Gloria Elizabeth González LòPez

Expediente 118/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 25 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
118/2021
Año
2021
Actuaciones
25
Última actuación
09/11/2021

Partes del expediente

  • Gloria Elizabeth González LòPez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 25.

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponde el oficio que remite el secretario de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, mediante el cual acusa recibo de la diversa misiva **, con la que le fue notificado el auto mediante el cual causó ejecutoria la sentencia y le fueron devueltas las constancias en que apoyó su informe justificado.

  2. Principal

    Ejecutoria. Visto el estado que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que la sentencia en la que este tribunal negó la protección constitucional no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Asimismo, en atención al sentido de la resolución mencionada en líneas precedentes, resulta innecesario hacer el cómputo para la totalidad de las partes; toda vez que, por haberse negado la protección constitucional, dicha determinación no les irroga perjuicio. Háganse las anotaciones de ley en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE) que se llevan en este juzgado. Archivo y clasificación del expediente. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual no es de relevancia documental, dado que no se encuentra en alguna de las hipótesis previstas en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, incisos a) y b), del citado acuerdo general, el presente expediente y el original del cuaderno incidental son susceptibles de depuración, una vez que transcurran tres años -contados a partir de que se ordenó su archivo- puesto que se dictó sentencia en la que se negó la protección constitucional y se concedió la medida suspensional provisional y definitiva; debiéndose conservar la demanda de amparo, la sentencia, el presente proveído, y en el caso del incidente de suspensión, las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. Glósese el original del cuaderno incidental y, según lo dispone el artículo 20, fracción II, inciso a), del acuerdo en cita, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude el propio acuerdo; consérvese por separado el duplicado. Sin que haya lugar a ordenar la devolución de documentos originales, toda vez que no fueron exhibidos por las partes. Devolución de tomos. Finalmente, toda vez que resulta innecesaria la retención de los tomos de pruebas formados con las constancias que la autoridad responsable allegó con su informe justificado, se ordena su devolución.

  3. Principal

    VISTOS, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 118/2021, promovido por **********, por sí y en representación de su menor hija de iniciales *******, por conducto de su apoderada legal ******, en contra de actos de la magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad de Celaya, turnado el doce siguiente a este Juzgado, ********, por sí y en representación de su menor hija de iniciales *******, por conducto de su apoderada legal **********, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos de la magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato y del Juzgado Primero Civil de Partido en Salvatierra, Guanajuato, que hizo consistir en: "IV. ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como responsable, Magistrada de la Cuarta Sala Civil, la resolución dictada en el toca de apelación ******** de fecha 12 de Febrero del 2021, dentro del cual confirma la resolución de condena de pago de los honorarios para el contador que fungió como perito en el juicio de origen." En ese ocurso la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato. Por auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, formó el expediente y lo registró bajo el número 118/2021; además, requirió a la promovente para que, bajo protesta de decir verdad, precisara cuál era el acto reclamado, ampliara sus antecedentes e indicara cual fue la materia del incidente que mencionó en sus antecedentes. La promovente no desahogó dicho requerimiento y por auto de treinta de marzo de dos mil veintiuno, este juzgado federal tuvo por no presentada la demanda planteada. Dicho proveído fue impugnado por la parte quejosa, mediante recurso de queja, el cual, por razón de turno, correspondió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, quien por resolución de dos de junio de dos mil veintiuno, determinó declarar fundado el citado recurso y revocar el auto recurrido. Así, este juzgador por auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, admitió la demanda; solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; asimismo, tuvo como tercero interesado a *****, quien fue emplazado al presente juicio el dos de agosto de dos mil veintiuno. Finalmente, señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello es así, pues lo reclamado tendrá ejecución en Salvatierra, Guanajuato, en la que ejerce jurisdicción esta potestad. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, se establece que en el presente juicio los actos reclamados los constituyen a. La resolución de doce de febrero de dos mil veintiuno, dictada en los autos del toca número ****, mediante la cual confirmó la interlocutoria de nueve de octubre de dos mil veinte sobre regulación de pago de honorarios dentro del expediente ******************** que condenó a la parte quejosa al pago de determinada cantidad por concepto de honorarios del perito tercero en discordia. b. La ejecución de lo anterior Actos reclamados a las siguientes autoridades: 1. Magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato. 2. Juez Civil de Partido en Salvatierra, Guanajuato. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato (foja 98) y el juez Civil de Partido en Salvatierra, Guanajuato (foja 91), al rendir su respectivo informe justificado manifestaron que son ciertos los actos que se reclaman en esta instancia constitucional. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además se corrobora con las constancias que remitieron las autoridades responsables, consistentes en copias certificadas del expediente número ******, así como el toca número *********; documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Con el objeto de realizar el estudio del presente asunto, conviene primeramente relatar los antecedentes del acto reclamado, siendo los siguientes: 1. *******, madre de la menor de iniciales ********, por conducto de su apoderada legal ******, demandó en la vía ordinaria civil a ********, de quien reclamó, entre otras cosas, la devolución del inmueble ubicado en ******************** (fojas 1 a 8 del tomo de pruebas número I). 