Gloria Hernández Soto y Otros.
Expediente 109/2018 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito. 34 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 109/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 34
- Última actuación
- 13/09/2021
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Gloria Hernández Soto y Otros.
- Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado
- María Lucila Zavaleta Castrejón
- Gloria Hernández Soto
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala
- JOEL CUATEPITZI JUÁREZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 34.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, trece de septiembre de dos mil veintiuno. Toda vez que de la certificación secretarial de cuenta se advierte que transcurrió el término de quince días a que se refiere el artículo 202, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que las partes quejosa y tercera interesada se hubieren inconformado con la resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el expediente en que se actúa, se declara que la misma ha causado estado; con fundamento en el numeral 196 de la legislación en mención, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno respectivo, archívese este asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el mismo no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previsto por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la declaratoria que es susceptible de depuración, conforme al precepto 18, fracción III, inciso a) de dicho acuerdo general, por lo que, en su momento oportuno deberán desintegrarse materialmente las constancias, y conservarse sólo la demanda de garantías, la sentencia y el presente proveído, tal como lo señala el penúltimo párrafo de este numeral. Notifíquese, por oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Magistrado Nicolás Castillo Martínez, Presidente del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, ante la Secretaria de Acuerdos, Miriam Ramírez Alanis, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Juicio de Amparo Directo
Acuerdo que se lista por segunda ocasión en términos del articulo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 284 y 285), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (fojas 295 y 296). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. I. En sesión de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, este órgano colegiado concedió a Aarón Corona Toltecatl, la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "1. Que la junta deje insubsistente el laudo reclamado. 2. Ordene la reposición del procedimiento a fin de que emita un auto en el que requiera al actor para que señale de manera precisa: a) Los hechos en que sustenta la acción principal, y si con base en tal narrativa pretende reclamar: El pago de indemnización constitucional y salarios caídos por despido injustificado, o; El otorgamiento de una incapacidad permanente al Instituto Mexicano del Seguro Social, o; El pago indemnizatorio de mil noventa y cinco días de salario por incapacidad permanente total, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. b) El número de incapacidades que le otorgó el Instituto Mexicano del Seguro Social y qué periodos comprendieron. c) Hecho lo anterior, prosiga con el juicio; en la inteligencia de que quedan subsistentes las actuaciones practicadas desde la admisión de la demanda, y hasta que se declaró cerrada la instrucción. 3. Una vez que se cumpla con lo ordenado en el punto anterior, deberá dictar un nuevo laudo en el que: a) Reitere aquello que no fue materia de análisis en esta ejecutoria, así como lo que no fue declarado inconstitucional en la misma, lo cual consiste en lo siguiente: Las condenas por conceptos de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, nueve horas extras semanales laboradas, y prima de antigüedad. La determinación relativa a que el trabajador percibía un salario diario de sesenta y cuatro pesos con ochenta centavos ($64.80). La absolución por concepto de jornada extraordinaria respecto del tiempo laborado después de las nueve horas extras que permite la ley. b) Por cuanto hace al pago de reparto de utilidades reclamado en el escrito de ampliación y modificación de demanda, deje a salvo los derechos del actor para reclamar tal beneficio en la vía y forma que estime procedentes con base en lo considerado en el último apartado del considerando octavo de esta ejecutoria. c) Con libertad de jurisdicción, se pronuncie respecto de la acción principal ejercida así como de las prestaciones inherentes a la misma, esto es, si conforme a lo que exponga el actor en cumplimiento a esta ejecutoria de amparo, resulta procedente: a) el pago de indemnización constitucional y salarios caídos por despido injustificado, o b) el otorgamiento de una incapacidad permanente a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, o c) el pago indemnizatorio del mil noventa y cinco días de salario por incapacidad permanente total, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo." (fojas 110 y 111). II. En resolución de doce de noviembre de dos mil veinte, la Presidencia de este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo por las razones siguientes: "I. Del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia lo siguiente: 1. Por auto de once de noviembre de dos mil diecinueve (foja 119) dejó insubsistente el laudo de once de noviembre de dos mil diecisiete y ordenó reponer el procedimiento, para lo cual requirió al actor a fin de que dentro del término de tres días hábiles manifestara de forma precisa: Los hechos en que sustenta la acción principal y si con base en tal narrativa pretende reclamar: a) el pago de indemnización constitucional y salarios caídos por despido injustificado; b) el otorgamiento de una incapacidad permanente por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social; o bien, c) el pago indemnizatorio de mil noventa y cinco días de salario por incapacidad permanente total, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. El número de incapacidades que le otorgó el Instituto Mexicano del Seguro Social y qué periodos comprendieron. Con el apercibimiento que de no cumplir lo anterior se tendría por perdido su derecho y, al momento de dictar el laudo, no se haría un pronunciamiento respecto de tales prestaciones. 2. Mediante proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veinte se hizo efectivo el apercibimiento respectivo, pues el accionante no cumplió el requerimiento decretado en el auto que antecede y, enseguida, se ordenó turnar los autos al auxiliar para elaborar el proyecto de resolución en forma de laudo (foja 138). 3. Por acuerdo de veintiocho de febrero siguiente la responsable advirtió que el acuerdo de once de noviembre de dos mil diecinueve se notificó al actor por estrados, cuando tal comunicación procesal debió realizarse personalmente, razón por la que a fin de no dejarlo en estado de indefensión regularizó el procedimiento y, en consecuencia, dejó sin efectos el acuerdo de veinticuatro de febrero anterior y comisionó al actuario de la Junta para que realizara la notificación de que se trata conforme a derecho (foja 144). 4. En auto de nueve de marzo de dos mil veinte el tribunal laboral hizo constar que, a pesar de estar notificado legalmente, el accionante no cumplió el requerimiento ordenado en el proveído de once de noviembre de dos mil diecinueve, de modo que nuevamente hizo efectivo el apercibimiento correspondiente, esto es, tuvo por perdido su derecho por falta de interés jurídico. Hecho lo anterior, ordenó proseguir con el juicio, destacando que quedaban subsistentes las actuaciones practicadas desde la admisión de la demanda hasta que se declaró cerrada la instrucción; finalmente, turnó los autos al auxiliar de su adscripción para elaborar el proyecto de resolución en forma de laudo (foja 151). 