Gloria Estela Pérez Carbajal
Expediente 93/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero. 2 actuaciones registradas, la última del 14 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 93/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 14/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Gloria Estela Pérez Carbajal
Actuaciones
- Principal
1. Iguala de la Independencia, Guerrero, catorce de mayo de dos mil veintiuno. De la certificación de cuenta y del estado procesal que guardan las actuaciones, se advierte que ha transcurrido el plazo de cinco días a que se refiere el precepto 98 del ordenamiento invocado, sin que la impetrante haya hecho valer el medio de impugnación referido en contra del proveído del veintiocho de abril de dos mil veintiuno, por medio del cual se desechó la demanda promovida por *** *** *** ***, por derecho propio, contra actos del Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Taxco de Alarcón, Guerrero; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 2°, de la legislación citada, en relación con los diversos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la normativa de la materia, se declara que el mencionado acuerdo ha causado estado. En consecuencia, toda vez que la resolución de que se trata no requiere ejecución material, en su oportunidad archívese el expediente como concluido. En las relatadas condiciones, en términos del artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) Se hace constar que este expediente es susceptible de destrucción, toda vez que no es de relevancia documental. b) Lo cual podrá efectuarse una vez transcurridos más de los tres años a que alude el artículo 21 del citado acuerdo. c) Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y colóquese en la carátula una tarjeta informativa en la que se asiente la fecha de este proveído, así como la data en que se remita materialmente al archivo. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
1. Iguala de la Independencia, Guerrero, veintiocho de abril de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por *****, por derecho propio, contra actos del Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Taxco de Alarcón, Guerrero; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 93/2021-I. El suscrito advierte que, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos artículos 1° y 5° fracción II, interpretados en sentido contrario, todos de la Ley de Amparo. En tal contexto, debe señalarse que el primero de los numerales que dan sustento a la causal que aquí se actualiza establece el objeto del juicio de amparo, refiriendo que sólo procede contra actos de autoridad; el segundo precisa quiénes tienen ese carácter y finalmente, el último contempla la improcedencia que se actualiza en el asunto en que se actúa. Conviene indicar cuándo se está en presencia de un acto de autoridad que sea susceptible de combatirse mediante el juicio de amparo, para lo cual debe tomarse en cuenta lo considerado en los diversos precedentes que sobre tal tema ha resuelto el Alto Tribunal. En ese tenor, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 71/98, el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y nueve, con relación al concepto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo consideró, en lo conducente, lo siguiente: Que una autoridad para efectos del amparo es la que emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, autoridad es la que ejerce facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad, abandonando el criterio tradicional de disponibilidad de la fuerza pública como distintivo del concepto que se analiza. Aunado a lo expuesto, dicha Sala estimó que el concepto de autoridad responsable está dado, en primer lugar, por exclusión de los actos de particulares, salvo lo dispuesto, en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo. En efecto, la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo conducen a sostener que éste es improcedente contra actos de particulares, de lo que se sigue, haciendo una interpretación en sentido contrario, que para analizar la procedencia del juicio debe atenderse a que si el acto reclamado no es de particulares, el juicio podría ser procedente; sin perjuicio, desde luego, que de ser el caso y realice actos equivalentes a los de autoridad, pudiera serle reconocido tal carácter. Lo expuesto revela que debe atenderse a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación, cuando de autoridades formales se trate, en tanto formen parte de la estructura estadual. Las relaciones jurídicas de coordinación corresponden a las entabladas entre particulares y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el Derecho Civil, Mercantil y Laboral. En ese contexto, autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una ley de orden público ejerce un poder jurídico que de manera unilateral, por sí y ante sí, crea, modifica o extingue situaciones jurídicas concretas en perjuicio de los gobernados. Así el Director del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en Taxco, Guerrero, no está investido con facultades o poderes de decisión o ejecución, por ello, no puede hacer cumplir sus determinaciones en forma coercitiva ya que, en el caso, se trata de una decisión particular como organismo asegurador, es decir, dicho organismo únicamente actúa como órgano asegurador por tanto, las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto, sobre las prestaciones que esta Ley otorga, podrán ventilarse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, sin necesidad de agotar previamente el recurso de inconformidad. Ilustra lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 307, Tomo IX, Marzo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 194367, la cual es del rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES." Del mismo modo es ilustrativa la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, visible en la página 1132, del Tomo XVIII, Julio de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 183805, de rubro y texto: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LA REDUCCIÓN QUE EFECTÚE A UNA PENSIÓN OTORGADA CONFORME A LA LEY QUE LO RIGE, NO CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.". Así, del criterio invocado se colige que las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales, ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Ahora bien, como relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y sus órganos, existen las siguientes: Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas, entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de gobernados, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas en la ley, de tal modo que ambas están en el mismo nivel; de ahí que exista una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En ese contexto, las relaciones de supra a subordinación son las que surgen entre los órganos de autoridad, por una parte y el gobernado, que obedecen al actuar de los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado; entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución y los tratados establecen una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad, sin necesidad de acudir a los tribunales, porque con base en disposiciones legales o, de hecho, impone obligaciones, modifica las existentes o limita los derechos de los particulares. Dicho de otro modo, en esas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos propiamente dichos, que tienen como características la unilateralidad, y la obligatoriedad. Lo anterior significa que el calificativo del acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión, con la ejecución de esa decisión, o bien por ambas. Ahora bien, en el caso, la parte quejosa reclama la aplicación del descuento y exceso en el mismo respecto de diversos descuentos en la nómina de la misma, por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social de Taxco de Alarcón, Guerrero; por tanto, es inconcuso que tal acto en modo alguno constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, en virtud de que deriva de una relación entre la derechohabiente y el instituto de referencia, respecto de una prestación otorgada por la ley que lo regula, por lo que es claro que no actúa como persona de derecho público revestida de imperio frente a la quejosa; en tal virtud, dicho acto carece de unilateralidad, y obligatoriedad propias de un acto de autoridad. Es aplicable al caso, la tesis sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 856, Tomo III, Junio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 202116, la cual es del rubro siguiente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. CUANDO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO.". De lo expuesto, es dable concluir que los actos reclamados surgieron de una relación entre la promovente y el instituto de referencia respecto de prestaciones otorgadas por la ley que lo regula, motivo por el cual no puede ser considerado como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que no existe una relación de supra a subordinación entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y la quejosa, sino una relación de coordinación, pues la señalada autoridad no obra con imperio, característica de los actos de autoridad. De ahí que se estime que, en el caso, quedó acreditada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, último párrafo y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, estos últimos interpretados a contrario sensu, ya que el Instituto Mexicano del Seguro Social señalado como responsable no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo; razón por la cual, los actos que se le reclaman no son susceptibles de ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto, y por ende, se desecha de plano la demanda, por notoriamente improcedente. Por otra parte, la quejosa señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, y toda vez que el lugar señalado corresponde a la sede de este órgano de control y no al lugar en que la promovente reside habitualmente, ni el local de este recinto judicial puede señalarse como tal; por lo tanto, las subsecuentes notificaciones hágansele por medio de lista electrónica que al efecto se fije en los estrados de este tribunal, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción III, en relación con el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hasta en tanto subsanen dicha omisión. Se tienen por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que establece, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. Por lo que respecta al teléfono y correo comercial que señala, se adquiere conocimiento de los mismos, para establecer contacto en caso de que se considere necesario en este juicio. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación del presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios en Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente José Álvaro Vargas Ornelas, Juez Quinto de Distrito en el Estado de Guerrero, en unión de M. Rubén Marroquín Serrano, secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron este acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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