Gloria Gama Sales
Expediente 973/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 973/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/11/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Gloria Gama Sales
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, de la que se aprecia que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el proveído de diecisiete de octubre de dos mil diecisiete; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al procedimiento en que se actúa, en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que dicho auto que desechó la demanda de amparo promovida por Nazaria Palacios Abarca, quien se ostenta con el carácter de apoderada legal de Gloria Gama Sales, ha causado estado. Hágase la anotación respectiva en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y con apoyo en el diverso artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este asunto como totalmente concluido. Por otra parte, vistas las constancias de autos el presente expediente carece de relevancia documental y sin que se advierta del mismo documento alguno en original exhibido por las partes, lo anterior se hace constar de conformidad a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, con vigencia a partir de treinta días después de su publicación, según su artículo primero transitorio; en tal virtud, en términos del punto Vigésimo Primero, fracción I, del citado Acuerdo General, el presente asunto es susceptible de ser destruido.
- Principal
Ahora bien, vista la certificación que antecede y el escrito presentado por Nazaria Palacios Abarca, con el carácter de apoderada legal de Gloria Gama Sales, personalidad que acredita con la documenta que al efecto exhibe; por tanto, téngase por desahogado el requerimiento ordenado en auto de diecinueve de septiembre de dos mil diecisiete. Antes de proveer sobre la procedencia de la admisión de la demanda de amparo, es necesario seguir los lineamientos establecidos en la Ley de Amparo, uno de los cuales es el que marca su artículo 113, que es como sigue: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y sí existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Así, del análisis íntegro de la demanda de amparo, es posible para este juzgado federal determinar con exactitud la intención de la promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto el criterio jurisprudencial P./J.40/2000, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página treinta y dos, tomo XI, correspondiente a abril de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En tal sentido, se tiene que la parte quejosa reclama a través de esta instancia constitucional: ACTO RECLAMADO: "El auto de fecha uno de agosto del año en curso, correspondiente a la ilegal admisión del certificado médico a favor del perito Francisco Javier Alvarado Barrera, del expediente principal laboral ordinario 140/2107 (sic). Lo anterior en virtud de que la autoridad responsable no fundamenta ni mucho menos motiva jurídicamente, en que se basó para llegar a la determinación de que el abogado de los demandados, tiene facultades para representar al perito Francisco Javier Alvarado Barrera. Por lo anterior se debe desechar el acuerdo mediante el cual se le tiene al mencinado perito por justificando su incomparecencia para emitir su dictamen. Así mismo se manifiesta que resulta improcedente tal admisión, en razón de que mi hoy terceros interesados (sic) no dan cabal cumplimiento con los requisitos establecidos en la ley de la materia; por lo que se solicita se declare desierta la prueba pericial en materia de caligrafía, grafoscopía y dactiloscopia, con cargo al perito Francisco Javier Alvarado Barrera". En ese sentido, existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que explica en qué casos el juicio de amparo indirecto es notoriamente improcedente; en efecto, el máximo Tribunal en la tesis jurisprudencia que más adelante se reproduce, sostuvo entre otras cosas, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, este juicio procede contra actos en juicio cuyos efectos sea de imposible reparación, tal como señala en la fracción V, del artículo 107, que: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" De acuerdo con lo sustentado por el alto Tribunal, dos son las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictado dentro de un procedimiento: La primera la exigencia de que trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. La segunda en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza formal o adjetiva en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). En esas condiciones, del escrito de demanda que se analiza, se advierte que la parte quejosa, se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, en la que alega violación a los artículos 1º, 14 y 17 y 115, fracción VIII segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dentro del juicio laboral 140/2016, del índice de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, residente en esta ciudad. El acto que reclama la quejosa, en el caso, no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino más bien, como una violación de carácter adjetivo, pues tales eventos, pueden, inclusive no trascender al resultado del fallo, y obtener sentencia favorable a sus intereses, máxime que como ya se dijo no existe vulneración a algún derecho sustantivo. En efecto, no le irroga por ahora