOTIFÍQUESE.

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