5. El veinte de marzo de dos mil veinte la Junta responsable dictó un nuevo laudo, en el que: Reiteró aquello que no fue materia de análisis en esta ejecutoria, así como lo que no fue declarado inconstitucional en la misma, lo cual consiste en lo siguiente: Las condenas por conceptos de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, nueve horas extras semanales laboradas, y prima de antigüedad (fojas 162 frente y vuelta, 163 vuelta y 164 vuelta). La determinación relativa a que el trabajador percibía un salario diario de sesenta y cuatro pesos con ochenta centavos (foja 161 vuelta). La absolución por concepto de jornada extraordinaria respecto del tiempo laborado después de las nueve horas extras que permite la ley (fojas 163 vuelta y 164 frente). Por cuanto hace al pago de reparto de utilidades reclamado en el escrito de ampliación y modificación de demanda, dejó a salvo los derechos del actor para reclamar tal beneficio en la vía y forma que estime procedentes, pues consideró que de las constancias que obran en los autos del juicio de origen no se advierte la existencia de un derecho específico de pago de determinada cantidad a favor del actor, derivado del procedimiento establecido en el capítulo VII del Título Tercero de la Ley Federal del Trabajo (164 vuelta). Absolvió a la enjuiciada de la acción principal y del pago de diferencias salariales, al considerar que existía imposibilidad para realizar un pronunciamiento sobre tales prestaciones, ya que el escrito de demanda contenía irregularidades que el actor no subsanó, pues incumplió con el requerimiento que le fue formulado para que precisara los hechos en que sustenta su pretensión, y si con base en tal narrativa pretendió reclamar el pago de indemnización constitucional y salarios caídos por despido injustificado o bien el otorgamiento de una incapacidad permanente al Instituto Mexicano del Seguro Social o el pago indemnizatorio del mil noventa y cinco días de salario por incapacidad permanente total; así como el número de incapacidades que le otorgó el Instituto Mexicano del Seguro Social (foja 159 vuelta). 6. Mediante oficio MA. 554/2020 de doce de agosto de dos mil veinte la responsable informó a este Tribunal Colegiado que al dictar el laudo que antecede no tomó en cuenta el escrito de cinco de marzo de dos mil veinte, por el que el actor cumplió el requerimiento que se le formuló en el auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte (sic), ya que tal libelo se traspapeló en las promociones presentadas en la oficialía de partes de la junta, por lo que solicitó tener por no cumplida la ejecutoria de amparo (foja 176). 7. En el escrito presentado por el actor por el que contestó el requerimiento que la responsable le formuló en atención a los lineamientos del fallo constitucional -mismo que no tomó en cuenta la junta al emitir el laudo- (fojas 177 y 178), se expuso lo siguiente: Los hechos en que se sustenta la acción fueron narrados en la demanda, así como en el ocurso de aclaración y modificación al escrito inicial. La acción ejercida consiste en el pago de indemnización constitucional y salarios caídos a consecuencia del despido injustificado del que fue objeto. En el año dos mil trece le fueron extendidas ocho incapacidades (precisa los periodos que comprendieron). El veinticinco de noviembre de dos mil trece se le otorgó una incapacidad permanente parcial provisional, con fecha de vencimiento al veinticuatro de noviembre de dos mil quince. Demandó el otorgamiento y pago de una pensión por incapacidad permanente total, así como las prestaciones inherentes a dicho beneficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que dio origen al expediente laboral 897/2015, del índice de la propia responsable. Al existir identidad de partes y prestaciones reclamadas, solicitó la acumulación de los expedientes 448/2013 y 897/2015, para que se pueda dar cumplimiento a las ejecutorias pronunciadas en los juicios de amparo directo 811/2019 y 109/2018 y así evitar la emisión de laudos contradictorios. II. Pues bien, uno de los efectos de la concesión fue para que la responsable ordenara la reposición del procedimiento a fin de requerir al actor para que precisara, entre otros aspectos, la acción ejercida, así como los hechos en que ésta última se sustenta y, hecho lo anterior, continuara con la tramitación del juicio, dejando subsistentes las actuaciones practicadas desde la admisión de la demanda, y hasta que se declaró cerrada la instrucción. Al respecto, se advierte que si bien la junta dejó insubsistente el laudo reclamado, ordenó la reposición del procedimiento y requirió al actor para que realizara las precisiones antes mencionadas (por lo que en esos aspectos acató el fallo constitucional); sin embargo, según se vio, el accionante presentó el escrito de cinco de marzo de dos mil veinte por el que atendió tal requerimiento, sin que tal ocurso se haya acordado por la junta, ni tampoco se dio vista con el mismo al demandado, a fin de darle oportunidad de oponer las defensas que estimare oportunas y ofrecer pruebas que a su interés conviniera. Cabe destacar que aun cuando en los efectos de la protección constitucional no se precisó de manera destacada que la responsable debía correr traslado a la parte demandada con el escrito relativo para que contestara lo conducente y ofreciera pruebas, lo cierto es que la junta debió obrar en ese sentido en aras de salvaguardar la garantía de audiencia que asiste al enjuiciado. De ahí que si la junta no corrió traslado a la parte demandada con el citado libelo, es patente que ésta no tuvo la oportunidad de contestar los reclamos de su contraria y ofrecer pruebas para justificar sus planteamientos, con lo cual se le dejó en estado de indefensión. III. Asimismo, otro de los efectos de la concesión fue para que la junta responsable dictara un nuevo laudo en el que, con libertad de jurisdicción se pronunciara respecto de la acción principal ejercida así como de las prestaciones inherentes a la misma, esto es, si conforme a lo expuesto por el actor en cumplimiento a la ejecutoria de amparo resulta procedente: a) el pago de indemnización constitucional y salarios caídos por despido injustificado, o b) el otorgamiento de una incapacidad permanente a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, o c) el pago indemnizatorio del mil noventa y cinco días de salario por incapacidad permanente total, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, si la junta admitió que por un error derivado en el manejo de la correspondencia de su oficialía de partes, al dictar el nuevo laudo no tuvo a la vista el ocurso por el que el quejoso dio cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de once de noviembre de dos mil diecinueve, ello permite concluir que no se acataron cabalmente los lineamientos dados en la ejecutoria de amparo. Lo anterior, pues el tribunal laboral debió determinar si es procedente la acción principal, así como las prestaciones inherentes a la misma, tomando en cuenta lo expuesto por el actor en el escrito referido (y lo manifestado por la enjuiciada al contestar el mismo), así como las pruebas ofrecidas por las partes para acreditar sus respectivas pretensiones y defensas, lo cual no ocurrió debido irregularidades mencionadas. En conclusión, ante el defectuoso actuar de la responsable procede tener por no cumplido el fallo protector; por tanto, se requiere a la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, para que dentro del término de tres días, deje insubsistente el laudo de veinte de marzo de dos mil veinte y dicte otro en la que dé cabal cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de