Gloria Gaytán de la Cruz
Expediente 1200/2016 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 15 actuaciones registradas, la última del 14 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1200/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 14/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Gloria Gaytán de la Cruz
- Juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
El suscrito Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, CERTIFICO: Que tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; consistente en todo aquel soporte impreso que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra y sea insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda. En consecuencia, aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico, no serán considerados como documentos originales; De igual forma, se hace constar que sí se aperturó incidente de suspensión, que no se exhibió billete de depósito o alguna garantía que amerita proveer su destino y que no se encuentra pendiente de resolver recurso alguno. Que sí existen constancias por devolver a la autoridad responsable juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, consistentes en copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 1088/2015. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Zacatecas, Zacatecas, catorce de noviembre de dos mil diecisiete. Doy fe. El Secretario Lic. Jorge Martín Zamora González. En la misma fecha, se da cuenta con el estado procesal que guardan los presentes autos, con la certificación que antecede; así como con el oficio registrado bajo el número 15109 y anexos que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a catorce de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio de cuenta que suscribe la secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, al que adjunta copia certificada del testimonio de la resolución pronunciada el nueve del mes y año en curso, en el amparo en revisión civil 146/2017-1. Acúsese el recibo de estilo, agréguese el cuaderno de antecedentes y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Hágase del conocimiento de las partes que la Superioridad mediante la ejecutoria de mérito resolvió lo siguiente: "[.] PRIMERO. Se confirma la sentencia sujeta a revisión. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por Gloria Gaytán de la Cruz, en contra del acto y autoridades señalados en el resultando primero de esta ejecutoria. [.]". En atención a que el fallo de mérito no requiere ejecución material, con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. De conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado Acuerdo General, se declara que SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN, en el entendido de que sólo deberá conservarse las constancias relativas a la resolución del otorgamiento de la suspensión, tomando en consideración que se concedió la indicada medida cautelar. En consecuencia, agréguese éste cuaderno al juicio de amparo en que se actúa. Por otra parte, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Por último, devuélvanse a la autoridad responsable juez del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, las constancias que remitió como justificación de sus actos, consistentes en la copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 1088/2015. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Ajc.
- Principal
En ocho de mayo de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado Jorge Martín Zamora González da cuenta a la Juez con el oficio registrado bajo el folio 5979. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a ocho de mayo de dos mil diecisiete. Agréguese a sus autos el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, por el que comunica que la Superioridad admitió el recurso de revisión interpuesto por el autorizado de la quejosa Gloria Gaytán de la Cruz, contra la sentencia de veinticuatro de marzo del año actual, dictada por este órgano jurisdiccional en el amparo indirecto 1200/2016, quedando registrado como amparo en revisión civil 146/2017-1. NOTIFÍQUESE POR LISTA. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el Secretario que autoriza licenciado Jorge Martín Zamora González. DOY FE. Ajc.
