Gloria Escudero Jiménez

Expediente 190/2018 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 1 actuación registrada, la última del 22 de febrero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
190/2018
Año
2018
Actuaciones
1
Última actuación
22/02/2018

Partes del expediente

  • Gloria Escudero Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    ...Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado Federal, la determinación de fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, a la parte QUEJOSA, en el presente juicio de amparo, atendiendo al apercibimiento que se le hizo en el CITATORIO que se dejó previamente en su domicilio, para los efectos legales a que haya lugar... ".. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintidós de febrero de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda señalada en la cuenta. Fórmese expediente impreso y electrónico en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo y regístrese con el número 190/2018. En cuanto a la admisibilidad de la demanda, este órgano de control constitucional, procede a examinar si en el caso existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en acato a lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo que a la letra dice: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano" En ese tenor, este resolutor estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V y 172, fracción III y VI de la Ley de Amparo, que a la letra dicen: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; "Artículo 171. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio, mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva y la violación procesal trascienda al resultado del fallo. [.] "Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: [.] III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; [.] VI. No se le concedan los plazos o prórrogas a que tenga derecho con arreglo a la ley; Los actos reclamados se hacen consistir en 1) el acuerdo de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio ****, del entonces Juzgado Octavo de lo Civil, registrado ahora con el número ****, de Juzgado Primero de lo Civil del distrito judicial del centro, residente en la ciudad de Oaxaca, en el que, dice, de forma incorrecta se apertura el período probatorio y se otorgan diez días para el ofrecimiento y treinta días para su desahogo; 2) la falta de notificación de dicho auto, así como 3) los acuerdos posteriores a este último. Esas determinaciones no afectan derechos sustantivos públicos de la parte agraviada quien tiene el carácter de demandada en la instancia de origen, tales como la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, etcétera; sino, más bien significa la infracción a derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales dentro del juicio civil ****, del entonces Juzgado Octavo de lo Civil, registrado ahora con el número ****, de Juzgado Primero de lo Civil del distrito judicial del centro, residente en la ciudad de Oaxaca. En efecto, de lo establecido por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 170 de la Ley de Amparo, se advierte que la vía de amparo directo, por regla general es idónea para combatir violaciones al procedimiento cometidas por los tribunales del judiciales, que afecten las defensas de la parte quejosa trascendiendo al resultado de la sentencia o resolución que ponga fin al juicio. Así mismo, del artículo 107, fracción III, del inciso b), constitucional y 107, fracción V, de su ley reglamentaria, se desprende que la procedencia del juicio de amparo ante el Juez de Distrito se encuentra supeditada al hecho de que los actos en juicio que se reclamen tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en los tratados internacionales en que México sea parte; distinguiéndolos de los que producen efectos meramente intraprocesales y sólo afectan derechos adjetivos, pues éstos pueden ser reparados al dictarse una resolución favorable a la parte quejosa, sin dejar huella alguna en su esfera jurídica, estableciendo así los lineamientos básicos que han de tenerse en cuenta siempre que se estudie la procedencia del juicio de amparo indirecto. En efecto, cabe hacer notar que no todas las violaciones adjetivas o procesales dan lugar al amparo indirecto, porque si así fuera se multiplicaría a tal grado el número de amparos dentro de los procedimientos judiciales o jurisdiccionales, que los juicios ordinarios se prolongarían en forma desmedida, produciéndose un resultado contrario al espíritu del artículo 17 constitucional, lo que motivó la restricción del amparo indirecto por violaciones cometidas dentro de juicio y el establecimiento del amparo directo en contra de las sentencias definitivas. De ahí que las violaciones procesales o adjetivas sean combatibles en amparo indirecto sólo de modo excepcional, cuando solo afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano sea parte, es decir, aquellas que tengan un grado excepcional de afectación. A partir de las consideraciones anteriores debe precisarse que los actos reclamados por la quejosa, consistentes en 1) el acuerdo de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio ****, del entonces Juzgado Octavo de lo Civil, registrado ahora con el número ****, de Juzgado Primero de lo Civil del distrito judicial del centro, residente en la ciudad de Oaxaca, en el que, dice, de forma incorrecta se apertura el período probatorio y se otorgan diez días para el ofrecimiento y treinta días para su desahogo; 2) la falta de notificación de dicho auto, así como 3) los acuerdos posterior a este último; se tratan de actos que conforme al artículo 107, fracción V, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, por el momento no son de imposible reparación, y por tal motivo no podrían ser sujetos al inmediato análisis