Gloria Fierro Martínez

Expediente 453/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 4 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
453/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
04/06/2021

Partes del expediente

  • Gloria Fierro Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, cuatro de junio de dos mil veintiuno. Causa estado sobreseimiento fuera de audiencia. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término para interponer recurso de revisión previsto por los artículos 81, fracción I, inciso d) y 86 de la Ley de Amparo, contra el proveído del siete de mayo de dos mil veintiuno, por el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, al no haber sido impugnado en su oportunidad, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto que sobreseyó fuera de audiencia, HA QUEDADO FIRME, para todos los efectos legales a que haya lugar. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: *** Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó sobreseer fuera de audiencia el juicio de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese.

  2. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, siete de mayo de dos mil veintiuno. Litis constitucional. De las constancias de autos, se advierten los siguientes datos: *** Sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Ante todo, debe tenerse presente que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62 de la ley de la materia, las causas de improcedencia del juicio de amparo deben analizarse preferentemente al fondo del asunto, ya sea que las aleguen las partes o que se adviertan de oficio, por tratarse de una cuestión de orden de público. Expuesto lo anterior, se advierte oficiosamente que se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto contemplada en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo;" En relación con la citada causa de improcedencia, puede decirse que, a diferencia de la diversa consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, ésta no requiere de un acto de autoridad que haga cesar los efectos del acto reclamado, sino que puede derivar de que exista un hecho que impida que una potencial concesión del amparo pueda surtir efectos por haber desaparecido el objeto sobre el que recaerían. En efecto, dicha causa de improcedencia parte de la base de que, ante la existencia del acto reclamado, éste no puede materializarse o no se puedan llevar a cabo sus consecuencias jurídicas en la esfera jurídica del particular, por haber sobrevenido un hecho nuevo que motiva que el objeto o materia de ese acto de autoridad haya desaparecido, aunque formalmente subsista; por lo que ya no es posible que lesione o afecte al quejoso; en consecuencia, esa causa de improcedencia del juicio de amparo tiene como base la imposibilidad de que se realice o se continúe la ejecución o los efectos del acto reclamado, por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo. Es decir, que aun cuando subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la quejosa en el goce del derecho fundamental que estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia que concediera la protección constitucional, lo que podría ocurrir cuando el acto reclamado no se ha concretado, ni se concretará, por haberse modificado el entorno jurídico en que se emitió, y aunque formalmente existe, no produce ni puede producir efecto alguno sobre la esfera jurídica de la parte quejosa. Al respecto, es ilustrativa la jurisprudencia 181/2006 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." En ese orden, la actualización de la causa de improcedencia parte de la noción de que la concesión del amparo no podría producir sus efectos en la esfera jurídica de la parte quejosa, al haber desaparecido el objeto o materia sobre la que habría de recaer. Ahora bien, de autos se advierte que: A. En acuerdo de dos de diciembre de dos mil veinte se admitió la demanda laboral de *** bajo el número ***; y, B. En consecuencia, la Junta responsable señaló las trece horas del seis de mayo de dos mil veintiuno para que tuviera verificativo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En las anotadas condiciones, aun cuando en el juicio laboral *** subsiste el acuerdo de dos de diciembre de dos mil veinte en el que se señaló una fecha lejana para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones; lo cierto es que ya no puede surtir efecto alguno en contra de la parte quejosa, pues el desahogo de la audiencia estaba previsto para el seis de mayo de dos mil veintiuno. En efecto, el acuerdo reclamado subsiste, pero no puede surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, toda vez que ya pasó la fecha que se tenía programada para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral ***. En consecuencia, se sobresee en el juicio fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el ordinal 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sirve de fundamento, la jurisprudencia: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. . En esas circunstancias, se deja sin efectos la audiencia constitucional. Por lo tanto, una vez que cause estado el presente proveído, dese de alta en el módulo de sentencias contenido en el SISE, así como en el libro de registro electrónico que se lleva a cabo en este Juzgado Federal y, en su oportunidad, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, seis de mayo de dos mil veintiuno. Informe justificado. La Junta Especial Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, rinde su informe justificado. Atento a su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido su informe justificado; sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Vista con informe. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con el contenido del informe justificado, por el plazo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Delegada. En términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, se tiene como delegada de la referida autoridad a la persona que designa en su nombre. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de Amparo, se tiene por presentada la prueba documental que anexa la autoridad responsable. Diferimiento de audiencia constitucional En tal sentido, con fundamento en los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, procede diferir la audiencia constitucional para que transcurra en su integridad el plazo de ocho días de la vista otorgada a las partes. En consecuencia, se fija para su celebración las TRECE HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Sirve de fundamento, la tesis de jurisprudencia: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintidós de abril de dos mil veintiuno. Ejecutoria en vías de cumplimiento. Agréguese el oficio y anexo del Juez Sexto Especializado en Materia Familiar del Distrito Judicial de Puebla, mediante el cual da cumplimiento al requerimiento hecho en autos. Asimismo, remite copia certificada de lo siguiente: 1. Acuerdo de veinte de abril de dos mil veintiuno, dictado en el juicio privilegiado de visitas y convivencias ******************** de su índice. 2. Del oficio ******************** que contiene la ficha informativa de la terapia de integración del nueve de abril de dos mil veintiuno. Acuerdo. De los que se advierte, en lo que interesa, lo siguiente: 1. Que el Director Jurídico del Sistema Municipal DIF, por conducto de su representación, remitió en un sobre cerrado la ficha informativa de la terapia de integración entre los menores ********************, la cual se desahogó el nueve de abril de dos mil veintiuno. 2. Debido a que no se logró desahogar la terapia de integración, la perito en psicología concluyó en suspender el proceso de terapias de integración debido a que no se presentó ningún avance que pudiera dar apertura a la integración entre los menores y su progenitor a partir del nueve de abril del presente año. 3. el Juez responsable requirió al Director Jurídico del Sistema Municipal DIF, para que la perito en psicología precise las alternativas o recomendaciones en las pudieran efectuarse las visitas y convivencias entre los menores ********************. Este Juzgado de Distrito toma conocimiento de lo informado y deja sin efectos el apercibimiento decretado en su contra. Requerimiento Juez responsable. En consecuencia, ya que el procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo se ha prolongado en exceso, requiérase nuevamente al Juzgado Sexto de lo Familiar del Distrito Judicial de Puebla para que dentro del plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, realice lo siguiente: a) Con libertad de jurisdicción, emita una nueva determinación en relación con el incidente de ejecución de convenio derivado del juicio familiar privilegiado de visita y convivencia número ********************. b) O, en su caso manifieste la imposibilidad para pronunciar la determinación precisada en el inciso anterior. c) Remita las copias certificadas de las constancias conducentes. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta a mil unidades de Medida y Actualización, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo, pues como ya ha quedado precisado el cumplimiento de la sentencia dictada en este juicio de amparo se ha prolongado en exceso. De igual forma, se le comunica que en su momento, y de ser omiso en el cumplimiento de la ejecutoria, se podrá remitir el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese.

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