catorce de noviembre anterior, en la que se concedió la protección de la Justicia Federal al quejoso Aarón Corona Toltecatl. Asimismo, se hace de su conocimiento, que de no dar cumplimiento a lo antes solicitado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, en términos de lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 258, del ordenamiento legal en cita." III. Del examen de las constancias que ahora remite la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, dejó insubsistente el laudo de veinte de marzo del año en mención, y ordenó engrosar a los autos el escrito presentado ante la junta responsable el cinco de marzo de esa anualidad, con el que se tuvo al actor Aarón Corona Toltecatl, dando cumplimiento al requerimiento formulado en acuerdo de once de noviembre de dos mil diecinueve (aunque erróneamente menciona nueve de marzo de dos mil veinte), en el que el actor señaló: "[...] En primer término y tal como se deduce del texto y cuerpo del escrito inicial de demanda, con la que da inicio el presente juicio, demando el despido injustificado del que fui objeto en términos de lo dispuesto por el artículo 51 fracciones VII y VIII de la Ley Federal del Trabajo. Al efecto señalo: a) Que Los hechos en que sustento mi acción principal son los contenidos en mi escrito inicial de demanda recibida por esa (sic) a su digno cargo el día 26 de junio del 2013, así como los contenidos en mi escrito de aclaración y modificación de fecha veinticuatro de abril del año 2014, que obran en autos del expediente 448/2013. Demando el pago de la indemnización constitucional y salarios caídos como consecuencia del despido injustificado del que fui objeto, en términos de lo dispuesto por el artículo 51 fracciones VIl y VIII de la Ley Federal del Trabajo. b) El número de incapacidades y periodos: ocho certificados de incapacidad de fechas: 1.- Veintiuno de junio del dos mil trece 2.- Primero de julio del dos mil trece 3.- Veintiséis de julio del dos mil trece 4.- Veintitrés de agosto del dos mil trece 5.- Veinte de septiembre del dos mil/rece 6.- Cuatro de octubre del dos mil trece 7.- Treinta y uno de octubre del dos mil trece 8.- Veinticuatro de noviembre de dos mil trece. Manifestando que a partir del día 25 de noviembre del año 2013 se otorgó una incapacidad permanente parcial provisional, con fecha de vencimiento el 24 de noviembre de año 2015 (.)." Además, la responsable ordenó dar vista a la demandada con el escrito de referencia para que en el término de tres días, a partir del día siguiente en que quedara notificado, manifestara lo que a su interés importara, o en su caso, ofreciera las pruebas que acreditaran su dicho, apercibiéndolo que de no hacerlo tendría por perdido su derecho y se acordaría lo que en derecho correspondiera (foja 251). Mediante proveído de nueve de abril de dos mil veintiuno, la junta acordó que tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social, como la demandada Hilaturas Ixcotla, Sociedad Anónima de Capital Variable, fueron omisas en cumplir el requerimiento que se les formuló el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, por lo que ordenó remitir los autos al auxiliar para formular el proyecto de resolución (foja 259). 5. El veintisiete de abril de dos mil veintiuno la junta responsable dictó un nuevo laudo, en el que: A. Reiteró aquello que no fue materia de análisis en la ejecutoria, así como lo que no fue declarado inconstitucional en la misma, lo cual consiste en lo siguiente: Las condenas por conceptos de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, nueve horas extras semanales laboradas, y prima de antigüedad (fojas 275 a 279). La determinación relativa a que el trabajador percibía un salario diario de sesenta y cuatro pesos con ochenta centavos (foja 272). La absolución por concepto de jornada extraordinaria, respecto del tiempo laborado después de las nueve horas extras que permite la ley (foja 278). B. Por cuanto hace al pago de reparto de utilidades reclamado en el escrito de ampliación y modificación de demanda, dejó a salvo los derechos del actor para reclamar tal beneficio en la vía y forma que estime procedentes, pues consideró que de las constancias que obran en los autos del juicio de origen no se advierte la existencia de un derecho específico de pago de determinada cantidad a favor del actor, derivado del procedimiento establecido en el capítulo VII del Título Tercero de la Ley Federal del Trabajo (164 vuelta). C. Con libertad de jurisdicción, se pronunció respecto de la acción principal ejercida, así como de las prestaciones inherentes a la misma, conforme a lo que expuso el actor al cumplir con el fallo protector, esto es, analizó la acción de pago de indemnización constitucional por despido injustificado, y determinó que se acreditó que el actor fue despedido de su empleo sin causa justificada; por lo que condenó a la empresa demandada Hilaturas Ixcotla, Sociedad Anónima de Capital Variable, al pago de indemnización constitucional y salarios caídos (fojas 269 y 270). Finalmente por lo que hace a las prestaciones reclamadas por el actor en su escrito de ampliaciones y/o modificaciones la junta determinó: "Ahora bien, por cuanto hace a las prestaciones reclamadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, el actor en el apartado Tercero del capítulo de prestaciones de su escrito de ampliaciones y/o modificaciones manifestó, lo siguiente: [...] sobre el cuál demando del Instituto Mexicano del Seguro Social, el pago de las diferencias que resulten tanto en las incapacidades como de la pensión a que tiene derecho mi representado, que fueron otorgadas con un salario de sesenta y dos pesos cero centavos $62.00 declarados por la demandada "Hilaturas Ixcotla, S.A. de C.V." ante dicha institución de seguridad social. [...]" En razón de la prestación señalada, con fecha 05 de marzo de 2020, el actor Aarón Corona Toltecatl, dio cumplimiento al requerimiento que le fue hecho mediante acuerdo de 11 de noviembre de 2019, por medio de un escrito de fecha 05 de marzo de 2020, constante de 2 fojas útiles por su anverso, como se precisó en párrafos anteriores de esta resolución, de dicho escrito, en lo que interesa, se desprende lo siguiente: "(.) b) El número de incapacidades y periodos: ocho certificados de incapacidad de fechas: 1.- veintiuno de junio del dos mil trece 2.- primero de julio del dos mil trece 4.- veintitrés de agosto del dos mil trece 5.- veinte de septiembre del dos mil trece 6.- cuatro de octubre del dos mil trece 7.- treinta y uno de octubre del dos mil trece 8.- veinticuatro de noviembre de dos mil trece. Manifestado que a partir del día 25 de noviembre del año 2013 se otorgó una incapacidad permanente parcial provisional con fecha de vencimiento el 24 de noviembre de año 2015.[...]." Ahora bien, como ha quedado acreditado en párrafos anteriores de esta resolución, el salario diario con el que fue registrado el accionante ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y sobre el que el Instituto Mexicano del Seguro Social se basó para hacer las cuantificaciones correspondientes, asciende a la cantidad de $64.80 (sesenta y cuatro pesos 80/100 moneda nacional) pesos, lo procedente es absolver al Instituto Mexicano del Seguro Social del pago de Ias diferencias que resulten en las incapacidades, que fueron otorgadas, declarados por la demandada "Hilaturas Ixcotla", S.A. de C.V. ante dicha institución de seguridad social." (fojas 280 y 281). En este sentido, se concluye que la autoridad responsable, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución de esa sentencia, pues circunscribió su actuación a los efectos fijados en ella. Así las cosas, de conformidad con el artículo 196 de la ley invocada, se tiene por cumplida dicha ejecutoria.
