Gloria Enriqueta Reyes Hernández
Expediente 179/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 11 actuaciones registradas, la última del 25 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 179/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 25/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Gloria Enriqueta Reyes Hernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. Es un hecho notorio para el suscrito que en el juicio de amparo 179/2023, a que este incidente se contrae, se emitió un acuerdo que a la letra dice: "Boca del Río, Veracruz, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones de rigor en el libro de gobierno electrónico de este propio juzgado, así como en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data diecisiete de marzo de dos mil veintitrés (fojas 26 a 31 del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable 1. Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Decimoséptimo Distrito Judicial, con residencia en Veracruz; por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo de prueba que se formó con las mismas, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese en términos de ley. Así lo acordó y firma de manera electrónica Miguel Gastón Manzanilla Hernández, Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Boca del Río, Encargado del Despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995 realizada en la Jurisprudencia 1a./J. 14/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA"; autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de cinco de junio de dos mil veintitrés, con motivo de que el titular de este órgano jurisdiccional se encuentra gozando de su primer período vacacional, que comprende del catorce al veintiocho de julio de dos mil veintitrés; según consta en el oficio CCJ/ST/3218/2023 signado por la Secretaria Técnico de Comisión Permanente, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, con quien actúa y da fe." En virtud de lo anterior, y toda vez que el cuaderno incidental es de carácter accesorio, se ordena su ARCHIVO junto con el cuaderno principal del que deriva. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veinticinco de julio de dos mil veintitrés. En atención a la certificación secretarial que antecede, y con apoyo en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimiento Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de la citada ley, se declara que la sentencia emitida en la que se SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las respectivas anotaciones de rigor en el libro de gobierno electrónico de este propio juzgado, así como en el Sistema de Integración y Seguimiento de Expedientes (SISE), y en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, al estar este expediente completamente concluido y en atención al artículo 14, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés (en lo sucesivo, el Acuerdo General), se establece que el presente asunto en el cual se sobreseyó en el juicio, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción cumplidos tres años a partir del dictado de este proveído, en términos de la hipótesis prevista en el numeral 20, fracción I, del ordenamiento en cita; sin que sea necesario requerir a las partes para la devolución de documentos originales al no obrar en autos. En cuanto a los autos del incidente único de suspensión de suspensión, en virtud que por una parte se concedió la suspensión definitiva del acto reclamado, como se advierte de resolución emitida en data diecisiete de marzo de dos mil veintitrés (fojas 26 a 31 del incidente de suspensión relativo al presente asunto), con fundamento en artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General, se decreta que es conservable en su integridad, para ser transferido una vez transcurrido tres años. Se ordena indicar las anteriores valoraciones en las carátulas de los expedientes, con sus correspondientes leyendas, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 del Acuerdo General. Finalmente, este Juzgado estima innecesario conservar las constancias remitidas por la autoridad responsable 1. Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Decimoséptimo Distrito Judicial, con residencia en Veracruz; por tanto, devuélvase a su lugar de origen el tomo de prueba que se formó con las mismas, para los efectos legales a los que haya lugar. Notifíquese en términos de ley.
