Gloria Delia Cantu Gonzalez
Expediente 79/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 79/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 19/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- Gloria Delia Cantu Gonzalez
Actuaciones
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, DIECINUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese para que obre como corresponda el oficio procedente del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, mediante el cual comunica que ese órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovida por GLORIA DELIA CANTÚ GONZÁLEZ, el cual quedó bajo el registrado con el juicio de amparo 70/2018, de su índice. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Por lo anterior, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado].
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibida la demanda de amparo interpuesta por GLORIA DELIA CANTÚ GONZÁLEZ, nueve copias de la misma y anexos que acompaña, regístrese bajo el número 79/2018-2A, háganse las anotaciones en el libro de juzgado correspondiente. SE PLANTEA INCOMPETENCIA Ahora bien, la competencia legal es de orden público, por lo que no puede quedar sujeta a voluntad de las partes, ante lo cual, se procede a analizar si, en el caso, se surte la competencia legal de este juzgado, para conocer de la demanda de amparo en comento. Es aplicable al caso, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso." Por su parte el artículo 37 de la ley de amparo, previene: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de dicho precepto se obtienen distintas reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, entre las cuales, en lo que aquí interesa, se destaca que será Juez competente aquel que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Ahora, la quejosa en su escrito inicial de demanda reclama de las autoridades que señala como responsables Congreso del Estado de Baja California, Gobernador del Estado de Baja California y Director del Periódico Oficial del Estado de Baja California, la expedición, promulgación, sanción, vigencia, legalidad, publicación de la norma tildada de inconstitucional e inconvencional, publicada en el periódico oficial del Estado de Baja California de fecha 20 de diciembre de 1970, Tomo 77, relativa a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, a saber de los artículos: 1 fracción III, 10, 16 fracciones I y II, 25 fracción I y 129. Asimismo, del Director General del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California y Departamento de Nóminas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, la aplicación de los artículos antes indicados, lo que refiere la quejosa se traduce en un descuento del 6.25% del pago de su pensión por jubilación mensual que percibe, deducciones que señala se identifican como claves 53 servicios médicos, y 76 reserva técnica, respectivamente. Por otra parte, anexo a la demanda de amparo la parte quejosa exhibe originales de talones de cheque por pensión, expedidos por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipio de Baja California, con números 51436, 38898, 35495 y 31807, todos con la leyenda "Ensenada" de lo que se desprende que la parte quejosa percibe sus ingresos y se le aplican las deducciones que reclama en aquella ciudad; así como también, exhibe constancia expedida por el Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, con residencia en esta localidad, en la que se hace constar que prestó sus servicios en las categorías de Maestro de Adiestramiento e Inspector de Educación Primaria; pero causó baja el treinta de noviembre de dos mil nueve, por jubilación y pensión, calidad con la que promueve el presente juicio de amparo. Por lo anterior, se estima, que se actualiza la hipótesis contenida en el primer párrafo del numeral ya indicado, toda vez que el acto que se combate tiene ejecución material en la ciudad de Ensenada, Baja California. Esto es así, debido a que sin prejuzgar, en el supuesto que de concederse la protección constitucional solicitada por el amparista, el efecto sería que las autoridades responsables, ya no efectúen las deducciones reclamadas; por lo tanto, se estima se actualiza el supuesto previsto en el primer párrafo, del artículo 37, de la Ley de Amparo, ya referido, por lo que, resulta evidente que la competencia no se surte a favor de este Juzgado, sino de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. No pasa inadvertido para este Juzgador, que en el caso particular se señaló como autoridades responsables a Congreso del Estado de Baja California, Gobernador del Estado de Baja California, Director del Periódico Oficial del Estado de Baja California, Director General del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California y Departamento de Nóminas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con domicilios en esta ciudad; empero, dicha circunstancia no es obstáculo para declinar la competencia a aquél Juzgado Federal, toda vez que conforme a las reglas antes precisadas, la competencia se debe de fincar atendiendo al lugar donde tendrán ejecución los actos reclamados, sin importar que el domicilio de alguna de las autoridades responsables se encuentre dentro de la jurisdicción de otro Juez de Distrito. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 73, Volumen 217-228, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado." Lo que permite concluir que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California, carece de competencia legal para conocer del presente sumario constitucional, por razón de territorio, y por ende, se declina al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, en Turno, puesto que es dentro de la jurisdicción del citado Juzgado, donde tiene lugar la ejecución de los actos reclamados; por ello, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se procede a remitir la demanda original, así como nueve copias de la misma y sus anexos, al citado juzgado que se estima competente legalmente, por conducto de la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito de dicha ciudad, previo cuaderno de antecedentes que se deje en este Juzgado Federal; solicítese el acuse de recibo correspondiente, a efecto de proveer lo conducente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo, y por autorizada en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo a Dora Delia Mora Peña, así como únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a Juan José Real Torres, Jorge Eduardo García Imperial, Estefany León Acosta y Cinthia Domínguez Rivera. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal Federal, se ordena formar el expediente impreso y el electrónico, así como a digitalizar oportunamente y de manera legible las constancias del juicio que en el caso de exhiban de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo." ANOTACIONES EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFICACIÓN A LA PROMOVENTE Finalmente, sin que sea el caso realizar la notificación en términos de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, a la parte promovente, toda vez que dicha notificación le corresponde al Juez que en su caso le toque conocer del presente sumario. Sirve de apoyo a lo anterior, el contenido de la jurisprudencia registrada bajo el número 1002874, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja ochocientos noventa y siete, Tomo: II, Séptima Época, cuyo rubro dice: "RADICACIÓN DEL JUICIO EN OTRO JUZGADO, POR INCOMPETENCIA. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO." Notifíquese. Así lo acuerda y firma Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la Secretaria, Diana Reyes Amaya, quien autoriza y da fe.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Téngase por recibida la demanda de amparo interpuesta por GLORIA DELIA CANTÚ GONZÁLEZ, nueve copias de la misma y anexos que acompaña, regístrese bajo el número 79/2018-2A, háganse las anotaciones en el libro de juzgado correspondiente. SE PLANTEA INCOMPETENCIA Ahora bien, la competencia legal es de orden público, por lo que no puede quedar sujeta a voluntad de las partes, ante lo cual, se procede a analizar si, en el caso, se surte la competencia legal de este juzgado, para conocer de la demanda de amparo en comento. Es aplicable al caso, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, del rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso." Por su parte el artículo 37 de la ley de amparo, previene: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Del análisis de dicho precepto se obtienen distintas reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, entre las cuales, en lo que aquí interesa, se destaca que será Juez competente aquel que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Ahora, la quejosa en su escrito inicial de demanda reclama de las autoridades que señala como responsables Congreso del Estado de Baja California, Gobernador del Estado de Baja California y Director del Periódico Oficial del Estado de Baja California, la expedición, promulgación, sanción, vigencia, legalidad, publicación de la norma tildada de inconstitucional e inconvencional, publicada en el periódico oficial del Estado de Baja California de fecha 20 de diciembre de 1970, Tomo 77, relativa a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, a saber de los artículos: 1 fracción III, 10, 16 fracciones I y II, 25 fracción I y 129. Asimismo, del Director General del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California y Departamento de Nóminas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, la aplicación de los artículos antes indicados, lo que refiere la quejosa se traduce en un descuento del 6.25% del pago de su pensión por jubilación mensual que percibe, deducciones que señala se identifican como claves 53 servicios médicos, y 76 reserva técnica, respectivamente. Por otra parte, anexo a la demanda de amparo la parte quejosa exhibe originales de talones de cheque por pensión, expedidos por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipio de Baja California, con números 51436, 38898, 35495 y 31807, todos con la leyenda "Ensenada" de lo que se desprende que la parte quejosa percibe sus ingresos y se le aplican las deducciones que reclama en aquella ciudad; así como también, exhibe constancia expedida por el Director de Recursos Humanos de la Oficialía Mayor del Poder Ejecutivo del Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Baja California, con residencia en esta localidad, en la que se hace constar que prestó sus servicios en las categorías de Maestro de Adiestramiento e Inspector de Educación Primaria; pero causó baja el treinta de noviembre de dos mil nueve, por jubilación y pensión, calidad con la que promueve el presente juicio de amparo. Por lo anterior, se estima, que se actualiza la hipótesis contenida en el primer párrafo del numeral ya indicado, toda vez que el acto que se combate tiene ejecución material en la ciudad de Ensenada, Baja California. Esto es así, debido a que sin