Gloria García Romero
Expediente 634/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 16 actuaciones registradas, la última del 7 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 634/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 07/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Gloria García Romero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Téngase por hecha la certificación de cuenta y tomando en consideración lo ahí asentado, se advierte que ya transcurrió el plazo de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de la materia, para la interposición del recurso de revisión, sin que hasta estos momentos se haya hecho valer contra la sentencia en la que se negó el amparo y protección a la parte quejosa; en consecuencia, con fundamento en los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Por otro lado, tomando en consideración que las autoridades responsables remitieron legajos de constancias en justificación de sus actos; en consecuencia, devuélvase a su lugar de procedencia, en el entendido de que el actuario de la adscripción deberá verificar que en el sello de recepción se asiente el número de tomos entregados, POR LO QUE RESULTA INNECESARIO EL ACUSE DE RECIBO CORRESPONDIENTE. Archívese como totalmente concluido, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atendiendo a las particularidades del presente juicio, ..., el presente juicio de amparo no es de relevancia documental. ...; se hace la observación de que el expediente es susceptible de depuración, en razón de que se trata de un asunto en el que se negó el amparo y protección de la justicia federal. No obra en autos documento original, en los términos que establece el ordinal 3, fracción XVIII, del Acuerdo General de referencia. Finalmente, vista la certificación que antecede, en cumplimiento al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus covid-19, y la circular interna 03/2021 de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la secretaria encargada de la tramitación del expediente revisó e hizo constar que la versión impresa de ese último coincide con la electrónica, lo que se tiene por realizado para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL CELEBRADA en el juicio de amparo 634/2021; ...; procediendo a dictar la resolución correspondiente. Doy fe.
- Principal
VISTOS para resolver el juicio de amparo 634/2021, promovido por ..., contra actos de la Quinta Sala y Juez Trigésimo Séptimo, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el diecisiete de junio de dos mil veintiuno ante la Sala responsable, la quejosa promovió demanda de amparo en la vía directa, contra actos emitidos por las referidas autoridades, alegando violación a los artículos 1, 14 y 16 de la Ley Fundamental. SEGUNDO. Admisión y trámite. El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito determinó carecer de competencia legal para conocer de la demanda, por lo que la remitió por turno un Juzgado de Distrito de la misma especialidad. Fue así que el suscrito se avocó al conocimiento del negocio, admitiéndolo a trámite, previa aclaración, por auto de ocho de septiembre de dos mil veintiuno. En ese auto, se dio intervención al Representante Social de la Federación adscrita, se pidió informe con justificación; se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional; y, CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver este asunto de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 60 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 y 107 fracción V de la Ley de Amparo; en atención a que se trata de un juicio contra actos derivados de un proceso familiar, seguido ante un tribunal con residencia en la ciudad donde el suscrito ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado es: La sentencia de tres de mayo de dos mil veintiuno dictada en el toca 766/2020 del índice de la Quinta Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia de esta ciudad, por la cual confirmó la interlocutoria de tres de marzo de dos mil veinte, emitida en el incidente de cancelación de pensión alimenticia promovido por Víctor Barrera Amaya contra la quejosa, deducido del juicio familiar (divorcio incausado) ... . En dicha determinación, el juez de origen redujo la pensión del 20 al 15 por ciento del total de los los ingresos del actor incidentista. TERCERO. Existencia del reclamo. En su informe, la Sala y Juez responsables aceptaron la existencia del acto reclamado, lo que se corrobora con las copias certificadas enviadas, que tienen valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes procesales del acto reclamado. I. El doce de mayo de dos mil dieciséis el juez responsable decretó una pensión alimenticia provisional a favor de la quejosa..., dentro del juicio de divorcio ... . El cuatro de agosto de dos mil dieciséis se dictó resolución decretando el divorcio, dejando a salvo los derechos de las partes para litigar incidentalmente las cuestiones inherentes a la disolución del vínculo. II. El diez de octubre de dos mil diecinueve, ... promovió incidente de cancelación de pensión alimenticia en contra de la aquí quejosa. El actor planteó que ahora tiene cáncer de colon, que su contraria no tiene necesidad económica dado que sus hijos mayores le apoyan, y que a la fecha el vínculo matrimonial ha sido disuelto. III. El asunto se admitió a trámite el once de octubre de dos mil diecinueve, recibiendo las pruebas documentales ofrecidas por