Gloria Gutiérrez Peredo

Expediente 672/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
672/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
07/09/2021

Partes del expediente

  • Gloria Gutiérrez Peredo

Actuaciones

  1. Principal

    ... transcurrió el término para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído que desechó su demanda de amparo, sin que lo hiciera valer... procede declarar que dicho acuerdo CAUSÓ ESTADO... archívese este asunto como concluido... se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de destrucción...

  2. Principal

    ... anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 672/2021... se concluye que los actos reclamados no constituyen actos de autoridad para los efectos del amparo en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida de que deriva de la relación laboral que vincula a la parte quejosa como empleada administrativa, con las autoridades adscritas al Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial, como parte patronal, por lo que la actuación de dicha dependencia se asemeja a la de un patrón como consecuencia de dicha relación laboral entre éste y el trabajador, en donde se adquieren derechos y obligaciones recíprocas, en un plano de clara coordinación, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales, motivo por el que se considera que la quejosa tiene expeditos sus derechos para hacerlos valer ante los tribunales correspondientes, mas no a través del juicio amparo, por lo que se actualiza la causa de improcedencia invocada... No pasan inadvertidas las manifestaciones realizadas por la parte quejosa, en el sentido de que el cambio de adscripción que reclama haya sido realizado por discriminación de género; sin embargo, ni del apartado de hechos de su demanda ni del oficio que se reclama se advierte que dicha decisión haya derivado por su condición de mujer, sino más bien de actos derivados de relaciones de coordinación con su patrón, por lo que no se puede traducir en un trato diferenciado por cuestión de género al no haber elementos que hagan suponer tal situación... procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA... se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica... se faculta como autorizados a los profesionista que señala... se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente...