- Principal
se notifica vía electrónica a l pare quejosa y tercero interesado de la resolución diguiente: SENTENCIA Vistos los autos para resolver en el juicio de amparo ********************promovido por ********************; y, RESULTANDO PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el seis de marzo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en esta ciudad y turnado a este órgano jurisdiccional el mismo día, la parte quejosa promovió juicio de amparo contra los actos que más adelante se precisarán (fojas 4-7). SEGUNDO. Trámite. Por auto de siete de marzo siguiente, se acordó: admitir la demanda de amparo; requerir a la autoridad responsable su informe justificado; dar la intervención que compete al fiscal de la Federación adscrita y, se reservó de emplazar al presente juicio a la tercera interesada (fojas 9-12). En proveído de tres de abril de dos mil veintitrés, se tuvo a ********************, en su carácter de tercero interesado, por lo que se le tuvo apersonándose al presente juicio de amparo con dicho carácter (fojas 23-25). Una vez agregado en autos el informe justificado de la autoridad responsable (fojas 17 y 18) mediante proveído de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, se requirió a la parte quejosa a fin de que manifestara si era su deseo señalar como autoridad responsable al Actuario Judicial con categoría de Secretario Siete, adscrito a la Central de Actuarios del Decimoséptimo Distrito Judicial en Veracruz, Veracruz, por ser quien llevó a cabo el emplazamiento de la aquí quejosa dentro del juicio de origen, sin que lo hubiera hecho. Luego, en auto de veintiséis de abril siguiente, la secretaria del juzgado certificó que la parte quejosa no amplió su demanda de amparo en el plazo concedido, por lo que en proveído de la misma fecha se acordó: hacer efectivo el apercibimiento formulado a la quejosa en proveído de veintitrés de marzo anterior y, continuar el presente juicio en los términos planteados desde su inicio (foja 29). Hasta hoy no consta que las partes consintieran la publicación de sus datos personales. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, es constitucional y legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 1º, 103, fracción I y, 107, fracción XII, constitucionales, 37, primer párrafo y, 107, fracción V, de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, con vigencia a partir del día siguiente de su publicación conforme a su artículo primero transitorio y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los puntos segundo y cuarto, fracción VII, párrafo segundo, del Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece. Por la vía, pues se reclama la falta de emplazamiento a un juicio civil, susceptible de afectar directa e irreparablemente el derecho fundamental de audiencia previa de la parte quejosa, impugnable en amparo indirecto. La materia (mixta) al actuar como órgano de instrucción en materias penal, civil y administrativa y, de control constitucional en amparo indirecto en primera instancia. Y territorio, pues los actos reclamados tienen ejecución material en la circunscripción territorial de este tribunal. SEGUNDO. Fijación de actos. Antes de verificar su certeza o inexistencia, se fija cuál es el acto reclamado. Al analizar en su integridad la demanda de amparo, se aprecia que consiste en: La falta de emplazamiento de la aquí quejosa al juicio ordinario civil ******************** de la estadística del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz, así como todo lo actuado dentro de dicho juicio. Ahora, por cuestión de método, se analiza si está probada o no su existencia. TERCERO. Certeza de actos. Son ciertos los actos atribuidos a la responsable Juez Cuarto de Primera Instancia, en Veracruz, Veracruz, en razón de que al rendir su informe justificado, reconoció la existencia del juicio ordinario civil en comento, en donde la aquí quejosa es parte demandada y señala que sí se realizó su emplazamiento mediante diligencia de nueve de octubre de dos mil veinte (foja 17 y vuelta). Lo que se corrobora, en razón que el juez responsable remitió copia certificada del expediente ********************, donde consta el emplazamiento practicado a la quejosa (fojas 41-44 del tomo único de pruebas) y las subsecuentes actuaciones; documentales que adquieren valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2. CUARTO. Improcedencia. Por ser de estudio preferente, se analiza la procedencia del presente juicio constitucional. En el caso, se estima se concreta el motivo de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracción III, de la Ley de Amparo, en razón de que la parte quejosa no señaló como autoridad responsable a aquélla que practicó el emplazamiento que aquí viene reclamando, como a continuación se verá. MARCO LEGAL Los aludidos artículos disponen. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;." Hasta aquí el marco legal. ANTECEDENTES Para una mejor compresión del motivo de improcedencia que se estima actualizado, se relatan los antecedentes del asunto: 1). Mediante escrito presentado el diez de febrero de dos mil veinte, ******************** y******************** demandaron de ********************y ******************** la declaración judicial de que ha terminado el contrato de arrendamiento celebrado por********************, en su calidad de administradora y arrendadora, y ********************en su calidad de arrendatario, entre otras prestaciones. 2). En proveído de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el Juez Cuarto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz, acordó: dar trámite a la demanda; radicar el juicio ******************** y, ordenar emplazar al juicio a los demandados en el domicilio proporcionado por la parte actora (foja 31 y 32 del cuaderno de pruebas). 3). Luego, ********************, en su carácter de Actuario Judicial con categoría de Secretario Siete, adscrito a la Central de Actuarios del Decimoséptimo Distrito Judicial en Veracruz, Veracruz, el nueve de octubre de dos mil veinte, dejó los instructivos de notificación dirigidos a los demandados (aquí quejosa) en los términos allí asentados (fojas 41-44 del cuaderno de pruebas). Hasta aquí los antecedentes. SUBSUNCIÓN En la especie, la parte quejosa señaló como acto reclamado destacado, la falta de emplazamiento al juicio ordinario civil ******************** de la estadística del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Veracruz, Veracruz, en donde sostiene que no fue oída y vencida en juicio. Luego, del análisis integral de la demanda de amparo y de las constancias que integran el juicio laboral de origen, se constata que en realidad sí existe el emplazamiento de la hoy quejosa al expediente de que se trata, mismo que fue practicado el nueve de octubre de dos mil veinte, por ********************, en su carácter de Actuario Judicial con categoría de Secretario Siete, adscrito a la Central de Actuarios del Decimoséptimo Distrito Judicial en Veracruz, Veracruz. Sin embargo, se advierte que la solicitante de amparo fue omisa en señalar como autoridad responsable ejecutora al funcionario mencionado, dado que fue éste quien realizó la diligencia mencionada, por lo que en términos del artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, le asistía ese carácter. Apoya lo expresado, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se lee: "ACTUARIO, HIPÓTESIS EN QUE DEBE SER SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Amparo, el actuario tiene la calidad de autoridad responsable, por lo que si en el amparo indirecto, el quejoso se ostenta como extraño al juicio, y le atribuye omisiones o irregularidades respecto al emplazamiento, debe señalarse a ese funcionario como autoridad responsable, toda vez que el mismo está obligado a cumplir cabalmente con los lineamientos legales que regulan tal acto; consecuentemente es el directamente encargado de defender la legalidad de su actuación, puesto que es el que conoce los pormenores de la misma, que lleva a cabo bajo su estricta responsabilidad, ello, con independencia de que el titular del Tribunal que igualmente puede tener el carácter de autoridad responsable, cumpla con su deber de revisar de oficio el actuar de su subalterno." También resulta ilustrativa la jurisprudencia que se lee: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO. El artículo 11 de la Ley de Amparo, dispone que es autoridad responsable la que promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado; en esta clasificación queda comprendido el funcionario que realiza materialmente el emplazamiento, por las siguientes razones: I. Porque el juzgador sólo ordena que se haga el emplazamiento, y el actuario es el ejecutor de dicha orden; II. Porque en el emplazamiento es el actuario quien está obligado a observar los lineamientos legales que regulan tal acto; en consecuencia; III. Es al actuario a quien, en su caso, corresponde defender su acto, porque es el que conoce los pormenores de la diligencia de emplazamiento. En efecto, las actuaciones que realiza el actuario al practicar no sólo el emplazamiento, sino todas las notificaciones en el procedimiento respectivo, son de su exclusiva responsabilidad, al ser el encargado de observar los lineamientos legales que regulan tales actos". Luego, se concluye que la parte quejosa omitió señalar a dicha funcionaria como autoridad responsable para los efectos del presente juicio de amparo, pese a que en auto de veintitrés de marzo de dos mil veintitrés, se le requirió con el propósito de: ".En consecuencia, con fundamento en el artículo 111 de la Ley de Amparo, en concordancia con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a fin de no dejar a la parte quejosa en estado de indefensión, requiérasele por conducto de la persona actuaria adscrita a este Juzgado, para que dentro del plazo establecido en el artículo 17 de la ley de la materia, esto es, QUINCE DÍAS contados a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste si es su deseo ampliar su demanda de amparo respecto de los siguientes puntos: a) Señalar al Actuario Judicial con categoría de Secretario Siete, adscrito a la Central de Actuarios del XVII Distrito Judicial en Veracruz, Veracruz, licenciado Fernando Gabriel Junior Suárez Ortega, como nueva autoridad responsable y, b) Señalar qué acto en específico le reclama. En el entendido que el escrito de ampliación deberá satisfacer todos los requisitos contenidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo, además de que deberá acompañar las copias necesarias de dicho escrito para correr traslado a las partes. Para tal efecto, se ordena a la persona actuaria adscrita a este Juzgado adjunte a la notificación personal que le haga a la parte quejosa, copias autorizadas del presente acuerdo y del informe justificado arriba mencionado, para que tenga pleno conocimiento de ello y cuente con todos los elementos necesarios para desahogar cabalmente el requerimiento correspondiente. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo establecido para ello, se continuará el presente asunto en los términos planteados desde su inicio." (fojas 19 y 20 frente). Circunstancia que se notificó de manera electrónica a la parte quejosa el veintinueve de marzo de la presente anualidad, sin que dicha solicitante del amparo desahogara tal requerimiento en el plazo de quince días que para ello se le concedió, según lo certificó la secretaria de este juzgado el veintiséis de abril siguiente (foja 29). Lo anterior tuvo por consecuencia que, por auto de veintiséis de abril del año en curso, se hiciera efectivo el apercibimiento decretado y se continuara el presente juicio con los elementos con que se contaban a ese momento, esto es, en los términos planteados en la demanda de amparo (foja 29). Por tanto, ante la omisión de la parte quejosa de señalar como autoridad responsable a ********************, en su carácter de Actuario Judicial con categoría de Secretario Siete, adscrito a la Central de Actuarios del Decimoséptimo Distrito Judicial en Veracruz, Veracruz, no es factible examinar la regularidad o no de la diligencia de emplazamiento por éste practicada, puesto que la autoridad que la efectuó no fue llamada ni oída en juicio; motivo por el que, como se anticipó, sobreviene el motivo de improcedencia analizado. Lo anterior es así, dado que en los casos en que, como el que se analiza, cuando el quejoso se ostenta tercero extraño al juicio natural y reclama lo actuado en él, precisamente por falta o defecto de su emplazamiento al propio juicio, debe necesariamente, al margen de que se señalen autoridades ordenadoras, indicar como autoridad responsable al funcionario que llevó a cabo la diligencia en que se contiene tal emplazamiento, en la especie, al Actuario Judicial adscrito a la Central de Actuarios del Decimoséptimo Distrito Judicial en Veracruz, Veracruz, que fue quien realizó el emplazamiento combatido, a fin de llamarlo a la controversia constitucional, oírlo y estar en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la citada diligencia, pues es a él a quien directamente le corresponde defender la legalidad de su actuación, al conocer los pormenores de la misma. Sirve de puntual respaldo a esa conclusión, la jurisprudencia VII.A.T. J/6 del entonces Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, que dice: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTIAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICO. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal." CONCLUSIÓN En esas circunstancias, si es a ********************, en su carácter de Actuario Judicial con categoría de Secretario Siete, adscrito a la Central de Actuarios del Decimoséptimo Distrito Judicial en Veracruz, Veracruz, a quien le correspondía sostener la legalidad de la actuación reclamada, esto es, la diligencia de emplazamiento de nueve de octubre de dos mil veinte, al no habérsele señalado como autoridad responsable, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con la fracción XXIII del artículo 61, en relación con la III del diverso numeral 108, así como el 63, fracción V, todos de la Ley de Amparo. Sirve de respaldo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 2a. CLXIV/98 de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que se lee: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos atribuidos al Juez responsable, en razón de que no es factible examinar la regularidad de las actuaciones posteriores a la diligencia de emplazamiento, pues como se estableció, la autoridad que la efectuó no fue llamada ni oída en juicio, de modo que su análisis dependía del que se efectuara en relación con el acto que les antecedió, esto es, el emplazamiento al procedimiento de origen. Lo que se justifica con mayor razón, porque el resultado del eventual examen que se realizara a los actos reclamados respecto de las autoridades que sí fueron llamadas al proceso, en modo alguno podría hacerse extensivo a otra, dado