Gloria Guadalupe Otáñez Medina
Expediente 686/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 18 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 686/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 24/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Gloria Guadalupe Otáñez Medina
- Congreso del Estado de Sinaloa. Ciudad
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
En virtud de no haberse presentado la quejosa, a notificarse personalmente del auto de veinticuatro de junio del dos mil veintiuno, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo citatorio que se les dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, se le notifica por medio de lista que se fija en los tableros del Juzgado, el auto que en lo conducente dice: CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con las constancias remitidas por el Subprocurador Fiscal de Amparos, Investigaciones y Asuntos Penales, en ausencia del Procurador Fiscal del Estado, en representación del Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento a la resolución constitucional emitida por este Juzgado de Distrito, para que en el término de TRES DÍAS manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería de oficio si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, sin que se pronunciara al respecto, como se advierte de la certificación de cuenta. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y se procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. La protección constitucional se otorgó a fin de que la autoridades responsables, realizaran lo siguiente: "OCTAVO. Efectos de la concesión del juicio de amparo. En razón de lo expuesto, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa reclamada, específicamente su artículo 50, fracciones II y III, dada su inconstitucionalidad, y no le sea aplicado en lo futuro hasta en tanto sea reformada. Dicha concesión se hace extensiva al acto concreto de aplicación que se reclama, consistente en el pago generado por concepto de derechos por servicios registrales, consignados en los recibos de pago con número de folio ******* **************), expedidos a nombre de la aquí quejosa(fojas 17 y 18), para el efecto de que le sean devueltas tales cantidades que pagó por la aplicación del artículo 50, fracciones II y III, de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. (.) Sin que ello implique que la parte quejosa quede exenta de pagar la cantidad generada por concepto de derechos derivados del servicio prestado por el Estado, sino sólo deberá cubrir las cuotas previstas en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, esto es, diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que se realizó la inscripción de la escritura en que se hizo constar el acto traslativo de dominio y contrato de crédito cuya inscripción fue solicitada al Registro Público de la Propiedad, de que se trata. Lo anterior, considerando que, el costo promedio de un servicio de inscripción por parte del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en tratándose de gestiones realizadas para el registro de documentos público o privados, entre otros, por medio de los cuales se adquiera la propiedad de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, por herencia, legado o donación, entre cónyuges, entre ascendientes y descendientes en línea recta, en cualquier grado, equivale al monto de una cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medica y Actualización a la fecha de la operación, según se desprende del inciso b) de la propia fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. De ese modo, al ser las autoridades fiscales recaudadoras a las que corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal cumplimiento constriñe al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, a fin de que se devuelva a la peticionaria del amparo las cantidades que por concepto de derechos enteró con motivo del pago generado por concepto de derechos por servicios registrales, consignados en los referidos recibos de pago. La devolución de mérito deberá realizarse, desde luego, descontando el importe que resulte de aplicar la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha de la operación, en términos de lo previsto en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. (.) En la inteligencia que la tutela protectora, si bien alcanza a las autoridades responsables que concurrieron a la formación y promulgación de la norma controvertida, no implica por parte de éstas, la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. (.) Concesión que se hace extensiva a la cantidad pagada por concepto de "Pro-Educ.", a razón de una tasa adicional del diez por ciento sobre el monto de los derechos que se causaron