Gloria Erendira Cruz Cruz

Expediente 1312/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec. 5 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1312/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
02/03/2022

Partes del expediente

  • Gloria Erendira Cruz Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dos de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para recurrir la sentencia que se sobreseyó el presente juicio de amparo; por ende, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato del artículo 2 de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha sentencia. No es obstáculo a lo anteriormente expuesto, el hecho de que no se practique el cómputo respectivo a las autoridades responsables, pues éstas sólo pueden interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se reclamó. Lo anterior se considera así, en razón de que al haberse decretado el sobreseimiento, quedó intocado el acto reclamado, por lo cual se dejaron las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; de manera que, dicha determinación a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al accionante de garantías, más no a las autoridades que se señalaron como responsables, como acontece en el presente Juicio de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Tesis de Jurisprudencia número XI.3º. 4 k, consultable en la página setecientos seis, Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Apéndice 1917-1995 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO." Asimismo, tomando en consideración que en la caja de valores con que cuenta este Juzgado, no existen documentos originales exhibidos por las partes, como tampoco asunto pendiente por diligenciar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 3°, fracción VII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE como definitivamente concluido. Ahora, con apoyo en el artículo 21, inciso a) del referido Acuerdo, se considera que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, toda vez que se determinó sobreseer el presente juicio de amparo; asimismo, no es de relevancia documental, pues no se está en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo en cita; hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente, para los efectos legales procedentes. Consecuentemente, una vez que transcurran TRES AÑOS, contados a partir de esta fecha en que se ordena el archivo del asunto, dentro de los treinta días siguientes, procédase a la destrucción del expediente, en términos de los artículos 18, penúltimo párrafo, 21, penúltimo párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General antes citado. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Se autoriza a la Secretaria Judicial a que firme los oficios que deriven de la presente determinación. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    En San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siendo las trece horas con dieciocho minutos del ocho de febrero de dos mil veintidós, encontrándose en audiencia pública Laura Esther Cruz Cruz, Jueza Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, asistida de Roberto Carlos Ramos Aguilar, Secretario Judicial adscrito, con quien actúa; procede a celebrar la audiencia correspondiente al juicio de amparo radicado con el número 1312/2021, promovido por *****; por ello, el Secretario certifica: que se encuentran señaladas las trece horas con dieciocho minutos del ocho de febrero de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional, como se advierte del proveído de siete de enero de dos mil veintidós, emitido en el presente juicio de amparo; por tanto, se procede a su celebración sin la asistencia de las partes. La Jueza quien actúa asistida del Secretario Judicial que da fe de lo actuado, declara abierta la presente audiencia con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo. Acto continuo, el Secretario Judicial hace constar que ninguna de las partes ha comparecido personalmente a participar en este acto, no obstante su legal notificación, según constancias que corren agregadas a los autos. Asimismo, hace relación de las constancias existentes en autos, que bajo el principio de economía procesal no se transcriben, pues no existe precepto legal alguno que obligue a ello, en virtud de haber quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario hacer referencia a cada una de ellas. Asimismo, el Secretario hace constar que las partes no manifestaron su oposición de manera expresa, para que en la consulta de la sentencia que se pronuncie en este juicio se omitan sus datos personales. De igual manera, se hace constar: 1) La autoridad responsable Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca; al rendir su respectivo informe justificado negó la existencia de los actos que se le reclaman; y, 2) que el expediente se encuentra debidamente integrado, pues obran las constancias necesarias para la resolución del presente asunto. A lo que la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación de constancias que refiere el Secretario, para los efectos legales procedentes. En apoyo de la anterior consideración, tiene aplicación el criterio orientador sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185 del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo IV, Primera Parte, Julio a Diciembre de 1989, de rubro: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL". Enseguida, se abre el periodo probatorio en el que el Secretario da cuenta, con la documental, ofrecida por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, así también los documentos que allegó la responsable al momento de rendir su informe de ley. La Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se admiten como medios de convicción, las pruebas antes mencionadas; las cuales se tienen por perfeccionadas desde este momento, por su propia y especial naturaleza. Acto seguido, se declara abierto el período de alegatos, en el que el Secretario Judicial hace constar que las partes fueron omisas al formularlos. La Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene por perdido el derecho de las partes para formulados. Al no haber diligencia pendiente de desahogo, la Jueza da por concluida la audiencia constitucional, de la cual se levanta la presente acta, que se firma por los que en ella intervinieron y se turnan los autos para dictar la sentencia correspondiente. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, ocho de febrero de dos mil veintidós. VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 1312/2021; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, y recibido al día siguiente en este órgano jurisdiccional, ****** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que se precisan a continuación: "(.) III.- AUTORIDAD RESPONSABLE: En su doble carácter de ordenador y ejecutor señalo al C. DIRECTOR O ENCARGADO DEL INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACION PUBLICA DE OAXACA (IEEPO). [.] IV.-ACTO RECLAMADO: De la autoridad que tengo señalada como responsable reclamo lo siguiente: a).- LA DENEGACION DE JUSTICIA EN MI PERJUICIO, esto es ya que la autoridad que tengo señalada como responsable, a sabiendas de que mi petición es lícita y sobre todo que la afectación que de manera unilateral e ilegal por descuentos que se me hacen a mi salario de manera quincenal y vía nomina sin que yo haya suscrito obligación alguna contra terceros, menos autorizado o firmado contrato, solicitud alguna para crédito alguno y que incidiera en un afectación a mi salario como trabajador del IEEPO, sin que hasta esta fecha se me haya informado con documentos en mano la causa o motivo del porque utilizaron documentación mía sin mi autorización y sin que haya firmado documento alguno, y como hasta esta fecha actual no se me ha respondido a mi petición sin que exista justificación alguna, es que me veo en la necesidad de solicitar la protección de la justicia federal. b).- LA NEGATIVA DEL DERECHO DE PETICIÓN O LA VIOLACION AL DERECHO DE RESPUESTA por parte de la autoridad responsable, toda vez que con fecha TRES DE NOVIEMBRE DE 2021 le dirigí un escrito de petición donde le fundo y motivo del porque es procedente la petición hecha a su investidura y sobre todo las circunstancias y motivos particulares a la afectación de mi salario de forma quincenal, sin que haya motivo justificado o manifiesto del porque se me afecta el mismo, ya que como lo he precisado jamás he contraído menos celebrado con tercero alguno, obligación para que se proceda de esa forma, sin que a la fecha se me haya enterado con pruebas o documentos de manera personal la justificación a dicho acto unilateral e ilegal, y es la fecha actual donde no se me ha dado respuesta a mi petición planteada, traduciendo lo anterior, en una acción u omisión de un servidor público o autoridad que, por sí o por interpósita persona, impide el ejercicio del derecho de petición formulado por escrito, de manera pacífica y respetuosa. [.]" SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES VIOLADOS. La parte quejosa narró los antecedentes de los actos reclamados y manifestó como derechos fundamentales conculcados, los consagrados en los artículos 1, 8, 17 y 133 todos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. RADICACIÓN Y TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. Mediante auto de diez de diciembre de dos mil veintiuno, este órgano de control constitucional radicó la demanda de amparo con el número 1312/2021; se admitió a trámite; se dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción (quien no formuló pedimento); se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA LEGAL. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca resulta legalmente competente para conocer de la demanda de amparo, conforme lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 párrafo primero y relativos de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; así como el diverso 20/2016, del referido Pleno, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de mayo de dos mil dieciséis, por reclamarse de actos atribuidos a autoridades cuya competencia corresponde al ámbito territorial en que este tribunal federal ejerce su jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS. Con el fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, previo a determinar la existencia o inexistencia de los actos reclamados, procede realizar su fijación clara y precisa, a través del análisis integral de la demanda de amparo, a efecto de conocer la verdadera intención de la parte quejosa al promover este juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P-VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, del Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". Atento a lo anterior, de las constancias que integran el juicio de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama:  Los descuentos que se han realizado a su salario de manera quincenal y vía nomina sin que haya suscrito obligación alguna contra terceros, ni autorizado o firmado contrato, solicitud alguna para crédito alguno, que afecte a su salario como trabajadora del IEEPO.  La omisión de dar contestación al escrito presentado ante la referida autoridad responsable -para la que labora- el tres de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual solicita información, así como que se suspendan o cancelen los descuentos que se han realizado a su salario de manera quincenal. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable director o encargado del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO), por conducto de su apoderado legal, al rendir su respectivo informe justificado, negó la existencia del acto que se le reclama; sin embargo, posteriormente realizó diversas manifestaciones en torno a su certeza, de ahí que dicha negativa se encuentra desvirtuada. Máxime, que la existencia del escrito presentado por la quejosa se corrobora con las documentales que anexó a la demanda, entre las cuales destacan el acuse de recibo de tres de noviembre de dos mil veintiuno, correspondiente a la respectiva petición. CUARTA. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA. Previamente al estudio de los aspectos de fondo vinculados con la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, deben analizarse las causas de improcedencia por ser esa una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, ya sea de oficio o bien a petición de parte, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo. En ese sentido, una vez precisado lo anterior, se estima que este juicio de amparo es notoriamente improcedente, tal como lo sostiene la autoridad responsable, en el sentido que carece del carácter de autoridad responsable para efectos del presente juicio de amparo; ello, con base en lo establecido por los 1°, fracción I, y 5, fracción II, con relación en el diverso 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo. Los numerales citados, en lo conducente establecen: "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: --- I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte (.)." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: --- II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas (.)." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: --- XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley (.)." Conforme a los preceptos legales transcritos, la procedencia del juicio de amparo se encuentra supeditada a que los actos, leyes, reglamentos o tratados que se reclamen provengan de autoridad, entendiéndose por tal, aquélla que dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado, actuando en forma individualizada por medio de facultades decisorias y que, con base en disposiciones legales o de hecho, pretende imponer obligaciones, modificar las existentes o limitar los derechos de los particulares; de tal suerte, que si los actos que se reclaman en un juicio de amparo no se atribuyen a un ente de autoridad con las características antes señaladas, éste resulta improcedente. Así, congruente con la doble personalidad del Estado, sólo podrá legalmente ser considerada autoridad para los efectos del amparo, la que actúe con imperio, como persona de derecho público, cuyo acto, satisfaga las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Es ilustrativa a lo antes puntualizado, la tesis aislada P. XXVII/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, Febrero de 1997, materia común, de rubro: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO". Así como la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a. CCIV/2001, página 39, tomo XIV, noviembre de 2001, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS" Por tanto, el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión, de los actos de particulares; así, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para ello, es preciso atender a las relaciones jurídicas de coordinación y de supra a subordinación. Las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales, éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva, de este tipo de relaciones, es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior frente a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Es de particular importancia destacar, en el presente asunto, se advierte que la quejosa, reclama del director o encargado del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO): Los descuentos que se han realizado a su salario de manera quincenal y vía nomina sin que haya suscrito obligación alguna contra terceros, ni autorizado o firmado contrato, solicitud alguna para crédito alguno, que afecte a su salario como trabajadora del IEEPO. La omisión de dar contestación al escrito presentado ante la referida autoridad responsable -para la que labora- el tres de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual solicita información, así como que se suspendan, o cancelen los descuentos que se han realizado a su salario de manera quincenal. De igual forma, en su escrito de demanda, bajo protesta de decir verdad, en lo que ahora interesa, manifiesta: "(.) Bajo Protesta de Decir Verdad que a partir de la primera quincena 13, correspondiente al 01 de julio de 2017 hasta esta fecha actual, indebidamente y sin autorización mía expresa, se ha venido haciendo descuentos a mi salario como profesora vía nomina, como tampoco entregue o contraje obligación legal con el IEEPO u Financiera alguna para que procedieran a tan dolosa operación fraudulenta, afectando de esta manera a mis derecho a percibir íntegramente la totalidad libre de mi salario, [.] Sin embargo, derivado de distintos descuentos indebidos y hechos a mi salario que percibo como trabajadora del IEEPO, con fecha TRES DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2021, le dirigí un escrito al IEEPO (.) En ese orden de ideas, de las citadas manifestaciones, y de las documentales que anexó la quejosa como pruebas de su parte, se advierte que los actos reclamados derivan de la relación laboral que sostiene con la autoridad responsable, en su carácter de **** ante el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Por ende, se estima que sus pretensiones están dirigidas a un ente que carece de carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que aun cuando de conformidad con la Ley Estatal de Educación, el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, es una dependencia estatal que realiza funciones de autoridad administrativa, los actos aquí reclamados, no van encaminados a las funciones que como autoridad tiene encomendadas, sino que lo solicitado involucra aspectos relacionados con la relación laboral que mantienen, en concreto los descuentos que, asegura la quejosa, se le han hecho a su salario desde el dos mil diecisiete. Lo anterior, se corrobora de la lectura al escrito presentado el tres de noviembre de dos mil veintiuno, donde la quejosa asegura que los "descuentos indebidos" se