- Principal
En dieciocho de abril de dos mil diecisiete, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres da cuenta a la Juez con un escrito registrado bajo el folio 5125 y siete copias que se adjuntan. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a dieciocho de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el escrito firmado por el licenciado José Alberto Zarate Juárez, autorizado de la quejosa Gloria Gaytán de la Cruz, en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia dictada el veinticuatro de marzo del año en curso; por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, párrafos primero y tercero, y 89, de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el referido medio de impugnación. Ahora bien, una vez que se encuentre debidamente integrado el juicio de amparo en que se actúa, remítase este expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en esta ciudad, junto con el escrito original de expresión agravios y la copia correspondiente para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho órgano colegiado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 116/2004, sustentada por la segunda sala del supremo tribunal en el país, consultable en la página 306, tomo XX, Septiembre de 2004 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del contenido literal siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO. EL PLAZO DE VEINTICUATRO HORAS ESTABLECIDO POR EL PRIMER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA EL EXPEDIENTE ORIGINAL A LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN O AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE CORRESPONDA, JUNTO CON EL ESCRITO DE EXPRESIÓN DE AGRAVIOS Y LA COPIA PARA EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE AQUÉL ESTÉ DEBIDAMENTE INTEGRADO. El artículo 89 de la Ley de Amparo prevé que interpuesta la revisión y recibidas en tiempo las copias del escrito de expresión de agravios conforme al artículo 88, el Juez de Distrito o el superior del tribunal que haya cometido la violación reclamada en los casos a que se refiere el artículo 37, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia de la Nación o al Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, dentro del plazo de veinticuatro horas, así como el original del propio escrito de agravios y la copia que corresponda al Ministerio Público Federal. De la interpretación del indicado artículo 89, en relación con las reglas de interposición y tramitación del recurso de revisión previstas en los artículos 83 a 86 y 88 a 90 de la Ley de Amparo, así como con la intención que tuvo el legislador al realizar las reformas a esa Ley, que quedaron plasmadas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de 16 de enero de 1984, y que están orientadas al cumplimiento de la garantía de justicia eficaz, pronta y expedita, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que el plazo de veinticuatro horas a que se refiere el citado artículo 89 debe correr a partir de que el expediente se encuentre debidamente integrado, esto es, en cuanto obren en él las constancias de notificación a las partes de la resolución o sentencia recurrida y del auto por el que el Juez de Distrito tiene por interpuesta la revisión y ordena correr traslado de la misma, con copia del escrito de agravios". Por último, fórmese cuaderno de antecedentes con las constancias necesarias. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, PERSONALMENTE A LA QUEJOSA Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo proveyó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza. DOY FE. Ajc.
- Principal
R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, enviado el mismo día a este Juzgado (fojas 2 a 23), Gloria Gaytán de la Cruz, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos y autoridades que enseguida se describen. Autoridades responsables: Como ordenadora: - Juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. Como ejecutoras: - Ministro Ejecutor adscrito a la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas. - Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, con residencia en Fresnillo, Zacatecas. Actos reclamados. "a). De la autoridad responsable señalada como ordenadora le reclamo el auto de rebeldía de fecha tres de febrero de dos mil dieciséis en que se decreta que precluyó el derecho para contestar la demanda y oponerme a la ejecución del auto de exequendum y que ordena que las ulteriores notificaciones, aun las de carácter personal se me hicieran mediante cédula que se fijara en los estrados. así como todas las actuaciones posteriores al ilegal emplazamiento. ya que al no haber sido llamada legalmente al juicio natural, en virtud del ilegal emplazamiento practicado por el ministro ejecutor de la adscripción, las subsecuentes actuaciones resultan nulas. Le reclamo el embargo trabado el diecinueve de noviembre de dos mil quince, perfeccionado el dieciocho de enero de dos mil dieciséis respecto del siguiente bien inmueble de mi propiedad. Todo lo anterior, dentro del juicio ejecutivo mercantil 1088/2015 del índice estadístico del mismo juzgado" b). De la autoridad responsable señalada como ejecutora, que en la especie lo es el ministro ejecutor adscrito a la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles Familiares y Mercantiles del Distrito Judicial de Fresnillo, le reclamo el requerimiento de pago y embargo trabado sobre el bien inmueble que señaló la parte actora en la citada diligencia de fecha diecinueve de noviembre de dos mil quince. Asimismo, le reclamo el ilegal emplazamiento que dice haber realizado al suscrito en la misma fecha. así como todas las ulteriores notificaciones por estrados que emanan del juicio natural. c) Del C. Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en Fresnillo, Zacatecas, le reclamo la inscripción que hizo del embargo trabado sobre el bien inmueble descrito con antelación y de la inminente inscripción de adjudicación de los mismos, sin haber sido oída ni vencida en juicio. De igual forma, les reclamo todas las actuaciones subsecuentes, ya que las mismas tienen como finalidad privar al suscrito de los bienes inmuebles de los cuales tengo derecho de propiedad y posesión.". Actos que, a su parecer, son violatorios de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El quince de noviembre de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda de amparo; se ordenó su registro bajo el consecutivo 1200/2016; se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; se solicitaron los informes justificados de las autoridades responsables; se ordenó el emplazamiento del tercero interesado; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción III, inciso b), constitucionales; 1, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción VI de la Ley de Amparo en vigor y 55 de la Ley Orgánica del poder Judicial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que el acto reclamado se atribuye a autoridades que residen en el territorio en el que ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados que constituyen el objeto de la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de garantías, consisten en: Del Ministro Ejecutor adscrito a la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles, con residencia Fresnillo Zacatecas: El emplazamiento realizado a la quejosa en el juicio ejecutivo mercantil 1088/2015. La diligencia de diecinueve de noviembre de dos mil quince, en la que se realizó el requerimiento de pago y se trabó embargo sobre un bien que dice es de su propiedad. Todas las notificaciones posteriores a dicha diligencia. Del Juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con residencia en Fresnillo, Zacatecas: Todo lo actuado en el juicio en comento, a partir de la diligencia reclamada. Del Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en Fresnillo, Zacatecas: La inscripción del embargo trabado sobre el inmueble del que se ostenta propietaria la quejosa Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil y el Oficial Registrador del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, ambos con residencia en Fresnillo, Zacatecas, aceptaron la existencia de los actos que se les reclaman (fojas 30 a 40). Asimismo, a su informe de ley, acompañaron respectivamente copia certificada de las constancias derivadas del juicio ejecutivo mercantil 1088/2015 y las relativas a la inscripción del embargo; documentales que gozan de pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. En tal virtud, se encuentra plenamente probada la existencia de los actos reclamados, al tenor de la tesis de jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 231, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Igualmente, es aplicable la jurisprudencia número 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 1917-2000, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por su parte, el Ministro Ejecutor adscrito a la Central de Notificadores y Actuarios del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, negó la existencia del acto reclamado; sin embargo, con posterioridad, realizó manifestaciones de certeza, pues su negativa se traduce en la defensa de la constitucionalidad de su actuación, de ahí que deba tenerse por cierto. Es aplicable al respecto, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 391, Tomo XIV, Julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. Previamente al estudio de los conceptos de violación y para mejor comprensión del problema jurídico planteado, resulta necesario relatar los antecedentes de los actos reclamados. 1. Mediante escrito presentado el diez de noviembre de dos mil quince ante la Oficialía de Partes del Juzgado de Primera Instancia del Ramo Mercantil, con residencia en Fresnillo, Zacatecas, Rocío Enevy Moreno Moreno, endosataria en procuración de María del Carmen Palacio Carlos, en la vía ejecutiva mercantil, demandó a Gloria Gaytán de la Cruz las prestaciones siguientes: El pago de la cantidad de cincuenta y un mil cien pesos, moneda nacional, por concepto de suerte principal; el pago de intereses moratorios a razón del tres por ciento mensual y el pago de costas procesales (fojas 1 a 3, cuaderno de pruebas). 