2. De dicha demanda conoció, por turno, el Juzgado Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato, quien por auto de doce de abril de dos mil diecinueve, la radicó bajo el número ********************, admitió la demanda y ordenó el emplazamiento de la parte demandada (fojas 32 a 34 ídem). 3. Abierto el periodo de prueba, la actora ofreció como probanza de su parte la pericial en materia topográfica, a cago del experto ****** y ******* (fojas 513 y 514 del tomo de pruebas número II). 4. Por auto de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, el juez responsable requirió a la promovente para que expresara qué perito es el que desahogará la prueba, debido a que solo puede nombrarse un experto para tal efecto (fojas 522 ídem). 5. Mediante escrito presentado el cinco de junio de dos mil diecinueve, la actora precisó que el experto **** es quien desahogaría la prueba (foja 531 ídem). 6. Por auto de seis de junio de dos mil diecinueve, el juez responsable admitió la prueba pericial citada y dio vista a la contra parte para que, en el término de tres días, nombrara un perito de su parte y adicionara el cuestionario (foja 533 ídem). 7. La parte demandada designó como perito de su parte a ***(foja 550 ídem), lo cual se acordó de conformidad el trece de junio de dos mil diecinueve (552 ídem). 8. Una vez rendidos los dictámenes de ambas partes, el juez responsable estimó que existen puntos contradictorios, por lo cual nombró, como perito tercero en discordia, a ******************** y se le requirió para que presentara sus honorarios (fojas 624 y 625 ídem). 9. Mediante escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, el citado experto aceptó y protestó el cargo conferido; además, precisó que sus honorarios ascienden a la cantidad de $18,000.00 (dieciocho mil pesos), con lo anterior, mediante auto de veintisiete de ese mes y año, se dio vista a las partes (fojas 631 a 633 ídem). 10. Por auto de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, el juez responsable tuvo por rendido el dictamen pericial del perito tercero en discordia y dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera (foja 670 ídem). 11. La parte actora objetó dicho dictamen (fojas 674 a 676 ídem), a lo que el juez responsable acordó que dicha objeción sería tomada en consideración al analizar el fondo del asunto (foja 677 ídem). 12. Mediante escrito presentado el veinticinco de junio de dos mil veinte, el perito tercero en discordia informó que la parte demandada ya cubrió la parte que le correspondía de los honorarios y solicitó se requiriera a la actora para que hiciera lo conducente (foja 698 ídem). 13. Por auto de veintiséis de junio de dos mil veinte, el juez responsable requirió a la promovente para que, en el término de tres días realizara el pago correspondiente, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se dictaría auto de ejecución en su contra (foja 699 ídem). 14. En contra de la anterior determinación, la actora interpuso recurso de revocación (fojas 700 a 703 ídem), el cual se admitió a trámite el tres de julio de dos mil veinte (foja 704 ídem). 15. Mediante resolución de catorce de julio de dos mil veinte (fojas 716 a 718 ídem), el juez responsable revocó el auto impugnado y requirió al perito tercero en discordia para que, por escrito, indicara el monto que debe cubrir la actora y darle vista con ello. 16. El siete de septiembre de dos mil veinte, el juez responsable dictó sentencia definitiva en el controvertido de origen (fojas 810 a 818 ídem). 17. Por escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, el perito tercero en discordia promovió incidente de regulación de honorarios en contra de la ahora quejosa (fojas 815 y 816 ídem), incidencia que se admitió a trámite el uno de septiembre siguiente (foja 818 ídem). 18. Seguida la secuela incidental, el nueve de octubre de dos mil veinte (fojas 825 a 827 ídem), el juez responsable dictó resolución interlocutoria, en la que determinó lo siguiente: .PRIMERO.- Este Juzgado fue competente para conocer y resolver la presente incidencia. SEGUNDO.- Se condena a la parte actora **********, apoderada legal de **********, quien, a su vez, es madre y ejercita la patria potestad sobre la menor **********, al pago de la cantidad de $** moneda nacional), por concepto de honorarios del Contador Público **********, en su calidad de perito tercero en discordia, para lo cual se concede un plazo de cinco días hábiles para realizar su pago, con el apercibimiento que de no hacerlo se despachará embargo en su contra." 19. En contra de la anterior determinación, la parte actora interpuso recurso de apelación (fojas 834 a 845 ídem). 20. De dicha sala de impugnación conoció la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, quien lo radicó bajo el número ********* y mediante resolución de doce de febrero de dos mil veintiuno confirmó la determinación de primer grado (fojas 33 a 46 del tomo de pruebas número V). Resolución que es el acto reclamado en la presente instancia constitucional. QUINTO. Estudio del fondo del asunto. En la especie, la parte quejosa formula un concepto de violación, dentro del cual combate dos temas, por lo que para su análisis y mejor comprensión se realizaran varios apartados. I. En una parte del único concepto de violación, la peticionaria del amparo aduce, de forma genérica, que la resolución reclamada es violatoria de sus derechos fundamentales debido a que carece de fundamentación y motivación. Argumento que es infundado, por lo siguiente: No asiste razón a la parte quejosa cuando refiere que la resolución reclamada vulnera sus derechos fundamentales reconocidos en el artículo 16 constitucional, por no estar fundada y motivada. Ello es así, pues el derecho de legalidad implícito en el párrafo primero del artículo 16 constitucional, condiciona a todo acto de autoridad, a que deba reunir entre otros requisitos los de fundamentación y motivación, esto es, que justifique la validez jurídica del acto de molestia que se provoca en la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones del gobernado, además de que dicho acto debe ser emitido por autoridad competente. La fundamentación legal del acto de autoridad que origine la molestia permitida por el artículo 16 constitucional, debe basarse en una disposición normativa general, es decir, que esta prevea la situación concreta a la cual se dirige el acto de autoridad, es decir, que exista una ley que lo autorice. Así, la fundamentación legal de todo acto autoritario que cause al gobernado una molestia a algún derecho a