Gloria Giselda Davila Larios
Expediente 393/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 45 actuaciones registradas, la última del 3 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 393/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 45
- Última actuación
- 03/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Gloria Giselda Davila Larios
Actuaciones
Las 4 más recientes de 45.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el escrito de la tercera interesada Adolfina Reyes Pascual; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídasele a su costa copia simple de las constancias que indica en su escrito de cuenta, no así certificada, en virtud de que en autos únicamente obran copia simple de dichas documentales, toda vque las misma fueron devueltas a la quejosa (fojas 448 y 449), por así haberlo solicitado mediante escrito presentado en este órgano jurisdiccional el seis de diciembre de dos mil diecisiete (foja 444). Finalmente, téngasele por autorizada para recibir dichas copias, a la persona que menciona en el escrito que se provee, previa identificación y toma de razón que de su recibo se deje en autos.
- Incidental
Como está ordenado con esta fecha en el juicio de amparo 393/2016, del que deriva este incidente de suspensión, y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Ahora, toda vez que por auto de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis (fojas 12 a 15), se negó la suspensión provisional, y por interlocutoria de dieciséis de noviembre de ese mismo año (fojas 45 a 48), se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, comuníquese a las partes que el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración conforme a los puntos vigésimo primero fracción III, párrafo segundo, del citado Acuerdo. Asimismo, se destaca que en este expediente no existen documentos ofrecidos por las partes considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro, ni existe billete de depósito o garantía que devolver o remitirse a la Tesorería de la Federación. Como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, es susceptible de depuración; conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional por tres años conforme al punto Décimo, fracción I, del referido Acuerdo General, fenecido dicho término se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido que se conservará la interlocutoria de dieciséis de noviembre de dos mil dieciséis (fojas 45 a 48), que concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. En tanto que, con apoyo en los puntos décimo primero, vigésimo, fracción III, vigésimo quinto, de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.
- Principal
Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta, en atención a que la quejosa Gloria Gisela Dávila Larios, no interpuso recurso de revisión en contra del proveído de quince de noviembre del año en curso, en el cual se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, dictado dentro de este expediente, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo que sobreseyó en el juicio fuera de audiencia en este juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y gírese oficio a las autoridades responsables, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la materia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que este asunto fue sobreseído fuera de audiencia, que no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, y que existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurrido más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, es destruible. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro orden, toda vez que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por otro lado como en este asunto la quejosa Gloria Gisela Dávila Larios, exhibió con su escrito de treinta de octubre del año en curso documentos originales, consistentes en: 1. Acta de matrimonio número 146 de uno de abril de dos mil once; y, 2. tres recibos de pago de pago con número de folio 122624, 123013 y 122837, por las cantidades de $498.00 (cuatrocientos noventa y ocho pesos 00/100 M.N.), $264.00 (doscientos sesenta y cuatro pesos 00/100 M.N) y $7,679.00 (siete mil seiscientos setenta y nueve pesos 00/100 M.N.), respectivamente, (fojas 67-68). En consecuencia, notifíquese personalmente a la aludida quejosa, que se dejan a su disposición las documentales relacionadas, para que, en el plazo de noventa días naturales, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca a este juzgado, por sí o por conducto de sus autorizados, en días y horas hábiles, con identificación oficial vigente y le sean devueltos tales documentos; entrega que, en su caso, deberá verificarse previo folio de sustitución, copia de su identificación y razón de entrega que se dejen en autos. Apercíbase que de no cumplir lo anterior, sin ulterior acuerdo, los documentos en cuestión serán destruidos junto con el expediente. Finalmente, agréguese el escrito de la quejosa Gloria Gisela Dávila Larios, con el cual solicita copias de diversas constancias que existen en el presente expediente así como la devolución de las documentales que anexó a su escrito de treinta de octubre de dos mil diecisiete; en su atención se provee: Con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, expídasele a su costa copia de las constancias que señala, de igual manera, con fundamento en el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordena la devolución de las documentales que solicita; mediante copia que de la misma se deje en autos, autorizando para que reciban las copias y los documentos a las personas que menciona, previa identificación y toma de razón que de su recibo se deje en autos.
