Gloria Gonzalez Marín
Expediente 794/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 794/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Gloria Gonzalez Marín
Actuaciones
- Principal
En consecuencia, a efecto de dar seguridad y certeza jurídica a las partes en el asunto en que se actúa, se reanuda el presente procedimiento en la etapa en que se encontraba. En esas condiciones, vista la diversa certificación que antecede y el estado procesal de autos, de los cuales se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98, de la Ley de Amparo de la Ley de Amparo vigente, para que se interpusiera recurso de queja contra el proveído de veintiocho de octubre de dos mil veinte, que desechó la demanda de amparo promovida por Gloria González Marín, sin que lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, en los términos del numeral 2 de la ley en la materia, se declara que ha quedado firme, para los efectos legales a que haya lugar. Archívese el presente asunto como concluido; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Tómese nota de que este asunto se considera susceptible de ser destruible, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena que una vez que transcurran tres años, contado a partir de esta fecha, se proceda a su destrucción, previa generación de los documentos por duplicado que establece el artículo 22 del acuerdo en comento, a efecto de tener plena identificación de este expediente. Finalmente, debido a que obran los documentos anexados al escrito inicial de demanda, hágase del conocimiento a la parte quejosa, que quedan a su disposición por el plazo de noventa días para que acuda a este órgano jurisdiccional a recogerlos, en el entendido que de no hacerlo, se remitirán al archivo de este juzgado y en su momento podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales procedentes el escrito de cuenta signado por la promovente ..., por medio del cual desahoga la prevención hecha mediante proveído de trece de octubre pasado. Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo que dio origen al presente sumario, así como del libelo de cuenta, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. El artículo 61, fracción XX, de la ley en la materia, en la parte relativa, establece lo siguiente: «Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior;.» La citada disposición, establece como excepciones a la regla que prevalece respecto al principio de definitividad -tratándose de actos de autoridades distintas de la autoridad judicial, de tribunales administrativos o del trabajo-, la no exigencia de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios, únicamente cuando el acto carezca de fundamentación, sin incluir la libertad personal, empero el Máximo Tribunal ha sostenido el criterio de que cuando en la demanda de amparo se aleguen violaciones directas a la Constitución, el impetrante no estará obligado a agotar ese principio de definitividad. Todo lo anterior obedece a que no es posible obligar a los gobernados a agotar un recurso cuando no se le ha dado oportunidad de ser oído, en cuanto a la defensa de un derecho sustantivo que le corresponde, en el caso de los terceros extraños; empero, el amparo es procedente si se trata de actos prohibidos o privativos de libertad, por la importancia que éstos revisten en relación a las garantías que se protegen, como son la vida, la integridad física y la libertad personal de los gobernados, y no se obliga al gobernado a hacer uso de los medios ordinarios de defensa. De tal forma, en términos de la aludida fracción XX, del ordinal 61, de la ley en la materia, para que se surta la improcedencia del juicio de amparo es necesario que el acto reclamado emane de autoridades distintas de los Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo; lo cual acontece, pues como se advierte la parte quejosa, reclama medularmente, la suspensión de actividades impuesta por la Coordinación y/o Dirección de Protección Civil y la Dirección de Desarrollo Urbano, ambas del Municipio de Chalco, Estado de México. Actualizándose con ello la primera de las hipótesis contenidas en el dispositivo 61, fracción XX, de la Ley de la Materia. Con relación a la segunda de las hipótesis, se señala que la ley conceda algún recurso, juicio o medio de defensa, por el cual los actos reclamados pueden ser modificados, revocados o nulificados, o puedan ser revisados de oficio. En el caso, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, establece en la parte que interesa, lo siguiente: "Artículo 229. Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: I. Las resoluciones administrativas y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, por violaciones cometidas en las mismas o durante el procedimiento administrativo, en este último caso cuando trasciendan al sentido de las resoluciones; II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; III. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar, de manera unilateral, las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, respecto de contratos, convenios y otros acuerdos de voluntad que se hayan celebrado con los particulares en los renglones administrativo y fiscal; IV. Los actos administrativos o fiscales que se relacionen con la resolución afirmativa ficta en estas materias, que se configure por el silencio de las autoridades estatales o municipales para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en términos de este Código; V. Las resoluciones negativas fictas que se configuren por el silencio de las autoridades administrativas y fiscales de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, en el plazo de 30 días siguientes a su presentación, conforme a las disposiciones de este ordenamiento; VI. Las omisiones de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, para dar respuesta a las peticiones de los particulares, una vez que hayan transcurrido por lo menos 10 días siguientes a su presentación; VII. Los reglamentos, decretos, circulares y demás disposiciones generales de naturaleza administrativa y fiscal que expidan las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, sin que sea obligatorio o requisito previo para promover cualquier otro medio de impugnación en contra de tales determinaciones; VIII. Las resoluciones favorables a los particulares, que causen una lesión a la hacienda pública del Estado o de los municipios, cuya invalidez se demande por las autoridades fiscales del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal; IX. Los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las personas que se ostenten como autoridades administrativas o fiscales de carácter estatal o municipal, sin serlo; y X. Actos o resoluciones en materias administrativas o fiscal emitidas por autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios o de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten a otras autoridades que no se encuentren en la misma