Gloria Hortencia Navarrete
Expediente 76/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 76/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/11/2019
Partes del expediente
- Gloria Hortencia Navarrete
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México, diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Firmeza procesal. [...] se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en su oportunidad archívese el expediente como asunto concluido. [...]se procederá a su destrucción. [...]Notifíquese.
- Principal
En cinco de noviembre de dos mil diecinueve, se da cuenta a la Secretaria Encargada del Despacho, con una demanda de amparo, registrada con número de control interno 269; asimismo, hace constar que se digitalizó en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Conste. Asimismo, certifica: Que al realizar una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, no se encontró registrada la cédula profesional de Juan Uriel Carbajal Garduño, Rocío Galindo Castro, Ernesto Molina Suárez, Mónica Mayela de Jesús Sánchez y Lucero Ramírez Ramírez, lo que se asienta para los efectos legales conducentes. Doy fe. Secretaria. Toluca, Estado de México, cinco de noviembre de dos mil diecinueve. Radicación. Vista la demanda de cuenta promovida por Gloria Hortencia Navarrete, contra actos de la Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial del Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, regístrese bajo el número 76/2019. Ahora bien, es conveniente precisar que los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En efecto, la quejosa reclama: La parte conducente de la audiencia inicial de nueve de octubre de este año, emitida en la controversia familiar, en la que la quejosa es parte demandada y en la que se determinó confirmar las medidas provisionales decretadas en su contra, entre ellas, la fijación de una pensión alimenticia del quince por ciento del total de sus percepciones. En cumplimiento a lo anterior, este órgano de control constitucional estima que la demanda de amparo que promueve Gloria Hortencia Navarrete debe desecharse de plano, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Así es, en el caso, se considera actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, el cual dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" En este sentido, la Constitución Federal y su ley reglamentaria en la materia, restringen la procedencia del amparo, atribuyéndole al juicio de garantías el carácter de instancia extraordinaria, es decir, de un medio de reparación de la violación del derecho fundamental al que no se puede acudir sino cuando previamente se han agotado sin éxito las medidas ordinarias de defensa. Así, la improcedencia del juicio se genera porque no se agotaron los medios de impugnación ordinarios por los cuales los actos reclamados pudieron haber sido reparados por la propia autoridad que los emitió, o bien, por el superior jerárquico, el tribunal de segunda instancia o uno de carácter contencioso. El Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, en su Sección Segunda, relativa a las Controversias de Violencia Familiar, en los artículos 2.355 y 2.355 bis, establece: "Artículo 2.355. Al admitirse la demanda de violencia familiar o durante el proceso, a su juicio, el juez dictará las medidas de protección que podrán ser: l. De emergencia. II. De protección preventiva. III. De naturaleza civil. Artículo 2.355 Quinquies. Son medidas de protección de naturaleza civil, las siguientes: I. Suspensión temporal al agresor del régimen de visitas y convivencia con sus descendientes, resolviendo inmediatamente lo relativo a la custodia provisional tratándose de niñas, niños y adolescentes. II. Prohibición al agresor de enajenar, dar en prenda o hipotecar bienes de su propiedad cuando se trate del domicilio conyugal y, en cualquier caso, cuando se trate de bienes de la sociedad conyugal, ordenando la inscripción de esta medida en el Instituto de la Función Registral del Estado de México en cada caso. III. Posesión exclusiva de la víctima sobre el inmueble que sirvió de domicilio, por el tiempo que dure el procedimiento. IV. Embargo preventivo de bienes del agresor, que deberá inscribirse con carácter temporal en el Instituto de la Función Registral del Estado de México y en los lugares en los que se conozca que tienen bienes, a efecto de garantizar las obligaciones alimenticias. V. Revocar o suspender los mandatos que entre los cónyuges se hubieran otorgado. VI. Orden de pago de la obligación alimenticia, en forma provisional e inmediata, a cargo del agresor a favor de la víctima y las y los hijos, en caso de existir. VII. Emitir una orden de protección y auxilio policial, dirigida a la autoridad de seguridad pública de la que se expedirá copia a la víctima para que pueda acudir a la autoridad más cercana en caso de amenaza de agresión fuera de su domicilio. VIII. Las demás que considere necesarias." Por otra parte, los numerales 1.360 y 2.360 de la codificación referida, señalan lo siguiente: "Artículo 1.360.- Se reconocen como recursos los siguientes: I. Revocación; II. Apelación; III. Queja". "Artículo 2.360. Son apelables, sin efecto suspensivo, las resoluciones que decreten una de las medidas de protección previstas en el artículo 2.355 de este Código." Con base en lo anterior, se advierte que en contra del acto reclamado (la parte conducente de la audiencia inicial de nueve de octubre de dos mil diecinueve, en la que decretó la pensión alimenticia a favor de un menor de un 15% de sus percepciones) la parte quejosa debió hacer valer el recurso de apelación, ya que el mismo procede en contra de las determinaciones que decreten medidas de protección, cuando se trata de procedimientos relativos a las controversias sobre violencia familiar. En efecto, el acto del que se duele la parte quejosa deriva del juicio de controversia sobre violencia familiar 999/19, del índice del Juez Segundo Civil de Primera Instancia del Distrito Judicial del Oro, con residencia en Atlacomulco, Estado de México, el cual, por su naturaleza, es impugnable a través del recurso de apelación, de ahí la procedencia del recurso previo a esta instancia constitucional. Por tanto, la promovente tenía la carga de agotar previo a la promoción del juicio de amparo, el recurso de apelación, con la finalidad de cumplir con el principio de definitividad que rige al mismo, a través del cual pueda declararse la invalidez del acto que en esta vía combate, lo que omitió, como se advierte de lo manifestado en su escrito de demanda bajo protesta de decir verdad. Al caso se invoca la Jurisprudencia 1a./J. 44/2012 (10a.), del Decima Época, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en el Libro X, Julio de 2012, Tomo 1, página 729, cuyo rubro y texto es: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de mayo del año de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Por lo expuesto, fundado y motivado, atento a lo dispuesto por los artículos 113 y 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda presentada por Gloria Hortencia Navarrete, por derecho propio, por notoriamente improcedente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS De conformidad con el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el señalado en el proemio de su demanda. Por otra parte, en atención a la certificación secretarial que antecede, ténganse por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan Uriel Carbajal Garduño, Rocío Galindo Castro, Ernesto Molina Suárez, Mónica Mayela de Jesús Sánchez y Lucero Ramírez Ramírez, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones. DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. COPIAS. En atención a su solicitud, dígase que no ha lugar acordar de conformidad, en virtud del contenido del presente proveído. Notifíquese. Así lo acordó y firma Sofía Dávila Estrada, secretaria del Juzgado Octavo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, encargada del despacho por licencia académica otorgada al titular, en términos del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, comunicada mediante oficio SECJ/ST/1814/2019, de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, signado por la Secretaria Ejecutiva de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa asistida de María Esthela Iturbe Valdés, Secretaria que autoriza, firma y da fe. Doy fe. L´MEIV/san/mse
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