Gloria Hecheverría Ordóñez

Expediente 1192/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 9 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1192/2018
Año
2018
Actuaciones
9
Última actuación
27/11/2018

Partes del expediente

  • Gloria Hecheverría Ordóñez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Incidental

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta, de la cual se desprende que en esta propia fecha dentro del juicio de amparo del cual deriva este incidente de suspensión, se ordenó el archivo como asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Se ordena depurar el cuaderno original del mismo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido y negado la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Se ordena depurar el cuaderno original del mismo, ya que se actualiza la hipótesis del párrafo segundo, de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido y negado la medida cautelar de los actos reclamados. 3. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  3. Principal

    EN ESTA FECHA SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA Y TERCERO INTERESADO M.A.P.R. EL SIGUEINTE PROVEIDO. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de octubre de dos mil dieciocho********************Visto el estado que guardan los autos, de los cuales se desprende que el acto reclamado por la quejosa ********************, lo es, el citatorio girado en su contra mediante proveído de ocho de agosto del año en curso, dentro de la causa penal ********************, del índice del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, con domicilio en Chiapas de Corzo, Chiapas. Ahora, este operador jurídico considera que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo********************Los numerales antes mencionados disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico********************(.)"********************Tales preceptos, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contemplan el principio general de procedencia del juicio de amparo, consistente en que sólo puede promoverse si existe una afectación al interés jurídico o legítimo del quejoso********************Ello, en razón de que conforme a lo establecido en la primera de las disposiciones legales citadas, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien afecte el acto o la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame; esto es, la legitimación para iniciar y seguir el amparo indirecto, debe fundarse en el agravio causado por un acto de autoridad o por la ley al interés jurídico del particular, el cual debe entenderse como todo menoscabo, toda ofensa a la persona física o moral -sea de naturaleza jurídica o patrimonial- siempre que sea material y apreciable objetivamente, pues la afectación aducida debe ser real y no de carácter subjetivo********************De ahí que, ese agravio debe recaer en algún derecho jurídicamente tutelado en favor de quien acude en demanda de amparo, concretarse en él y no ser abstracto o genérico, así como también, debe ser de realización pasada, presente o inminente********************Bajo esa lógica, para considerar que a una persona se le afecta en la esfera de sus derechos jurídicamente tutelados y que tiene interés jurídico para acudir al juicio de amparo, necesariamente se requiere por una parte de la existencia de derechos legítimamente tutelados y, por otra, del perjuicio que los actos reclamados pudieran ocasionarle, habida cuenta que si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal, o en caso de existir, no resientan perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados, no es viable tener por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia********************Así, para que proceda la acción constitucional no basta que se manifieste o en su caso se acredite algún interés cualquiera o simple sin contar con respaldo legal, sino que es necesario que encuentre apoyo en derechos reconocidos por la ley y que se ocasione perjuicio alguno por los actos de autoridad reclamados********************Por ello, es válido concluir que únicamente puede promoverse juicio de amparo a instancia de parte agraviada, teniendo ese carácter quien aduce tener un interés legítimo individual o colectivo cuando los actos reclamados provengan de actos administrativos que no sean jurisdiccionales, pues así lo establece el segundo párrafo de la fracción I del artículo 107 constitucional; en otras palabras, tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, la parte quejosa deberá aducir ser titular de un interés jurídico más no legítimo********************Sentado lo anterior, el acto reclamado como ya se dijo con antelación es el acuerdo de ocho de agosto de dos mil dieciocho, en el cual se cita a la quejosa ******************** para que tenga verificativo la audiencia inicial en la cual el Ministerio Público habrá de formular imputación en su contra, del hecho tipificado como delito de fraude, previsto en el artículo 302, del Código Penal vigente en el Estado de Chiapas, es decir, se trata de una etapa previa a la del juicio y que el artículo 211, fracción I, inciso a) del Código Nacional de Procedimientos Penales define como de investigación inicial********************La exégesis de los artículos 309, párrafo primero y 310, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, permite establecer que cuando el Ministerio Público recaba los datos que le indican probablemente la comisión de uno o más hechos calificados por la ley como delito y considera que es oportuno la intervención judicial con el objeto de resolver la situación jurídica del imputado, y únicamente en el caso de que éste no se encuentre detenido, solicitará al juez de control que lo cite para la audiencia inicial conforme al párrafo segundo del numeral 310 de la legislación en consulta. Al respecto, el numeral 141, fracción I del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé el citatorio para la audiencia inicial como una de las formas de conducción al proceso********************Ahora, conforme al numeral 307 del citado ordenamiento legal, en la audiencia inicial: (i) Se informará al imputado sus derechos constitucionales y legales, si es que no éstos no se le hubieren informado con antelación********************(ii) De ser el caso, se llevará a cabo el control de legalidad de la detención********************(iii) Se formulará la imputación********************(iv) Se dará la oportunidad de declarar al imputado********************(v) Se resolverá respecto de la solicitud de vinculación a proceso y medidas cautelares********************(vi) Se definirá el plazo para el cierre de la investigación********************De esta manera, la formulación de imputación que se desarrolla en la audiencia inicial, constituye un presupuesto necesario para transitar a la etapa intermedia o de preparación de juicio, ya que representa la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos calificados por la ley como delito********************En ese sentido, aun y cuando los actos reclamados consistentes en el acuerdo que ordena la citación a la audiencia inicial y su ejecución constituyen el vínculo para que se lleve a cabo la formulación de imputación, lo cierto es que dicha citación no ocasiona un perjuicio a la esfera de derechos de la quejosa ********************, pues el trámite como el auto que ordena su citación, no han ocasionado alguna afectación en sus derechos, como es el de gozar de libertad o algún otro********************Lo anterior, puesto que la facultad que ejerce el juez de control al emitir el auto reclamado, no involucra el análisis de los hechos delictuosos, ni de la probable participación del justiciable en su comisión, ya que simplemente representa un aviso de que debe comparecer ante la autoridad jurisdiccional para la práctica de una diligencia, con motivo de que el Ministerio Público solicitó que se formalice el procedimiento por medio de la intervención judicial********************En efecto, para emitir el acto reclamado, el Juez de Control únicamente está actuando en el ámbito de sus atribuciones constitucionales, de tal modo que a la investigada-quejosa- no se le causa un perjuicio de índole jurídico, debido a que en dicha fase procedimental no se le irroga perjuicio alguno, pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conoce de la carpeta administrativa determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión o comparecencia, en caso, de que así lo solicitare el Ministerio Público; considerar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al juzgador, anteponiendo el interés particular al de la sociedad********************Así, no puede considerarse que la citación a la audiencia inicial ocasione un perjuicio a la esfera de derechos de la parte quejosa, pues ésta sólo se cristalizará hasta en tanto la autoridad judicial determine si procede librar la correspondiente orden de aprehensión o comparecencia en su contra, porque incluso, su libramiento, se trata de un acto futuro de realización incierta ya que el juez correspondiente pudiera llegar a negar la medida cautelar solicitada, caso en el cual, ninguna afectación resentirá en su esfera de derechos********************Ante este panorama no existe un acto tendente de manera inmediata a privar de la libertad a la quejosa y que por ello lesione sus derechos humanos o las garantías que para su protección establece la norma fundamental, ya que en todo caso será hasta que la autoridad judicial determine librar la correspondiente orden de aprehensión o comparecencia, momento en el cual, de forma real y efectiva se afectará su esfera jurídica********************Y si bien, la imputada debe comparecer transitoriamente ante el Juez de Control, ello no puede considerarse que afecte su libertad personal, en la medida que su comparecencia únicamente busca lograr la celebración de la audiencia inicial, pero no privar de la libertad a la imputada, quien además, se encuentra con libertad de decisión de acudir o no a la citación, en otras palabras, el auto que ordena la citación a la audiencia inicial, no constituye en sí la resolución que en su caso pudiera restringir su derecho de libertad, pues esta seria, como ya se destacó, la diversa en la que se determine librar la orden de aprehensión o comparecencia********************Lo que incluso puede corroborarse con las copias certificadas remitidas por la autoridad responsable, a las que se les otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2, de las que se desprende que si bien el órgano jurisdiccional que emitió la citación a la imputada, la fecha y hora en que la audiencia inicial tendría verificativo, el objetivo que sería formularle imputación y los hechos materia de ésta, es congruente con todas las disposiciones legales preinsertas, puesto que no contiene apercibimiento alguno en caso de que la impetrante no acuda ante el Juez de Control relativo********************Máxime que de las referidas constancias no se advierte que se haya vuelto a emitir un diverso citatorio en contra de dicha quejosa. Por lo cual, considerar que la comparecencia transitoria de la imputado a la audiencia inicial, transgrede su derecho de libertad, implicaría que la presentación ante el Juez de Control o de enjuiciamiento de la víctima u ofendido, testigos, peritos o demás terceros involucrados en el proceso penal, también debe considerarse restrictiva de la libertad, lo que resulta inadmisible, pues lejos de beneficiar la administración de justicia y garantizar los derechos de las partes en el procedimiento, concebiría un abuso en la promoción del juicio de amparo indirecto, que a su vez daría origen a la dilatación en la celebración de las etapas que integran el nuevo sistema penal********************Esta determinación no soslaya el contenido de la jurisprudencia 93/2013, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. EN CONTRA DEL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA DE 'FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN', PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEGISLACIONES DE LOS ESTADOS DE DURANGO Y CHIHUAHUA)." en que el recurrente sustenta sus agravios, ya que la ejecutoria de la cual deriva el criterio en referencia, se ocupó de la legislación procesal penal de los Estados de Durango y Chihuahua, no así respecto del Código Nacional de Procedimientos Penales; asimismo, la causa de improcedencia objeto de dicha ejecutoria, es la prevista en la fracción V, del artículo 107 de la Ley de Amparo, relativa a la procedencia del juicio de amparo indirecto, tratándose de actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, la cual, es diversa a la que en esta resolución se considera actualizada********************Además, el caso que analizó la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal de Justicia tiene una variante jurídica sustancial, pues conforme a las legislaciones ahí examinadas, el auto en el que se ordena la citación a quien se investiga a la audiencia de formulación de imputación, media el apercibimiento relativo a que de no comparecer, se ordenaría su aprehensión, porción normativa que no contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, el cual dispone que sólo se puede emitir orden de aprehensión ante la incomparecencia de la persona citada si lo solicita el Ministerio Público. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo. En estas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia señalada y ante los motivos manifiestos e indudables de improcedencia, da lugar a SOBRESEER EN EL JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, promovido por****************************************Por otro lado, es menester destacar que el análisis de las causas de improcedencia, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura una denegación de justicia; además, las causas de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo********************Al respecto, es dable invocar la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 3, página 2066, registro electrónico 2002537, consultable con el epígrafe y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia"********************En ese mismo tenor, es aplicable la tesis consultable en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, página 1641, registro electrónico 2004217, cuyo texto es el siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo"********************Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cuarenta minutos del veintiséis de noviembre de dos mil dieciocho********************Notifíquese personalmente a la parte quejosa, así como al tercero interesado ********************, así como a la agente del Ministerio Público de la adscripción; mediante oficio a la autoridad responsable; y cúmplase********************Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, Titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del secretario que autoriza licenciado José Mario Mejía Ceceña Trasfí, quien faculta a firmar el oficio que se expida, quien además certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintinueve de octubre de dos mil dieciocho. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, de los cuales se advierte que en dieciséis de octubre del año en curso (foja 52), se puso a la vista de las partes el informe justificado que remitió la autoridad responsable Juez de Control y Tribunal de Enjuiciamiento, Región Uno, para la Atención de Delitos No Graves, de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, con domicilio en Chiapa de Corzo, Chiapas; por no haberse rendido con la oportunidad debida. En tales condiciones, toda vez que no ha transcurrido el término de ocho días para que las partes se impongan del contenido de las constancias de trato y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes, conforme lo establece el numeral 117 de la Ley de Amparo, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga lugar su verificativo. Notifíquese.

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