Gloria Concepción Velasco Maldonado
Expediente 762/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 762/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/05/2023
Partes del expediente
- Gloria Concepción Velasco Maldonado
Actuaciones
- Principal
Zapopan, Jalisco, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Se realiza pronunciamiento en relación con el cumplimiento. Se procede a calificar la conducta asumida por la responsable para lograr su debido acatamiento, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, y es obligación de los tribunales pronunciarse sobre el mismo, con fundamento en los artículos 196 y 214 de la Ley de Amparo. Efectos de la sentencia ejecutoria. De autos se advierte que en sentencia dictada el cuatro de enero de dos mil veintitrés, este juzgado de distrito concedió el amparo a la aquí parte quejosa, en los siguientes términos: "SEXTO. Efectos de la concesión. De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, se precisa que el amparo y protección de la Justicia Federal otorgado a la quejosa, es para el efecto de que: De inmediato la Cuarta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Jalisco, a fin de tutelar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 Constitucional remita oficio al Titular y al Director de Servicios Periciales, ambos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses del Estado de Jalisco por los que se solicite la designación de un perito caligráfico que funja como perito del quejoso dentro de la prueba pericial caligráfica que ofertó en el juicio laboral ********************. Concesión del amparo que se hace extensiva a las autoridades ejecutoras Titular de Servicios Periciales y al Director de Servicios Periciales, ambos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses del Estado de Jalisco para que atiendan y den cumplimiento al oficio que les remita la junta ordenadora, en cumplimiento a la presente resolución o, en su caso manifiesten la imposibilidad que tienen para tal efecto." Actos realizados por la autoridad responsable respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Mediante oficio signado por el Presidente Auxiliar de la Cuarta Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, en cumplimiento con la ejecutoria de amparo, remitió copia certificada de la audiencia de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral ********************, relativa al desahogo de la prueba pericial en grafoscopía y documentoscopía admitida a la parte actora. En donde se advierte que comparecieron representantes de las partes actora y demandada, así como la perita nombrada por el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. En dicha audiencia, la junta responsable tuvo por hechas las manifestaciones de la parte actora en relación a la prueba pericial y determinó que después de analizar el expediente de origen advirtió que no se observaba el ofrecimiento de dicha probanza, por lo que ordenó continuar el procedimiento de origen en la etapa correspondiente. Con lo cual, en auto de veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, se ordenó dar vista a la parte quejosa, con fundamento en lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, a fin de que manifestara lo que a su derecho conviniera, sin que hubiere realizado manifestación alguna, como se aprecia en la certificación de cuenta. Constancias, que de conformidad con los artículos 129 y 197 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo dispone su artículo 2°, quien ahora resuelve, en uso de la facultad otorgada para la justipreciación de pruebas, considera que tiene valor probatorio pleno, dado su carácter de documentos públicos, expedidos por autoridad en ejercicio legal de sus funciones y con motivo de ellas, que contiene la existencia regular de membretes, sellos y firmas que así lo demuestran. Pronunciamiento sobre el cumplimiento al fallo protector. Precisado lo anterior, se advierte que la junta responsable cumplió con los efectos de la ejecutoria de amparo, en razón de que, dentro del procedimiento laboral de origen, remitió el oficio al Titular y al Director de Servicios Periciales, ambos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses del Estado de Jalisco por el que solicitó la designación de un perito caligráfico que pudiera fungir como perito del quejoso dentro de la prueba pericial caligráfica que ofertó en el juicio laboral ********************, circunstancia que quedó demostrada con el acta de la audiencia celebrada el veintidós de marzo de dos mil veintitrés en la que se hizo presente la perito designada por las autoridades ejecutoras. Luego, respecto al efecto consistente en que las responsables ejecutoras Titular de Servicios Periciales y Director de Servicios Periciales, ambos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses del Estado de Jalisco designen un perito para el desahogó de la prueba pericial ofrecida en el expediente de origen, también debe considerarse cumplida la ejecutoria de amparo, merced de que presentaron y designaron a una profesionista para que cumpliera con lo peticionado, empero, de la lectura de la audiencia respectiva se aprecia que tuvo imposibilidad de aceptar el cargo, merced de la inexistencia de la prueba pericial en el juicio génesis, por lo que la junta responsable ordenó continuar con el procedimiento en la etapa procesal correspondiente. En tales condiciones, se concluye que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Se ordena hacer del conocimiento de la parte quejosa el presente proveído, para los efectos de los artículos 201, fracción I y 202 de la ley en cita. Anotaciones y orden de archivo. En ese contexto, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, el expediente será susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b de la fracción I del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que únicamente deberá conservarse la demanda, las resoluciones recurridas, la sentencia respectiva, el proveído en el que se ordena el archivo como asunto concluido y las demás constancias que se consideren necesarias. Relevancia documental. Del análisis del presente expediente se advierte que este asunto no entra en ningún supuesto previsto por el artículo Décimo Quinto del referido Acuerdo, atento a lo precisado en el manual para la organización de los archivos judiciales y resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por ende, no se considera de relevancia documental. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron su oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