el actor (facturas de hospital, resumen médico y anexos al resumen clínico). Asimismo, se fijó hora y día para el desahogo de la confesional. IV. El dieciséis de octubre del mismo año, la demandada, aquí quejosa, presentó su contestación. En dicho ocurso, la parte incoada contestó los hechos, opuso excepciones y defensas y ofreció pruebas. A lo anterior recayó el auto de diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, dando vista a su contrario. V. El veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, tuvo verificativo la audiencia incidental, donde el actor se desistió de la testimonial y se desahogó la confesional. En ese acto hubo desahogo de pruebas y se aplazó su continuación, teniendo verificativo el cuatro de febrero de dos mil veinte. VI. El tres de marzo de dos mil veinte se dictó sentencia interlocutoria, en la que se estimó justo y equitativo decretar una reducción de la pensión, del veinte al quince por ciento. VII. Inconforme, la demandada promovió recurso de apelación, del cual conoció la Sala responsable, quien por sentencia de tres de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el toca ..., confirmó la interlocutoria impugnada. Este fallo constituye el acto reclamado. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. En esencia, la quejosa dice que la sentencia reclamada atenta contra sus derechos fundamentales, por lo siguiente: a) Es incongruente e ilegal que si el demandado planteó la cancelación de la pensión, se haya confirmado la reducción, pues la litis se centró precisamente en la posibilidad de que el actor pudiera dejar de pagar pensión o no; sin embargo, atentando contra el principio de congruencia, debido proceso y las formalidades esenciales, se sentenció en el sentido de reducir el monto, cuando esto en ningún momento se demandó, ni fue materia de la pretensión del actor, lo cual revela una violación al artículo 81 de la Ley Procesal Civil para esta ciudad y deja en estado de indefensión a la incoada. b) Al resolver se dejó de atender el estado de salud de la quejosa y que ella vive únicamente de la pensión que percibe de parte del hoy tercero interesado; y el 15% de los ingresos del demandado no cubre sus necesidades como mujer de sesenta años con diabetes y otros malestares físicos. c) La decisión es ilegal por deficiente fundamentación y motivación porque el actor solo ofreció pruebas documentales que no fueron corroborados por algún otro medio de convicción; de modo que es falso que se hubiera atendido a las reglas de la lógica y la experiencia para resolver. Decisión: Los conceptos de violación son infundados, pues en materia familiar rige el principio de litis abierta, por lo que sentenciar una reducción no es por sí mismo ilegal; además, la forma de abordar las pruebas tampoco entraña violación o arbitrariedad. En efecto, los asuntos del orden familiar, como lo es el de origen, se consideran como de orden público e interés social; y opera en ellos un principio de litis abierta para flexibilizar los procesos, con miras a impartir justicia completa, para la protección de las personas y las relaciones sociales desde su núcleo básico, lo cual es un reflejo del contenido de los artículos 4 y 17 de la Constitución Federal; y que en el caso, tiene asidero legal en la ley procesal aplicable, por lo que es una función judicial revestida de las facultades de su diverso numeral 16. Orienta lo anterior, la jurisprudencia I.5o.C. J/11 del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Novena Época, en Materias(s): Civil. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIII, Marzo de 2011, página 2133, que establece: "DERECHO DE FAMILIA. SU CONCEPTO. En el sistema jurídico mexicano, basado en un sistema constitucional y democrático, el derecho familiar es un conjunto de principios y valores procedentes de la Constitución, de los tratados internacionales, así como de las leyes e interpretaciones jurisprudenciales, dirigidos a proteger la estabilidad de la familia y a regular la conducta de sus integrantes entre sí, y también a delimitar las relaciones conyugales, de concubinato y de parentesco, conformadas por un sistema especial de protección de derechos y obligaciones respecto de menores, incapacitados, mujeres y adultos mayores, de bienes materiales e inmateriales, poderes, facultades y deberes entre padres e hijos, consortes y parientes, cuya observancia alcanza el rango de orden público e interés social." En efecto, el hecho de que la autoridad vaya más allá de lo estrictamente planteado no es arbitrario pues tiene como fundamento los artículos 940 y 941 del Código de Procedimientos Civiles para esta entidad, conforme a los cuales, el juzgador tiene facultades oficiosas tanto en el procedimiento para ordenar el desahogo de pruebas y diligencias, como para resolver incluso sobre cuestiones no pedidas, atendiendo al orden público que caracteriza a los alimentos. Por su contenido, se cita la jurisprudencia 1a./J. 49/2021 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Undécima Época. Materias(s): Civil, Constitucional. Fuente: Semanario Judicial de la Federación, cuyo contenido es: "ALIMENTOS A MENORES DE EDAD. TIENEN UNA TRIPLE DIMENSIÓN, YA QUE CONSTITUYEN UN DERECHO A SU FAVOR, UNA RESPONSABILIDAD Y OBLIGACIÓN PARA SUS PROGENITORES Y UN DEBER DE GARANTIZAR SU CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL ESTADO. Hechos: En un juicio de alimentos se impuso como medida cautelar