2. Mediante proveído del día siguiente, el juzgador responsable admitió a trámite la demanda descrita, la registró bajo el número 1088/2015 y emitió auto con efectos de mandamiento para que fuera emplazada la parte demandada y se le requiriera del pago de las prestaciones reclamadas (fojas 6 a 8, cuaderno de pruebas). 3. El diecinueve de noviembre posterior a las ocho horas veinte minutos, el Ministro Ejecutor adscrito a la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, asentó haber realizado la diligencia de exequendo, la cual entendió con la propia demandada y ante la falta de pago, trabó embargo sobre un bien inmueble y la emplazó a juicio ejecutivo mercantil referido (fojas 14 y 15, cuaderno de pruebas). El emplazamiento referido constituye el acto reclamado destacado en el presente juicio de amparo. 5. Mediante diligencia de dieciocho de enero de dos mil dieciséis, se perfeccionó el embargo del inmueble señalado para tal efecto en la diligencia descrita en el apartado que antecede (foja 22, cuaderno de pruebas). 6. Seguido el juicio por sus cauces legales, el juez del conocimiento pronunció sentencia definitiva el treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis. En esta sentencia, el juzgador de origen consideró procedente la acción ejercida por la actora y, por consiguiente, condenó a Gloria Gaytán de la Cruz al pago de las prestaciones reclamadas y al de las costas procesales (fojas 63 a 70, cuaderno de pruebas). 7. Por auto de cinco de agosto de dos mil dieciséis, se declaró ejecutoriada la sentencia definitiva (foja 90, cuaderno de pruebas). QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es un presupuesto procesal que debe estudiarse por el juzgador antes de analizar las cuestiones de fondo de la controversia constitucional, lo aleguen o no las partes, de conformidad con lo establecido por el 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, por analogía, la jurisprudencia número 1ª /J.3/99 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 13 del tomo IX relativo al mes de enero de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuya transcripción es como sigue: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia deben ser examinadas de oficio y debe abordarse en cualquier instancia en que el juicio se encuentre; de tal manera que si en la revisión se advierte que existen otras causas de estudio preferente a la invocada por el Juez para sobreseer, habrán de analizarse, sin atender razonamiento alguno expresado por el recurrente. Esto es así porque si bien el artículo 73 prevé diversas causas de improcedencia y todas ellas conducen a decretar el sobreseimiento en el juicio, sin analizar el fondo del asunto, de entre ellas existen algunas cuyo orden de importancia amerita que se estudien de forma preferente. Una de estas causas es la inobservancia al principio de definitividad que rige en el juicio de garantías, porque si, efectivamente, no se atendió a ese principio, la acción en sí misma es improcedente, pues se entiende que no es éste el momento de ejercitarla; y la actualización de este motivo conduce al sobreseimiento total en el juicio. Así, si el Juez de Distrito para sobreseer atendió a la causal propuesta por las responsables en el sentido de que se consintió la ley reclamada y, por su parte, consideró de oficio que respecto de los restantes actos había dejado de existir su objeto o materia; pero en revisión se advierte que existe otra de estudio preferente (inobservancia al principio de definitividad) que daría lugar al sobreseimiento total en el juicio y que, por ello, resultarían inatendibles los agravios que se hubieren hecho valer, lo procedente es invocar tal motivo de sobreseimiento y con base en él confirmar la sentencia, aun cuando por diversos motivos, al sustentado por el referido Juez de Distrito." El artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso..." De acuerdo con el precepto legal transcrito el juicio constitucional es improcedente, en los casos en que se intente fuera de los plazos establecidos en la Ley de la Materia; supuesto en que los actos serán considerados como tácitamente consentidos. Esta norma jurídica tiene su explicación y su fundamento racional, en la presunción de conformidad o asentimiento que se sigue cuando una persona sufre una afectación por un acto de autoridad quien teniendo la posibilidad legal de impugnarlo en el juicio de amparo, dentro de un plazo perentorio determinado, no presenta la demanda en dicho lapso. En ese sentido, el artículo 18 de la Ley de Amparo establece tres supuestos para computar el término de quince días para la presentación de la demanda de amparo, los que son excluyentes entre sí y no guardan orden de preferencia alguno, y son: 1. Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame. 2. Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución. 3. Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Es aplicable a lo anterior, la tesis XXI.2o.P.A. J/32, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página 1931, del Tomo XXXI, Enero de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE AMPARO. REGLAS CONFORME A LAS CUALES DEBE REALIZARSE EL CÓMPUTO DE LOS QUINCE DÍAS PARA INTERPONERLA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY RELATIVA). El artículo 21 de la Ley de Amparo establece que, por regla general, el término para interponer la demanda de amparo será de quince días, cuyo cómputo depende de la forma en que el quejoso se haya impuesto de los actos reclamados, a saber: a) Desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de los actos reclamados o de su ejecución; o c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los actos reclamados. Luego, para que se surta la hipótesis indicada en el inciso a) es necesario que esté acreditado fehacientemente que la autoridad ante quien se instruye determinado procedimiento haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclama, pues sólo de esta manera el término de quince días que concede el artículo 21 mencionado para interponer la demanda de amparo, comenzará a contar a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación. En cambio, tratándose de los supuestos precisados en los incisos b) y c), su actualización implica que la parte quejosa tenga conocimiento de manera fortuita de los actos reclamados, o bien, que al promover la demanda de amparo se ostente sabedor de ellos; de donde se infiere que en esos casos no existe una notificación formal conforme a la ley que rige el acto, lo que justifica que el término de quince días mencionado deba computarse a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor de los actos reclamados." Criterio jurídico que cobra aplicación al caso por ser de similar contenido el artículo 18 de la Ley de Amparo en vigor y el 21 del ordenamiento homónimo abrogado que ahí se interpreta. De lo anterior es posible deducir que la norma en comento establece tres hipótesis distintas respecto al cómputo del término de quince días dentro de los cuales debe presentar la demanda de garantías, dependiendo de la situación diferenciada de la persona que ejerce la acción de amparo, lo cual implica que cada uno de esos supuestos se excluyen entre sí y no siguen un orden de prelación; entonces, el inicio del cómputo para la promoción del juicio de derechos es a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las tres hipótesis identificadas en el precepto legal en comento. Es sustento de lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 5, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que se lee: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene porqué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En consecuencia, el plazo para la presentación de la demanda de amparo se contará desde el siguiente: al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos. En ese sentido, para iniciar el cómputo del plazo antes referido, el conocimiento del acto reclamado debe acreditarse fehacientemente por cualquiera de los medios de prueba previstos por la ley y no inferirse a base de presunciones. Lo anterior es así, ya que el hecho de que el particular tenga un conocimiento del acto de manera directa, exacta y completa, le da la posibilidad de tener todos los elementos necesarios para poder atacar en su integridad los vicios de que considera contiene el acto reclamado y así defender sus derechos, de lo contrario, podría darse el caso de que careciera de la información necesaria para poder hacerlo. Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice de mil novecientos noventa y cinco del Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Quinta Época, página seis, que dice: "ACTO RECLAMADO, CONOCIMIENTO DEL, COMO BASE DEL TERMINO PARA INTERPONER EL AMPARO. El conocimiento del acto reclamado por el quejoso y que sirve de base para el cómputo del término para la interposición del juicio de garantías, debe constar probado de modo directo y no inferirse a base de presunciones". Bajo ese panorama, para efectos del juicio de amparo, persona extraña al juicio es aquella que no ha sido integrada a la relación procesal de un litigio como parte material (es decir, quienes de hecho intervienen o figuran en el proceso como sujetos activos o pasivos de una determinada pretensión), pero que sufre un perjuicio por la tramitación de dicho procedimiento y, en virtud del desconocimiento de éste, no ha tenido la oportunidad de ejercer la garantía de audiencia para su defensa. De lo definido, se sigue que en el concepto de persona extraña al juicio quedan comprendidos también quienes no fueron emplazados o, aun siéndolo, no tuvieron oportunidad de hacerse sabedores del procedimiento, ya que materialmente no pudieren intervenir en el proceso en su defensa. Por tanto, tercero extraño es cualquier