- Juicio de Amparo Directo
Acuerdo que se lista por segunda ocasión en términos del articulo 27, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo.Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 284 y 285), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (fojas 295 y 296). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. I. En sesión de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, este órgano colegiado concedió a Aarón Corona Toltecatl, la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "1. Que la junta deje insubsistente el laudo reclamado. 2. Ordene la reposición del procedimiento a fin de que emita un auto en el que requiera al actor para que señale de manera precisa: a) Los hechos en que sustenta la acción principal, y si con base en tal narrativa pretende reclamar: El pago de indemnización constitucional y salarios caídos por despido injustificado, o; El otorgamiento de una incapacidad permanente al Instituto Mexicano del Seguro Social, o; El pago indemnizatorio de mil noventa y cinco días de salario por incapacidad permanente total, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. b) El número de incapacidades que le otorgó el Instituto Mexicano del Seguro Social y qué periodos comprendieron. c) Hecho lo anterior, prosiga con el juicio; en la inteligencia de que quedan subsistentes las actuaciones practicadas desde la admisión de la demanda, y hasta que se declaró cerrada la instrucción. 3. Una vez que se cumpla con lo ordenado en el punto anterior, deberá dictar un nuevo laudo en el que: a) Reitere aquello que no fue materia de análisis en esta ejecutoria, así como lo que no fue declarado inconstitucional en la misma, lo cual consiste en lo siguiente: Las condenas por conceptos de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, nueve horas extras semanales laboradas, y prima de antigüedad. La determinación relativa a que el trabajador percibía un salario diario de sesenta y cuatro pesos con ochenta centavos ($64.80). La absolución por concepto de jornada extraordinaria respecto del tiempo laborado después de las nueve horas extras que permite la ley. b) Por cuanto hace al pago de reparto de utilidades reclamado en el escrito de ampliación y modificación de demanda, deje a salvo los derechos del actor para reclamar tal beneficio en la vía y forma que estime procedentes con base en lo considerado en el último apartado del considerando octavo de esta ejecutoria. c) Con libertad de jurisdicción, se pronuncie respecto de la acción principal ejercida así como de las prestaciones inherentes a la misma, esto es, si conforme a lo que exponga el actor en cumplimiento a esta ejecutoria de amparo, resulta procedente: a) el pago de indemnización constitucional y salarios caídos por despido injustificado, o b) el otorgamiento de una incapacidad permanente a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, o c) el pago indemnizatorio del mil noventa y cinco días de salario por incapacidad permanente total, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo." (fojas 110 y 111). II. En resolución de doce de noviembre de dos mil veinte, la Presidencia de este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo por las razones siguientes: "I. Del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia lo siguiente: 1. Por auto de once de noviembre de dos mil diecinueve (foja 119) dejó insubsistente el laudo de once de noviembre de dos mil diecisiete y ordenó reponer el procedimiento, para lo cual requirió al actor a fin de que dentro del término de tres días hábiles manifestara de forma precisa: Los hechos en que sustenta la acción principal y si con base en tal narrativa pretende reclamar: a) el pago de indemnización constitucional y salarios caídos por despido injustificado; b) el otorgamiento de una incapacidad permanente por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social; o bien, c) el pago indemnizatorio de mil noventa y cinco días de salario por incapacidad permanente total, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. El número de incapacidades que le otorgó el Instituto Mexicano del Seguro Social y qué periodos comprendieron. Con el apercibimiento que de no cumplir lo anterior se tendría por perdido su derecho y, al momento de dictar el laudo, no se haría un pronunciamiento respecto de tales prestaciones. 2. Mediante proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veinte se hizo efectivo el apercibimiento respectivo, pues el accionante no cumplió el requerimiento decretado en el auto que antecede y, enseguida, se ordenó turnar los autos al auxiliar para elaborar el proyecto de resolución en forma de laudo (foja 138). 3. Por acuerdo de veintiocho de febrero siguiente la responsable advirtió que el acuerdo de once de noviembre de dos mil diecinueve se notificó al actor por estrados, cuando tal comunicación procesal debió realizarse personalmente, razón por la que a fin de no dejarlo en estado de indefensión regularizó el procedimiento y, en consecuencia, dejó sin efectos el acuerdo de veinticuatro de febrero anterior y comisionó al actuario de la Junta para que realizara la notificación de que se trata conforme a derecho (foja 144). 4. En auto de nueve de marzo de dos mil veinte el tribunal laboral hizo constar que, a pesar de estar notificado legalmente, el accionante no cumplió el requerimiento ordenado en el proveído de once de noviembre de dos mil diecinueve, de modo que nuevamente hizo efectivo el apercibimiento correspondiente, esto es, tuvo por perdido su derecho por falta de interés jurídico. Hecho lo anterior, ordenó proseguir con el juicio, destacando que quedaban subsistentes las actuaciones practicadas desde la admisión de la demanda hasta que se declaró cerrada la instrucción; finalmente, turnó los autos al auxiliar de su adscripción para elaborar el proyecto de resolución en forma de laudo (foja 151). 5. El veinte de marzo de dos mil veinte la Junta responsable dictó un nuevo laudo, en el que: Reiteró aquello que no fue materia de análisis en esta ejecutoria, así como lo que no fue declarado inconstitucional en la misma, lo cual consiste en lo siguiente: Las condenas por conceptos de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, nueve horas extras semanales laboradas, y prima de antigüedad (fojas 162 frente y vuelta, 163 vuelta y 164 vuelta). La determinación relativa a que el trabajador percibía un salario diario de sesenta y cuatro pesos con ochenta centavos (foja 161 vuelta). La absolución por concepto de jornada extraordinaria respecto del tiempo laborado después de las nueve horas extras que permite la ley (fojas 163 vuelta y 164 frente). Por cuanto hace al pago de reparto de utilidades reclamado en el escrito de ampliación y modificación de demanda, dejó a salvo los derechos del actor para reclamar tal beneficio en la vía y forma que estime procedentes, pues consideró que de las constancias que obran en los autos del juicio de origen no se advierte la existencia de un derecho específico de pago de determinada cantidad a favor del actor, derivado del procedimiento establecido en el capítulo VII del Título Tercero de la Ley Federal del Trabajo (164 vuelta). Absolvió a la enjuiciada de la acción principal y del pago de diferencias salariales, al considerar que existía imposibilidad para realizar un pronunciamiento sobre tales prestaciones, ya que el escrito de demanda contenía irregularidades que el actor no subsanó, pues incumplió con el requerimiento que le fue formulado para que precisara los hechos en que sustenta su pretensión, y si con base en tal narrativa pretendió reclamar el pago de indemnización constitucional y salarios caídos por despido injustificado o bien el otorgamiento de una incapacidad permanente al Instituto Mexicano del Seguro Social o el pago indemnizatorio del mil noventa y cinco días de salario por incapacidad permanente total; así como el número de incapacidades que le otorgó el Instituto Mexicano del Seguro Social (foja 159 vuelta). 6. Mediante oficio MA. 554/2020 de doce de agosto de dos mil veinte la responsable informó a este Tribunal Colegiado que al dictar el laudo que antecede no tomó en cuenta el escrito de cinco de marzo de dos mil veinte, por el que el actor cumplió el requerimiento que se le formuló en el auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte (sic), ya que tal libelo se traspapeló en las promociones presentadas en la oficialía de partes de la junta, por lo que solicitó tener por no cumplida la ejecutoria de amparo (foja 176). 7. En el escrito presentado por el actor por el que contestó el requerimiento que la responsable le formuló en atención a los lineamientos del fallo constitucional -mismo que no tomó en cuenta la junta al emitir el laudo- (fojas 177 y 178), se expuso lo siguiente: Los hechos en que se sustenta la acción fueron narrados en la demanda, así como en el ocurso de aclaración y modificación al escrito inicial. La acción ejercida consiste en el pago de indemnización constitucional y salarios caídos a consecuencia del despido injustificado del que fue objeto. En el año dos mil trece le fueron extendidas ocho incapacidades (precisa los periodos que comprendieron). El veinticinco de noviembre de dos mil trece se le otorgó una incapacidad permanente parcial provisional, con fecha de vencimiento al veinticuatro de noviembre de dos mil quince. Demandó el otorgamiento y pago de una pensión por incapacidad permanente total, así como las prestaciones inherentes a dicho beneficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que dio origen al expediente laboral 897/2015, del índice de la propia responsable. Al existir identidad de partes y prestaciones reclamadas, solicitó la acumulación de los expedientes 448/2013 y 897/2015, para que se pueda dar cumplimiento a las ejecutorias pronunciadas en los juicios de amparo directo 811/2019 y 109/2018 y así evitar la emisión de laudos contradictorios. II. Pues bien, uno de los efectos de la concesión fue para que la responsable ordenara la reposición del procedimiento a fin de requerir al actor para que precisara, entre otros aspectos, la acción ejercida, así como los hechos en que ésta última se sustenta y, hecho lo anterior, continuara con la tramitación del juicio, dejando subsistentes las actuaciones practicadas desde la admisión de la demanda, y hasta que se declaró cerrada la instrucción. Al respecto, se advierte que si bien la junta dejó insubsistente el laudo reclamado, ordenó la reposición del procedimiento y requirió al actor para que realizara las precisiones antes mencionadas (por lo que en esos aspectos acató el fallo constitucional); sin embargo, según se vio, el