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO QUE DICE: *** promueve juicio de amparo contra actos del Comisionado del Instituto de la Policía Auxiliar y Patrimonial para el Estado de Veracruz, con residencia en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y anótese en el Libro de Gobierno con el número de juicio 672/2021 que le corresponde. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral del escrito de demanda se advierte que es manifiesta e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo. HIPÓTESIS NORMATIVA El artículo 113 de la Ley de Amparo faculta al órgano jurisdiccional para desechar de plano la demanda de amparo, si advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio de amparo es improcedente contra los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de la misma ley. Por otra parte, el artículo 1, fracción I, de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por tratados internacionales e los que el Estado Mexicano sea parte. Asimismo, el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo dispone que son partes en el juicio de amparo, entre otros, la autoridad responsable, que es aquélla que, con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situación jurídicas en forma unilateral y obligatoria; o bien, omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora bien, de la interpretación sistemática de dichos artículos, se deduce que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no provengan de autoridad. Por otra parte, los elementos necesarios para la conformación de un acto de autoridad, para efectos del juicio de amparo, son los siguientes: 1) Que quien lo emite tenga características de órgano público. 2) Que las normas jurídicas le otorguen potestad para actuar; y: 3) Que sea emitido o realizado unilateralmente y afecte la esfera jurídica de los gobernados. Sobre el tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que para distinguir un acto de autoridad para los efectos del amparo, y un acto entre particulares resulta necesario acudir a las relaciones jurídicas que pueden ser de coordinación, supra-subordinación y supra-ordenación. El Poder Judicial de la Federación ha identificado diferentes tipos de relaciones que se suscitan entre particulares y autoridades, entre aquellos mismos, o bien, entre propias autoridades entre sí, que son las siguientes: a) De coordinación. Son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, resuelvan lo que en derecho proceda. b) De supra a subordinación. Son las que se originan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. c) De supra-ordenación. Son las que se establecen entre los propios órganos del Estado; y concluyó que el Estado tiene una doble personalidad, la primera como ente del derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados y la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado cuando actúa como particular frente a otro particular. De lo anterior se advierte que el juicio de amparo solamente sería procedente cuando se reclamen actos que provienen de las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten los derechos humanos de los particulares, lo que supone la existencia de actos que derivan de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pero no sería procedente para reclamar actos derivados de relaciones de coordinación. HECHOS Del análisis integral del escrito de demanda se advierte que el acto reclamado consiste en: El oficio *** de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Comisionado del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, mediante el cual se informó a la aquí quejosa el cambio de adscripción como Analista Administrativa adscrita a la Subgerencia de Recursos Materiales, a la Comandancia Veracruz también del instituto de protección en mención, así como su ejecución. Cabe destacar que del oficio que reclama, se advierte que la parte quejosa presta sus servicios personales subordinados en el Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, con la categoría Analista Administrativa, de igual forma, se advierte que el cambio de adscripción se realizaría con la misma categoría que ostenta. CONCLUSIÓN De lo anterior, se concluye que los actos reclamados no constituyen actos de autoridad para los efectos del amparo en términos del artículo 103 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la medida de que deriva de la relación laboral que vincula a la parte quejosa como empleada administrativa, con las autoridades adscritas al Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial, como parte patronal, por lo que la actuación de dicha dependencia se asemeja a la de un patrón como consecuencia de dicha relación laboral entre éste y el trabajador, en donde se adquieren derechos y obligaciones recíprocas, en un plano de clara coordinación, cuyas diferencias están sujetas a la jurisdicción de las instituciones laborales, motivo por el que se considera que la quejosa tiene expeditos sus derechos para hacerlos valer ante los tribunales correspondientes, mas no a través del juicio amparo, por lo que se actualiza la causa de improcedencia invocada. Aunado a lo anterior, no se advierte que el acto reclamado consistente en el cambio de adscripción de la aquí quejosa derive o sea consecuencia de una sanción impuesta por las autoridades responsables en algún procedimiento administrativo, para estimar que sea un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, ya que del oficio *** de diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, signado por el Comisionado del Instituto de la Policía Auxiliar y Protección Patrimonial del Estado de Veracruz, se advierte que el cambio de adscripción que reclama, derivó del incremento en los servicios y necesidades que presta en el Instituto en la Zona Golfo. No pasan inadvertidas las manifestaciones realizadas por la parte quejosa, en el sentido de que el cambio de adscripción que reclama haya sido realizado por discriminación de género; sin embargo, ni del apartado de hechos de su demanda ni del oficio que se reclama se advierte que dicha decisión haya derivado por su condición de mujer, sino más bien de actos derivados de relaciones de coordinación con su patrón, por lo que no se puede traducir en un trato diferenciado por cuestión de género al no haber elementos que hagan suponer tal situación . Tienen aplicación al caso, las tesis siguientes: Registro digital: 161133 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 164/2011 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1089 Tipo: Jurisprudencia "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 202602 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Laboral Tesis: I.6o.T.26 L Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Abril de 1996, página 347 Tipo: Aislada "AUTORIDADES RESPONSABLES PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, NO LO SON LOS ORGANOS O FUNCIONARIOS DE LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO CUANDO ACTUAN COMO PATRONES. La demanda de garantías que se interpone contra actos de las dependencias o funcionarios del Estado es improcedente, toda vez que el juicio de amparo sólo procede contra actos de autoridades en los términos del artículo 103 constitucional. Así es, el Estado a la vez que es persona de derecho público, en donde asume las funciones de autoridad, es también una persona moral oficial de derecho privado, en tanto que es el depositario, administrador o representante de los intereses económicos que constituyen el patrimonio de la Nación, y con este carácter puede entrar en relaciones laborales con los particulares, en un plano de clara coordinación y no de supra-subordinación; y entonces sus actos quedan comprendidos dentro de aquellos que cualquier gobernado ejecuta, ya que en tales relaciones el Estado también queda sometido a las prevenciones del derecho laboral como cualquier otro particular; por consiguiente, congruentemente con la doble personalidad del Estado, es de concluir que sólo podrá legalmente ser considerado como acto de autoridad para los efectos del amparo, aquel que ejecute un órgano o funcionario del Estado, actuando con el imperio y potestad que le otorga su investidura pública, es decir, cuando el acto tenga su origen en relación directa con la función pública y el cargo que desempeña, en el plano que dentro del derecho administrativo se conoce como de suprasubordinación a que ya se hizo mérito." Registro digital: 194367 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Administrativa Tesis: 2a. XXXVI/99 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Marzo de 1999, página 307 Tipo: Aislada "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." No es óbice a lo anterior, que el artículo 5, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, prevé la posibilidad de que los particulares tengan la calidad de autoridad responsable, cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad; pues en el caso, tal supuesto jurídico, no se actualiza ya que los actos reclamados no resultan ser equivalentes a los de una autoridad. Similar criterio fue sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con sede en Boca del Río, Veracruz, en sesión de veintitrés de mayo de dos mil diecinueve al resolver el amparo en revisión *** de su índice. En consecuencia, con fundamento en el artículo 113, en relación con el diverso artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 1, fracción I y 5, fracción II, todos de la Ley de Amparo, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, se faculta como autorizados a los profesionista que señala, debido a que tienen su cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. LEY DE TRANSPARENCIA Se comunica a la promovente que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 110, fracción V, 113, fracción I, y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; tiene derecho a oponerse para que se publiquen o se den a conocer sus datos personales, en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que solicite, contenga información reservada que ponga en peligro su vida, seguridad o salud, o bien, sea confidencial, por así establecerse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Con fundamento en el artículo 4, párrafo quinto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se determina que los acuses de recibo relativos a acuerdos que no sean trascendentes, por ser de mero trámite, no deberán ser escaneados ni vinculados en el expediente electrónico, pero sí agregados en autos sin mayor pronunciamiento; lo anterior, para tratar de reducir los niveles de contaminación, lo cual se logrará con la disminución progresiva del consumo de papel, tinta y energía eléctrica empleados por este órgano jurisdiccional; máxime que con ello no se causa perjuicio a las partes. USO DE LENGUAJE INCLUYENTE PARA JUZGAR CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Los artículos 1 y 4 constitucionales establecen los principios de igualdad y no discriminación hacia las personas. Ahora bien, debido a que el lenguaje legal debe ser acorde a dichos principios, se ordena que en los autos y resoluciones que se dicten en este asunto, se utilice lenguaje incluyente, es decir, un lenguaje que no establezca discriminaciones injustificadas de género ni desconozca las opciones de vida que se fundan en el principio de dignidad humana y en el derecho al libre desarrollo de la personalidad; lo anterior de conformidad con las herramientas proporcionadas en el Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, disponibles en www.equidad.scjn.gob.mx. Acorde con lo anterior, se exhorta respetuosamente a las partes para que utilicen dicho lenguaje en las promociones que realicen en este juicio de amparo. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3 y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · 10,537 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano