Gloria Díaz Pérez

Expediente 1128/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1128/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
04/05/2021

Partes del expediente

  • Gloria Díaz Pérez

Actuaciones

  1. Principal

    En la Ciudad de México, a cuatro de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo para recurrir el proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, sin que se hubiese hecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98, párrafo primero de la Ley de Amparo, así como el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO EL AUTO QUE TIENE POR NO PRESENTADA LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso b) del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 2, del Manual referido, toda vez que se trata de un expediente en el que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    (RAZON ACTUARIAL) VISTO, POR NO COMPARECER A LAS INSTALACIONES QUE OCUPA ESTE JUZGADO A RECIBIR LA NOTIFICACION DEL PROVEIDO DE 25/03/2021, SE TIENE POR NOTIFICADA A LA QUEJOSA POR LISTA

  3. Principal

    En la Ciudad de México, uno de diciembre de dos mil veinte. Vista la demanda de cuenta suscrita por Gloria Díaz Pérez por propio derecho, contra actos de la Secretaría de Salud y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 1128/2020-II. Asimismo, con fundamento en el artículo 21 y 22 del "Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. Del estudio integral de la demanda de mérito que autoriza el artículo 114 de la Ley de Amparo, se aprecia que ésta contiene irregularidades que deben subsanarse por el promovente, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. En tales condiciones, con apoyo en los artículos 108 fracciones III, IV y V, y 114 fracciones I, II y IV de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, por escrito, a manera de antecedentes del acto reclamado y bajo protesta de decir verdad cumpla con lo siguiente: a) En principio, conviene precisar que del análisis integral de la demanda de amparo se tiene que la parte promovente señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes: De la digitalización que antecede, se advierte que la quejosa, le atribuye a todas las autoridades responsables la falta de cumplimiento a la Norma Oficial Mexicana NOM-234- SSA1-2003, sin especificar en qué consiste el incumplimiento que le atribuye a cada una, ya que en el caso, atendiendo a las facultades y atribuciones que tiene cada una, no es posible que todas hayan incurrido al mismo tiempo en el incumplimiento reclamado; máxime que las autoridades responsables no tendrían certeza respecto del acto que se les atribuye y, por ende, no estarían en aptitud legal de rendir su respectivo informe justificado, razón por la cual, se requiere a la promovente para que especifique el acto en concreto que le reclama a cada una de las autoridades señaladas como responsables, a través del cual incumplieron con la Norma Oficial Mexicana. Lo anterior, porque es obligación de la parte promovente precisar los actos reclamados y las autoridades responsables que emitieron cada uno de éstos, en razón de que sólo así se puede juzgar sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace, y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; apercibida que en caso omiso de su parte, se tendrá por no presentada la demanda. b) Por otra parte, de su capítulo de actos reclamados, se advierte que se duele de la falta de contestación a su petición, que refiere realizó hasta en cinco ocasiones ante la Dirección Normativa de Administración y Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, no obstante lo anterior, sin proporcionar mayores datos respecto de dicha solicitud; en consecuencia, a manera de antecedentes del acto reclamado, se requiere a la quejosa para que bajo protesta de decir verdad señale la fecha o fechas en que presentó su petición ante la Dirección Normativa de Administración y Finanzas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y exhiba el acuse de recepción de la misma. Apercibida que en caso de omisión, se dejará de tener como acto reclamado la falta de contestación a su petición. Lo anterior, a fin de que este Juzgado se allegue de mayores datos que le permitan apreciar con claridad el acto reclamado y tomando en consideración que es obligación de la parte promovente manifestar bajo protesta de decir verdad todos aquellos acontecimientos de carácter positivo o negativo ocurridos con antelación a los actos reclamados, y que por su estrecha relación resultan relevantes para conocer la verdad legal. Con el apercibimiento de que incurren en el DELITO que establece que el artículo 261 de la Ley de Amparo, que sanciona con pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días al quejoso, su abogado autorizado o a ambos, que con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, afirmen hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el acto reclamado. c) Por otra parte, toda vez que de su capítulo de antecedentes del acto reclamado se advierte que el día diez de noviembre de dos mil veinte, vía correo electrónico el Doctor Gustavo Castillo