Gloria García Zuñiga
Expediente 1333/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1333/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 11/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Gloria García Zuñiga
Actuaciones
- Principal
Se tiene por recibido el oficio remitido por la tercera interesada, licenciada Euridice Dzoara Vega Domínguez, Agente del Ministerio Público que intervino en la carpeta administrativa 114/2020 de origen, mediante el cual, acusa recibo del oficio número 27375 en el que le fue notificada la sentencia definitiva emitida en el presente juicio; circunstancia de la que este juzgado toma conocimiento para los efectos legales conducentes. CÚMPLASE.
- Principal
Téngase la demanda de amparo promovida por Gloria García Zúñiga, contra actos del Juez Segundo de lo Civil de Primera Instancia, en el Distrito Judicial de Otumba, Estado de México y otra autoridad, por considerarlo violatorio de los derechos humanos consagrados en los artículos constitucionales que refieren. Del contenido de la demanda, se desprende que la parte promovente señala como actos reclamados: a). -La falta de notificación personal, del proveído de veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiuno (2021), en el que se comunica a las partes la llegada de los autos que contiene la ejecutoria dictada en el Toca de apelación 538/2018 por la Primera Sala Colegiada Civil de Texcoco, Estado de México, misma que modifica la sentencia dictada en el Juicio natural radicado en el expediente 343/2016, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia en Otumba, Estado de México. b). La orden de desalojo y desposeimiento, del bien inmueble materia del juicio natural ordenada en proveído de dieciséis de abril de dos mil veintiuno (2021) y su consiguiente auto aclaratorio de veintitrés (23) de abril del dos mil veintiuno (2021), todo ello a solicitud de José Luis Aguilar Espinoza, mandatario judicial de la demandada y actora en la reconvención, sin haberse otorgado el plazo para cumplir voluntariamente la sentencia definitiva conforme a lo dispuesto por el artículo 2.166, en relación con el 2.157, del Código Adjetivo. c). -El auto de dieciséis de abril de dos mil veintiuno (2021) y su consiguiente auto aclaratorio de veintitrés (23) de abril de los dos mil veintiunos (2021) mediante el cual, se ordena turnar los autos al ejecutor adscrito al Juzgado a efecto de que por su conducto y en compañía de la parte actora de cumplimiento a lo ordenado en el TERCER PUNTO DECLARATIVO de la sentencia emitida por el Tribunal de Alzada (sic), en fecha diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, siendo parte inaudita del conocimiento de la llegada de los autos. d). La ilegal y arbitraria diligencia practicada en doce (12) de agosto de dos mil veintiuno (2021), por el Ejecutor adscrito al Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia de Otumba, Estado de México, en la que se asentó una oposición a la ejecución de la sentencia por persona extraña que supuestamente se encontraba en el inmueble de mi propiedad, la que se tilda de ilegal a todas luces, toda vez que se hizo en contravención a las disposiciones legales aplicables y que se detallarán en los argumentos de los conceptos de violación en el capítulo respectivo. e). -Como consecuencia de lo anterior, la ilegalidad del auto de nueve de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el en el expediente 343/2016, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia de Otumba, Estado de México, en el que se decretan y autorizan los medios de apremio a efecto de la ejecución de la sentencia definitiva. f). Me duelo de todos los actos tendentes a cumplir la ilegal ejecución de sentencia, decretadas en el expediente 343/2016, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil de Primera Instancia de Otumba, Estado de México, pues los mismos vulneran mis derechos humanos de debido proceso, legalidad y seguridad jurídica al ser parte inaudita como lo expresaré en el capítulo respectivo. Ahora, el Juez de amparo tiene la obligación de analizar la demanda de amparo y si encontrare un motivo de improcedencia, debe desecharla de plano; de ahí que deban analizarse de manera preferente las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Por lo que resulta oportuno señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El numeral citado, señala que las causales de improcedencia deben ser manifiestas e indudables, entendiéndose por lo primero lo que se da a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se apoya para que de forma contundente se determine la causa de improcedencia, que se actualiza y por lo segundo, aquello que es evidente, lo que no se puede poner en duda. Este precepto autoriza desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla, se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Así, se procede a realizar el estudio integral de la demanda de amparo de la que se advierte que los actos reclamados señalados en los incisos b), c), d), e) y f), por la parte quejosa resultan notoriamente improcedente, conforme a lo dispuesto en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con las fracciones IV y V, del artículo 107, todos de la Ley de Amparo. . . . . . . En ese orden, conforme a lo narrado, se desprende que la peticionaria de amparo reclama unos actos de un tribunal judicial pronunciado dentro de un procedimiento de ejecución de sentencia, que en sí, atendiendo a la naturaleza del juicio de origen, no constituyen la última resolución dictada en aquélla fase ejecutiva, pues es claro que en ella no se reconoce el cumplimiento total de la sentencia ni declara la imposibilidad material o jurídica para ese cumplimiento; ni tampoco se trata de la resolución que concluya con un procedimiento autónomo que se dé en esta etapa, circunstancia que hace improcedente la tramitación del juicio de protección constitucional. . . . . . . . . . Resultando incuestionable que la peticionaria del juicio de control constitucional reclama actos de órganos jurisdiccionales pronunciados dentro de un procedimiento de ejecución de una sentencia, que en sí, no constituyen la última resolución dictada en aquélla fase ejecutiva, ya que la materia del juicio natural versó precisamente en la entrega del inmueble referido, al dilucidarse una acción real; por lo que es claro que, con dicha diligencia en etapa de ejecución, no se reconoce el cumplimiento total de la sentencia ni declaran la