Gloria Flores Soto

Expediente 2571/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 5 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2571/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Gloria Flores Soto

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el termino de tres días que se concedió a la parte quejosa mediante proveído de once de septiembre de dos mil veintitrés, respecto del cumplimiento dado al fallo protector por el Presidente de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. Luego, tomando en consideración que en el juicio de amparo indirecto en que se actúa, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Los Mochis, Sinaloa, revocó la sentencia pronunciada en el presente juicio y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a DEIVY MANUEL VALDIVIA JIMÉNEZ, para los siguientes efectos: "Tomando en consideración los actos reclamados y la etapa procedimental en que esta se ubica en el juicio laboral 102/2018, la concesión de amparo se otorga para efectos que la autoridad responsable: 1) Haga pronunciamiento respecto de si las partes presentaron o no alegatos, dentro del término de dos días que les concedió; y, enseguida proceda a declarar cerrada la instrucción; 2) una vez hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción, deberá pronunciar el laudo respectivo en un término breve y razonable, acorde a una justicia expedita." En cumplimiento a ello, el Presidente de la Junta Especial Número Uno de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, remitió las siguientes constancias: 1).- Mediante oficio recibido en este Juzgado el seis de julio de dos mil veintitrés, remitió copia del proveído de esa misma fecha, pronunciado en el expediente laboral 102/2018 de su índice, mediante el cual la citada autoridad declaró por precluído el derecho de formular alegatos, asimismo, al no existir pruebas por desahogar ordenó dar vista a las partes para que dentro del plazo de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera. 2).- Luego, la citada autoridad mediante oficio recibido el diez de agosto de dos mil veintitrés, acompañó copia del proveído de nueve de agosto de dos mil veintitrés, mediante el cual declara cerrada la instrucción y ordena turnar los autos para sentencia. 3).- Finalmente, mediante oficio recibido en este Juzgado el ocho de septiembre de dos mil veintitrés, remitió copia certificada del laudo de cinco de septiembre de dos mil veintitrés en el expediente laboral 102/2018 de su índice; restituyendo de esa manera al parte peticionaria de amparo en el pleno goce y disfrute de sus derechos constitucionales violados. En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo indirecto se encuentra cumplimentada conforme a los lineamientos indicados; por tanto, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fueron objeto la parte quejosa y tercero interesada por auto de once de septiembre de dos mil veintitrés, y el día de hoy se tiene por CUMPLIDA la sentencia de amparo pronunciada en el juicio de amparo indirecto en que se actúa. Sin que sea obstáculo a lo anterior, las manifestaciones vertidas por José Félix González Ríos, en su carácter de autorizado del quejoso Deivy Manuel Valdivia Jiménez, en su escrito presentado en este Juzgado Federal el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, toda vez que los motivos de inconformidad que hace son ajenos a los efectos del fallo protector emitido en el presente asunto, (aspectos de fondo del laudo); de ahí que deberá estarse al sentido y los efectos del mismo; sin embargo, tiene expedito su derecho y la vía para hacer valer lo que en derecho proceda. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio de cuenta, signado por el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit en representación del Titular y del Recaudador de Rentas de dicha Secretaría, con sede en esta ciudad de Tepic, y anexos que acompaña, mediante el cual manifiesta haber dado cumplimiento al fallo protector pronunciado en autos; en consecuencia, con su contenido, en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días contado a partir del en que quede notificado del presente proveído, manifieste lo que a su interés legal convenga respecto al referido cumplimiento; apercibida que de no hacerlo, este Juzgado resolverá al respecto conforme a las constancias que obran en autos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que la parte quejosa dentro del término legal de quince días, no se inconformó en contra del proveído de veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por cumplida la sentencia emitida en el presente sumario; consecuentemente, con fundamento en los artículos 202 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ese auto QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. Aunado a lo anterior y toda vez que el presente asunto se encuentra concluido, y no existe diligencia pendiente por desahogar en el mismo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; en cuyo artículo 17, fracción III, inciso a), prevé que son susceptibles de conservación aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es conservable. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA: TEPIC, NAYARIT, SEIS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal, con copia simple de la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, tramítese el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto 71/2023, promovido por ANDREA ANAHÍ RIVERA RODRÍGUEZ, por su propio derecho, contra actos del Secretario de Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit, y otra autoridad. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a la autoridad responsable su informe previo, que deberá rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándole para tal efecto, copia simple de la demanda de amparo; apercibida que de no hacerlo, en su oportunidad, será sancionada con una multa de cien a mil Unidades de Medida de Actualización que determine el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en términos del artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a lo dispuesto en la fracción I del numeral 260 de la Ley de Amparo. Se señalan las DOCE HORAS CON TREINTA Y UN MINUTOS DEL TRECE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Con fundamento en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo se niega a la quejosa ANDREA ANAHÍ RIVERA RODRÍGUEZ la suspensión provisional de los actos reclamados que hace consistir en: "b). La determinación emitida por el Secretario de Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit, consistente en la cancelación y/o baja y/o cese de mi plaza administrativa y falta de pago de mis salarios. c). En vía de consecuencia, la ejecución de la determinación mediante orden verbal" Toda vez que a dichos actos les reviste el carácter de consumados y, contra estos, es improcedente conceder la medida cautelar solicitada. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 12, visible en la página 13, Tomo VI, Materia Común, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro dice: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE." De igual forma, con fundamento en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión provisional a la parte quejosa del acto reclamado que hace consistir en: "a). La falta de llamamiento y/o emplazamiento al procedimiento administrativo o de cualquier otra índole, radicado ante la Secretaría de Administración de la Universidad Autónoma de Nayarit. Toda vez que dicho acto, según se advierte del texto de su escrito de demanda, revisten el carácter de acto omisivo y, contra éste, es improcedente conceder la medida cautelar solicitada. De ahí que al ser de esta naturaleza el acto reclamado, es improcedente la concesión de la suspensión provisional solicitada bajo el principio de la apariencia del buen derecho, ya que no es dable que con motivo de la medida cautelar, se ordene a la autoridad abandonar su conducta omisa, pues se darían a la suspensión provisional así concedida, efectos restitutorios, que únicamente corresponden a la sentencia que se pronuncie en el juicio. Es aplicable la tesis en Materias Común, ubicada en la página 1912, Libro XXV, Octubre de dos mil trece, Tomo 3, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA RESPECTO DE ACTOS OMISIVOS". Asimismo, para los efectos y consecuencias que derivan de los actos reclamados, con fundamento en los artículos 128 y 138 de la Ley de Amparo se niega a la quejosa ANDREA ANAHÍ RIVERA RODRÍGUEZ la suspensión provisional, toda vez es improcedente conceder la misma, dado que de así hacerlo se afectaría el interés social y se contravendría disposiciones de orden público. En efecto, la parte quejosa solicita la medida cautelar de mérito con el objeto de ser restituida del cargo que desempeñaba como Trabajadora en la plaza de Oficial Administrativa adscrita a la Coordinación de Asuntos Internacionales de la de la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Universidad Autónoma de Nayarit, así como de los haberes económicos que percibía hasta antes de su cese. En ese orden de ideas, como se señaló en párrafos anteriores el cese de funciones es un acto consumado y la suspensión no tiene efectos restitutorios, y por otro lado, el orden público y el interés general se pronuncian en el sentido de que la percepción de sueldos debe corresponder exclusivamente a los servidores del Estado, que efectivamente desempeñan con el respectivo nombramiento y requisitos legales en vigor, los empleos que los originan, así como en el sentido de que las partidas presupuestales no se apliquen ni transitoria ni definitivamente, a otros fines distintos de los de aquellos para los que fueron creados, siguiendo el principio de que toda remuneración o compensación del Estado, debe corresponder a un servicio prestado al mismo. En razón a lo anterior, no es posible que con la medida cautelar solicitada se ordene a las responsables a que continúen proporcionando a la quejosa las prestaciones que percibía como como Trabajadora en la plaza de Oficial Administrativa adscrita a la Coordinación de Asuntos Internacionales de la Secretaría de Extensión y Vinculación de la Universidad Autónoma de Nayarit, dado que sería darle efectos restitutorios a la suspensión provisional y se constituiría un derecho en favor de la quejosa, lo que no es propio de la citada