por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, conforme al artículo 111, fracción II, inciso d), de la Ley de Hacienda para el Estado de Sinaloa (foja 16, quinto párrafo). Ello, en atención a que dicho importe se encuentra íntimamente vinculado con el precepto declarado inconstitucional, ya que la base sobre la que se aplica dicha tasa, lo constituye el derecho por registro o inscripción de documentos; en el caso, los citados recibos de pago, a nombre de la parte quejosa, por concepto de compraventa y contrato de crédito donde se advierte que sobre dicho monto se aplicó la tasa del diez por ciento, para determinar el importe de la contribución relativa al apoyo a la educación a cargo de la parte quejosa. Por tanto, también deberá devolverse a la impetrante de amparo, las cantidades de $545.00 (quinientos cuarenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional) y $164.00 (ciento sesenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), toda vez que al haberse declarado inconstitucional el artículo 50, fracción II y III de la ley en comento, no existe base sobre la cual pueda aplicarse la tasa correspondiente al pago por concepto de apoyo a la educación que nos ocupa. En el entendido que dichas cantidades se encuentran incluidas en los montos totales de 0001546402 y 0001546404, ambos de siete de mayo de dos mil diecinueve, por las cantidades de $5,998.00 (cinco mil novecientos noventa y ocho pesos 00/100 moneda nacional), y $1,803.00 (mil ochocientos tres pesos 00/100 moneda nacional). Asimismo, la cantidad que proceda devolver a la parte quejosa deberá incluir actualizaciones (foja 16, antepenúltimo párrafo)." Inconforme con dicha resolución, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, promovió recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, donde se registró con el número de amparo en revisión 338/2019, y seguido el trámite correspondiente, en sesión virtual de tres de junio de dos mil veinte, se confirmó la citada sentencia. Con la finalidad de cumplir con la sentencia dictada por este órgano constitucional, la autoridad correspondiente efectuó lo siguiente: Oficio SAF-PF-1497/2020, firmado por el Subprocurador Fiscal de Amparos, Investigaciones y Asuntos Penales, en ausencia del Procurador Fiscal del Estado, en representación del Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informó que por diverso oficio SAF-PF-1491/2020, solicitó a la Dirección de Recaudación, que se emitiera el cheque por concepto de devolución y, a su vez, fuera turnado a la Oficina de Recaudación en esta ciudad, para su entrega, ello, respecto de la cantidad total actualizada que ahí se señaló; Oficio SAF-PF-0704/2021, firmado por el Subprocurador Fiscal de Amparos, Investigaciones y Asuntos Penales, en ausencia del Procurador Fiscal del Estado, en representación del Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informó que el Departamento de Devoluciones de la Dirección de Recaudación de Rentas, giró oficio a la Dirección de Tesorería, para que emitiera el cheque correspondiente; y ? Oficio SAF-PF-0704/2021, firmado por el Subprocurador Fiscal de Amparos, Investigaciones y Asuntos Penales, en ausencia del Procurador Fiscal del Estado, en representación del Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, remitió copia certificada de la constancia relativa a la comparecencia de nueve de noviembre de dos mil veinte, de la cual se advierte que se entregó el cheque 0000974, por la cantidad de $6,111.20 (seis mil ciento once pesos 20/100 moneda nacional) de la institución financiera denominada Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, expedido a nombre de la quejosa Gloria Guadalupe Otañez Medina, de la cual se desprende que firmó que recibió el citado cheque. En tales condiciones, del análisis comparativo realizado, entre los efectos para los que se concedió la protección constitucional y los actos llevados a cabo por la autoridad responsable para cumplimentar la sentencia concesoria, los cuales han quedado precisados, se colige que la ejecutoria se cumplió, atento que realizó lo que se indicó en dicho fallo. Por tanto, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. ARCHIVO Por otra parte, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente, como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, y en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del mencionado año, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a determinar su destino legal. Lo anterior, en el artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración, los expedientes de juicios de amparo, en los que se haya concedido la protección constitucional. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de depuración el presente expediente.