al deudor alimentario de un menor de edad la restricción de salir del territorio nacional. En contra de esta determinación, el deudor promovió demanda de amparo indirecto, el cual le fue concedido para que el juzgador de origen fundara y motivara debidamente su resolución y sobreseyó en el juicio por el artículo reclamado; en la revisión interpuesta contra la sentencia de amparo se revocó la sentencia y ordenó reponer el procedimiento. En cumplimiento a la revisión, el Juez de Distrito instructor repuso el procedimiento y dictó sentencia en la que sobreseyó en el juicio de amparo por algunos actos, negó el amparo respecto del artículo 48, fracción VI, de la Ley de Migración y otorgó el amparo por el auto en el cual le fue impuesta la medida cautelar. Inconformes con la anterior resolución, las partes interpusieron recursos de revisión, de los cuales el Tribunal Colegiado de Circuito se declaró incompetente para conocer sobre el tema de constitucionalidad y remitió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para pronunciarse al respecto. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que los alimentos, como garantía de un nivel de vida adecuado, tienen una triple dimensión, ya que constituyen: i) un derecho para los niños, niñas y adolescentes menores de edad; ii) una responsabilidad prioritaria y obligación para sus progenitores; y, iii) un deber a garantizar su cumplimiento por parte del Estado. Justificación: La obligación de los padres de proporcionar alimentos a sus hijos e hijas y el correlativo derecho de éstos a percibirlos es una expresión de solidaridad que deriva de diversos derechos y principios constitucionales orientados a la protección y tutela integral de los niños, niñas y adolescentes. Entre otros principios constitucionales que se encuentran inmersos en esta figura se encuentran: la prevención y conservación de la integridad física y moral de los hijos e hijas; el derecho de los niños y niñas a acceder a un nivel de vida digna y adecuada; el respeto a su interés superior y la necesidad de brindarles medidas especiales de protección. Esto último conlleva además la obligación constitucional de todas las autoridades del Estado de adoptar en el ámbito de sus competencias todas aquellas medidas que resulten idóneas y necesarias para garantizar que los niños, niñas y adolescentes vean satisfechas sus necesidades de manera integral, completa y adecuada. Dicho mandato, leído bajo la óptica del interés superior del menor de edad y el deber de protección integral de la infancia, autoriza la adopción de medidas reforzadas de tutela que atiendan a la situación de vulnerabilidad en la que éstos se encuentran. Así, la Primera Sala ha reconocido que en las controversias en materia de alimentos es admisible una litis abierta, donde el juzgador tiene facultades oficiosas tanto en el procedimiento para ordenar el desahogo de pruebas y diligencias, como para resolver incluso sobre cuestiones no pedidas, caracteres que, sin duda, refuerzan la naturaleza de orden público de dicha institución. Bajo ese contexto, la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 27, prevé el derecho de los menores de edad a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social; asimismo que las personas encargadas del niño o niña son responsables de proporcionar, dentro de sus posibilidades económicas, las condiciones de vida necesarias para su desarrollo. Asimismo, que los Estados Partes adopten las medidas apropiadas para ayudar a los padres u otras personas responsables del niño o niña a dar efectividad y de ser necesario proporcionaran asistencia material y programas de apoyo respecto a la nutrición, el vestido y la vivienda; así como a tomar todas las medidas para asegurar el pago de la pensión alimenticia por parte de los padres u otras personas que tengan la responsabilidad financiera por el niño o la niña, tanto si viven en el Estado Parte como si viven en el extranjero." Por otro lado, tampoco asiste razón a la quejosa en lo tocante a que se dejó de atender su estado de salud y condición económica; y que el porcentaje que le fijaron es insuficiente para subsistir. Es así, pues contrario a lo que afirma la impetrante, la autoridad sí abordó su edad y estado de salud, ya que como se ve a fojas 13 a 15, la Sala expresamente acudió a dichos factores para validar que, en lugar de una cancelación total, únicamente hubiera lugar a una reducción ante la enfermedad de cáncer de colon de que padece el actor, reconociendo en la hoy quejosa la necesidad de percibir un monto y la capacidad del deudor de otorgarlo, enumerando las pruebas documentales y testimoniales que arrojan el perfil personal de cada justiciable. De ahí que no le asista razón a la demandante al sostener que dichas circunstancias no se tomaron en cuenta. Además, a criterio de este órgano la reducción de cinco puntos porcentuales no es por sí misma atentatoria del derecho a la legalidad de la quejosa, pues se insiste que no se canceló la totalidad de su pensión, sino que se redujo para adecuarse a la realidad de salud de su contrario, dejándole todavía tres cuartas partes de lo que originalmente percibía. Lo anterior, visto a la luz de la sana crítica, no resulta en una decisión excesiva o injusta si se toma en cuenta que el principio de proporcionalidad se informa no solo de las necesidades del acreedor, sino de las posibilidades del deudor, que ante un padecimiento de salud evidentemente