imposibilidad material o jurídica para ese cumplimiento; ni tampoco se trata de la resolución que concluya con un procedimiento autónomo que se dé en esta etapa circunstancia que hace improcedente la tramitación del juicio de protección constitucional, entendido como una serie de actos concatenados entre sí, que culminará con determinación que establezca cumplida la sentencia y que las violaciones durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, a efecto de no entorpecer su tramitación deben combatirse, cuando se reclame la resolución que le ponga fin al mismo, ya que de demostrarse que hubo la infracción legal y que se dejó sin defensa a la quejosa, tendría que reponerse el procedimiento del procedimiento de ejecución en cuestión a partir de esa violación, y con ello no se habría obstaculizado su prosecución, ni desde luego el cumplimiento de la sentencia dictada en el juicio natural, lo que equilibra el interés individual con el orden público y la finalidad del juicio de garantías, que no permite ser utilizado como instrumento que dilate la administración de justicia. Por tanto, los actos que combate en esta vía la parte quejosa, señalados en los incisos b), c), d), y e), forman parte de la etapa de ejecución cuya naturaleza es lograr la ejecución de la sentencia emitida en la controversia de origen. . . . En tales condiciones, se encuentra actualizada en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia antes citada, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, respecto de los actos señalados. . . . Por otra parte, debe decirse que del análisis del acto reclamado señalado en el inciso a), así como sus antecedentes, obtenemos que la demanda de amparo que nos ocupa deviene notoriamente improcedente, conforme a lo dispuesto en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, como se demostrará enseguida. El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, textualmente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la parte quejosa, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, la parte quejosa quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo". (.)" Asimismo, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) (.) b). Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." Los preceptos citados establecen el principio de definitividad, propio de la naturaleza extraordinaria del juicio de amparo, por virtud del cual éste resulta improcedente cuando, previamente a su promoción, el quejoso no haya agotado los recursos, juicios o medios ordinarios de defensa, a través de los cuales se puedan modificar, revocar o nulificar los actos que estime violatorios de derechos fundamentales. . . . Por tanto, cuando se reclamen actos de los clasificados como de ejecución irreparable, dictados dentro de un juicio del orden civil, que derivan de resoluciones judiciales, de tribunales administrativos o del trabajo, son únicamente los definitivos, los que no admitan recurso alguno cuya interposición pueda dar lugar a modificación revocación o anulación del acto reclamado; por lo que, en caso de existir algún medio de defensa, debe acudirse a la vía constitucional sólo cuando se agotó previamente el recurso previsto por la ley ordinaria. Ahora bien, para que se considere que el particular se encuentra obligado a cumplir con el principio de definitividad, el medio ordinario de impugnación debe estar contenido en una ley, en sentido formal y material. La ley debe regular por algún título ese acto de manera específica, colmando todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado, es decir, que a través de éste se pueda modificar, revocar o nulificar el acto que se reclama. En el particular, el acto reclamado en esta instancia es impugnable a través del incidente de nulidad previsto en el artículo 1.187 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de México, que refiere: "Artículo 1.187.- Cuando una notificación se hiciere en forma distinta a la prevenida en este capítulo, o se omitiere, puede la parte agraviada promover incidente de nulidad de lo actuado, desde la notificación hecha indebidamente u omitida". Conforme a la disposición transcrita, se advierte que el incidente de nulidad se erige como un medio de defensa ordinario a través del cual, puede controvertirse el acto reclamado en esta instancia. Por lo que, la falta de notificación personal, del proveído de veintiséis (26) de febrero de dos mil veintiuno (2021), en el que se comunica a las partes la llegada de los autos que contiene la ejecutoria dictada en el Toca de apelación 538/2018 por la Primera Sala Colegiada Civil de Texcoco, Estado de México, misma que modifica la sentencia dictada en el Juicio natural radicado en el expediente 343/2016, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia en Otumba, Estado de México, que refiere la quejosa, debe combatirlo a través del incidente de nulidad ante la autoridad correspondiente. Por ello, si la parte quejosa no interpuso el aludido medio de defensa legal, previamente al ejercicio de la acción constitucional, es obvio que en el caso, no se satisface el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo. . . . Por tanto, al conceder la ley ordinaria un medio de defensa por virtud del cual pueda ser nulificado el acto reclamado, es inconcuso que el peticionario estaba obligado a agotarlo, previo a que acudiera a la instancia constitucional. . . . Consecuentemente, se DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO. Sin que al actualizar la causal de improcedencia en el presente juicio de amparo, se hayan planteado cuestiones de fondo del asunto, ya que únicamente se citaron los artículos del código procesal aplicable, para estructurar la etapa de ejecución de sentencias y cuando se actualiza la hipótesis a que se refiere la fracción IV del artículo 107, respecto de la procedencia del juicio de amparo indirecto. . . . Transparencia. con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes, que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México · 9,414 expedientes
- Gloria Cabrera Castañeda158/2021
- Gloria Conde Gutiérrez1617/2019
- Gloria Conde Gutiérrez1811/2019
- Gloria Cristina Hernández Galván1308/2023
- Gloria Eugenia Lopéz Pacheco1233/2022
- Gloria Galindo Galicia1409/2018
- Gloria Hernandez Muñoz977/2023
- Gloria Irma Hilarios Martínez537/2018
- Gloria Juarez Barrales883/2023
- Gloria Leticia Pacheco Hernández288/2023
- Gloria Méndez Girón247/2021
- Gloria Méndez Girón634/2019