hacen bajo el concepto "****", aun cuando aduce no haber firmado alguna solicitud, contrato, pagaré o convenio con alguna financiera; y agrega: "Destacando que por elemental sentido común, estos fraudes hechos flagrantemente por dichas financieras en contubernio con personal del IEEPO, disfrazados de préstamos son totalmente leoninos y perjudiciales para las personas, por ello, es destacarse que para el caso de que en efecto la suscrita solicitara un préstamo, lo haría con los beneficios que nos otorga para tal efecto nuestro sindicato que son totalmente acordes a la realidad y posibilidades de los maestros al servicio de la educación en Oaxaca, y no como estos que son superiores y excesivos a los intereses legales en el mercado, pues oscilan en intereses hasta en cien veces más del monto en el mercado, razón que de ninguna manera y la peor necesidad recurriría aun préstamo de esta índole por ser totalmente FRAUDULENTOS (.)" Así, la materia de lo solicitado por la quejosa se relaciona con su inconformidad a que se hagan descuentos por un préstamo con una financiera que dice no haber suscrito. De lo que se colige que dicho ente, no cuenta con el poder público o facultad de imperio respecto de la parte impetrante del amparo para crear, modificar o extinguir situaciones jurídicas de forma unilateral y obligatoria, pues los actos reclamados por la quejosa, acorde con sus propias manifestaciones, se realizaron en su carácter de trabajador de dicho ente, máxime que su solicitud y pretensiones versan sobre cuestiones inherentes a la relación laboral que la quejosa refiere sostienen. De ahí, que aun cuando en el contexto de su demanda, por una parte refiera violado su derecho de petición por parte de la responsable, resulta indispensable que la solicitud se eleve al servidor público en su calidad de autoridad, en una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, para que surja el derecho público de este último a que se le dé contestación por escrito y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo contra la trasgresión de este derecho en caso de que no se cumpla la obligación correlativa de la autoridad. Por consiguiente, la naturaleza de la relación existente entre el gobernado y el servidor público es preponderante para la existencia del derecho de petición consagrado en el artículo 8º de la Carta Magna, en la medida en que es necesario que la relación jurídica entablada sea de supra a subordinación para que la autoridad esté obligada a dar contestación a la petición que le formule el gobernado y proceda el juicio de amparo ante la omisión relativa de la autoridad, como medio de salvaguarda de sus derechos. Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 42/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIII, abril de 2001, página 126, de rubro y texto: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." De ahí que, los descuentos realizados a su salario y la omisión relativa al derecho de petición, no sean formalmente actos de autoridad, sino en realidad, se trata de una solicitud o reclamo que tiene su origen en una relación de trabajo, toda vez que aquéllas quedan comprendidas en la relación patrón-empleado que vincula a la docente con las referida autoridad responsable, esto es, que los actos reclamados no emergen del imperio que corresponde a las mismas, como parte de la administración pública en la prestación del servicio de enseñanza a cargo del Estado y en su calidad de autoridades educativas. Por tanto, se considera que en la especie, se está en presencia de un asunto laboral, en la que la parte patronal actúa en un plano de igualdad; de modo que, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate junto con sus organismos alternos, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una auténtica relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido. De ahí que, los conflictos o situaciones que se susciten entre las autoridades señaladas como responsables, con la quejosa, de ser el caso, están sujetas a la jurisdicción de los Tribunales Laborales competentes, acorde con el contenido del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no ante el órgano de control constitucional, a partir de que la señalada como autoridad responsable, no actúa con el imperio de su soberanía, característica de los actos de autoridad, sino con la calidad de patrón. Reafirma lo anterior, lo establecido por el artículo 81, fracción I, de la Ley del Servicio Civil para los Empleados del Gobierno del Estado de Oaxaca, que establece que los conflictos individuales que se susciten entre los Poderes del Estado y sus empleados, conocerá la Junta de arbitraje, que establece "ARTÍCULO 81.- La Junta de Arbitraje será competente: I.- Para conocer los conflictos individuales que se susciten entre los Poderes del Estado y sus empleados.". Apoya lo anterior, por sus consideraciones esenciales, la tesis III.4o.T. J/3 (10a.) sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo Del Tercer Circuito, consultable en la tesis, Décima Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia común, de rubro y texto: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO TIENE ESE CARÁCTER EL ENTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA O EL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO QUE ES OMISO EN EL PAGO DEL SALARIO O QUE INCUMPLE PRESTACIONES DE ÍNDOLE LABORAL, AL ACTUAR COMO PATRÓN EN UNA RELACIÓN DE COORDINACIÓN. Se considera "autoridad" a las personas que, con fundamento en una norma legal, pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos judiciales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. En este sentido, debe señalarse que el Estado tiene una doble personalidad; la primera, como ente de derecho público cuando actúa investido de imperio en sus relaciones frente a los gobernados; y, la segunda, como persona moral sujeto de derecho privado, cuando actúa como particular frente a otros sujetos particulares. En efecto, la teoría general del derecho hace una clasificación de las relaciones jurídicas en: de coordinación, suprasubordinación y supraordinación. Las primeras corresponden a las entabladas entre particulares, y para dirimir sus controversias se crean en la legislación los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o reguladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra-subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos, destaca el contencioso administrativo, el propio juicio de amparo, así como los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracteriza por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías como limitaciones al actuar del gobernante. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre órganos del propio Estado. En este contexto, si el Estado contrata a una persona para que desempeñe cualquier labor dentro de una entidad pública, la actuación del titular del órgano de que se trate, frente a la persona contratada, no será una actuación investida de imperio, sino una verdadera relación laboral surgida en un plano de igualdad (coordinación) entre el Estado como contratante y la persona que va a desempeñar un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de raya de los trabajadores. Luego, si en el caso el quejoso reclama de una dependencia de la administración pública o de un organismo descentralizado el incumplimiento de ciertas prestaciones derivadas de su relación laboral (falta de pago o descuentos a su salario), es inconcuso que dicho acto no tiene la naturaleza de acto de autoridad para efectos del amparo, pues las autoridades responsables (patrones) señaladas por el quejoso no tienen ese carácter, pues actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de suprasubordinación como autoridades investidas de imperio. Ni siquiera el acto reclamado (omisión o descuento del salario) es un acto que pueda considerarse para la procedencia del amparo, porque el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre el quejoso y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente y no a través del amparo.". En ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, con fundamento en los artículos 1°, fracción I, y 5, fracción II, con relación en el diverso 61, fracción XXIII, todos de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer el presente sumario constitucional de conformidad con lo previsto en el diverso precepto legal 63, fracción V, de la normatividad reglamentaria en comento. Así, en razón del sentido del presente fallo, no procede analizar los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa; asimismo, es innecesario estudiar si se actualiza alguna otra causa de improcedencia, en tanto que tal examen resultaría ocioso y a nada práctico conduciría. Sirve de apoyo a lo anterior, tesis del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, que se publicó en la página 233, del Tomo XI, Marzo de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, octava época, materia común, de rubro y texto: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS AGRAVIOS. Al estimarse que en el juicio de garantías se surte una causal de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución." En virtud del sobreseimiento decretado, no es posible examinar los conceptos de violación planteados, de conformidad con la jurisprudencia número II.3o. J/58 publicada en la página 57, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 70, octubre de 1993, Octava Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." Por lo anteriormente expuesto y con fundamento además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo indirecto promovido por Gloria Eréndira Cruz Cruz, en los términos precisados en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  3. Principal

    "San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiuno de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, agréguese a los presentes autos para los efectos legales conducentes, el oficio del apoderado legal del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, mediante el cual rinde su informe justificado. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes con su contenido para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Dese cuenta con el mismo al momento de celebrar la audiencia constitucional. Asimismo, se le tiene designando como delegados de su intención y señalando como domicilio para el efecto de oír y recibir notificaciones, a los profesionistas y la dirección que cita en su informe, de conformidad con los artículos 9° y 28, de la ley de la materia. Asimismo, con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas como pruebas las consistentes en presuncional en su doble aspecto, legal y humana e instrumental de actuaciones, las que se desahogan en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación."

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de enero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de quince días con que cuenta la autoridad responsable Director o Encargado del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca, para rendir su informe justificado, toda vez que fue notificada de su solicitud el cuatro de enero del año en curso. Por tanto, para dar margen a lo anterior, en aras del derecho fundamental de tutela judicial efectiva, con fundamento en el artículo 17 Constitucional, a fin de dar oportunidad a la recepción del informe justificado, se difiere la audiencia constitucional programada para este día y, se señalan las TRECE HORAS CON DIECIOCHO MINUTOS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Notifíquese y publíquese en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.Así lo proveyó y firma Laura Esther Cruz Cruz, Jueza Noveno de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; quien actúa ante Flavia María Aguayo Carmona, Secretaria Judicial que autoriza y da fe de lo actuado. Doy fe.

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