Gloria del Carmen Pérez Meza

Expediente 1750/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 1 actuación registrada, la última del 23 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1750/2019
Año
2019
Actuaciones
1
Última actuación
23/12/2019

Partes del expediente

  • Gloria del Carmen Pérez Meza

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. REGISTRO Vista; la demanda de amparo promovida por +++, por su propio derecho. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número +++, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Antes de proveer sobre la admisión de la demanda debemos tomar en consideración que el artículo 113, de la Ley de la Materia, impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Cobra aplicación la tesis del texto y rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. ... La tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa combate: El auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve, emitido por el Juez del Ramo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Comitán, Chiapas, dentro de la causa penal +++, mediante el cual negó dar trámite al recurso de apelación contra el auto de veintiséis de noviembre del presente año. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. Así como la tesis aislada sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. ... De lo anterior se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de amparo, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior hagan inejercitable la acción de amparo, tomando en consideración que los adjetivos "manifiesto", significa, claro, evidente "indubitable", significa, cierto, seguro, que no puede dudarse. A manera de preámbulo, conviene dejar asentado que dentro del conjunto de principios fundamentales que rigen nuestro medio de control constitucional, existe el denominado principio de definitividad consagrado en las fracciones III, incisos a) y b) y IV, del artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, revistiéndolo, por ende, de todas aquellas modalidades jurídicas inherentes a la naturaleza de un precepto de la Ley Fundamental, como son principalmente, la supremacía respecto de las leyes secundarias y la rigidez frente a la actuación del Poder Legislativo ordinario. De esta suerte, el principio de definitividad del juicio de amparo se incorporó al texto constitucional como parte integrante del articulado de la Ley Suprema, lo que hace que la legislación secundaria, no pueda vulnerarlo, circunstancia que implica una mayor estabilidad y solidez jurídica para nuestra noble institución controladora constituida en el juicio de amparo. Bajo ese contexto, cabe resaltar que el principio de definitividad del juicio de amparo supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal manera que existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que sea interpuesto por el quejoso, el amparo es improcedente. El principio en comento se fundamenta en la naturaleza misma del amparo, ya que éste es un medio extraordinario, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia, lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos ordinarios. Por consiguiente, si existiera la posibilidad de entablar simultáneamente o potestativamente un recurso ordinario y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad, con evidencia se desnaturalizaría el segundo, al considerarlo como un medio común de defensa, toda vez que si el amparo es el arma jurídica suprema de que dispone la persona para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado, si su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, es lógico que, antes de intentarlo, se deduzcan por los interesados todos aquellos medios comunes u ordinarios de impugnación del acto reclamado que sólo se ataca directamente, en su origen, en sí mismo, por nuestra institución controladora, cuando la legislación que lo norma no brinda al afectado ningún medio legal de reparación, o cuando explícitamente la ley disponga una excepción a dicho principio, como puede ser la hipótesis contemplada en la fracción VII, del artículo 107, de nuestra Carta Magna, o bien que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22, constitucional. La ilustración jurídica doctrinal expuesta con antelación, encuadra en el caso a estudio, toda vez que este órgano jurisdiccional federal estima que el juicio de amparo indirecto deviene improcedente en virtud de que se pone de manifiesto que el promovente de la acción constitucional no agotó el medio ordinario previsto en la ley que sirvió de fundamento para el dictado del acto reclamado; reiterándose que el citado juicio resulta improcedente, en atención a lo estatuido en la fracción XVIII, del citado artículo 61, de la Ley de Amparo, por los motivos siguientes. Los elementos que integran la causa de improcedencia de referencia son: a).- Que el acto reclamado sea resolución proveniente de un tribunal judicial; b).- Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c).- Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que se emitió la actuación reclamada; y d).- Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada. Ahora bien, de la lectura que se hace al escrito de demanda, se advierte que el acto que esencialmente reclama el quejoso por esta vía constitucional, se hace consistir en el auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve, mediante el cual negó dar trámite al recurso de apelación contra el auto de veintiséis de noviembre del presente año, emitido por el Juez del Ramo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Comitán, Chiapas, dentro de la causa penal ++. En efecto, de una interpretación sistemática del artículo 403, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chiapas, se llega a la conclusión que ese acuerdo es impugnable mediante el recurso de denegada apelación. En ese sentido, se actualiza la causal de improcedencia citada, toda vez que, el acto reclamado se hace consistir en el auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve, mediante el cual se negó dar trámite al recurso de apelación contra el auto de veintiséis de noviembre del presente año, emitido por el Juez del Ramo Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Comitán, Chiapas, dentro de la causa penal +++, por lo que se trata de un acuerdo contra el cual procede el recurso de denegada apelación. De ahí que en el caso, se advierte que era procedente agotar el recurso de denegada apelación, en aras de que el superior del órgano jurisdiccional responsable estuviera en posibilidad de analizarlo. Asimismo, al caso sirve de apoyo, la jurisprudencia XX.14 P, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, con el rubro y texto siguientes: AUTO QUE NIEGA LA ADMISION DEL RECURSO DE APELACION. PROCEDE EL RECURSO DE DENEGADA APELACION CONTRA EL. (LEGISLACION DEL ESTADO DE CHIAPAS). ... Máxime, si el impetrante de la protección federal no se encuentra en alguno de los supuestos de excepción contemplados en los incisos a), b) y c), de la fracción XVIII, del artículo 61, de la ley de la materia. Se invoca, por su contenido jurídico substancial, el criterio de rubro y texto: RECURSOS ORDINARIOS, OBLIGATORIEDAD DE AGOTAMIENTO. ... DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Por lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, el juicio de garantías reclamado por esta vía resulta notoriamente improcedente, y por tanto, con apoyo en el artículo 113, del citado ordenamiento legal, SE DESECHA de plano la demanda de amparo. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. ... Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Con apoyo en el artículo 108, fracción I, de la ley de la materia, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se menciona en el proemio de la demanda. Como autorizados en términos amplios del artículo 12, de la Ley de Amparo, a ++++ y ´++++. Y como autorizados en términos de la parte in fine del referido artículo 12, con relación al numeral 24, de la Ley de Amparo, a ++++++++ por así haberlo solicitado SOLICITUD DE MEDIOS MAGNETICOS De igual forma, se autoriza el uso de los medios electrónicos que menciona para los fines que solicita, previa razón que obre en autos, con la salvedad de que se le hace saber que de efectuar alguna modificación o circunstancia diversa en relación a la documentación que se le proporcione se le fincará responsabilidad, en términos de la legislación penal federal. Por el sentido jurídico que la orienta tiene aplicación la Tesis cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos ... TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable; los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, y aquella que presenten los particulares a los sujetos obligados, siempre que tengan el derecho a ello, conforme con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales, será considerada como información confidencial, la que no estará sujeta a temporalidad alguna y solo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello; por tanto, no será objeto de publicación. Por lo que para que este órgano jurisdiccional, en calidad de sujeto obligado, pueda permitir el acceso a dicha información particular clasificada, se deberá requerir el consentimiento de los particulares titulares de la misma; salvo las excepciones que para tal efecto prevé el diverso numeral 117, de la citada ley, o pueda ser elaborada una versión pública. Por tanto, para efectos de la publicación del expediente electrónico, se ordena al secretario que elabore en versión pública los acuerdos y resoluciones emitidos en el presente juicio, y la publique a través del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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