accionante presentó el escrito de cinco de marzo de dos mil veinte por el que atendió tal requerimiento, sin que tal ocurso se haya acordado por la junta, ni tampoco se dio vista con el mismo al demandado, a fin de darle oportunidad de oponer las defensas que estimare oportunas y ofrecer pruebas que a su interés conviniera. Cabe destacar que aun cuando en los efectos de la protección constitucional no se precisó de manera destacada que la responsable debía correr traslado a la parte demandada con el escrito relativo para que contestara lo conducente y ofreciera pruebas, lo cierto es que la junta debió obrar en ese sentido en aras de salvaguardar la garantía de audiencia que asiste al enjuiciado. De ahí que si la junta no corrió traslado a la parte demandada con el citado libelo, es patente que ésta no tuvo la oportunidad de contestar los reclamos de su contraria y ofrecer pruebas para justificar sus planteamientos, con lo cual se le dejó en estado de indefensión. III. Asimismo, otro de los efectos de la concesión fue para que la junta responsable dictara un nuevo laudo en el que, con libertad de jurisdicción se pronunciara respecto de la acción principal ejercida así como de las prestaciones inherentes a la misma, esto es, si conforme a lo expuesto por el actor en cumplimiento a la ejecutoria de amparo resulta procedente: a) el pago de indemnización constitucional y salarios caídos por despido injustificado, o b) el otorgamiento de una incapacidad permanente a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, o c) el pago indemnizatorio del mil noventa y cinco días de salario por incapacidad permanente total, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, si la junta admitió que por un error derivado en el manejo de la correspondencia de su oficialía de partes, al dictar el nuevo laudo no tuvo a la vista el ocurso por el que el quejoso dio cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de once de noviembre de dos mil diecinueve, ello permite concluir que no se acataron cabalmente los lineamientos dados en la ejecutoria de amparo. Lo anterior, pues el tribunal laboral debió determinar si es procedente la acción principal, así como las prestaciones inherentes a la misma, tomando en cuenta lo expuesto por el actor en el escrito referido (y lo manifestado por la enjuiciada al contestar el mismo), así como las pruebas ofrecidas por las partes para acreditar sus respectivas pretensiones y defensas, lo cual no ocurrió debido irregularidades mencionadas. En conclusión, ante el defectuoso actuar de la responsable procede tener por no cumplido el fallo protector; por tanto, se requiere a la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, para que dentro del término de tres días, deje insubsistente el laudo de veinte de marzo de dos mil veinte y dicte otro en la que dé cabal cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de catorce de noviembre anterior, en la que se concedió la protección de la Justicia Federal al quejoso Aarón Corona Toltecatl. Asimismo, se hace de su conocimiento, que de no dar cumplimiento a lo antes solicitado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, en términos de lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 258, del ordenamiento legal en cita." III. Del examen de las constancias que ahora remite la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, dejó insubsistente el laudo de veinte de marzo del año en mención, y ordenó engrosar a los autos el escrito presentado ante la junta responsable el cinco de marzo de esa anualidad, con el que se tuvo al actor Aarón Corona Toltecatl, dando cumplimiento al requerimiento formulado en acuerdo de once de noviembre de dos mil diecinueve (aunque erróneamente menciona nueve de marzo de dos mil veinte), en el que el actor señaló: "[...] En primer término y tal como se deduce del texto y cuerpo del escrito inicial de demanda, con la que da inicio el presente juicio, demando el despido injustificado del que fui objeto en términos de lo dispuesto por el artículo 51 fracciones VII y VIII de la Ley Federal del Trabajo. Al efecto señalo: a) Que Los hechos en que sustento mi acción principal son los contenidos en mi escrito inicial de demanda recibida por esa (sic) a su digno cargo el día 26 de junio del 2013, así como los contenidos en mi escrito de aclaración y modificación de fecha veinticuatro de abril del año 2014, que obran en autos del expediente 448/2013. Demando el pago de la indemnización constitucional y salarios caídos como consecuencia del despido injustificado del que fui objeto, en términos de lo dispuesto por el artículo 51 fracciones VIl y VIII de la Ley Federal del Trabajo. b) El número de incapacidades y periodos: ocho certificados de incapacidad de fechas: 1.- Veintiuno de junio del dos mil trece 2.- Primero de julio del dos mil trece 3.- Veintiséis de julio del dos mil trece 4.- Veintitrés de agosto del dos mil trece 5.- Veinte de septiembre del dos mil/rece 6.- Cuatro de octubre del dos mil trece 7.- Treinta y uno de octubre del dos mil trece 8.- Veinticuatro de noviembre de dos mil trece. Manifestando que a partir del día 25 de noviembre del año 2013 se otorgó una incapacidad permanente parcial provisional, con fecha de vencimiento el 24 de noviembre de año 2015 (.)." Además, la responsable ordenó dar vista a la demandada con el escrito de referencia para que en el término de tres días, a partir del día siguiente en que quedara notificado, manifestara lo que a su interés importara, o en su caso, ofreciera las pruebas que acreditaran su dicho, apercibiéndolo que de no hacerlo tendría por perdido su derecho y se acordaría lo que en derecho correspondiera (foja 251). Mediante proveído de nueve de abril de dos mil veintiuno, la junta acordó que tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social, como la demandada Hilaturas Ixcotla, Sociedad Anónima de Capital Variable, fueron omisas en cumplir el requerimiento que se les formuló el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, por lo que ordenó remitir los autos al auxiliar para formular el proyecto de resolución (foja 259). 5. El veintisiete de abril de dos mil veintiuno la junta responsable dictó un nuevo laudo, en el que: A. Reiteró aquello que no fue materia de análisis en la ejecutoria, así como lo que no fue declarado inconstitucional en la misma, lo cual consiste en lo siguiente: Las condenas por conceptos de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, nueve horas extras semanales laboradas, y prima de antigüedad (fojas 275 a 279). La determinación relativa a que el trabajador percibía un salario diario de sesenta y cuatro pesos con ochenta centavos (foja 272). La absolución por concepto de jornada extraordinaria, respecto del tiempo laborado después de las nueve horas extras que permite la ley (foja 278). B. Por cuanto hace al pago de reparto de utilidades reclamado en el escrito de ampliación y modificación de demanda, dejó a salvo los derechos del actor para reclamar tal beneficio en la vía y forma que estime procedentes, pues consideró que de las constancias que obran en los autos del juicio de origen no se advierte la existencia de un derecho específico de pago de determinada cantidad a favor del actor, derivado del procedimiento establecido en el capítulo VII del Título Tercero de la Ley Federal del Trabajo (164 vuelta). C. Con libertad de jurisdicción, se pronunció respecto de la acción principal ejercida, así como de las prestaciones inherentes a la misma, conforme a lo que expuso el actor al cumplir con el fallo protector, esto es, analizó la acción de pago de indemnización constitucional por despido injustificado, y determinó que se acreditó que el actor fue despedido de su empleo sin causa justificada; por lo que condenó a la empresa demandada Hilaturas Ixcotla, Sociedad Anónima de Capital Variable, al pago de indemnización constitucional y salarios caídos (fojas 269 y 270). Finalmente por lo que hace a las prestaciones reclamadas por el actor en su escrito de ampliaciones y/o modificaciones la junta determinó: "Ahora bien, por cuanto hace a las prestaciones reclamadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, el actor en el apartado Tercero del capítulo de prestaciones de su escrito de ampliaciones y/o modificaciones manifestó, lo siguiente: [...] sobre el cuál demando del Instituto Mexicano del Seguro Social, el pago de las diferencias que resulten tanto en las incapacidades como de la pensión a que tiene derecho mi representado, que fueron otorgadas con un salario de sesenta y dos pesos cero centavos $62.00 declarados por la demandada "Hilaturas Ixcotla, S.A. de C.V." ante dicha institución de seguridad social. [...]" En razón de la prestación señalada, con fecha 05 de marzo de 2020, el actor Aarón Corona Toltecatl, dio cumplimiento al requerimiento que le fue hecho mediante acuerdo de 11 de noviembre de 2019, por medio de un escrito de fecha 05 de marzo de 2020, constante de 2 fojas útiles por su anverso, como se precisó en párrafos anteriores de esta resolución, de dicho escrito, en lo que interesa, se desprende lo siguiente: "(.) b) El número de incapacidades y periodos: ocho certificados de incapacidad de fechas: 1.- veintiuno de junio del dos mil trece 2.- primero de julio del dos mil trece 4.- veintitrés de agosto del dos mil trece 5.- veinte de septiembre del dos mil trece 6.- cuatro de octubre del dos mil trece 7.- treinta y uno de octubre del dos mil trece 8.- veinticuatro de noviembre de dos mil trece. Manifestado que a partir del día 25 de noviembre del año 2013 se otorgó una incapacidad permanente parcial provisional con fecha de vencimiento el 24 de noviembre de año 2015.[...]." Ahora bien, como ha quedado acreditado en párrafos anteriores de esta resolución, el salario diario con el que fue registrado el accionante ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y sobre el que el Instituto Mexicano del Seguro Social se basó para hacer las cuantificaciones correspondientes, asciende a la cantidad de $64.80 (sesenta y cuatro pesos 80/100 moneda nacional) pesos, lo procedente es absolver al Instituto Mexicano del Seguro Social del pago de Ias diferencias que resulten en las incapacidades, que fueron otorgadas, declarados por la demandada "Hilaturas Ixcotla", S.A. de C.V. ante dicha institución de seguridad social." (fojas 280 y 281). En este sentido, se concluye que la autoridad responsable, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución de esa sentencia, pues circunscribió su actuación a los efectos fijados en ella. Así las cosas, de conformidad con el artículo 196 de la ley invocada, se tiene por cumplida dicha ejecutoria.
- Juicio de Amparo Directo
Apizaco, Tlaxcala, a veintitrés de julio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se desprende que la autoridad responsable informó acerca del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este juicio de amparo directo, así como que con el mismo se dio vista a las partes quejosa y tercera interesada (fojas 284 y 285), sin que hayan hecho manifestación alguna al respecto (fojas 295 y 296). En esas circunstancias, con apoyo en el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, por el que se modifican, derogan y adicionan diversas disposiciones del Acuerdo General número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, se hará el análisis correspondiente con el fin de determinar si la sentencia protectora se encuentra cumplida o no. I. En sesión de veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, este órgano colegiado concedió a Aarón Corona Toltecatl, la protección constitucional solicitada, para los siguientes efectos: "1. Que la junta deje insubsistente el laudo reclamado. 2. Ordene la reposición del procedimiento a fin de que emita un auto en el que requiera al actor para que señale de manera precisa: a) Los hechos en que sustenta la acción principal, y si con base en tal narrativa pretende reclamar: El pago de indemnización constitucional y salarios caídos por despido injustificado, o; El otorgamiento de una incapacidad permanente al Instituto Mexicano del Seguro Social, o; El pago indemnizatorio de mil noventa y cinco días de salario por incapacidad permanente total, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. b) El número de incapacidades que le otorgó el Instituto Mexicano del Seguro Social y qué periodos comprendieron. c) Hecho lo anterior, prosiga con el juicio; en la inteligencia de que quedan subsistentes las actuaciones practicadas desde la admisión de la demanda, y hasta que se declaró cerrada la instrucción. 3. Una vez que se cumpla con lo ordenado en el punto anterior, deberá dictar un nuevo laudo en el que: a) Reitere aquello que no fue materia de análisis en esta ejecutoria, así como lo que no fue declarado inconstitucional en la misma, lo cual consiste en lo siguiente: Las condenas por conceptos de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, nueve horas extras semanales laboradas, y prima de antigüedad. La determinación relativa a que el trabajador percibía un salario diario de sesenta y cuatro pesos con ochenta centavos ($64.80). La absolución por concepto de jornada extraordinaria respecto del tiempo laborado después de las nueve horas extras que permite la ley. b) Por cuanto hace al pago de reparto de utilidades reclamado en el escrito de ampliación y modificación de demanda, deje a salvo los derechos del actor para reclamar tal beneficio en la vía y forma que estime procedentes con base en lo considerado en el último apartado del considerando octavo de esta ejecutoria. c) Con libertad de jurisdicción, se pronuncie respecto de la acción principal ejercida así como de las prestaciones inherentes a la misma, esto es, si conforme a lo que exponga el actor en cumplimiento a esta ejecutoria de amparo, resulta procedente: a) el pago de indemnización constitucional y salarios caídos por despido injustificado, o b) el otorgamiento de una incapacidad permanente a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, o c) el pago indemnizatorio del mil noventa y cinco días de salario por incapacidad permanente total, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo." (fojas 110 y 111). II. En resolución de doce de noviembre de dos mil veinte, la Presidencia de este Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito tuvo por no cumplida la ejecutoria de amparo por las razones siguientes: "I. Del examen de las constancias remitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia lo siguiente: 1. Por auto de once de noviembre de dos mil diecinueve (foja 119) dejó insubsistente el laudo de once de noviembre de dos mil diecisiete y ordenó reponer el procedimiento, para lo cual requirió al actor a fin de que dentro del término de tres días hábiles manifestara de forma precisa: Los hechos en que sustenta la acción principal y si con base en tal narrativa pretende reclamar: a) el pago de indemnización constitucional y salarios caídos por despido injustificado; b) el otorgamiento de una incapacidad permanente por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social; o bien, c) el pago indemnizatorio de mil noventa y cinco días de salario por incapacidad permanente total, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. El número de incapacidades que le otorgó el Instituto Mexicano del Seguro Social y qué periodos comprendieron. Con el apercibimiento que de no cumplir lo anterior se tendría por perdido su derecho y, al momento de dictar el laudo, no se haría un pronunciamiento respecto de tales prestaciones. 2. Mediante proveído de veinticuatro de febrero de dos mil veinte se hizo efectivo el apercibimiento respectivo, pues el accionante no cumplió el requerimiento decretado en el auto que antecede y, enseguida, se ordenó turnar los autos al auxiliar para elaborar el proyecto de resolución en forma de laudo (foja 138). 3. Por acuerdo de veintiocho de febrero siguiente la responsable advirtió que el acuerdo de once de noviembre de dos mil diecinueve se notificó al actor por estrados, cuando tal comunicación procesal debió realizarse personalmente, razón por la que a fin de no dejarlo en estado de indefensión regularizó el procedimiento y, en consecuencia, dejó sin efectos el acuerdo de veinticuatro de febrero anterior y comisionó al actuario de la Junta para que realizara la notificación de que se trata conforme a derecho (foja 144). 4. En auto de nueve de marzo de dos mil veinte el tribunal laboral hizo constar que, a pesar de estar notificado legalmente, el accionante no cumplió el requerimiento ordenado en el proveído de once de noviembre de dos mil diecinueve, de modo que nuevamente hizo efectivo el apercibimiento correspondiente, esto es, tuvo por perdido su derecho por falta de interés jurídico. Hecho lo anterior, ordenó proseguir con el juicio, destacando que quedaban subsistentes las actuaciones practicadas desde la admisión de la demanda hasta que se declaró cerrada la instrucción; finalmente, turnó los autos al auxiliar de su adscripción para elaborar el proyecto de resolución en forma de laudo (foja 151). 5. El veinte de marzo de dos mil veinte la Junta responsable dictó un nuevo laudo, en el que: Reiteró aquello que no fue materia de análisis en esta ejecutoria, así como lo que no fue declarado inconstitucional en la misma, lo cual consiste en lo siguiente: Las condenas por conceptos de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, nueve horas extras semanales laboradas, y prima de antigüedad (fojas 162 frente y vuelta, 163 vuelta y 164 vuelta). La determinación relativa a que el trabajador percibía un salario diario de sesenta y cuatro pesos con ochenta centavos (foja 161 vuelta). La absolución por concepto de jornada extraordinaria respecto del tiempo laborado después de las nueve horas extras que permite la ley (fojas 163 vuelta y 164 frente). Por cuanto hace al pago de reparto de utilidades reclamado en el escrito de ampliación y modificación de demanda, dejó a salvo los derechos del actor para reclamar tal beneficio en la vía y forma que estime procedentes, pues consideró que de las constancias que obran en los autos del juicio de origen no se advierte la existencia de un derecho específico de pago de determinada cantidad a favor del actor, derivado del procedimiento establecido en el capítulo VII del Título Tercero de la Ley Federal del Trabajo (164 vuelta). Absolvió a la enjuiciada de la acción principal y del pago de diferencias salariales, al considerar que existía imposibilidad para realizar un pronunciamiento sobre tales prestaciones, ya que el escrito de demanda contenía irregularidades que el actor no subsanó, pues incumplió con el requerimiento que le fue formulado para que precisara los hechos en que sustenta su pretensión, y si con base en tal narrativa pretendió reclamar el pago de indemnización constitucional y salarios caídos por despido injustificado o bien el otorgamiento de una incapacidad permanente al Instituto Mexicano del Seguro Social o el pago indemnizatorio del mil noventa y cinco días de salario por incapacidad permanente total; así como el número de incapacidades que le otorgó el Instituto Mexicano del Seguro Social (foja 159 vuelta). 6. Mediante oficio MA. 554/2020 de doce de agosto de dos mil veinte la responsable informó a este Tribunal Colegiado que al dictar el laudo que antecede no tomó en cuenta el escrito de cinco de marzo de dos mil veinte, por el que el actor cumplió el requerimiento que se le formuló en el auto de veintiocho de febrero de dos mil veinte (sic), ya que tal libelo se traspapeló en las promociones presentadas en la oficialía de partes de la junta, por lo que solicitó tener por no cumplida la ejecutoria de amparo (foja 176). 7. En el escrito presentado por el actor por el que contestó el requerimiento que la responsable le formuló en atención a los lineamientos del fallo constitucional -mismo que no tomó en cuenta la junta al emitir el laudo- (fojas 177 y 178), se expuso lo siguiente: Los hechos en que se sustenta la acción fueron narrados en la demanda, así como en el ocurso de aclaración y modificación al escrito inicial. La acción ejercida consiste en el pago de indemnización constitucional y salarios caídos a consecuencia del despido injustificado del que fue objeto. En el año dos mil trece le fueron extendidas ocho incapacidades (precisa los periodos que comprendieron). El veinticinco de noviembre de dos mil trece se le otorgó una incapacidad permanente parcial provisional, con fecha de vencimiento al veinticuatro de noviembre de dos mil quince. Demandó el otorgamiento y pago de una pensión por incapacidad permanente total, así como las prestaciones inherentes a dicho beneficio al Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que dio origen al expediente laboral 897/2015, del índice de la propia responsable. Al existir identidad de partes y prestaciones reclamadas, solicitó la acumulación de los expedientes 448/2013 y 897/2015, para que se pueda dar cumplimiento a las ejecutorias pronunciadas en los juicios de amparo directo 811/2019 y 109/2018 y así evitar la emisión de laudos contradictorios. II. Pues bien, uno de los efectos de la concesión fue para que la responsable ordenara la reposición del procedimiento a fin de requerir al actor para que precisara, entre otros aspectos, la acción ejercida, así como los hechos en que ésta última se sustenta y, hecho lo anterior, continuara con la tramitación del juicio, dejando subsistentes las actuaciones practicadas desde la admisión de la demanda, y hasta que se declaró cerrada la instrucción. Al respecto, se advierte que si bien la junta dejó insubsistente el laudo reclamado, ordenó la reposición del procedimiento y requirió al actor para que realizara las precisiones antes mencionadas (por lo que en esos aspectos acató el fallo constitucional); sin embargo, según se vio, el accionante presentó el escrito de cinco de marzo de dos mil veinte por el que atendió tal requerimiento, sin que tal ocurso se haya acordado por la junta, ni tampoco se dio vista con el mismo al demandado, a fin de darle oportunidad de oponer las defensas que estimare oportunas y ofrecer pruebas que a su interés conviniera. Cabe destacar que aun cuando en los efectos de la protección constitucional no se precisó de manera destacada que la responsable debía correr traslado a la parte demandada con el escrito relativo para que contestara lo conducente y ofreciera pruebas, lo cierto es que la junta debió obrar en ese sentido en aras de salvaguardar la garantía de audiencia que asiste al enjuiciado. De ahí que si la junta no corrió traslado a la parte demandada con el citado libelo, es patente que ésta no tuvo la oportunidad de contestar los reclamos de su contraria y ofrecer pruebas para justificar sus planteamientos, con lo cual se le dejó en estado de indefensión. III. Asimismo, otro de los efectos de la concesión fue para que la junta responsable dictara un nuevo laudo en el que, con libertad de jurisdicción se pronunciara respecto de la acción principal ejercida así como de las prestaciones inherentes a la misma, esto es, si conforme a lo expuesto por el actor en cumplimiento a la ejecutoria de amparo resulta procedente: a) el pago de indemnización constitucional y salarios caídos por despido injustificado, o b) el otorgamiento de una incapacidad permanente a cargo del Instituto Mexicano del Seguro Social, o c) el pago indemnizatorio del mil noventa y cinco días de salario por incapacidad permanente total, en términos de lo dispuesto por la Ley Federal del Trabajo. Por tanto, si la junta admitió que por un error derivado en el manejo de la correspondencia de su oficialía de partes, al dictar el nuevo laudo no tuvo a la vista el ocurso por el que el quejoso dio cumplimiento al requerimiento que se le formuló en proveído de once de noviembre de dos mil diecinueve, ello permite concluir que no se acataron cabalmente los lineamientos dados en la ejecutoria de amparo. Lo anterior, pues el tribunal laboral debió determinar si es procedente la acción principal, así como las prestaciones inherentes a la misma, tomando en cuenta lo expuesto por el actor en el escrito referido (y lo manifestado por la enjuiciada al contestar el mismo), así como las pruebas ofrecidas por las partes para acreditar sus respectivas pretensiones y defensas, lo cual no ocurrió debido irregularidades mencionadas. En conclusión, ante el defectuoso actuar de la responsable procede tener por no cumplido el fallo protector; por tanto, se requiere a la Junta Especial Número Cuarenta y Seis de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Tlaxcala, para que dentro del término de tres días, deje insubsistente el laudo de veinte de marzo de dos mil veinte y dicte otro en la que dé cabal cumplimiento a los efectos de la ejecutoria de catorce de noviembre anterior, en la que se concedió la protección de la Justicia Federal al quejoso Aarón Corona Toltecatl. Asimismo, se hace de su conocimiento, que de no dar cumplimiento a lo antes solicitado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 193 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, en términos de lo dispuesto por los artículos 237, fracción I y 258, del ordenamiento legal en cita." III. Del examen de las constancias que ahora remite la autoridad responsable para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, se aprecia que por auto de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, dejó insubsistente