- Principal
CUMPLIMIENTO DE EJECUTORIA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en proveído de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con las constancias remitidas por el Subprocurador Fiscal de Amparos, Investigaciones y Asuntos Penales, en ausencia del Procurador Fiscal del Estado, en representación del Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento a la resolución constitucional emitida por este Juzgado de Distrito, para que en el término de TRES DÍAS manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería de oficio si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, sin que se pronunciara al respecto, como se advierte de la certificación de cuenta. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y se procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. La protección constitucional se otorgó a fin de que la autoridades responsables, realizaran lo siguiente: "OCTAVO. Efectos de la concesión del juicio de amparo. En razón de lo expuesto, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa reclamada, específicamente su artículo 50, fracciones II y III, dada su inconstitucionalidad, y no le sea aplicado en lo futuro hasta en tanto sea reformada. Dicha concesión se hace extensiva al acto concreto de aplicación que se reclama, consistente en el pago generado por concepto de derechos por servicios registrales, consignados en los recibos de pago con número de folio ******* **************), expedidos a nombre de la aquí quejosa(fojas 17 y 18), para el efecto de que le sean devueltas tales cantidades que pagó por la aplicación del artículo 50, fracciones II y III, de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. (.) Sin que ello implique que la parte quejosa quede exenta de pagar la cantidad generada por concepto de derechos derivados del servicio prestado por el Estado, sino sólo deberá cubrir las cuotas previstas en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, esto es, diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que se realizó la inscripción de la escritura en que se hizo constar el acto traslativo de dominio y contrato de crédito cuya inscripción fue solicitada al Registro Público de la Propiedad, de que se trata. Lo anterior, considerando que, el costo promedio de un servicio de inscripción por parte del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en tratándose de gestiones realizadas para el registro de documentos público o privados, entre otros, por medio de los cuales se adquiera la propiedad de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, por herencia, legado o donación, entre cónyuges, entre ascendientes y descendientes en línea recta, en cualquier grado, equivale al monto de una cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medica y Actualización a la fecha de la operación, según se desprende del inciso b) de la propia fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. De ese modo, al ser las autoridades fiscales recaudadoras a las que corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal cumplimiento constriñe al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, a fin de que se devuelva a la peticionaria del amparo las cantidades que por concepto de derechos enteró con motivo del pago generado por concepto de derechos por servicios registrales, consignados en los referidos recibos de pago. La devolución de mérito deberá realizarse, desde luego, descontando el importe que resulte de aplicar la cuota de diez veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha de la operación, en términos de lo previsto en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. (.) En la inteligencia que la tutela protectora, si bien alcanza a las autoridades responsables que concurrieron a la formación y promulgación de la norma controvertida, no implica por parte de éstas, la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. (.) Concesión que se hace extensiva a la cantidad pagada por concepto de "Pro-Educ.", a razón de una tasa adicional del diez por ciento sobre el monto de los derechos que se causaron por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, conforme al artículo 111, fracción II, inciso d), de la Ley de Hacienda para el Estado de Sinaloa (foja 16, quinto párrafo). Ello, en atención a que dicho importe se encuentra íntimamente vinculado con el precepto declarado inconstitucional, ya que la base sobre la que se aplica dicha tasa, lo constituye el derecho por registro o inscripción de documentos; en el caso, los citados recibos de pago, a nombre de la parte quejosa, por concepto de compraventa y contrato de crédito donde se advierte que sobre dicho monto se aplicó la tasa del diez por ciento, para determinar el importe de la contribución relativa al apoyo a la educación a cargo de la parte quejosa. Por tanto, también deberá devolverse a la impetrante de amparo, las cantidades de $545.00 (quinientos cuarenta y cinco pesos 00/100 moneda nacional) y $164.00 (ciento sesenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), toda vez que al haberse declarado inconstitucional el artículo 50, fracción II y III de la ley en comento, no existe base sobre la cual pueda aplicarse la tasa correspondiente al pago por concepto de apoyo a la educación que nos ocupa. En el entendido que dichas cantidades se encuentran incluidas en los montos totales de 0001546402 y 0001546404, ambos de siete de mayo de dos mil diecinueve, por las cantidades de $5,998.00 (cinco mil novecientos noventa y ocho pesos 00/100 moneda nacional), y $1,803.00 (mil ochocientos tres pesos 00/100 moneda nacional). Asimismo, la cantidad que proceda devolver a la parte quejosa deberá incluir actualizaciones (foja 16, antepenúltimo