Gloria Herminia Ortiz Hernandez
Expediente 243/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 243/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/04/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Gloria Herminia Ortiz Hernandez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
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Visto el estado que guardan los autos, específicamente la certificación secretarial que antecede, de la cual se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente haya recurrido el acuerdo de veintisiete de marzo del año en curso, por el cual se DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO; en consecuencia, con fundamento en el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que tal proveído HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en el libro de gobierno correspondiente y archívese como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda de amparo; además que no tiene relevancia documental para su conservación. Asimismo, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
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MESA VI NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
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MESA VI SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCION PRIMERA INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SINTESIS DEL AUTO DE VEINTISIETE DE MARZO DE DOS MIL DIECIOCHO: Agréguese a los autos el escrito de la quejosa Gloria Herminia Ortiz Hernández, mediante el cual cumple con la prevención efectuada por este órgano jurisdiccional. Ahora bien, analizada nuevamente la demanda de amparo, así como el escrito aclaratorio, contra actos del Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tamaulipas, con residencia en Tampico, se provee lo siguiente. DESECHAMIENTO En primer término, a efecto de proveer respecto de la demanda propuesta, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo:.. El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en acatamiento a lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD, se obtiene que, en la especie, la parte quejosa reclama de manera destacada lo siguiente: La resolución de nueve de febrero de dos mil dieciocho, emitida en el juicio laboral 56/2018, en la cual la junta responsable desecha parcialmente la demanda, y no la tiene por admitida respecto de diversos codemandados. Sobre esa base, y en atención a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza en el presente asunto. Ahora bien, en el presente caso, a consideración de la suscrita, advierte la actualización manifiesta e indudable de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción V, y 172, fracción XII, del propio ordenamiento legal, los cuales establecen:. El primero de los artículos transcritos establece que la improcedencia del juicio de amparo puede sustentarse en alguna disposición legal diversa de las previstas casuísticamente en éste. Por su parte, el segundo artículo en la fracción transcrita, dispone que el amparo indirecto contra actos dentro del juicio procede limitativamente respecto de aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución o en los tratados internacionales suscritos por nuestro país, lo que implica que una violación procesal que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, así pueda calificarse como exorbitante, no puede ser sujeta al análisis inmediato a través del juicio de amparo indirecto, ya que no produce una afectación material de derechos sustantivos. Como se ve, el legislador proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que los actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva; derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Por su parte, el artículo 172 de la Ley de Amparo, refiere que para la procedencia del juicio de amparo directo, es menester que las violaciones procesales trasciendan al resultado del fallo, es decir que si no son factor en la resolución final contra la que proceda el amparo, no se tendrán como violaciones a las leyes del procedimiento aun cuando se encuentren dentro de las hipótesis que enmarca el precepto en cuestión, puesto que es necesario que dichas violaciones tengan injerencia en el resultado del juicio para estar en aptitud de reclamarla. En el caso concreto, se considera que el acto reclamado consistente en la resolución de nueve de febrero de dos mil dieciocho, emitida en el juicio laboral ***, del índice de la junta responsable, en la que desechó parcialmente la demanda respecto de diversos codemandados, por su naturaleza y característica procesal, no constituye un acto de imposible reparación, pues no afecta los derechos sustantivos de la parte quejosa, pues se traduce en una violación a las leyes de procedimiento que no implica que la parte quejosa vaya a obtener un laudo contrario a sus intereses. Ello se considera así, tomando en cuenta que en cumplimiento a la prevención efectuada por este órgano jurisdiccional, la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, indicó que con motivo de la relación de trabajo que sostuvo, le reclama a todos los demandados que señaló en su demanda laboral, las mismas prestaciones e indemnizaciones; manifestaciones que constituyen una confesión expresa, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En ese sentido, debe precisarse que cuando un trabajador señala en su demanda inicial a varias personas como responsables del vínculo laboral o del pago de las prestaciones que demanda, sus pretensiones pueden quedar satisfechas si obtiene laudo favorable contra uno de los demandados por el que se siga el juicio, aun cuando no se hubiera llamado al resto de los designados, ya que en el supuesto de que el laudo que se dicte en esas condiciones fuera adverso a los intereses del actor, hasta entonces se patentiza la trascendencia de la violación procesal, máxime que la omisión acusada al actualizarse dentro del procedimiento correspondiente no contraviene ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, de ahí que no deba considerarse como un acto dentro de juicio de imposible reparación, dado que sus efectos son meramente procesales o adjetivos, por ello es evidente que resulta impugnable en términos del artículo 172 de la Ley de Amparo, a través del juicio de amparo directo como violación a las normas procesales que dejan sin defensa al peticionario del amparo y trascienden al resultado del laudo, situación que puede ser remediada escuchando al resto de los demandados que por el indebido actuar de la Junta quedaron fuera de la controversia. De ahí, que se considera que no se satisface el requisito de procedibilidad de la acción constitucional, establecido en la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo. Consecuentemente, por las razones expuestas, con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA, origen de este juicio.
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MESA VI NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE
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