persona que sufre un perjuicio dentro de un juicio o en su ejecución, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas. Es sustento de lo anterior, la tesis de jurisprudencia P./J. 7/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VII, Novena Época, enero de mil novecientos noventa y ocho, página cincuenta y seis, que dice: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente". En esa línea, quien se ostenta tercero extraño por equiparación cuenta con la posibilidad de impugnar la falta o la ilegalidad del emplazamiento si tuvo conocimiento del juicio respectivo después de dictada la sentencia de primera instancia que no ha causado ejecutoria, aun cuando pueda impugnarla oportunamente mediante un recurso ordinario en el que pueda hacer valer aquella violación procesal. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 1/2012 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, página: 5: "EMPLAZAMIENTO. SU FALTA O ILEGALIDAD ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI QUIEN SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO EQUIPARADO A PERSONA EXTRAÑA TUVO CONOCIMIENTO DEL JUICIO RESPECTIVO DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE NO HA CAUSADO EJECUTORIA, AUN CUANDO PUEDA IMPUGNARLA OPORTUNAMENTE MEDIANTE UN RECURSO ORDINARIO EN EL QUE PUEDA HACER VALER AQUELLA VIOLACIÓN PROCESAL. Conforme al criterio del Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contenido en la jurisprudencia P./J. 18/94, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, IRREGULARIDADES EN EL. SON RECLAMABLES EN AMPARO INDIRECTO CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN." es factible promover juicio de amparo indirecto por quien, siendo parte material en un juicio, se duela de la falta de emplazamiento o de las irregularidades suscitadas en él, considerando que en aras de permitir la adecuada tutela de su derecho de audiencia, en ese supuesto se ostenta como un tercero extraño a juicio que, por equiparación, debe regirse por las reglas procesales aplicables a la persona extraña a juicio, entre las que se encuentra la posibilidad de acudir al juicio de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios, lo que deriva de la interpretación sistemática de los incisos a), b) y c) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la de promoverlo en la vía indirecta para impugnar la constitucionalidad del juicio respectivo, con el objeto de ofrecer las pruebas para acreditar los referidos vicios procesales, lo que no podría realizar en la vía directa ante la limitación probatoria establecida en los artículos 78 y 190 de la Ley de Amparo. En ese tenor, ante la ausencia de regulación sobre la procedencia del amparo indirecto promovido por quien se ostenta como tercero extraño, cuando tuvo conocimiento del juicio respectivo con motivo del dictado de la sentencia de primera instancia y aún se encuentre en tiempo para interponer el recurso ordinario, generalmente el de apelación, en el cual pudiera hacer valer vicios procesales, atendiendo a la naturaleza de las normas rectoras del juicio de amparo y al principio pro persona establecido en el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución General de la República, se concluye que dicha circunstancia no permite desconocer los beneficios procesales que dispensa la regulación del juicio constitucional a quienes se ostentan como terceros extraños, pues aun cuando en el recurso ordinario puedan controvertir la falta o la deficiencia del emplazamiento, las posibilidades de ejercer por esa vía la defensa de su derecho constitucional estarán sujetas a diversas particularidades sobre el plazo para interponer el recurso, el tipo de pruebas y los hechos materia de probanza; sin menoscabo de que si ante la referida opción el justiciable acude al medio ordinario de defensa para controvertir los vicios en comento, posteriormente ya no podrá ostentarse como un tercero extraño a juicio equiparado a persona extraña, por lo que contra la sentencia dictada en el recurso ordinario respectivo podrá, en su caso, promover demanda de amparo directo en la cual, conforme a la fracción I del artículo 159 de la Ley de la materia, haga valer como violación procesal los vicios mencionados, lo cual lleva a interrumpir parcialmente, en la medida en que sostienen un criterio contrario al precisado, las tesis jurisprudenciales 3a./J. 17/92, 3a./J. 18/92 y 3a./J. 19/92, de la entonces Tercera Sala de este Alto Tribunal". De tal manera que el carácter de tercero extraño presupone que se haya emitido la sentencia en el juicio natural, pues solo de esa manera puede determinarse que el promovente del amparo estuvo en imposibilidad de acudir al juicio al que se ostenta ajeno. Corrobora lo anterior, por la razón que informa, la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXIII, agosto de 2013, Tomo 1, página: 729: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia". Así, el conocimiento de un juicio instaurado en su contra, en el que ha