párrafo)." Inconforme con dicha resolución, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado Libre y Soberano de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, promovió recurso de revisión, el cual correspondió conocer al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimosegundo Circuito, con residencia en Mazatlán, Sinaloa, donde se registró con el número de amparo en revisión 338/2019, y seguido el trámite correspondiente, en sesión virtual de tres de junio de dos mil veinte, se confirmó la citada sentencia. Con la finalidad de cumplir con la sentencia dictada por este órgano constitucional, la autoridad correspondiente efectuó lo siguiente: Oficio SAF-PF-1497/2020, firmado por el Subprocurador Fiscal de Amparos, Investigaciones y Asuntos Penales, en ausencia del Procurador Fiscal del Estado, en representación del Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informó que por diverso oficio SAF-PF-1491/2020, solicitó a la Dirección de Recaudación, que se emitiera el cheque por concepto de devolución y, a su vez, fuera turnado a la Oficina de Recaudación en esta ciudad, para su entrega, ello, respecto de la cantidad total actualizada que ahí se señaló; Oficio SAF-PF-0704/2021, firmado por el Subprocurador Fiscal de Amparos, Investigaciones y Asuntos Penales, en ausencia del Procurador Fiscal del Estado, en representación del Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informó que el Departamento de Devoluciones de la Dirección de Recaudación de Rentas, giró oficio a la Dirección de Tesorería, para que emitiera el cheque correspondiente; y ? Oficio SAF-PF-0704/2021, firmado por el Subprocurador Fiscal de Amparos, Investigaciones y Asuntos Penales, en ausencia del Procurador Fiscal del Estado, en representación del Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, remitió copia certificada de la constancia relativa a la comparecencia de nueve de noviembre de dos mil veinte, de la cual se advierte que se entregó el cheque 0000974, por la cantidad de $6,111.20 (seis mil ciento once pesos 20/100 moneda nacional) de la institución financiera denominada Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, expedido a nombre de la quejosa Gloria Guadalupe Otañez Medina, de la cual se desprende que firmó que recibió el citado cheque. En tales condiciones, del análisis comparativo realizado, entre los efectos para los que se concedió la protección constitucional y los actos llevados a cabo por la autoridad responsable para cumplimentar la sentencia concesoria, los cuales han quedado precisados, se colige que la ejecutoria se cumplió, atento que realizó lo que se indicó en dicho fallo. Por tanto, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. ARCHIVO Por otra parte, toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente, como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESTINO LEGAL En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, y en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del mencionado año, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se procede a determinar su destino legal. Lo anterior, en el artículo 18, fracción I, inciso b), prevé que son susceptibles de depuración, los expedientes de juicios de amparo, en los que se haya concedido la protección constitucional. Hipótesis en la que se ubica el presente expediente, toda vez que en este juicio de amparo, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y no fue promovido incidente de suspensión. Por tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de depuración el presente expediente.
- Principal
En virtud de no haberse presentado la quejosa, a notificarse personalmente de los autos de dieciocho de marzo del dos mil veintiuno, en las instalaciones del Juzgado de adscripción, precisamente en la sección de actuaria, dentro de los dos días hábiles siguientes, previo aviso que se les dejó; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, se le notifica por medio de lista que se fija en los tableros del Juzgado, el auto que en lo conducente dice: Culiacán, Sinaloa, dieciocho de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese a los presentes autos el oficio y anexo de cuenta, signado por el Subprocurador Fiscal de Amparos, Investigaciones y Asuntos Penales en suplencia del Procurador Fiscal del Estado de Sinaloa en representación del Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, comunica la forma en que dio cumplimiento a la sentencia protectora. En consecuencia, con lo anterior y con los oficios SAF-PF-1497/2020 y SAF-PF-0704/2021, DÉSE VISTA a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS, computados a partir de la legal notificación de este acuerdo, para que manifieste lo que a su derecho legal convenga; APERCIBIDA de que, con desahogo de la vista o sin ella, este Juzgado resolverá de oficio si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo. En relación con lo anterior, córraseles traslado con copia certificada de los oficios y anexos de referencia. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma electrónicamente en privilegio del trabajo a distancia, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, la Jueza Abigaíl Cháidez Madrigal, titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, ante el Secretario Manuel Alberto Domínguez González, quien actúa y da fe.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado por el Subprocurador Fiscal de Amparos, Investigaciones y Asuntos Penales en el Estado, en suplencia del Procurador Fiscal del Estado, en representación del Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, informa actos tendentes a cumplir con el fallo protector.
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