situación de imperio que les permita ejercer unilateralmente las atribuciones que les confieren los ordenamientos legales aplicables; XI. Los demás actos y resoluciones que señalen las disposiciones legales." De la fracción II, del artículo trascrito, se concluye que el juicio contencioso administrativo procede contra actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación. Entonces, se evidencia que el presente juicio de amparo resulta ser improcedente, en razón que en contra de los actos que reclama la parte quejosa, provenientes esencialmente de autoridades de carácter local como lo es la Coordinación y/o Dirección de Protección Civil y la Dirección de Desarrollo Urbano, ambas del Municipio de Chalco, Estado de México, procede el juicio Contencioso Administrativo que se promueva ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, conforme al artículo 229, fracción II, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, el cual tiende a revocar, modificar o nulificar los actos reclamados y, consecuentemente, la peticionaria podrá obtener la reparación de los derechos que estima conculcados; motivo por el cual se actualiza la segunda hipótesis. Es aplicable a lo anterior, en la parte relativa, la tesis XX. J/1, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, contenida a página 94, Tomo I, Abril de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "RECURSOS ORDINARIOS. DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE A LA INTERPOSICIÓN DEL AMPARO, CUANDO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS SE RECLAMAN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN Y CUESTIONES DE LEGALIDAD"., así como, en lo conducente, la tesis XIX.1o.1 K, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, consultable a página 177, Tomo I, Abril de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. CORRESPONDE A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y NO A LOS PARTICULARES DETERMINAR SI DEBE AGOTARSE O NO". Finalmente, la referida fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, señala que la suspensión que prevea dicho medio de defensa legal, no debe exigir mayores requisitos que para la suspensión del acto reclamado señala la Ley de Amparo, como al efecto lo disponen los artículos 254 a 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Por tanto, el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, al no establecer mayores requisitos que los exigidos por la Ley de Amparo, concretamente en su artículo 128, por lo cual, en este aspecto, se reúne también el diverso requisito necesario para que se actualice la causal de improcedencia en estudio. Lo anterior quedó establecido en la jurisprudencia PC.II.A. J/3 A (10a.), del Pleno en Materia Administrativa del Segundo Circuito, que resolvió la contradicción de tesis 2/2015, entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero, con residencia en Nezahualcóyotl, Segundo, Tercero y Cuarto en Materia Administrativa, todos del Segundo Circuito, consultable a página 2936, Libro 24, Noviembre de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL". Por tanto, si bien la procedencia del juicio de amparo indirecto se da contra actos que son de imposible reparación, también lo es que la ley de amparo prevé la carga impuesta a la parte quejosa de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de los actos reclamados, es decir cumplir con el principio de definitividad; por lo que en el caso concreto, no genera necesariamente un excepción a la regla de definitividad, pues esta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos ordinarios de defensa previstos en la ley del acto reclamado y no a la naturaleza de los actos impugnados, aunque estos puedan ser de ejecución irreparable. En las narradas circunstancias, al actualizarse los extremos de improcedencia previstos en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la presente demanda de amparo, en términos de del artículo 113 de la invocada ley.
- Principal
M-IV. V I S T A la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del Coordinador y/o Director Municipal de Protección Civil de Chalco, Estado de México y otra autoridad, por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 5, 14 y 16, constitucionales. A efecto de acordar lo conducente respecto a la demanda, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 17, 18, 108, 110 y 114 fracciones I y II, de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a la promovente para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente en que surta efectos la notificación de este proveído: Subsane las irregularidades contenidas en su escrito de demanda; esto, bajo protesta de decir verdad: 1. De conformidad con la fracción V, del artículo 108 de la Ley de Amparo en vigor, narre de manera ordenada, concreta, cronológica y congruente los antecedentes que dieron origen al acto reclamado, los cuales deberá manifestar bajo la protesta legal de decir verdad, toda vez que de un estudio íntegro y exhaustivo de su ocurso, no se desprende dicha exigencia. La prevención anterior es en virtud de estar en aptitud de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, y la autoridad responsable al rendir su informe lo haga de manera clara y concisa. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I.4o.C. 26 K, del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable a página 63, Tomo IX, Febrero de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: «DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO». Su aclaración debe presentarla en original y copias simples suficientes en términos del artículo 110 de la ley de la materia vigente, con el apercibimiento para el caso de no cumplir con los puntos de la prevención decretada, se tendrá por no presentada, en términos del artículo 114 de la ley en comento. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P. VII/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página 235, Tomo XIII, Abril de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: «DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE». Toda vez que el domicilio que señala para para oír y recibir notificaciones, se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, hágase ésta y las subsecuentes notificaciones, incluyendo las de carácter personal por medio de lista correspondiente, en términos del artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo. No obstante, dada la trascendencia de este acuerdo, con fundamento en el numeral 26, fracción I, inciso j), de la Ley de Amparo, notifíquese personalmente a los promoventes en el domicilio ubicado en calle Allende, número 976, Lote 3, Barrio Santa Francisco, Municipio de Chalco, Estado de México. Y por autorizadas para los mismos efectos a las personas que menciona. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República, 21 párrafo tercero de la Ley de Amparo en vigor
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