Gloria Icela Becerril Palacios
Expediente 207/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 207/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Gloria Icela Becerril Palacios
Actuaciones
- Principal
."Visto el estado que guardan los autos y como se advierte de la primera certificación, ya transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión, contra la resolución dictada que negó el amparo sin que hasta estos momentos lo hicieran valer las partes. ." se declara que la citada sentencia ha causado ejecutoria. Devolución de constancias. Devuélvanse a la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia y del Juez Vigésimo Octavo de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México, las constancias que remitieron ."Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el asunto como concluido. Notifíquese el presente acuerdo por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
SENTENCIA Recaída al juicio de amparo 207/2020, promovido por ********************, contra actos de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia y de la Juez Vigésimo Octavo de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México, por considerarlos violatorios de los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 4, 14, 16 y 17 constitucionales. ANTECEDENTES En los autos del expediente 322/2014, del índice del Juzgado Vigésimo Octavo de lo Familiar de la Ciudad de México, relativo al juicio sucesorio intestamentario a bienes de José Margarito Becerril y Martínez, el catorce de agosto de dos mil diecinueve, se resolvió el incidente de remoción de interventor, promovido por María Eugenia Becerril Palacios en su carácter de albacea de la sucesión de José Margarito Becerril y Martínez, el cual se resolvió en los términos siguientes: ".PRIMERO. Ha sido procedente la vía incidental propuesta en la que la actora MARIA EUGENIA BECERRIL PALACIOS, a través de su mandataria judicial probó parcialmente su acción, en tanto que la parte demandada, justificó de manera parcial sus excepciones y defensas; en consecuencia: - - - SEGUNDO. Se remueve del cargo de interventor a la C. GLORIA ICELA BECERRIL PALACIOS, por los motivos esgrimidos en esta resolución. - - - TERCERO. Se absuelve a la parte demandada GLORIA ICELA BECERRIL PALACIOS de la prestación reclamada, consistente en la entrega del bien inmueble ubicado en calle Partido Liberal sin número, Lote 31, Manzana 84, Zona 1, Colonia San Lorenzo la Cebada, antes Tepepan II, Delegación Xochimilco, C.P 16010, actualmente con dirección oficial Rio San Buenaventura número 2, Colonia San Lorenzo la Cebada, Antes Tepepan II, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, por las razones expuestas en el presente fallo. - - - CUARTA.- Requiérase mediante notificación personal a GLORIA ICELA BECERRIL PALACIOS a fin de que dentro del término de DIEZ DÍAS contados a partir de la notificación de la presente resolución, haga entrega de los documentos relativos a los arrendamientos, recibos de pago de mantenimiento y pago de servicios del inmueble ubicado en calle Partido Liberal sin número, Lote 31, Manzana 84, Zona 1, Colonia San Lorenzo la Cebada, antes Tepepan II, Delegación Xochimilco, C.P 16010, actualmente con dirección oficial Río San Buenaventura número 2, Colonia San Lorenzo la Cebada, Antes Tepepan II, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, apercibida que en caso de no hacerlo se le aplicará una multa por el equivalente a $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N), de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61 y 73 del Código de Procedimientos Civiles. - - - QUINTO. Requiérase mediante notificación personal a GLORIA ICELA BECERRIL PALACIOS, a fin de que rinda la cuenta general de la administración del bien inmueble ubicado en calle Partido Liberal sin número, Lote 31, Manzana 84, Zona 1, Colonia San Lorenzo la Cebada, antes Tepepan II, Delegación Xochimilco, C.P 16010, actualmente con dirección oficial Rio San Buenaventura número 2, Colonia San Lorenzo la Cebada, Antes Tepepan II, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, en el término de DIEZ DIAS contados a partir de la notificación de la presente resolución, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1722 del Código Civil, 519 y 520 del Código de Procedimientos Civiles, apercibido que en caso de no hacerlo se le aplicará una multa por el equivalente a $15,000.00 (quince mil pesos 00/100 M.N), de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61 y 73 del Código de Procedimientos Civiles. - - - SEXTO. No se hace especial condena en costas. - - - SÉPTIMO. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 30 del Reglamento del Sistema Institucional de Archivos del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México, la presente resolución queda guardada en el Sistema Integral para Consulta de Resoluciones. - - - OCTAVO. NOTIFÍQUESE. ..." Inconforme con tal determinación, interpuso recurso de apelación. En resolución de seis de febrero de dos mil veinte, dictada en el toca 2241/2019-5, la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, modificó la resolución apelada. Esa actuación motivó esta instancia constitucional. TRÁMITE DEL JUICIO Presentación de la demanda de amparo. Por escrito recibido el veintiocho de febrero de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, y remitido el dos de marzo siguiente por razón de turno, a este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia y de la Juez Vigésimo Octavo de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México, que a continuación se transcriben: "IV. Actos reclamados: Señalo como actos reclamados los siguientes: De la H. Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en su carácter de ordenadora, se reclama la sentencia del 6 seis de febrero del 2020 dos mil veinte, dictada dentro del Toca de Apelación número 2141-2019-05, que resolvió el recurso de apelación intentado por la hoy quejosa, como interventora, en la que decidió, que los agravios expresados por la aquí quejosa, fueron declarados como parcialmente fundados y otros infundados, y con motivo de ello, se modificó la sentencia interlocutoria impugnada del 14 catorce de agosto del 2019 dos mil diecinueve, dictada dentro del Cuaderno de Incidente de Remoción de Interventor relativo al juicio de Sucesión Intestamentaria a bienes de José Margarito Becerril y Martínez dentro del expediente 322/2014 radicado ante el C. Juez Vigésimo Octavo de lo Familiar de la Ciudad de México, por considerar que la indicada sentencia causa una violación a los derechos humanos de la quejosa, ya que la parte en la que se declararon infundados los agravios aún continua causando una afectación a la esfera jurídica de la quejosa. Del Juez Vigésimo Octavo de lo Familiar en la Ciudad de México, en su carácter de ejecutora, se reclama, la sentencia del 6 seis de febrero del 2020 dos mil veinte, dictada dentro del Toca de Apelación número 2141-2019-05, que resolvió el recurso de apelación intentado por la hoy quejosa, como interventora, en la que decidió, que los agravios expresados por la aquí quejosa, fueron declarados como parcialmente fundados y otros infundados, y con motivo de ello, se modificó la sentencia interlocutoria impugnada del 14 catorce de agosto del 2019 dos mil diecinueve, dictada dentro del Cuaderno de Incidente de Remoción de Interventor relativo al juicio de Sucesión Intestamentaria a bienes de José Margarito Becerril y Martínez dentro del expediente 322/2014 radicado ante el C. Juez Vigésimo Octavo de lo Familiar de la Ciudad de México, por considerar que la indicada sentencia causa una violación a los derechos humanos de la quejosa, ya que la parte en la que se declararon infundados los agravios aún continúa causando una afectación a la esfera jurídica de la quejosa." 2. Admisión. Por acuerdo de tres de marzo de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda de amparo; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se ordenó el emplazamiento de la parte tercera interesada; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 3. Emplazamiento de la tercera interesada. Mediante notificación personal realizada en este órgano de control constitucional de diez de marzo de dos mil veinte se emplazó a la tercera interesada María Eugenia Becerril Palacios, en su carácter de albacea de la sucesión de José Margarito Becerril Palacios. 4. Audiencia constitucional. A las a las nueve horas con cuarenta minutos del siete de septiembre de dos mil veinte, tuvo lugar la audiencia constitucional, al tenor de lo asentado en el acta que antecede a esta resolución. III. COMPETENCIA Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 36/2016, que reformó al diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de junio de dos mil dieciséis. Lo anterior, en virtud de que en la especie se reclama una interlocutoria recaída a un incidente de remoción de interventora en un juicio intestamentario, emitida por una Sala familiar. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario delimitar el acto reclamado, que se deduce del estudio íntegro de la demanda, así como de las constancias de origen. En ese contexto los actos reclamados se hacen consistir en la resolución de seis de febrero de dos mil veinte, dictada en el toca 2241/2019-5 que modificó la interlocutoria de catorce de agosto de dos mil diecinueve, en el incidente de remoción de interventor, en el juicio sucesorio intestamentario con expediente 322/2014, así como su ejecución. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, puesto que al rendir su informe con justificación así lo manifestaron. de ese acto." Certeza que se corrobora con las documentales que anexaron a sus informes justificados, consistentes en copia certificada de diversas actuaciones del expediente 322/2014, así como el toca 2241/2019-5; documentales a las que se otorga valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, ordenamiento de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. OPORTUNIDAD DE LA DEMANDA La demanda se presentó el veintiocho de febrero de dos mil veinte, esto es, dentro del término establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo, si se atiende a que la resolución reclamada se notificó por boletín judicial el siete de febrero de dos mil veinte, surtió efectos el diez siguiente, por lo que el aludido lapso transcurrió del once de febrero, al dos de marzo, ambos de dos mil veinte, sin contar los días quince, dieciséis, veintidós, veintitrés y veintinueve de febrero, así como el uno de marzo, todos de dos mil veinte, de ahí que el ocurso en mención se allegó en el lapso previsto por el precepto citado. ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA Previo al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes, o bien las que de oficio se adviertan actualizadas, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo en la jurisprudencia 940, visible en la foja 1538, segunda parte, del apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, cuyo texto dice: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo por ser cuestión de orden público y de estudio preferente." En el particular, las partes no hicieron valer causal alguna y el suscrito no advierte que se actualice. ESTUDIO DE FONDO En obvio de repeticiones innecesarias se tienen por reproducidos los conceptos de violación, pues no existe precepto en la Ley de Amparo que obligue a su trascripción en la sentencia; sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que se hayan hecho valer. La impetrante en esencia esgrime: Que la Sala responsable modificó la condena pero mantuvo la obligación de entregar los documentos relativas a los recibos de pagos de mantenimiento y pago de servicios, así como rendir la cuenta general de la administración del inmueble ubicado en Partido Liberal sin número, Lote 31, Manzana 84, Zona 1, colonia San Lorenzo la Cebada, antes Tepepan II, alcaldía Xochimilco, código postal 16010, actualmente con dirección oficial Rio San Buenaventura número 2, colonia San Lorenzo la Cebada, antes Tepepan II, alcaldía Xochimilco, Ciudad de México- Que la albacea no incluyó como parte de los bienes que integran el inventario, las rentas que hubiere producido el inmueble descrito. Que celebró por propio derecho el contrato de arrendamiento respecto del bien raíz ya referido, por lo tanto, dicho acto jurídico le confiere un derecho personal, en virtud de que las rentas son acreditables a favor del arrendador y que por esa razón las rentas no pueden ser parte de la masa hereditaria. Que el acto jurídico de arrendamiento al conferir un derecho personal a la arrendadora, las rentas que emanan de dicho acto jurídico son acreditables a favor del arrendador, por lo que mientras no exista una consideración legal que imponga incluirlos en la masa hereditaria, son frutos que no son parte de la masa hereditaria, cuando en el caso en concreto, la propiedad del inmueble sujeto a la masa hereditaria, no permite crear un derecho sobre el contrato de arrendamiento, pues el indicado contrato no ha sufrido ningún impacto en su validez y eficacia, por lo que las rentas derivadas de ese acto jurídico, son derechos personales de la arrendadora, no de la sucesión, y por tanto, no se le puede exigir ni rendir cuenta general de administración, ni la exhibición de los documentos que se indican. Como puede advertirse, el tema a dilucidar se constriñe a determinar si la interventora y hoy quejosa, se encuentra obligada a rendir la cuenta general de la administración del bien inmueble ubicado en calle Partido Liberal sin número, Lote 31, Manzana 84, Zona 1, Colonia San Lorenzo la Cebada, antes Tepepan II, Delegación Xochimilco, C.P 16010, actualmente con dirección oficial Rio San Buenaventura número 2, Colonia San Lorenzo la Cebada, Antes Tepepan II, Alcaldía Xochimilco, Ciudad de México, patrimonio de la sucesión y respecto del que celebró contrato de arrendamiento a título personal. En ese tenor, los motivos de disenso son infundados. Para arribar a tal conclusión, debe tenerse presente los numerales 1704 y 1773 del Código Civil para la Ciudad de México, establece: "ARTICULO 1704. El derecho a la posesión de los bienes hereditarios se transmite, por ministerio de la ley, a los herederos y a los ejecutores universales, desde el momento de la muerte del autor de la herencia, salvo lo dispuesto en el artículo 205. ARTICULO 1773.- Los coherederos deben abonarse recíprocamente las rentas y frutos que cada uno haya recibido de los bienes hereditarios, los gastos útiles y necesarios y los daños ocasionados por malicia o negligencia." La lectura de los preceptos transcritos permite establecer que salvo que en testamento, se establezca otra cosa, a partir de la muerte del autor de la sucesión, los herederos adquieren derechos sobre la masa hereditaria, como un patrimonio común, mientras no se haga la división de los bienes hereditarios, con la condición de no darle un destino impropio ni causar daño ni perturbación a la posesión de los demás. Ello implica que, en tanto no se les haga división de los bienes hereditarios, los coherederos no tienen dominio sobre partes determinadas de la cosa sino un derecho sobre todas y cada una de las partes de tales bienes, es decir, sobre una parte alícuota. En ese orden, para mejor comprensión del tópico a dilucidar, el tribunal de alzada, en ese aspecto, en lo que interesa consideró: ". y por cuanto hace a los comprobantes o recibos de pago de servicios y/o mantenimiento que solicita la albacea, no debe perderse de vista que en escrito de veintiuno de mayo de dos mil quince, la aquí agraviada al formular su primer incidente de oposición al inventario y avaluó, precisó que derivado de los gastos ordinarios de mantenimiento del inmueble en mención, había destinado parte de las rentas para sufragarlos y conservaba un remanente por la cantidad de $19,200.00 (diecinueve mil doscientos pesos 00/100 M.N), suma que de ser necesario pondría a disposición del juzgado, así como los comprobantes de gastos ordinarios realizados, por concepto de agua, predial, luz, remodelaciones y limpieza; . . ". Luego entonces si en el periodo en que la C. se encargó de recibir las rentas del bien inmueble que forma parte del acervo hereditario, fue anterior al nombramiento de la primer albacea y aquella no solicitó esa rendición de cuentas, ello no impide que la actual albacea lo solicite, pues esto es acorde con las obligaciones inherentes a su cargo, como lo es formular inventarios; amén de que la obligación de rendir cuentas resulta de un principio de razón natural, ya que únicamente quien tiene un derecho exclusivo de un bien puede disponer de éste sin rendir cuentas a nadie de su conducta, lo que no sucede en la especie al tratarse de un patrimonio común del que se debe rendir cuentas a la sucesión, de ahí que se estime acertada que se le requiera para que rinda cuentas respecto el bien inmueble que forma parte de la masa hereditaria; sin embargo, como ya se expuso, quedó debidamente acreditado que la hoy recurrente sólo percibió los frutos correspondientes al periodo comprendido de junio de dos mil catorce a mayo de dos mil quince, por lo que es sólo respecto de ese lapso del que debe rendir cuentas; debiendo también exhibir los recibos de pago y mantenimiento que ella misma dijo tener en su poder; ." Como puede advertirse, el tribunal de alzada estuvo en lo correcto al imponer a la peticionaria la obligación de entregar la documentación respectiva así como la rendición de cuentas de los frutos que recibió con el fin de que la albacea cumpliera con su obligación de rendir cuentas. De ahí que el hecho de que la quejosa alegara que el contrato que celebró lo hizo a título personal, ello evidentemente contraviene lo dispuesto por los numerales 1704 y 1733 del Código Civil para la Ciudad de México, pues esos frutos forman parte de la masa hereditaria y le imponen al albacea considerarlos en la rendición de cuentas que debe realizar. Por tanto, es infundada la alegación en el sentido de que no está obligada a entregar la documentación inherente a los recibos de pagos de mantenimiento y pago de servicios respecto del inmueble objeto de la sucesión intestamentaria, dentro de la que desempeñó el cargo de interventora, pues la correctamente Sala responsable determinó que la peticionaria sí tiene que realizar esa conducta, pues no puede alegar que prevalece su derecho personal al haber celebrado de esa manera el contrato de arrendamiento, pues pierde de vista que el bien está afecto a la masa hereditaria. Más aún, cabe destacar que los albaceas, como órganos representativos de la copropiedad hereditaria, sólo pueden actuar en nombre y por cuenta de los herederos y legatarios en todo lo relativo a la defensa y administración de los bienes de la sucesión, o para ejecutar las disposiciones testamentarias, representando en todo caso a la herencia en juicio y fuera de él. Esta limitación de facultades se justifica, si se toma en cuenta que la herencia es un patrimonio en liquidación, de vida transitoria, de tal suerte que el albacea, en un breve plazo, sólo está facultado para administrar y liquidar el caudal hereditario, sin que pueda realizar actos que no tengan por objeto esas finalidades, de ahí que la quejosa parte de una premisa incorrecta al pretender establecer que ese contrato que celebró a titulo personal, como lo patentiza, no permite que se le exija la documentación