que sería jurídicamente imposible ordenar a quien no intervino en la contienda constitucional, que dejara insubsistente su acto, cuando no fue parte formal dentro del procedimiento. Así, al decretarse el sobreseimiento en el asunto, no se estudiarán los conceptos de violación de la parte quejosa. Lo aquí decidido en modo alguno trasciende a la idoneidad y eficacia del juicio de amparo, pues el acceso de todo gobernado a un recurso efectivo no implica que se le libere de cumplir con los requisitos cuya procedencia normativamente regulada impone, ni que en todo caso deba emitirse un pronunciamiento formal sobre la litis. Ello es así porque en la resolución de los juicios para la protección de derechos fundamentales, deben tenerse presentes las particularidades que se implican en la emisión de la sentencias respectivas; esto es, el acatamiento de todas las reglas que definen y delimitan el hacer y modo de actuar de los tribunales federales al ejercer sus funciones propias, de modo que so pretexto de un nuevo paradigma en la protección de los derechos humanos, el órgano de control no puede separarse de su propio ámbito de competencia, pues sólo dentro de éstas es que puede ejercer el control de legalidad, constitucionalidad y de convencionalidad que le corresponde; siempre que sea viable el instar del gobernado conforme a la normatividad aplicable. Al respecto, son aplicables, en lo conducente, los criterios de rubros: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO." y, "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." Esto es, en términos del artículo 1º constitucional, los órganos competentes del Poder Judicial de la Federación para efectuar el control de los actos de autoridad que constitucional y legalmente les corresponde en la instancia respectiva, y a través de esa función tutelar en su máxima expresión los derechos humanos, sólo pueden actuar en el ámbito de sus propias competencias, por lo que no deben apartarse de la regulación propia que el derecho positivo interno (constitucional, legal y jurisprudencial) les impone y, desde ahí, a partir de una competencia reglada, ser operadores jurídicos vigorosos para darle eficacia a esa protección de los derechos fundamentales, pero siempre atendiendo a la forma y términos en que se ha dispuesto el despliegue de sus atribuciones. Luego, partiendo del ámbito de las competencias que corresponden a este juzgador federal, es que se analizó el sumario constitucional, en los términos que se han desarrollado, sin que con ello se pueda atribuir infracción alguna al derecho de acceso a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Expedición de copias. Con apoyo en los artículos 17 Constitucional y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, expídase a costa de las partes una copia simple o certificada de esta sentencia, según lo soliciten al momento de comparecer, previa razón de entrega y recibo que se otorgue en autos. Supresión de datos sensibles. Aun cuando las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los preceptos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se ordena suprimir los datos sensibles en la presente sentencia y, ponerla a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información pública que se señala en la ley de la materia. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, respecto de los actos reclamados y por la autoridad responsable, conforme a lo expuesto en el considerando cuarto de este fallo. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles de las partes en la publicación de la presente sentencia. Notifíquese en términos de ley.Así lo sentenció y firma el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Genoveva Lecona Zamora, que autoriza y da fe, hoy treinta de junio de dos mil veintitrés, fecha en que lo permitieron las labores del juzgado.
- Principal
Boca del Río, Veracruz, veintiséis de abril de dos mil veintitrés. Atento a la certificación con que se da cuenta, se obtiene que la parte quejosa no hizo manifestación alguna dentro del plazo de quince días que se le otorgó por acuerdo de veintitrés de marzo del año en curso, el cual le feneció el pasado veinticinco de abril. Lo anterior, en el sentido de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo y señalar al Actuario Judicial con Categoría de Secretario Siete, adscrito a la Central de Actuarios del XVII Distrito Judicial en Veracruz, Veracruz, licenciado Fernando Gabriel Junior Suárez Ortega, como nueva autoridad responsable. De igual forma, de la referida certificación se desprende que no existe promoción alguna dirigida al presente juicio pendiente de acordar, relacionada con la prevención de referencia. Con base en lo expuesto, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el aludido acuerdo de veintitrés de marzo del año en curso y, se ordena continuar el presente asunto en los términos planteados desde su inicio. Notifíquese en términos de ley.
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