Rosales, le informó que su petición se turnó a las autoridades en el Instituto, así como que el Comité Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud en la Secretaría de Salud, ha establecido una serie de lineamientos con el objeto de salvaguardar la salud de los alumnos internos de pregrado haciendo énfasis que la condición de la solicitante del amparo es de alto riesgo con vulnerabilidad para complicación y muerte por COVID, derivado de sus comorbilidades, y por consiguiente, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a través de sus campos clínicos acata dichas disposiciones, y ofrece alternativas a alumnos internos de pregrado como la reubicación en unidades no COVID en acuerdo con las instituciones educativas. En consecuencia, se requiere a la parte quejosa para que de estimarlo pertinente manifieste si es su deseo señalar como acto reclamado la contestación contenida en el correo electrónico de diez de noviembre de dos mil veinte, y como autoridad responsable al Doctor Gustavo Castillo Rosales, en cuyo caso, deberá precisar la denominación correcta, actual y completa del cargo que ostenta dentro del Instituto de Salud. Apercibida que en caso de omisión, no se tendrá como acto reclamado y se tramitará el juico en los términos en que fue planteada en el escrito inicial de demanda. d) Deberá de exhibir original y seis copias de su escrito aclaratorio de demanda, para ser distribuidos de la siguiente manera: cinco para correr traslado a las autoridades responsables, y una para más el Fiscal Ejecutivo Titular adscrito a éste Juzgado Federal, debiendo exhibir una más por cada nueva autoridad que señale, con el apercibimiento que en caso de omisión, se harán efectivos los apercibimientos correspondientes. Importa destacar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley de Amparo, el requerimiento que antecede únicamente podrá ser desahogado por el promovente del amparo, y no así por las personas que éste autorice en términos del artículo 12 de la citada Ley, dada la responsabilidad penal que, de la protesta de decir verdad, pudiera derivarse. Sirve de apoyo a lo anterior, aplicada por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA. Se autoriza en términos de la primera parte del segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que tienen inscrita su cédula profesional en el registro correspondiente, y ténganse por autorizadas para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona. En términos del artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. Se hace de su conocimiento, que toda vez que no existe disposición legal que le prohíba a la parte quejosa o a sus autorizados utilizar el uso de medios electrónicos para la reproducción de las constancias que integran el presente asunto, desde este momento, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal invocado, se autoriza su uso en el presente sumario; previa razón que obre en autos de su utilización, así como de las fojas escaneadas o fotografiadas, en el entendido que la reproducción digital y uso de las constancias que se copien es bajo su más estricta responsabilidad. Por otra parte, en términos del artículo 22, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19"; se exhorta a la parte promovente; para que: 1) De estimarlo pertinente, transite al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea o bien, 2) Proponga formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Para lo anterior, deberá proporcionar el nombre de usuario o usuarios, que autorizan para la consulta del expediente electrónico, y solicitar de manera expresa que las notificaciones se le practiquen de manera electrónica, a través de alguno de los usuarios que indique. O bien, deberá especificar y proporcionar los datos necesarios, para entablar las comunicaciones no procesales; en el entendido de que éstas, quedarán sujetas a la autorización previa de este juzgado, tomando en consideración su idoneidad y pertinencia. Ahora bien, conforme a lo determinado en el Acuerdo General 11/2017, del cinco de septiembre de dos mil diecisiete, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se regulan los alcances de la protección del nombre de personas físicas o morales contenido en los distintos instrumentos jurisdiccionales, se determina que el presente asunto no guarda relación alguna con algún supuesto de información sensible, por lo que en la versión pública de este proveído y de los subsecuentes, así como en la lista de notificación respectiva, no deberá suprimirse el nombre de las partes. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, a fin de notificar las determinaciones que deban ser de carácter personal en el presente expediente, se habilitan días y horas inhábiles durante todo el procedimiento. Finalmente, se ordena practicar las notificaciones del presente asunto, de manera escalonada y en el turno que le corresponda, de conformidad con los lineamientos del citado Acuerdo 21/2020. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alonso Antonio Hernández Flores, con quien actúa y da fe. Doy fe.

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