un perjuicio irreparable dado que únicamente ha de producir efectos intraprocesales que no afectan de modo inmediato ningún derecho sustantivo de la impetrante de amparo, y en caso de que dichas violaciones procesales trasciendan al resultado del fallo, y éste le resulte adverso, podrá invocarlo al promover el amparo directo en contra de la referida sentencia por encontrarse expresamente prevista en las fracciones V y VI, del artículo 172, en relación con los diversos 170, fracción I y 171, párrafo primero, de la Ley de la Materia. Se cita al respecto la jurisprudencia siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." (Registro No. 205651, Localización: Octava Época, Instancia: Pleno, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 56, Agosto de 1992, Página: 11, Tesis: P./J. 24/92, Jurisprudencia, Materia(s): Común). Por tanto, en el caso se observa en forma clara y manifiesta que el juicio de amparo por el acto reclamado es notoriamente improcedente, lo que trae como consecuencia que se deseche de plano, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, a en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ........, contra actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese con el número 973/2017-III, en el libro de gobierno respectivo. Ahora bien, antes de proveer sobre la procedencia de su admisión, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 114 fracción I, en relación con el diverso 108, fracciones I, prevéngase a la promovente, para que dentro del término de cinco días, siguientes al en que surta sus efectos legales la notificación del presente proveído, acredite fehacientemente la personalidad con que se ostenta; es decir, el carácter de apoderada legal de Gloria Gama Sales, toda vez que acorde a lo dispuesto por el precepto 114, fracción III y el numeral 11 ambos de la Ley de Amparo, corresponde a la promovente del amparo demostrar tal circunstancia, ya que no exhibe constancia alguna para acreditar su dicho. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del lapso indicado, se procederá conforme a lo dispuesto por el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo; es decir, se tendrá por no presentada la demanda. Tiene aplicación al caso en particular, en lo conducente la tesis de jurisprudencia número P./J.23/2009, que es del tenor y rubro siguiente: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." Igualmente, cabe invocar al respecto en lo conducente la tesis de Jurisprudencia 2ª./J. 1/96, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 47, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EL JUEZ DEBE PRONUNCIARSE SOBRE ELLA AL PROVEER SOBRE LA DEMANDA Y SI NO ESTA ACREDITADA, PREVENIR AL PROMOVENTE CONFORME AL ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO; DE LO CONTRARIO, EL REVISOR ORDENARA LA REPOSICION DEL PROCEDIMIENTO. Una nueva reflexión sobre los preceptos de la Ley de Amparo que regulan el tema de la personalidad y de los criterios sucesivos adoptados por este alto tribunal, conduce a esta Sala a apartarse de las tesis jurisprudenciales publicadas en la compilación de 1988, Segunda Parte, con el número 1302 y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación (Octava Época) números 19 a 21, con los títulos de "PERSONALIDAD EN EL AMPARO. EXAMINARLA EN CUALQUIER ESTADO DEL JUICIO, ES LEGAL" y "PODERES INSUFICIENTES POR OMISION DE REQUISITOS. AL DICTARSE LA SENTENCIA NO PROCEDE PREVENIR AL QUEJOSO, SINO SOBRESEER", para adoptar el criterio de que el Juez de Distrito no puede analizar de oficio la personalidad del promovente en cualquier momento del juicio, sino al recibir la demanda, porque constituye un presupuesto procesal de examen oficioso, lo cual da lugar a que, de estar plenamente acreditada, el Juez así la reconozca en el auto admisorio y, de no estarlo, la considere una irregularidad de la demanda que dé lugar a prevenir al promovente en términos del artículo 146 de la ley de la materia, para que la acredite dentro del plazo legal, con el apercibimiento de que, de no hacerlo, se le tenga por no interpuesta; criterio que además de estar fundado en la Ley de Amparo, es acorde con los imperativos del artículo 17 constitucional y los principios de certidumbre jurídica, buena fe y economía procesal, por cuanto impide el empleo estéril de recursos humanos y materiales en la tramitación de juicios iniciados por quien carece de personalidad para hacerlo y evita los graves daños que se ocasionan, tanto para el sistema de impartición de justicia cuanto para las partes. La inobservancia de este criterio, dará lugar a que el tribunal revisor, si estima que no está acreditada la personalidad del promovente, ordene la reposición del procedimiento conforme al artículo 91, fracción IV de la Ley de Amparo." Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que señala en su escrito de demanda.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Guerrero · 11,136 expedientes
- Glenda Arelí García Cortés82/2021
- Gloria Altamirano Díaz521/2015
- Gloria Baños García531/2015
- Gloria Bernarda Herrera Rojas911/2015
- Gloria Cabañas Martínez1404/2015
- Gloria Calvo Sánchez161/2023
- Gloria Guadalupe Paco Carmona y Otros.1442/2019
- Gloria Guadalupe Paco Carmona981/2016
- Gloria Jaimes Montes651/2023
- Gloria Jennyfer García Sánchez1491/2022
- Gloria Martínez Martínez731/2016
- Gloria Martínez Martínez165/2016