Gloria Elena Orihuela Moya
Expediente 843/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 843/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 03/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Gloria Elena Orihuela Moya
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guarda el presente asunto, del que se advierte que transcurrió el término de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para la interposición del recurso de queja en contra del auto de trece de julio de dos mil veintitrés, dictado por este juzgado, por el que, se desechó la demanda de amparo, sin que hasta estos momentos la parte quejosa lo haya hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto ha causado estado. Previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese este expediente..., Hágase del conocimiento de las partes, que el presente expediente sólo permanecerá en el archivo primario de este juzgado, por el lapso de tres años, contado a partir de su fecha de archivo, y una vez transcurrido este plazo, este juzgado procederá a su destrucción..., Asimismo, hágase la anotación de las circunstancias anteriores en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo, para que dentro del término antes referido este juzgado proceda a su destrucción. Notifíquese.
- Principal
CITATORIO.- SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE FECHA TRECE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE EN LO CONDUCENTE DICE "Vista la demanda de amparo promovida por ********************por propio derecho, contra actos de la Primera Sala y Juez Sexagésimo Primero, ambos de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, por violación a las garantías consagradas en los artículos 1, 14, 16 y 17 constitucionales, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno como 843/2023-III. De la lectura de la demanda, se advierte que la misma resulta improcedente por actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción IV del artículo 107 del mismo ordenamiento legal, atento a las siguientes consideraciones. En el caso, se señala como acto reclamado la resolución de catorce de junio de dos mil veintitrés, dictada por la sala responsable en el toca ********************, que confirmó el auto de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, dictado por el Juez Sexagésimo Primero Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, en el juicio de origen ********************, en el que no se admitió a trámite el incidente de cancelación de adjudicación directa que planteó la peticionaria de amparo, en razón de que la resolución que aprobó tal adjudicación se encontraba firme al haber sido confirmada por la superioridad. Ahora bien, de la lectura de la demanda de garantías puede advertirse que el procedimiento de origen ******************** se encuentra radicado en el Juzgado Sexagésimo Primero Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, promovido por ********************en contra de la aquí quejosa; que seguido el mismo, el tres de mayo de dos mil diecinueve, se dictó sentencia definitiva, en la que se condenó a la demandada, aquí quejosa, a lo ahí señalado; que como lo manifiesta la quejosa, el cinco de abril y once de mayo, ambos de dos mil veintiuno, se dictó sentencia interlocutoria respecto al incidente de liquidación de intereses que hizo valer la actora; que el dieciocho de marzo de dos mil veintidós, se adjudicó de forma directa la propiedad del bien inmueble litigioso de la peticionaria de amparo a la actora; que en contra de dicha determinación la quejosa interpuso recurso de apelación, el cual fue resuelto por la ad quem y confirmó el auto apelado; posteriormente la quejosa interpuso incidente de cancelación de adjudicación directa, mismo que mediante auto de veintisiete de abril del año en curso, el juez de origen inadmitió por que la resolución que aprobó tal adjudicación se encontraba firme al haber sido confirmada por la superioridad; inconforme con dicha determinación, la quejosa interpuso recurso de apelación, el cual correspondió su conocimiento a la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, quien lo radicó bajo el toca ******************** y mediante resolución de catorce de junio del año en curso, confirmó el auto apelado; dicha resolución constituye el acto reclamado que hoy se estudia. En virtud de lo anterior, se advierte que la resolución de catorce de junio de dos mil veintitrés, señalada como acto reclamado no es la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, en términos de lo dispuesto por el artículo 107, fracción IV, último párrafo, de la Ley de Amparo, del cual se advierte que el legislador, en forma específica, determinó que la última resolución emitida en el procedimiento de remate es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o bien, la entrega de los bienes rematados; de ahí que procede el amparo indirecto hasta cuando alguno de ellos se actualice, esto es, una vez que se haya emitido alguna de estas órdenes, y será hasta entonces que el afectado podrá acudir al juicio biinstancial, haciendo valer las violaciones procesales cometidas en dicha etapa de ejecución; consecuentemente, resulta que lo que por esta vía combate no constituye la última resolución con que culmina esa etapa del procedimiento, dado que la última resolución en el procedimiento de referencia será aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación o en su caso, la entrega de los bienes rematados, en la que previo agotamiento del recurso otorgado por la legislación aplicable, en caso de que proceda, se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, la cual a su vez puede ser combatida mediante el juicio de amparo indirecto; de modo que al combatir una determinación diversa a la que ordena la desocupación del inmueble materia de la litis o la relativa al otorgamiento de escritura, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción IV, del artículo 107, del mismo ordenamiento legal. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 1a./J. 13/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, viernes 22 de abril de 2016, que a la letra dice: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE, ES LA QUE INDISTINTAMENTE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN, O BIEN ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES REMATADOS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De conformidad con el artículo 107, fracción IV, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede tratándose de actos emitidos en el procedimiento de remate, contra la última resolución dictada, entendida ésta como aquella que ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Disposición de la cual se advierte una problemática al incluir la conjunción copulativa "y" de la que se puede interpretar que es necesario dictar ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, de lo cual se advierte que, de ser así, dicha situación puede provocar un fenómeno contrario al derecho de acceso a la tutela judicial, pues si bien quizá se ordene la escrituración del inmueble en el procedimiento de remate, la autoridad responsable omita dictar la orden de entrega del bien adjudicado, lo que postergaría la fase de ejecución del juicio, afectando el derecho a la tutela judicial efectiva al obstaculizar la ejecución de una sentencia judicial y a su vez obstaculizando el acceso a la justicia constitucional. Es por ello que esta Primera Sala sostiene que el juzgador federal debe interpretar la norma en el sentido de que el juicio de amparo indirecto es procedente contra la última resolución del remate, la cual de forma indistinta la constituye la orden de entrega o escrituración del bien inmueble rematado. Esto es, la disposición debe leerse no con una conjunción copulativa que necesariamente obligue a considerar la emisión de ambas órdenes para actualizar la última resolución del remate, sino con una conjunción disyuntiva equivalente, en el sentido de que de forma indistinta ambas órdenes, escrituración y/o entrega del bien inmueble, son consecuencias connaturales del acto de adjudicación y, por tanto, basta que se emita una sola de ellas para considerar actualizada la última resolución del remate, pues así se satisface la razonabilidad subyacente de la norma que es acorde con el derecho de tutela judicial efectiva reconocido en los artículos 17 de la Constitución Federal y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en tanto el requisito establecido en el párrafo tercero, de la fracción IV, del artículo 107, de la Ley de Amparo, tiene como objeto evitar que los actos emitidos para lograr la ejecución de sentencias de procedimientos jurisdiccionales, sean obstaculizados indebidamente, en la lógica de que culminar la etapa de ejecución es imprescindible para lograr el goce íntegro del derecho a la tutela judicial." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 108/2010, del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXIII, enero de 2011, página 6, que expresa: "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. La fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo establece en principio una regla autónoma que permite la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia; lo cual opera incluso en materia de extinción de dominio, o bien, respecto de los remates, supuesto en el cual sólo puede reclamarse la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben. Por su parte, la fracción IV del mismo precepto prevé dicha procedencia en contra de actos dictados en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora bien, la amplitud de la norma contenida en la fracción IV arriba citada, da pauta para interpretar la fracción III también descrita, y no a la inversa, de modo tal que debe estimarse que cuando existan actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia que afecten de manera directa derechos sustantivos, ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción IV para admitir la procedencia del juicio de amparo indirecto." Ha de entenderse por última resolución, la que declara cumplida la ejecutoria, o bien, la que reconoce la imposibilidad jurídica y material de darle cumplimiento; por lo que esa será entonces, la resolución impugnable en amparo y no las que precedan, tendentes a hacer efectiva la sentencia definitiva. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 19/2001, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIV, julio de 2001, página 34, que expresa: "ARRENDAMIENTO INMOBILIARIO, PROCEDIMIENTO EJECUTIVO EN LOS JUICIOS DE. LA RESOLUCIÓN EN QUE SE APRUEBA O RECONOCE EL CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA SENTENCIA DEFINITIVA O LA QUE DECLARA LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA O MATERIAL PARA DARLE CUMPLIMIENTO CONSTITUYE LA ÚLTIMA QUE SE DICTA Y CONTRA LA CUAL PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO. El artículo 114, fracción III, párrafo segundo, de la Ley de Amparo exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la "última resolución" dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, en lo concerniente a la fase ejecutiva de los juicios de arrendamiento inmobiliario, la "última resolución" que se dicta y en contra de la cual procede la vía constitucional biinstancial, es aquella en la que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia definitiva, o la que declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Lo anterior es así, en virtud de que, por un lado, el procedimiento de ejecución obedece a la existencia de un fallo con rango de cosa juzgada y que, por ende, debe cumplimentarse atendiendo a su naturaleza de orden público y, por el otro, que si bien es cierto que en aras de ese cumplimiento, los Jueces del Arrendamiento Inmobiliario del conocimiento dictan resoluciones con ese propósito, como es el caso de las que ordenan al condenado entregar voluntariamente el bien objeto de controversia, concediéndole un término y apercibiéndole de que en caso contrario se procederá al lanzamiento forzoso, o bien, las que ante su negativa, mandan hacer efectivo dicho apercibimiento para obtener el cumplimiento material del fallo; también lo es que estos proveídos se encuentran supeditados a las resultas de la diligenciación material de lo ordenado, pues en el primer caso, depende de la voluntad del condenado y, en el segundo, de la posibilidad o no de lograr tanto la desocupación forzosa como la entrega del inmueble; situaciones estas, en torno a las cuales los tribunales de origen emitirán sus acuerdos conducentes a la luz del contenido de la resolución definitiva." Así las cosas, al dejarse establecido que el acto reclamado no se encuentra contemplado en alguna de las hipótesis que prevé el artículo 107 de la ley reglamentaria para la procedencia de la acción constitucional indirecta, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en concordancia con la fracción IV, del artículo 107 de la Ley de Amparo; razón por la cual en términos de lo dispuesto por el artículo 113 del ordenamiento legal en cita, se desecha de plano por notoriamente improcedente, la presente demanda de amparo. Se tiene a la promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda de amparo y por autorizados a los licenciados en derecho que menciona, en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, que a la fecha del dictado del presente acuerdo, tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito atento a lo dispuesto en el título Décimo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el tres de octubre de dos mil seis, y a las demás personas que indica para oír y recibir notificaciones, documentos e imponerse de los autos en términos del último supuesto del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo; a quien también de conformidad con la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite el uso de cámaras o lectores ópticos al consultar el expediente. Notifíquese personalmente a la quejosa".
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