respectiva, como lo determinó la responsable, pues se insiste, el inmueble materia de ese arrendamiento forma parte de la masa hereditaria y respecto de la cual, el albacea debe rendir cuentas del patrimonio de la sucesión. Sirve de sustento a lo expuesto, la jurisprudencia 32, de registro 392159, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la foja 21, tomo IV, parte SCJN, materia civil, apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, del texto: "ALBACEAS, FACULTADES DE LOS. El albacea puede deducir todas las acciones que pertenecieron al autor de la herencia, y tiene la facultad de defender en juicio y fuera de él, así la herencia como la validez del testamento, y conforme a derecho estos actos son obligatorios para él. Ninguna disposición autoriza a los herederos a hacer gestión alguna judicial o extrajudicial, en defensa de los bienes de la herencia. Es pues, bien claro, que la defensa de la herencia corresponde al albacea, por lo cual es evidente que el ejercicio de los recursos correspondientes, inclusive el de garantías, es atribución propia del albacea." Por tanto, la Sala responsable acertadamente estableció la obligación de la aquí quejosa a entregar la documentación que obre en su poder a la albacea de la sucesión hoy tercera interesada, respecto del bien objeto del juicio sucesorio, pues la albacea debe mantener bajo su custodia el acervo documental que ampare el uso bien inmueble, al ser es parte de las obligaciones que tiene en el ejercicio de su cargo y finalmente, la hoy quejosa no puede desconocerlas, máxime que se le designó interventora. requerido." Ahora bien, también resulta infundado su argumento en el sentido de que la actual albacea no consideró como parte de la masa hereditaria las rentas que producía el inmueble como parte de los bienes de la sucesión y que el acto jurídico de arrendamiento al conferir un derecho personal a la arrendadora, las rentas que emanan de éste son acreditables sólo a favor del arrendador, por lo que mientras no exista una consideración legal que imponga incluirlos en la masa hereditaria, esas rentas son frutos que no son parte de la masa hereditaria, cuando en el caso en concreto, la propiedad del inmueble sujeto a la masa hereditaria, no permite crear un derecho sobre el contrato de arrendamiento, pues este no ha sufrido ningún impacto en su validez y eficacia, por lo que las rentas derivadas de ese acto jurídico, son derechos personales de la arrendadora, aquí quejosa. Se considera que no asiste razón a la agraviada en virtud de que partió de una premisa incorrecta, pues las rentas que generó el inmueble por virtud del contrato de arrendamiento, son considerados como frutos civiles de conformidad con el artículo 893 del Código Civil para la Ciudad de México, los cuales constituyen un patrimonio para la sucesión. Es así en virtud de que conforme lo prevé el artículo 1773 del Código Civil para la Ciudad de México, está obligada a entregar los frutos que recibió por concepto de la renta del bien inmueble. Por ende, no le asiste razón a su argumento esgrimido en el sentido de que el recibo de las rentas que generó el inmueble, sean de su exclusivo dominio, pues como acertadamente lo consideró la Sala responsable, el importe de esas pensiones rentísticas, aun y cuando celebró el contrato a título personal, no es un haber que deba ingresar a su patrimonio, pues es parte del de la sucesión, respecto del cual el albacea se encuentra obligado a rendir cuentas y ejercer las acciones correspondientes a efecto de evitar el deterioro, pérdida o menoscabo del multicitado patrimonio de la sucesión. IX. DECISIÓN En las condiciones apuntadas, al haberse desestimado los conceptos de violación, es evidente que el acto reclamado no vulneró los derechos humanos referidos por la promovente, por lo que procede negar el amparo, sin que se advierta queja deficiente que suplir. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido a la Juez Vigésimo Octavo de lo Familiar de la Ciudad de México, al no reclamarse por vicios propios sino en vía de consecuencia. Por lo anteriormente fundado y motivado; además, con apoyo en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 76, 77 y 124 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA ni PROTEGE a ...contra los actos que reclamó de la Segunda Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia y de la Juez Vigésimo Octavo de lo Familiar, ambos de la Ciudad de México. Notifíquese personalmente a las partes quejosa, tercera interesada, agente del Ministerio Público de la Federación y por oficio a las autoridades responsables.
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*CITATORIO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA QUEJOSA GLORIA ICELA BECERRIL PALACIOS, EL CONTENIDO DE LA SENTENCIA DE 30/10/2020.
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