enfrentará mayores gastos de los que normalmente hacía, lo que razonablemente orilla a considerar que existe una merma patrimonial para atenderse. Al respecto, se invoca el criterio I.4o.C. J/22, de la Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Agosto de 2006, en Materia(s): Común, Página: 2095, que dispone: "SANA CRÍTICA. SU CONCEPTO. Debe entenderse como el adecuado entendimiento que implica la unión de la lógica y la experiencia, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento a través de procesos sensibles e intelectuales que lleven a la correcta apreciación de los hechos." Finalmente, tampoco asiste razón a la quejosa en cuanto a que solo se ofrecieron documentales sin mayor perfeccionamiento, por lo que la valoración probatoria fue deficiente. En primer lugar, porque se aprecia a foja doce del fallo reclamado que la Sala no solo se apoyó en las documentales ofrecidas por la parte actora para tener por acreditado el padecimiento de salud, sino que refirió que las propias manifestaciones de la demandada entrañaban un reconocimiento sobre su condición. Además, de los autos del proceso de origen se advierte que las pruebas documentales, admitidas en el auto de once de octubre de dos mil diecinueve, no fueron objetadas al contestar, pues del ocurso relativo se advierte que omitió formular inconformidad con dichas probanzas y sin que en la parte relativa del acta de audiencia de cuatro de febrero de dos mil veinte, se hiciera constar objeción alguna al desahogar las probanzas 1, 2 y 3 del actor (documentales consistentes en facturas, resumen médico y anexos clínicos); por lo que opera un perfeccionamiento tácito en términos de lo previsto por el artículo 335 del Código de Procedimientos Civiles para esta ciudad. Al respecto se invoca el criterio de jurisprudencia 1a./J. 86/2001, sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Época: Novena Época, Registro: 188411, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Materia(s): Civil, Página: 11, cuyo rubro y contenido es: "DOCUMENTOS PRIVADOS. PUEDEN PERFECCIONARSE, ENTRE OTROS MEDIOS, A TRAVÉS DE SU RECONOCIMIENTO EXPRESO O TÁCITO, TENIENDO EN AMBOS CASOS LA MISMA EFICACIA PROBATORIA PARA DEMOSTRAR LOS EXTREMOS PLANTEADOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). Del contenido de los artículos 334, 335 y 338 al 344 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se desprende el carácter de pruebas imperfectas de los documentos privados, que pueden ser perfeccionados, entre otros medios, a través del reconocimiento expreso del autor del documento, o por medio de su reconocimiento tácito derivado de su no objeción, teniendo en ambos casos la misma eficacia probatoria para demostrar los extremos planteados. Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 335, los documentos privados presentados en juicio como prueba y no objetados por la parte contraria, surtirán sus efectos como si hubieran sido reconocidos expresamente, siendo correcto que se les otorgue un valor indiciario únicamente cuando no sean reconocidos, expresa o tácitamente, ni su autenticidad sea reforzada a través de algún otro medio probatorio de los establecidos en la ley, sin que ello atente contra el principio de valoración de las pruebas consagrado en el artículo 402 del mencionado código adjetivo, toda vez que este precepto únicamente obliga al juzgador a valorar en su conjunto los medios de prueba aportados y admitidos, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, exponiendo los fundamentos de su valoración y de su decisión, por lo que, independientemente de que la prueba documental privada se haya perfeccionado a través de su reconocimiento expreso, de su reconocimiento tácito derivado de su no objeción, o de algún otro medio probatorio, se valorará en conjunto con las demás probanzas, atendiendo a las señaladas reglas, exponiendo el juzgador los fundamentos de su valoración y de su decisión." Así, se concluye que los conceptos de violación son infundados, por lo que procede negar el amparo y protección de la justicia federal a la demandante. Negativa que se hace extensiva a la autoridad señalada como autoridad ejecutora, por no impugnarse por vicios propios el acto que se le reclama. Es aplicable, la jurisprudencia de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 70 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS POR VICIOS PROPIOS." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo establecido en los artículos 73, 74, 75, 76, 217 y 218 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ..., contra actos de la Quinta Sala y Juez Trigésimo Séptimo, ambos de lo Familiar de la Ciudad de México, por las razones precisadas en este fallo. Notifíquese como legalmente corresponda. Lo sentencia y firma electrónicamente, ..., Juez Cuarto de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, asistido de ..., secretario del Juzgado que autoriza y da fe; en términos de los artículos 3º de la Ley de Amparo, y 28 del Acuerdo General 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, hasta hoy, ocho de febrero de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado. Doy fe.
- Principal
Agréguense los oficios de la Quinta Sala y el Juez Trigésimo Séptimo, ambas de lo Familiar de la Ciudad de México, mediante los cuales da cumplimiento a lo ordenado en autos; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE.
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