que se refiere el artículo 16 constitucional, no es sino una consecuencia directa del principio de legalidad que consiste en que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite. Robustece lo anterior la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala lo siguiente: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Por lo que ve a la motivación de la causa legal del procedimiento, significa que la autoridad está obligada a exponer las razones y causas para la emisión del acto de molestia que a su vez encuadren dentro del marco general correspondiente establecido por la ley. Entonces, motivar el acto de autoridad significa adecuar una norma jurídica legal o reglamentaria, al caso concreto donde vaya a operar, para lo cual, la autoridad responsable debe aducir los motivos que justifiquen la aplicación de la ley al caso concreto, esto es, deben manifestarse los hechos, circunstancias y causas que de manera objetiva encuadren dentro de los supuestos abstractos previstos normativamente. Expuesto lo anterior, debe señalarse que de la resolución reclamada (doce de febrero de dos mil veintiuno), se obtiene que sí se encuentra debidamente fundada y motivada, dado que ahí se calificaron de inoperantes e infundados los agravios planteados por la recurrente. Se explicó, que ciertos agravios son inoperantes porque no atacan con razonamientos lógicos jurídicos todas las consideraciones fácticas y jurídicas por las cuales el juzgador de primera instancia la condenó al pago de la cantidad de $6,759.20 (seis mil setecientos cincuenta y nueve pesos con veinte centavos) e incluso transcribió las partes de la sentencia que no combatió la recurrente. También, en la resolución reclamada se sostuvo que la sentencia interlocutoria sí esta fundada y motivada, debido a que ahí se citaron los numerales 162, 163, 367, 461 y 465 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Guanajuato y 32 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Poder Judicial del estado de Guanajuato. Aunado a que, ahí se expusieron los motivos de hecho que fueron considerados para la emisión de la resolución reclamada, los que encajan con la hipótesis normativa. Además, se precisó en dicha resolución que en la sentencia interlocutoria se determinó aplicar el arancel conforme al artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Poder Judicial del estado de Guanajuato, por lo que la carga de la prueba la tenía la demandada incidentista, la cual no cumplió. Asimismo, se señaló que el argumento relativo a que el perito no tiene derecho a recibir la cantidad determinada, debido a que se dejó de analizar todas las consideraciones y objeciones que hizo valer la actora es infundado, toda vez que si fueron estudiadas en la sentencia interlocutoria, pues este determinó que ese argumento es improcedente, ya que la materia del incidente únicamente es determinar los honorarios del perito conforme a las disposiciones arancelarias y las objeciones serán valoradas en el momento oportuno. Incluso en la resolución reclamada se puntualizó que esto último no fue recurrido en esa instancia. Aunado a lo anterior, se sostuvo en la resolución reclamada que en primera instancia sí se procuraron los derechos de la menor, toda vez que no se concedió la cantidad que solicitó el perito tercero en discordia, por el contrario, se realizó un estudio y en atención al artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Poder Judicial del estado de Guanajuato se condenó al pago mínimo de Unidades de Medida y Actualización (UMA) respecto del peritaje. Por último, ahí se explicó que el principio del interés superior del menor no implica que en cualquier juicio se deben soslayar los presupuestos de procedencia, tanto formales como materiales, pues ello atentaría en contra de los principios de equidad procesal y seguridad jurídica. Lo que fundamentó en los artículos 1, 4 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 11, 12, 224, 225, 227, 236, 357, 358 y 361 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Así como en los siguientes criterios de rubros: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE SÓLO PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA.", "AGRAVIOS INOPERANTES", "AGRAVIOS. NO LO SON LAS AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN CONTRA LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE ATACAN", "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. VIOLACIÓN FORMAL Y MATERIAL" y "DERECHOS HUMANOS. EL DE ACCESO A LA JUSTICIA NO IMPLICA QUE EL JUZGADOR DE AMPARO DEBA SUBSANAR EL ERROR EN QUE INCURRAN LAS PARTES AL INTERPONER UN RECURSO IDÓNEO, AUN TRATÁNDOSE DE MENORES DE EDAD, ATENTO A LOS PRESUPUESTOS PROCESALES, FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y DE PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS". En esas condiciones, es patente que la determinación reclamada por la solicitante de la tutela federal colma las exigencias del artículo 16 constitucional, en cuanto a que en él se establecen los motivos y fundamentos del proceder de la sala responsable. De ahí que, es infundada la parte del concepto de violación en estudio. II. En otra parte del único concepto de violación, la parte quejosa alega lo siguiente: Que el ahora tercero interesado presentó una liquidación, por lo que era su trabajo profesional. Que desde un inició presentó una y otra vez oposiciones, exhibió documentos en los que apoyó sus aseveraciones, reclamos y objeciones. Que el tercero sostuvo que no esta en funciones una instancia infantil y tampoco se vendían objetos de madera, lo cual es totalmente falso, como lo acreditó con sus documentales. Que dichas documentales no fueron analizadas en la resolución reclamada, por lo que se lesionan sus derechos fundamentales, así como los de la menor quejoso. Argumentos que son infundados, por las consideraciones siguientes: En principio, es necesario destacar que la congruencia se traduce en el estudio que el juzgador debe realizar sobre todas y cada una de las cuestiones propuestas por las partes, en estrecha correlación con las propias constancias de autos, de tal forma que la observancia a ese principio se ve reflejado en la resolución que emita la autoridad jurisdiccional del conocimiento, en la que absuelva o condene a la parte demandada, con base en la resolución de todos los puntos litigiosos que hubieran sido expuestos por los contendientes. En tal virtud, el principio de congruencia se encuentra relacionado con el diverso principio de exhaustividad, en el sentido de que las resoluciones deben dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, o bien, con los agravios expresados por la parte apelante, así como con la contestación a éstos (congruencia externa); asimismo, estriba en que la resolución judicial no contenga determinaciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí (congruencia interna). Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que ahí expone la jurisprudencia 1a./J. 33/2005 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. Lo anterior, guarda relación con lo dispuesto por el artículo 227 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Guanajuato, el cual establece que en las sentencias que al efecto se dicten se resolverán todos los puntos sujetos a consideración del tribunal, lo que en el recurso de apelación o de denegada apelación significa que se resuelva o pronuncie sobre todos los agravios. En la especie, este juzgador advierte que la resolución reclamada, contrario a lo que expone la parte quejosa, sí es congruente y exhaustiva, pues los razonamientos que ahí se realizaron son el resultado del estudio y análisis de las constancias de autos y los agravios expuestos por la apelante -hoy quejosa- y con ello se resolvieron las cuestiones que oportunamente fueron sometidas a su consideración. En efecto, en el escrito de agravios, en lo que interesa, la recurrente hizo valer un argumento -muy similar- en los siguientes términos: Que obra un incidente de objeción respecto del supuesto dictamen pericial, pero no es ningún dictamen, sino que en él solo obran fotografías de dos inmuebles. Que se dejó de considerar la instrumental de actuaciones, pues ya hay una sentencia definitiva a su favor, hizo valer diversas objeciones, así como escritos a los que anexó fotografías, las cuales desmienten lo dicho por el perito. Que el perito no emitió un dictamen, sino que es una tomadura de pelo para el tribunal. Sobre tales argumentos en la resolución reclamada se sostuvo lo siguiente: Bajo esta misma línea de pensamiento, son INFUNDADOS los agravios que hace valer la disidente al señalar que el perito no realizó dictamen alguno y no tenía derecho a recibir la cantidad que la A quo determina así como que el juez primigenio dejo de analizar las consideraciones y objeciones y escritos aportados por parte de su representada y las fotografías exhibidas de que su contraria seguía explotando la estancia infantil así como el local de venta de objetos de madera que se encontraba a un lado de la estancia, lo que se traducía en un engaño y una burla al Juzgado, al autorizar que se pague al perito por un dictamen que no es dictamen y un trabajo que no es un trabajo, en ese sentido, esta Alzada establece que contrario a la aseveración de la recurrente, de la resolución apelada se advierte que el perito tercero si rindió en el juicio principal un dictamen pericial y que el Juez A quo si tomó en cuenta las consideraciones aportados por la parte disidente al resolver el incidente de regulación de pago de honorarios, sin embargo estableció que dichos argumentos eran improcedentes, porque, los honorarios del perito, tal como lo señalaba la Ley, fueron regulados conforme a las disposiciones arancelarias y a ello tenía derecho el perito al haber emitido su dictamen, con independencia de su valoración en el principal o en la objeción del mismo, situación que se reitera no fue combatida por la parte recurrente." Lo anterior pone de manifiesto, que la resolución reclamada cumplió con los principios de congruencia y exhaustividad. Es así, pues, contrario a lo que sostiene la parte quejosa, ahí se realizó un pronunciamiento de todas las cuestiones sometidas a su consideración, en particular de las documentales que refiere. En efecto, en la resolución reclamada se dio contestación a los agravios señalados, en particular, al relativo a la falta u omisión de analizar las objeciones y escritos presentados por la ahora quejosa. Además, se precisó que esas manifestaciones fueron analizadas y contestadas en primera instancia. Asimismo, ahí se precisó que todas las manifestaciones relativas a la objeción del peritaje y los escritos para desvirtuarlo son independientes del pago de los honorarios, debido a que, ahí se explico, la valoración del peritaje debe realizarse en los autos del juicio de origen, ya sea en el incidente respectivo o en la sentencia definitiva, pero ello no es obstáculo para que el perito tercero en discordia cobre sus honorarios. Incluso, se precisó que ese argumento no fue materia de impugnación en el recurso de apelación. Por tal motivo, contrario a lo señalado por la promovente del amparo, no se vulneraron los principios de congruencia y exhaustividad, pues la respuesta otorgada en la resolución reclamada no se centra solamente en que el juez de primera instancia sí valoró esas constancias -objeciones, escritos y fotografías- sino en el hecho de que era necesario diferenciar entre la valoración del dictamen y el pago de honorarios, el primero acontecerá en el juicio de origen o en el incidente de objeción presentado y tales circunstancias no son obstáculo para que el perito tercero en discordia tenga derecho a lo segundo. En ese sentido, la resolución reclamada cumplió con los principios de congruencia y exhaustividad, pues atendió a cada uno de los puntos expresados por la recurrente y los estudió de forma completa, así como las constancias que obran en los autos respectivos. Por lo anterior, es infundada la parte del concepto de violación en estudio, puesto que en la resolución reclamada se resolvió la cuestión planteada; por lo que no se vulneró el principio de congruencia. Máxime, que la quejosa no controvierte lo argumentado por la sala responsable en el sentido de que el perito sí rindió su dictamen, por lo cual tiene derecho al pago de sus honorarios, los cuales fueron regulados conforme a las disposiciones arancelarias, con independencia del valor que se emitiera al referido dictamen. En mérito de lo anterior, al ser infundado el concepto de violación; lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Sin que, en la especie, este órgano jurisdiccional advierta una violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa que deba ser reparada oficiosamente o en suplencia de la queja deficiente. Negativa de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al juez Civil de Partido en Salvatierra, Guanajuato, ya que no se reclamaron por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. La justicia federal no ampara ni protege a ******, por sí y en representación de la menor de iniciales ******, en contra de los actos que reclamó de la magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato y del juez Civil de Partido en Salvatierra, Guanajuato, por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia.

  4. Principal

    Por este medio se notifica a la parte quejosa la resolución de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, que dice: "VISTOS, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo indirecto número 118/2021, promovido por **********, por sí y en representación de su menor hija de iniciales *******, por conducto de su apoderada legal ******, en contra de actos de la magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de marzo de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad de Celaya, turnado el doce siguiente a este Juzgado, ********, por sí y en representación de su menor hija de iniciales *******, por conducto de su apoderada legal **********, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de actos de la magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato y del Juzgado Primero Civil de Partido en Salvatierra, Guanajuato, que hizo consistir en: "IV. ACTO RECLAMADO.- De la autoridad señalada como responsable, Magistrada de la Cuarta Sala Civil, la resolución dictada en el toca de apelación ******** de fecha 12 de Febrero del 2021, dentro del cual confirma la resolución de condena de pago de los honorarios para el contador que fungió como perito en el juicio de origen." En ese ocurso la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Octavo de Distrito en el estado de Guanajuato. Por auto de dieciséis de marzo de dos mil veintiuno, formó el expediente y lo registró bajo el número 118/2021; además, requirió a la promovente para que, bajo protesta de decir verdad, precisara cuál era el acto reclamado, ampliara sus antecedentes e indicara cual fue la materia del incidente que mencionó en sus antecedentes. La promovente no desahogó dicho requerimiento y por auto de treinta de marzo de dos mil veintiuno, este juzgado federal tuvo por no presentada la demanda planteada. Dicho proveído fue impugnado por la parte quejosa, mediante recurso de queja, el cual, por razón de turno, correspondió al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, quien por resolución de dos de junio de dos mil veintiuno, determinó declarar fundado el citado recurso y revocar el auto recurrido. Así, este juzgador por auto de veintiuno de junio de dos mil veintiuno, admitió la demanda; solicitó el informe con justificación a las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención que legalmente corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento; asimismo, tuvo como tercero interesado a *****, quien fue emplazado al presente juicio el dos de agosto de dos mil veintiuno. Finalmente, señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, es competente legalmente para conocer y resolver el juicio de amparo planteado, de conformidad con los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y con el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello es así, pues lo reclamado tendrá ejecución en Salvatierra, Guanajuato, en la que ejerce jurisdicción esta potestad. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de método, se procede a la fijación de los actos reclamados, como está preceptuado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, con la finalidad de lograr congruencia entre lo pedido y lo que se resolverá, conforme al criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". De este modo, se establece que en el presente juicio los actos reclamados los constituyen a. La resolución de doce de febrero de dos mil veintiuno, dictada en los autos del toca número ****, mediante la cual confirmó la interlocutoria de nueve de octubre de dos mil veinte sobre regulación de pago de honorarios dentro del expediente ******************** que condenó a la parte quejosa al pago de determinada cantidad por concepto de honorarios del perito tercero en discordia. b. La ejecución de lo anterior Actos reclamados a las siguientes autoridades: 1. Magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato. 2. Juez Civil de Partido en Salvatierra, Guanajuato. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato (foja 98) y el juez Civil de Partido en Salvatierra, Guanajuato (foja 91), al rendir su respectivo informe justificado manifestaron que son ciertos los actos que se reclaman en esta instancia constitucional. Lo anterior con apoyo en la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo que además se corrobora con las constancias que remitieron las autoridades responsables, consistentes en copias certificadas del expediente número ******, así como el toca número *********; documentales a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Con el objeto de realizar el estudio del presente asunto, conviene primeramente relatar los antecedentes del acto reclamado, siendo los siguientes: 1. *******, madre de la menor de iniciales ********, por conducto de su apoderada legal ******, demandó en la vía ordinaria civil a ********, de quien reclamó, entre otras cosas, la devolución del inmueble ubicado en ******************** (fojas 1 a 8 del tomo de pruebas número I). 2. De dicha demanda conoció, por turno, el Juzgado Civil de Partido de Salvatierra, Guanajuato, quien por auto de doce de abril de dos mil diecinueve, la radicó bajo el número ********************, admitió la demanda y ordenó el emplazamiento de la parte demandada (fojas 32 a 34 ídem). 3. Abierto el periodo de prueba, la actora ofreció como probanza de su parte la pericial en materia topográfica, a cago del experto ****** y ******* (fojas 513 y 514 del tomo de pruebas número II). 4. Por auto de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, el juez responsable requirió a la promovente para que expresara qué perito es el que desahogará la prueba, debido a que solo puede nombrarse un experto para tal efecto (fojas 522 ídem). 5. Mediante escrito presentado el cinco de junio de dos mil diecinueve, la actora precisó que el experto **** es quien desahogaría la prueba (foja 531 ídem). 6. Por auto de seis de junio de dos mil diecinueve, el juez responsable admitió la prueba pericial citada y dio vista a la contra parte para que, en el término de tres días, nombrara un perito de su parte y adicionara el cuestionario (foja 533 ídem). 7. La parte demandada designó como perito de su parte a ***(foja 550 ídem), lo cual se acordó de conformidad el trece de junio de dos mil diecinueve (552 ídem). 8. Una vez rendidos los dictámenes de ambas partes, el juez responsable estimó que existen puntos contradictorios, por lo cual nombró, como perito tercero en discordia, a ******************** y se le requirió para que presentara sus honorarios (fojas 624 y 625 ídem). 9. Mediante escrito presentado el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, el citado experto aceptó y protestó el cargo conferido; además, precisó que sus honorarios ascienden a la cantidad de $18,000.00 (dieciocho mil pesos), con lo anterior, mediante auto de veintisiete de ese mes y año, se dio vista a las partes (fojas 631 a 633 ídem). 10. Por auto de veintinueve de octubre de dos mil diecinueve, el juez responsable tuvo por rendido el dictamen pericial del perito tercero en discordia y dio vista a las partes para que manifestaran lo que a su derecho conviniera (foja 670 ídem). 11. La parte actora objetó dicho dictamen (fojas 674 a 676 ídem), a lo que el juez responsable acordó que dicha objeción sería tomada en consideración al analizar el fondo del asunto (foja 677 ídem). 12. Mediante escrito presentado el veinticinco de junio de dos mil veinte, el perito tercero en discordia informó que la parte demandada ya cubrió la parte que le correspondía de los honorarios y solicitó se requiriera a la actora para que hiciera lo conducente (foja 698 ídem). 13. Por auto de veintiséis de junio de dos mil veinte, el juez responsable requirió a la promovente para que, en el término de tres días realizara el pago correspondiente, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se dictaría auto de ejecución en su contra (foja 699 ídem). 14. En contra de la anterior determinación, la actora interpuso recurso de revocación (fojas 700 a 703 ídem), el cual se admitió a trámite el tres de julio de dos mil veinte (foja 704 ídem). 15. Mediante resolución de catorce de julio de dos mil veinte (fojas 716 a 718 ídem), el juez responsable revocó el auto impugnado y requirió al perito tercero en discordia para que, por escrito, indicara el monto que debe cubrir la actora y darle vista con ello. 16. El siete de septiembre de dos mil veinte, el juez responsable dictó sentencia definitiva en el controvertido de origen (fojas 810 a 818 ídem). 17. Por escrito presentado el treinta y uno de agosto de dos mil veinte, el perito tercero en discordia promovió incidente de regulación de honorarios en contra de la ahora quejosa (fojas 815 y 816 ídem), incidencia que se admitió a trámite el uno de septiembre siguiente (foja 818 ídem). 18. Seguida la secuela incidental, el nueve de octubre de dos mil veinte (fojas 825 a 827 ídem), el juez responsable dictó resolución interlocutoria, en la que determinó lo siguiente: .PRIMERO.- Este Juzgado fue competente para conocer y resolver la presente incidencia. SEGUNDO.- Se condena a la parte actora **********, apoderada legal de **********, quien, a su vez, es madre y ejercita la patria potestad sobre la menor **********, al pago de la cantidad de $** moneda nacional), por concepto de honorarios del Contador Público **********, en su calidad de perito tercero en discordia, para lo cual se concede un plazo de cinco días hábiles para realizar su pago, con el apercibimiento que de no hacerlo se despachará embargo en su contra." 19. En contra de la anterior determinación, la parte actora interpuso recurso de apelación (fojas 834 a 845 ídem). 20. De dicha sala de impugnación conoció la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato, quien lo radicó bajo el número ********* y mediante resolución de doce de febrero de dos mil veintiuno confirmó la determinación de primer grado (fojas 33 a 46 del tomo de pruebas número V). Resolución que es el acto reclamado en la presente instancia constitucional. QUINTO. Estudio del fondo del asunto. En la especie, la parte quejosa formula un concepto de violación, dentro del cual combate dos temas, por lo que para su análisis y mejor comprensión se realizaran varios apartados. I. En una parte del único concepto de violación, la peticionaria del amparo aduce, de forma genérica, que la resolución reclamada es violatoria de sus derechos fundamentales debido a que carece de fundamentación y motivación. Argumento que es infundado, por lo siguiente: No asiste razón a la parte quejosa cuando refiere que la resolución reclamada vulnera sus derechos fundamentales reconocidos en el artículo 16 constitucional, por no estar fundada y motivada. Ello es así, pues el derecho de legalidad implícito en el párrafo primero del artículo 16 constitucional, condiciona a todo acto de autoridad, a que deba reunir entre otros requisitos los de fundamentación y motivación, esto es, que justifique la validez jurídica del acto de molestia que se provoca en la persona, familia, domicilio, papeles o posesiones del gobernado, además de que dicho acto debe ser emitido por autoridad competente. La fundamentación legal del acto de autoridad que origine la molestia permitida por el artículo 16 constitucional, debe basarse en una disposición normativa general, es decir, que esta prevea la situación concreta a la cual se dirige el acto de autoridad, es decir, que exista una ley que lo autorice. Así, la fundamentación legal de todo acto autoritario que cause al gobernado una molestia a algún derecho a que se refiere el artículo 16 constitucional, no es sino una consecuencia directa del principio de legalidad que consiste en que las autoridades solo pueden hacer lo que la ley les permite. Robustece lo anterior la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala lo siguiente: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." Por lo que ve a la motivación de la causa legal del procedimiento, significa que la autoridad está obligada a exponer las razones y causas para la emisión del acto de molestia que a su vez encuadren dentro del marco general correspondiente establecido por la ley. Entonces, motivar el acto de autoridad significa adecuar una norma jurídica legal o reglamentaria, al caso concreto donde vaya a operar, para lo cual, la autoridad responsable debe aducir los motivos que justifiquen la aplicación de la ley al caso concreto, esto es, deben manifestarse los hechos, circunstancias y causas que de manera objetiva encuadren dentro de los supuestos abstractos previstos normativamente. Expuesto lo anterior, debe señalarse que de la resolución reclamada (doce de febrero de dos mil veintiuno), se obtiene que sí se encuentra debidamente fundada y motivada, dado que ahí se calificaron de inoperantes e infundados los agravios planteados por la recurrente. Se explicó, que ciertos agravios son inoperantes porque no atacan con razonamientos lógicos jurídicos todas las consideraciones fácticas y jurídicas por las cuales el juzgador de primera instancia la condenó al pago de la cantidad de $6,759.20 (seis mil setecientos cincuenta y nueve pesos con veinte centavos) e incluso transcribió las partes de la sentencia que no combatió la recurrente. También, en la resolución reclamada se sostuvo que la sentencia interlocutoria sí esta fundada y motivada, debido a que ahí se citaron los numerales 162, 163, 367, 461 y 465 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Guanajuato y 32 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Poder Judicial del estado de Guanajuato. Aunado a que, ahí se expusieron los motivos de hecho que fueron considerados para la emisión de la resolución reclamada, los que encajan con la hipótesis normativa. Además, se precisó en dicha resolución que en la sentencia interlocutoria se determinó aplicar el arancel conforme al artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Poder Judicial del estado de Guanajuato, por lo que la carga de la prueba la tenía la demandada incidentista, la cual no cumplió. Asimismo, se señaló que el argumento relativo a que el perito no tiene derecho a recibir la cantidad determinada, debido a que se dejó de analizar todas las consideraciones y objeciones que hizo valer la actora es infundado, toda vez que si fueron estudiadas en la sentencia interlocutoria, pues este determinó que ese argumento es improcedente, ya que la materia del incidente únicamente es determinar los honorarios del perito conforme a las disposiciones arancelarias y las objeciones serán valoradas en el momento oportuno. Incluso en la resolución reclamada se puntualizó que esto último no fue recurrido en esa instancia. Aunado a lo anterior, se sostuvo en la resolución reclamada que en primera instancia sí se procuraron los derechos de la menor, toda vez que no se concedió la cantidad que solicitó el perito tercero en discordia, por el contrario, se realizó un estudio y en atención al artículo 32 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Poder Judicial del estado de Guanajuato se condenó al pago mínimo de Unidades de Medida y Actualización (UMA) respecto del peritaje. Por último, ahí se explicó que el principio del interés superior del menor no implica que en cualquier juicio se deben soslayar los presupuestos de procedencia, tanto formales como materiales, pues ello atentaría en contra de los principios de equidad procesal y seguridad jurídica. Lo que fundamentó en los artículos 1, 4 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 11, 12, 224, 225, 227, 236, 357, 358 y 361 del Código de Procedimientos Civiles para el estado de Guanajuato y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Así como en los siguientes criterios de rubros: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE SÓLO PROFUNDIZAN O ABUNDAN EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA.", "AGRAVIOS INOPERANTES", "AGRAVIOS. NO LO SON LAS AFIRMACIONES QUE NO RAZONAN CONTRA LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO QUE ATACAN", "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. VIOLACIÓN FORMAL Y MATERIAL" y "DERECHOS HUMANOS. EL DE ACCESO A LA JUSTICIA NO IMPLICA QUE EL JUZGADOR DE AMPARO DEBA SUBSANAR EL ERROR EN QUE INCURRAN LAS PARTES AL INTERPONER UN RECURSO IDÓNEO, AUN TRATÁNDOSE DE MENORES DE EDAD, ATENTO A LOS PRESUPUESTOS PROCESALES, FORMALES Y MATERIALES DE ADMISIBILIDAD Y DE PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS". En esas condiciones, es patente que la determinación reclamada por la solicitante de la tutela federal colma las exigencias del artículo 16 constitucional, en cuanto a que en él se establecen los motivos y fundamentos del proceder de la sala responsable. De ahí que, es infundada la parte del concepto de violación en estudio. II. En otra parte del único concepto de violación, la parte quejosa alega lo siguiente: Que el ahora tercero interesado presentó una liquidación, por lo que era su trabajo profesional. Que desde un inició presentó una y otra vez oposiciones, exhibió documentos en los que apoyó sus aseveraciones, reclamos y objeciones. Que el tercero sostuvo que no esta en funciones una instancia infantil y tampoco se vendían objetos de madera, lo cual es totalmente falso, como lo acreditó con sus documentales. Que dichas documentales no fueron analizadas en la resolución reclamada, por lo que se lesionan sus derechos fundamentales, así como los de la menor quejoso. Argumentos que son infundados, por las consideraciones siguientes: En principio, es necesario destacar que la congruencia se traduce en el estudio que el juzgador debe realizar sobre todas y cada una de las cuestiones propuestas por las partes, en estrecha correlación con las propias constancias de autos, de tal forma que la observancia a ese principio se ve reflejado en la resolución que emita la autoridad jurisdiccional del conocimiento, en la que absuelva o condene a la parte demandada, con base en la resolución de todos los puntos litigiosos que hubieran sido expuestos por los contendientes. En tal virtud, el principio de congruencia se encuentra relacionado con el diverso principio de exhaustividad, en el sentido de que las resoluciones deben dictarse en concordancia con la demanda y con la contestación formuladas por las partes, o bien, con los agravios expresados por la parte apelante, así como con la contestación a éstos (congruencia externa); asimismo, estriba en que la resolución judicial no contenga determinaciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí (congruencia interna). Sirve de apoyo a lo anterior, por las consideraciones que ahí expone la jurisprudencia 1a./J. 33/2005 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS. Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados. Lo anterior, guarda relación con lo dispuesto por el artículo 227 del Código de Procedimientos Civiles del estado de Guanajuato, el cual establece que en las sentencias que al efecto se dicten se resolverán todos los puntos sujetos a consideración del tribunal, lo que en el recurso de apelación o de denegada apelación significa que se resuelva o pronuncie sobre todos los agravios. En la especie, este juzgador advierte que la resolución reclamada, contrario a lo que expone la parte quejosa, sí es congruente y exhaustiva, pues los razonamientos que ahí se realizaron son el resultado del estudio y análisis de las constancias de autos y los agravios expuestos por la apelante -hoy quejosa- y con ello se resolvieron las cuestiones que oportunamente fueron sometidas a su consideración. En efecto, en el escrito de agravios, en lo que interesa, la recurrente hizo valer un argumento -muy similar- en los siguientes términos: Que obra un incidente de objeción respecto del supuesto dictamen pericial, pero no es ningún dictamen, sino que en él solo obran fotografías de dos inmuebles. Que se dejó de considerar la instrumental de actuaciones, pues ya hay una sentencia definitiva a su favor, hizo valer diversas objeciones, así como escritos a los que anexó fotografías, las cuales desmienten lo dicho por el perito. Que el perito no emitió un dictamen, sino que es una tomadura de pelo para el tribunal. Sobre tales argumentos en la resolución reclamada se sostuvo lo siguiente: Bajo esta misma línea de pensamiento, son INFUNDADOS los agravios que hace valer la disidente al señalar que el perito no realizó dictamen alguno y no tenía derecho a recibir la cantidad que la A quo determina así como que el juez primigenio dejo de analizar las consideraciones y objeciones y escritos aportados por parte de su representada y las fotografías exhibidas de que su contraria seguía explotando la estancia infantil así como el local de venta de objetos de madera que se encontraba a un lado de la estancia, lo que se traducía en un engaño y una burla al Juzgado, al autorizar que se pague al perito por un dictamen que no es dictamen y un trabajo que no es un trabajo, en ese sentido, esta Alzada establece que contrario a la aseveración de la recurrente, de la resolución apelada se advierte que el perito tercero si rindió en el juicio principal un dictamen pericial y que el Juez A quo si tomó en cuenta las consideraciones aportados por la parte disidente al resolver el incidente de regulación de pago de honorarios, sin embargo estableció que dichos argumentos eran improcedentes, porque, los honorarios del perito, tal como lo señalaba la Ley, fueron regulados conforme a las disposiciones arancelarias y a ello tenía derecho el perito al haber emitido su dictamen, con independencia de su valoración en el principal o en la objeción del mismo, situación que se reitera no fue combatida por la parte recurrente." Lo anterior pone de manifiesto, que la resolución reclamada cumplió con los principios de congruencia y exhaustividad. Es así, pues, contrario a lo que sostiene la parte quejosa, ahí se realizó un pronunciamiento de todas las cuestiones sometidas a su consideración, en particular de las documentales que refiere. En efecto, en la resolución reclamada se dio contestación a los agravios señalados, en particular, al relativo a la falta u omisión de analizar las objeciones y escritos presentados por la ahora quejosa. Además, se precisó que esas manifestaciones fueron analizadas y contestadas en primera instancia. Asimismo, ahí se precisó que todas las manifestaciones relativas a la objeción del peritaje y los escritos para desvirtuarlo son independientes del pago de los honorarios, debido a que, ahí se explico, la valoración del peritaje debe realizarse en los autos del juicio de origen, ya sea en el incidente respectivo o en la sentencia definitiva, pero ello no es obstáculo para que el perito tercero en discordia cobre sus honorarios. Incluso, se precisó que ese argumento no fue materia de impugnación en el recurso de apelación. Por tal motivo, contrario a lo señalado por la promovente del amparo, no se vulneraron los principios de congruencia y exhaustividad, pues la respuesta otorgada en la resolución reclamada no se centra solamente en que el juez de primera instancia sí valoró esas constancias -objeciones, escritos y fotografías- sino en el hecho de que era necesario diferenciar entre la valoración del dictamen y el pago de honorarios, el primero acontecerá en el juicio de origen o en el incidente de objeción presentado y tales circunstancias no son obstáculo para que el perito tercero en discordia tenga derecho a lo segundo. En ese sentido, la resolución reclamada cumplió con los principios de congruencia y exhaustividad, pues atendió a cada uno de los puntos expresados por la recurrente y los estudió de forma completa, así como las constancias que obran en los autos respectivos. Por lo anterior, es infundada la parte del concepto de violación en estudio, puesto que en la resolución reclamada se resolvió la cuestión planteada; por lo que no se vulneró el principio de congruencia. Máxime, que la quejosa no controvierte lo argumentado por la sala responsable en el sentido de que el perito sí rindió su dictamen, por lo cual tiene derecho al pago de sus honorarios, los cuales fueron regulados conforme a las disposiciones arancelarias, con independencia del valor que se emitiera al referido dictamen. En mérito de lo anterior, al ser infundado el concepto de violación; lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal. Sin que, en la especie, este órgano jurisdiccional advierta una violación a los derechos fundamentales de la parte quejosa que deba ser reparada oficiosamente o en suplencia de la queja deficiente. Negativa de amparo que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al juez Civil de Partido en Salvatierra, Guanajuato, ya que no se reclamaron por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: Único. La justicia federal no ampara ni protege a ******, por sí y en representación de la menor de iniciales ******, en contra de los actos que reclamó de la magistrada de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Guanajuato y del juez Civil de Partido en Salvatierra, Guanajuato, por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia."

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