sido dictada la sentencia, es lo que posibilita la promoción del juicio de amparo a quien se ostenta como tercero extraño por equiparación. En consecuencia, a partir de que el promovente del amparo adquiere conocimiento sobre el número de expediente y el juzgado en que se encuentra radicado el juicio seguido en su contra (en el que ya se emitió la sentencia), al que se ostenta como tercero extraño por equiparación, inicia el plazo que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover el juicio de derechos; porque, en conformidad con lo expuesto, desde ese momento está en posibilidad de presentar dicho medio de control constitucional. En el presente juicio, la quejosa reclama substancialmente el emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 1088/2015 y todo lo actuado con posterioridad en dicho procedimiento, en particular, la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis y su ejecución. Lo anterior, sobre la base de que fue indebidamente emplazada al procedimiento natural. Como fecha de conocimiento del acto destacado precisó el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis. Sin embargo, en el juicio natural consta la notificación personal a la amparista de la sentencia dictada en dicho procedimiento, pues el ocho de junio de dos mil dieciséis, el Oficial Notificador adscrito a la Central de Notificadores y Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, asentó haberle notificado personalmente el contenido de la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis emitida en el juicio ejecutivo mercantil 1088/2015, del índice del Juzgado del Ramo Mercantil del distrito judicial de Fresnillo, Zacatecas, que promovió Rocío Enevy Moreno Moreno, endosataria en procuración de María del Carmen Palacio Carlos (fojas 80 a 88, cuaderno de pruebas). En particular, en dicha acta se asentó que la notificación se entendió con la demandada Gloria Gaytán de la Cruz, a quien le entregó cédula de notificación en ocho fojas útiles que contiene la sentencia definitiva en mención, quien manifestó quedar enterada y recibir de conformidad la cédula de notificación, no siendo su deseo firmar de recibido. Luego, es patente que en esa fecha la peticionaria del amparo conoció de forma completa que se siguió un juicio en su contra, pues existe constancia de que se enteró del número de expediente y el juzgado en que se encuentra radicado el juicio que combate, e incluso de la sentencia emitida, lo que implica que desde ese momento estuvo en aptitud de promover el juicio de derechos. Sin que para lo anterior sea necesario que hubiera tenido conocimiento íntegro de todas y cada una de las actuaciones llevadas a cabo en el juicio al que se ostenta como tercero extraño por equiparación, pues lo relevante es que tuvo un conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra y que, por ende, estuvo en posibilidad de impugnar el hecho de que se hubiera emitido una sentencia en un juicio al que, a su parecer, no había sido llamada legalmente. Lo anterior teniendo como directriz que la notificación personal destacada no se encuentra desvirtuada, formal ni materialmente, en la presente instancia constitucional, por lo que subsiste la presunción de que resulta eficaz para derivar el conocimiento determinado, al tratarse del medio legal previsto para tal efecto. Por tanto, en términos del artículo 1075 del Código de Comercio, al día siguiente de que surtió efectos la notificación en comento, inició el plazo para promover la presente instancia constitucional, esto es, diez de junio de dos mil dieciséis, por lo que concluyó el treinta de junio siguiente. En consecuencia, si la demanda de amparo fue presentada hasta el catorce de noviembre de dos mil dieciséis, resulta evidente que resulta extemporánea. En conclusión, con base en las anteriores consideraciones, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio de derechos, en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XIV, ambos de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Gloria Gaytán de la Cruz, contra los actos que reclamó del Juez de Primera Instancia del Ramo Mercantil; Ministro Ejecutor adscrito a la Central de Actuarios de los Juzgados Civiles, Familiares y Mercantiles y Oficial del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, todos con residencia en Fresnillo Zacatecas, consistentes en el emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil 1088/2015 y todo lo actuado en dicho procedimiento, en particular, la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil dieciséis; por las razones y fundamentos expuestos en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables, por lista a la tercera interesada y personalmente a las demás partes. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la licenciada Alva Miranda Ramírez, secretaria que autoriza y da fe, hasta el veinticuatro de marzo de dos mil diecisiete, en que lo permitieron las labores del juzgado.
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