medida cautelar sino de la sentencia definitiva. De igual forma, se insististe, se afectaría el orden público y el interés social dado que esas prestaciones que reclama únicamente las reciben los servidores públicos que desempeñan con el respectivo nombramiento y requisitos legales en vigor, los empleos que los originan, por lo que si la quejosa fue cesada de forma definitiva de su función, como lo señala en su escrito de demanda, por ende, a través de la medida cautelar en análisis no es posible obligar a las autoridades responsables a que le continúen proporcionando dichas prestación y remuneración económica. Sirve de apoyo a lo anterior por las razones que expone, la jurisprudencia 2a./J.43/2013 (10a), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de datos, rubro y texto siguientes: "Registro digital: 2003423 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Común, Administrativa Tesis: 2a./J. 43/2013 (10a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 2, página 1531 Tipo: Jurisprudencia SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA REVOCACIÓN DEL NOMBRAMIENTO DE ALGÚN INTEGRANTE DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL AYUNTAMIENTO DE PESQUERÍA, NUEVO LEÓN. Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 34/2004, estableció que sólo procede conceder la suspensión en el juicio de amparo contra la sanción de suspensión temporal de servidores públicos, no así en relación con su cese, pues en este último caso se afecta el interés público. En ese sentido, como la revocación del nombramiento de algún integrante del Tribunal de Arbitraje del Ayuntamiento de Pesquería, Nuevo León, se equipara al cese o separación del cargo de un servidor público, por no reunir los requisitos constitucionales o legales para ocuparlo, o bien, por su falta de idoneidad para desempeñarlo, es improcedente conceder la suspensión provisional contra dicho acto porque, de concederse, se afectaría el interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, al permitir que la función jurisdiccional del Estado la ejerza quien se encuentra legalmente impedido para ello." De igual forma, se cita de forma ilustrativa la tesis aislada sustentada por la Otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de datos, texto y rubro, siguientes: "Registro digital: 377502 Instancia: Cuarta Sala Quinta Época Materias(s): Laboral Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo LXVIII, página 949 Tipo: Aislada EMPLEADOS PUBLICOS, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSION CONTRA SU CESE. Debe negarse la suspensión que solicite un empleado público contra su cese y contra la orden para que no se le sigan pagando sus sueldos, en virtud de que por una parte el cese es un acto consumado y la suspensión no tiene efectos restitutorios, y por otra, el orden público y el interés general se pronuncian en el sentido de que la percepción de sueldos debe corresponder exclusivamente a los servidores del Estado, que efectivamente desempeñan con el respectivo nombramiento y requisitos legales en vigor, los empleos que los originan, así como en el sentido de que las partidas presupuestales no se apliquen ni transitoria ni definitivamente, a otros fines distintos de los de aquellos para los que fueron creados, siguiendo el principio de que toda remuneración o compensación del Estado, debe corresponder a un servicio prestado al mismo. Como lo solicita la parte quejosa, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo. En atención a lo que solicita, en el sentido de que se le autorice la consulta vía electrónica del juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza su firma electrónica con el nombre de usuario "jusciceron", para la consulta del expediente en esa vía. De igual forma, se le autoriza la reproducción electrónica de las actuaciones que obran en el presente expediente, reproducción que deberá ser realizada mediante el uso de scanner, cámara fotográfica, lectores láser, o cualquier otro medio electrónico de innovación tecnológica que lo permita, previa toma de razón y recibo que de su entrega se deje en autos. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 143 de la Ley de Amparo, ténganse por ofrecidas las pruebas documentales que la parte quejosa acompaña a la copia del escrito de demanda, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en el momento de celebrarse la audiencia incidental. En aras de una pronta impartición de justicia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con lo dispuesto en el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su arábigo 2°, se habilitan días y horas inhábiles al Actuario Judicial de la adscripción, para la práctica de las notificaciones que deriven de la tramitación del presente asunto. Por último, cabe precisar que las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceros interesados respecto de acuerdos de mero trámite que no se consideren trascendentales, les serán practicadas por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, de conformidad con el artículo 26 fracción III de la Ley de Amparo y la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS

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