constitucional, toda vez que no afectan de manera inmediata algún derecho sustantivo de la parte quejosa; ya que los perjuicios que le atribuye son meramente procesales, y en todo caso inciden en el posicionamiento de las partes dentro de dicho juicio y, por lo tanto, son susceptibles de repararse si obtiene sentencia favorable; y en caso contrario será procedente la vía directa contra estos últimos. De ahí que en las relatadas circunstancias deba concluirse que los actos reclamados no contravienen derechos sustantivos de la parte quejosa y por ende no pueden considerarse como actos dentro de juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; por ende, no es posible por el momento fijar una regla a priori para determinar que existe una violación procesal determinante, toda vez que dicha consecuencia jurídica debe estar estrechamente vinculada con el grado de afectación real al derecho de defensa adecuada de las partes durante el juicio. De ahí, que sea hasta que se estime que trascendió tal derecho de la parte demandada en la sentencia que se llegue a dictar. Esta apreciación debe descansar en una consideración basada en constancias, actuaciones y conductas procesales que muestren una evidente falta de comunicación o entendimiento, y a partir de las que se advierta la necesidad de corregir el proceso a fin de garantizar la igualdad de oportunidades en la defensa de las partes. Por tanto, por notoriamente improcedente se desecha de plano la demanda de que se trata, en términos del artículo 113, en relación con la fracción XXIII, del artículo 61 y con el artículo 107, fracción IV, y demás preceptos mencionados de la propia ley. Es importante destacar que por el hecho de desechar la demanda, no se impide el acceso a la justicia a la aquí quejosa, pues el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que no configura denegación de justicia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia XI.1º. A.T.J/1(10ª) sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Tercer Circuito, visible en la página 699, del libro XXVI, noviembre de 2013, Tomo I, Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "ACCESO A LA JUSTICIA. ES UN DERECHO LIMITADO, POR LO QUE PARA SU EJERCICIO ES NECESARIO CUMPLIR CON LOS PRESUPUESTOS FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y PROCEDENCIA, ASÍ COMO DE OPORTUNIDAD PARA LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Todos los Jueces mexicanos deben partir de los principios de constitucionalidad y convencionalidad y, por consiguiente, en un primer momento, realizar la interpretación conforme a la Constitución y a los parámetros convencionales, de acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, incluso de oficio. En función de ello, y conforme al principio pro personae (previsto en el artículo 29 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos conocida como Pacto de San José de Costa Rica), que implica, inter alia, efectuar la interpretación más favorable para el efectivo goce y ejercicio de los derechos y libertades fundamentales, de conformidad con los artículos 17 constitucional; 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el derecho humano de acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan plazos para ejercerlo, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un Juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, puesto que para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. De igual forma, no debe entenderse en el sentido de que puede ejercerse en cualquier tiempo, porque ello se traduciría en que los tribunales estarían imposibilitados para concluir determinado asunto por estar a la espera de saber si el interesado estará conforme o no con la determinación que pretendiera impugnarse, con la consecuencia de que la parte contraria a sus intereses pudiera ver menoscabado el derecho que obtuvo con el dictado de la resolución que fuera favorable, por ello la ley fija plazos para ejercer este derecho a fin de dotar de firmeza jurídica a sus determinaciones y lograr que éstas puedan ser acatadas. De ahí que si el gobernado no cumple con uno de los requisitos formales de admisibilidad establecidos en la propia Ley de Amparo, y la demanda no se presenta dentro del plazo establecido, ello no se traduce en violación a su derecho de acceso a la justicia, pues éste debe cumplir con el requisito de procedencia atinente a la temporalidad, por lo que resulta necesario que se haga dentro de los términos previstos para ello, ya que de no ser así, los actos de autoridad que se impugnen y respecto de los cuales no existió reclamo oportuno, se entienden consentidos con todos sus efectos jurídicos en aras de dotar de firmeza a dichas actuaciones y a fin de que los propios órganos de gobierno puedan desarrollarse plenamente en el ámbito de sus respectivas competencias, sin estar sujetos interminablemente a la promoción de juicios de amparo". Así como, la tesis aislada III.2o.C.3 K (10a.), visible en la página 2066, del libro XVI, enero de 2013, Tomo III, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia". Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para recibir notificaciones el que indica en el escrito de demanda y por autorizados únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos, a las personas que indica, toda vez que no existe registrada cédula profesional alguna a su favor, en el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que los faculte a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho; sin embargo, una vez que acrediten tal carácter con la documental idónea, si es que a sus intereses así conviniere, se les tendrá por autorizados en los términos amplios que establece el numeral 12 de la ley de la materia. Notifíquese personalmente. ..."

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