prejuzgar, en el supuesto que de concederse la protección constitucional solicitada por el amparista, el efecto sería que las autoridades responsables, ya no efectúen las deducciones reclamadas; por lo tanto, se estima se actualiza el supuesto previsto en el primer párrafo, del artículo 37, de la Ley de Amparo, ya referido, por lo que, resulta evidente que la competencia no se surte a favor de este Juzgado, sino de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. No pasa inadvertido para este Juzgador, que en el caso particular se señaló como autoridades responsables a Congreso del Estado de Baja California, Gobernador del Estado de Baja California, Director del Periódico Oficial del Estado de Baja California, Director General del instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California y Departamento de Nóminas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con domicilios en esta ciudad; empero, dicha circunstancia no es obstáculo para declinar la competencia a aquél Juzgado Federal, toda vez que conforme a las reglas antes precisadas, la competencia se debe de fincar atendiendo al lugar donde tendrán ejecución los actos reclamados, sin importar que el domicilio de alguna de las autoridades responsables se encuentre dentro de la jurisdicción de otro Juez de Distrito. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 73, Volumen 217-228, Tercera Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "COMPETENCIA. CORRESPONDE AL JUEZ DEL LUGAR DE EJECUCION DEL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE SE ENCUENTRE EN LA JURISDICCION DE OTRO JUEZ. Se debe fincar la competencia para conocer del negocio en el juzgado dentro de cuya jurisdicción se pretende ejecutar el acto que se reclama, sin que sea óbice para resolver así el hecho de que la autoridad responsable resida en territorio de otro Juez de Distrito, que pudiera inducir a estimar competente a éste, porque dicha responsable ejerce sus funciones en el lugar de ejecución del acto reclamado." Lo que permite concluir que este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, Baja California, carece de competencia legal para conocer del presente sumario constitucional, por razón de territorio, y por ende, se declina al Juzgado de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada, en Turno, puesto que es dentro de la jurisdicción del citado Juzgado, donde tiene lugar la ejecución de los actos reclamados; por ello, con fundamento en los artículos 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se procede a remitir la demanda original, así como nueve copias de la misma y sus anexos, al citado juzgado que se estima competente legalmente, por conducto de la Oficina de Correspondencia de los Juzgados de Distrito de dicha ciudad, previo cuaderno de antecedentes que se deje en este Juzgado Federal; solicítese el acuse de recibo correspondiente, a efecto de proveer lo conducente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo, y por autorizada en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo a Dora Delia Mora Peña, así como únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, a Juan José Real Torres, Jorge Eduardo García Imperial, Estefany León Acosta y Cinthia Domínguez Rivera. TRANSPARENCIA En estricto apego al Segundo Transitorio, párrafo segundo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su publicación, que establece que ".En tanto no se expidan las leyes generales en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados y archivo, permanecerá vigente la normatividad federal en la materia."; por consiguiente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8° y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el numeral 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la ley en cita, que establecen las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales, conforme al artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como, que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En acatamiento a lo dispuesto en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centro de Justicia Penal Federal, se ordena formar el expediente impreso y el electrónico, así como a digitalizar oportunamente y de manera legible las constancias del juicio que en el caso de exhiban de manera impresa y de la impresión de las que se presenten de forma electrónica en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes de conformidad con el artículo 3, de la Ley de Amparo." ANOTACIONES EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Hágase la anotación en el Libro Uno de Juzgado, así como la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFICACIÓN A LA PROMOVENTE Finalmente, sin que sea el caso realizar la notificación en términos de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, a la parte promovente, toda vez que dicha notificación le corresponde al Juez que en su caso le toque conocer del presente sumario. Sirve de apoyo a lo anterior, el contenido de la jurisprudencia registrada bajo el número 1002874, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja ochocientos noventa y siete, Tomo: II, Séptima Época, cuyo rubro dice: "RADICACIÓN DEL JUICIO EN OTRO JUZGADO, POR INCOMPETENCIA. DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE. REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO." Notifíquese. Así lo acuerda y firma Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la Secretaria, Diana Reyes Amaya, quien autoriza y da fe.
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