- Principal
Agréguese a los autos para los efectos legales a que haya lugar, el oficio 813/2017 suscrito por la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Salina Cruz, Oaxaca, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de diez de noviembre de dos mil diecisiete, remite copia certificada del acuerdo de catorce de noviembre del año en cita, dictado en el juicio ejecutivo mercantil 91/2015, del que se advierte que el auto que decretó la caducidad de la instancia en referido juicio ha quedado firme. Visto el estado de los autos y la certificación que antecede, de donde se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto de la vista ordenada en auto de veinticinco de octubre del año en curso (fojas 372 y 373), en cuanto a la actualización de la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, toda vez que la misma provocaría que deba sobreseerse en el juicio constitucional en términos del artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita; en consecuencia, se le tiene por perdido el derecho para hacerlo. Ahora, es menester señalar que el estudio de las causales de improcedencia, por ser de orden público, son de estudio preferente, por lo que es obligación de todo órgano de control constitucional que tan pronto tenga conocimiento de la existencia de alguna causa que haga improcedente el juicio de amparo, deba realizar su estudio, conforme a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, y en acatamiento a la jurisprudencia número II.1º. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 95, tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que trae como consecuencia que deba de sobreseerse en el presente juicio de control constitucional, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la ley reglamentaria. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La determinación que aquí se adopta tiene sustento en la documental que en cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de veinte de octubre del año en curso (foja 345), remitió la Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Salina Cruz, Oaxaca, consistente en: copia certificada de las constancias deducidas del expediente principal 91/2015 de su índice, relativo al juicio ejecutivo mercantil, promovido por Adolfina Reyes Pascual, en su carácter de endosataria en procuración de Moisés Elías Reyes Miranda, en contra de Santos Jaime Pérez Lerma, de donde emana el acto reclamado, a la cual se le confiere valor probatorio pleno por tratarse de instrumental de actuaciones judiciales, de acuerdo con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto por su artículo 2. En razón a lo anterior, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de la Amparo, en razón de que han cesado los efectos del acto reclamado, dado que de la documental remitida por la autoridad responsable, se advierte que mediante proveído de veinticinco de septiembre del presente año (foja 354 vuelta), se decretó la caducidad de la instancia en el expediente mercantil 91/2015, de donde emanan los actos reclamados, y el catorce de noviembre del año en curso, el referido auto quedó firme; lo que impone decretar el sobreseimiento en este juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. En las consideraciones planteadas, es procedente se decrete el sobreseimiento en este juicio, de conformidad con el artículo 61, fracción XXI, en relación con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional, en aras de la pronta impartición de justicia. Sin que el sobreseimiento dictado fuera de audiencia en el presente juicio, en atención al principio de celeridad procesal contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, implique agravio o deje sin defensa a la amparista, pues la hipótesis en que se sustenta es notoria, manifiesta e indudable, de tal suerte, que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Criterios jurisprudenciales aplicables al caso, conforme a lo estipulado en el artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, en lo que no se oponga a la misma. Como consecuencia de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto, fijada en proveído de diez de noviembre de la presente anualidad (foja 417 vuelta), para las diez horas con diez minutos del siete de diciembre del presente año. Asimismo, se ordena a la Secretaría de este Juzgado que elabore la correspondiente versión pública siguiendo los lineamientos que al efecto establece el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve y se envíe al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), protocolo vigente, toda vez que en el mismo se establece que se aplicará a las resoluciones y sentencias a las que alude el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del Módulo de Captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, al no ser derogado por el diverso Acuerdo General del Pleno del citado Consejo, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor el día siguiente. Para los efectos de la publicidad de esta sentencia, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, se toma nota que las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en esta sentencia; sin embargo, aun cuando las partes no hayan ejercido la oposición a que se refiere el artículo 8 de la citada Ley, se suprimirán los datos sensibles que éstas puedan contener, procurando que dicha supresión no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional.
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