el laudo de veinte de marzo del año en mención, y ordenó engrosar a los autos el escrito presentado ante la junta responsable el cinco de marzo de esa anualidad, con el que se tuvo al actor Aarón Corona Toltecatl, dando cumplimiento al requerimiento formulado en acuerdo de once de noviembre de dos mil diecinueve (aunque erróneamente menciona nueve de marzo de dos mil veinte), en el que el actor señaló: "[...] En primer término y tal como se deduce del texto y cuerpo del escrito inicial de demanda, con la que da inicio el presente juicio, demando el despido injustificado del que fui objeto en términos de lo dispuesto por el artículo 51 fracciones VII y VIII de la Ley Federal del Trabajo. Al efecto señalo: a) Que Los hechos en que sustento mi acción principal son los contenidos en mi escrito inicial de demanda recibida por esa (sic) a su digno cargo el día 26 de junio del 2013, así como los contenidos en mi escrito de aclaración y modificación de fecha veinticuatro de abril del año 2014, que obran en autos del expediente 448/2013. Demando el pago de la indemnización constitucional y salarios caídos como consecuencia del despido injustificado del que fui objeto, en términos de lo dispuesto por el artículo 51 fracciones VIl y VIII de la Ley Federal del Trabajo. b) El número de incapacidades y periodos: ocho certificados de incapacidad de fechas: 1.- Veintiuno de junio del dos mil trece 2.- Primero de julio del dos mil trece 3.- Veintiséis de julio del dos mil trece 4.- Veintitrés de agosto del dos mil trece 5.- Veinte de septiembre del dos mil/rece 6.- Cuatro de octubre del dos mil trece 7.- Treinta y uno de octubre del dos mil trece 8.- Veinticuatro de noviembre de dos mil trece. Manifestando que a partir del día 25 de noviembre del año 2013 se otorgó una incapacidad permanente parcial provisional, con fecha de vencimiento el 24 de noviembre de año 2015 (.)." Además, la responsable ordenó dar vista a la demandada con el escrito de referencia para que en el término de tres días, a partir del día siguiente en que quedara notificado, manifestara lo que a su interés importara, o en su caso, ofreciera las pruebas que acreditaran su dicho, apercibiéndolo que de no hacerlo tendría por perdido su derecho y se acordaría lo que en derecho correspondiera (foja 251). Mediante proveído de nueve de abril de dos mil veintiuno, la junta acordó que tanto el Instituto Mexicano del Seguro Social, como la demandada Hilaturas Ixcotla, Sociedad Anónima de Capital Variable, fueron omisas en cumplir el requerimiento que se les formuló el diecinueve de noviembre de dos mil veinte, por lo que ordenó remitir los autos al auxiliar para formular el proyecto de resolución (foja 259). 5. El veintisiete de abril de dos mil veintiuno la junta responsable dictó un nuevo laudo, en el que: A. Reiteró aquello que no fue materia de análisis en la ejecutoria, así como lo que no fue declarado inconstitucional en la misma, lo cual consiste en lo siguiente: Las condenas por conceptos de aguinaldo, vacaciones, prima vacacional, nueve horas extras semanales laboradas, y prima de antigüedad (fojas 275 a 279). La determinación relativa a que el trabajador percibía un salario diario de sesenta y cuatro pesos con ochenta centavos (foja 272). La absolución por concepto de jornada extraordinaria, respecto del tiempo laborado después de las nueve horas extras que permite la ley (foja 278). B. Por cuanto hace al pago de reparto de utilidades reclamado en el escrito de ampliación y modificación de demanda, dejó a salvo los derechos del actor para reclamar tal beneficio en la vía y forma que estime procedentes, pues consideró que de las constancias que obran en los autos del juicio de origen no se advierte la existencia de un derecho específico de pago de determinada cantidad a favor del actor, derivado del procedimiento establecido en el capítulo VII del Título Tercero de la Ley Federal del Trabajo (164 vuelta). C. Con libertad de jurisdicción, se pronunció respecto de la acción principal ejercida, así como de las prestaciones inherentes a la misma, conforme a lo que expuso el actor al cumplir con el fallo protector, esto es, analizó la acción de pago de indemnización constitucional por despido injustificado, y determinó que se acreditó que el actor fue despedido de su empleo sin causa justificada; por lo que condenó a la empresa demandada Hilaturas Ixcotla, Sociedad Anónima de Capital Variable, al pago de indemnización constitucional y salarios caídos (fojas 269 y 270). Finalmente por lo que hace a las prestaciones reclamadas por el actor en su escrito de ampliaciones y/o modificaciones la junta determinó: "Ahora bien, por cuanto hace a las prestaciones reclamadas al Instituto Mexicano del Seguro Social, el actor en el apartado Tercero del capítulo de prestaciones de su escrito de ampliaciones y/o modificaciones manifestó, lo siguiente: [...] sobre el cuál demando del Instituto Mexicano del Seguro Social, el pago de las diferencias que resulten tanto en las incapacidades como de la pensión a que tiene derecho mi representado, que fueron otorgadas con un salario de sesenta y dos pesos cero centavos $62.00 declarados por la demandada "Hilaturas Ixcotla, S.A. de C.V." ante dicha institución de seguridad social. [...]" En razón de la prestación señalada, con fecha 05 de marzo de 2020, el actor Aarón Corona Toltecatl, dio cumplimiento al requerimiento que le fue hecho mediante acuerdo de 11 de noviembre de 2019, por medio de un escrito de fecha 05 de marzo de 2020, constante de 2 fojas útiles por su anverso, como se precisó en párrafos anteriores de esta resolución, de dicho escrito, en lo que interesa, se desprende lo siguiente: "(.) b) El número de incapacidades y periodos: ocho certificados de incapacidad de fechas: 1.- veintiuno de junio del dos mil trece 2.- primero de julio del dos mil trece 4.- veintitrés de agosto del dos mil trece 5.- veinte de septiembre del dos mil trece 6.- cuatro de octubre del dos mil trece 7.- treinta y uno de octubre del dos mil trece 8.- veinticuatro de noviembre de dos mil trece. Manifestado que a partir del día 25 de noviembre del año 2013 se otorgó una incapacidad permanente parcial provisional con fecha de vencimiento el 24 de noviembre de año 2015.[...]." Ahora bien, como ha quedado acreditado en párrafos anteriores de esta resolución, el salario diario con el que fue registrado el accionante ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y sobre el que el Instituto Mexicano del Seguro Social se basó para hacer las cuantificaciones correspondientes, asciende a la cantidad de $64.80 (sesenta y cuatro pesos 80/100 moneda nacional) pesos, lo procedente es absolver al Instituto Mexicano del Seguro Social del pago de Ias diferencias que resulten en las incapacidades, que fueron otorgadas, declarados por la demandada "Hilaturas Ixcotla", S.A. de C.V. ante dicha institución de seguridad social." (fojas 280 y 281). En este sentido, se concluye que la autoridad responsable, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, dio cumplimiento a los lineamientos establecidos en el fallo protector, sin que haya incurrido en exceso o defecto en la ejecución de esa sentencia, pues circunscribió su actuación a los efectos fijados en ella. Así las cosas, de conformidad con el artículo 196 de la ley invocada, se tiene por cumplida dicha ejecutoria.
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