SENTENCIA... CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia administrativa y que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, residente en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda de amparo y su ampliación se advierte que lo es: 1.- Subdirector de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: La omisión de acordar la solicitud de doce de mayo de dos mil veintidós. 2. Jefa de Servicios de Asignación de Derechos de la Subdirección de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado: La omisión de dar respuesta a la petición de realizada por la quejosa y que la autoridad responsable conoció mediante oficio 120.121/SAVD/JSIVD/DA/1717/2022. 3.- Subjefe de Afiliación y Vigencia de Derechos de la Jefatura de Afiliación y Prestaciones Económicas de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La omisión de entregar el oficio 14.5.3/1390/2022 de veinticinco de mayo de dos mil veintidós. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Subjefe de Afiliación y Vigencia de Derechos de la Jefatura de Afiliación y Prestaciones Económicas de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por conducto del Subjefe de la Unidad Jurídica, refirió ser cierta la omisión de entregar el oficio 14.5.3/1390/2022 de veinticinco de mayo de dos mil veintidós; sin embargo, aclaró que la parte quejosa tiene el derecho de solicitar copia del referido oficio por los medios proporcionados por el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información. Lo que genera que se actualice una causa de sobreseimiento. En efecto, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo -en lo conducente- dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.]" Tal precepto, establece que en el supuesto de que no llegaran a existir los actos reclamados, sin que se probare su existencia en la audiencia constitucional respectiva, procede el sobreseimiento en el juicio de amparo. En apoyo se cita la jurisprudencia de rubro: "ACTO RECLAMADO, LA CARGA DE LA PRUEBA DEL. CORRESPONDE AL QUEJOSO." Lo anterior es así, en virtud de que la parte quejosa no acreditó con documento alguno que haya presentado el ocurso de cuya omisión se duele ante la autoridad responsable mencionada. En el caso, la parte quejosa se duele que la autoridad responsable Subjefe de Afiliación y Vigencia de Derechos de la Jefatura de Afiliación y Prestaciones Económicas de la Subdelegación de Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es omiso en entregar el oficio 14.5.3/1390/2022. Y, si bien es cierto que tratándose de actos negativos atribuidos a una autoridad, no es dable arrojar al impetrante la carga de la conducta omisiva de aquélla; también es cierto que, cuando se reclama una violación a los derechos fundamentales tutelados por el artículo 8° constitucional (como en el caso acontece) la parte quejosa tiene la carga de la prueba a fin de acreditar que presentó ante la autoridad a quien le atribuye dicha violación el ocurso que refiere no le ha sido acordado. Lo anterior es así, tomando en consideración que para que pudiera configurarse una violación a dicho derecho es requisito sine qua non el que se acredite por parte del supuesto afectado, el hecho de que la petición formulada hubiese sido recibida efectivamente por la autoridad a quien se dirigió, ya que de otra manera resultaría jurídicamente imposible exigirle a ésta que diera respuesta a una solicitud que pudiera no obrar en su poder. Orienta lo anterior, la tesis de rubro: "PETICION. REQUISITOS QUE SE DEBEN ACREDITAR CUANDO SE RECLAMAN VIOLACIONES AL DERECHO DE." Así como la diversa: "PETICION, DERECHO DE. PARA QUE PUEDA CONFIGURARSE UNA VIOLACION A ESA GARANTIA, RESULTA INDISPENSABLE ACREDITAR LA RECEPCION DEL DOCUMENTO QUE CONTIENE LA SOLICITUD, POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE." Con base en lo anterior, debe decirse que correspondía a la agraviada acreditar que elevó a la responsable en comento la solicitud que refiere, lo cual en la especie no demostró, pues no exhibió el acuse respectivo de su petición, ya que del escrito que acompañó a su demanda únicamente se aprecia que solicitó se realicen los trámites para la entrega a su favor de la subcuenta de retiro, cesantía y vejez y aportaciones voluntarias de su difunto esposo, pero no la entrega del oficio 14.5.3/1390/2022. Por tanto, lo conducente es sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Existencia del acto reclamado. Por otro lado, la Subdirectora de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, negó la existencia del acto reclamado sobre la base de que ya había emitido un pronunciamiento al respecto, lo cierto es que de las constancias que acompañó a dicho informe se aprecia que dicha respuesta fue con fecha posterior a la presentación de la demanda y, por ende, la certeza en la omisión reprochada a dicha autoridad responsable. La omisión de acordar la solicitud de doce de mayo de dos mil veintidós. Resulta aplicable la tesis de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Por otra parte, se presume cierto el acto atribuido a la Jefa de Servicios de Asignación de Derechos de la Subdirección de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ya que fue omisa en rendir su informe justificado, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. QUINTO. Análisis de la procedencia del juicio. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por la promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no. En ese orden, se aprecia que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado a la Subdirectora de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. El segmento normativo invocado prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando los efectos del acto reclamado hayan cesado. Sobre el tema se cita la jurisprudencia 2a./J. 59/992,: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." Del criterio jurisprudencial en cita se obtiene que los efectos de un acto reclamado cesan cuando la autoridad responsable lo deroga o lo revoca y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca, o también cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto constituye una situación jurídica que destruye de manera definitiva la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. En ese contexto, la cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del inconforme al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva del acto de autoridad, sino la desaparición total de sus efectos que puede verse acompañada o no de la insubsistencia del acto, ya que es patente que la razón que justifica la aludida improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos ni los surtirá y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del quejoso que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la citada improcedencia se encuentra orientada por la imposibilidad de materializar el fin que justifica la existencia y la importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la legislación de la materia, es decir, la restitución al accionante del amparo en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir lo que ese derecho exija. Por lo tanto, acorde con la teleología que se desprende del arábigo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, la interpretación relacionada de lo dispuesto por los cardinales 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, conduce a la convicción de que la hipótesis de improcedencia invocada se actualiza cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular o, habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí huella alguna. En la especie, del informe justificado obrante en autos, se observa que la omisión de atender el escrito de doce de mayo de dos mil veintidós cesó en sus efectos, toda vez que con posterioridad a la presentación del escrito de demanda, se hizo de conocimiento del justiciable (vía tramitación de este biinstancial) el contenido del oficio 120.121/SAVD/5243/2022 de treinta de septiembre de dos mil veintidós, que da respuesta al escrito y se le hace del conocimiento que su petición fue enviada a la Jefatura de Servicios de Asignación de Derechos adscrita a la Subdirección de Pensiones, autoridad, respecto del cual la propia parte quejosa amplió su libelo de amparo. Todo lo cual permite colegir, que los efectos de la omisión combatida han cesado, dado que la autoridad responsable pronunció el oficio relativo a dicha petición, volviendo así las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada, como si se hubiera otorgado el amparo solicitado; es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del disidente. Es así, porque la conducta omisiva ejercida por la aludida autoridad que motivó la promoción del juicio de amparo cesó al haberse pronunciado el oficio relativo, particularmente el treinta de septiembre de dos mil veintidós. Desde esa perspectiva, si en este controvertido de derechos fundamentales está demostrado que ya fue atendido el escrito que motivó la promoción del juicio, es incuestionable que las consecuencias jurídicas de la conducta omisiva que nos ocupa, atribuida a la responsable, han cesado, ya que con su actuar se destruyeron sus efectos de manera inmediata, absoluta e incondicional, es decir, se eliminó de manera total, completa, definitiva y permanente el resultado que producía esa omisión, lo que propició que se restablecieran las cosas al estado en el que se encontraban antes de la promoción del juicio de amparo y, en esa medida, repuso al solicitante del amparo en el derecho fundamental violado. Consecuentemente, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia establecida por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que conduce a sobreseer en el presente juicio constitucional tocante a la omisión de atender el escrito de doce de mayo de dos mil veintidós, en términos de lo dispuesto por el numeral 63, fracción V, de la propia legislación. SEXTO. Estudio de fondo. Es innecesario transcribir los motivos de inconformidad formulados por la parte quejosa, pues no existe disposición que obligue a ello, ya que lo importante es que no se dejen de analizar en su integridad. La parte quejosa sostiene que, en el caso, la autoridad responsable Jefa de Servicios de Asignación de Derechos de la Subdirección de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, es omisa en dar respuesta a la petición de realizada por la quejosa y que la autoridad responsable conoció mediante oficio 120.121/SAVD/JSIVD/DA/1717/2022. Es fundado el único concepto de violación que la parte quejosa hace valer en la demanda, pues el acto reclamado viola en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 8 de la Constitución Federal, el cual se transcribirá a continuación. "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario.". El precepto trascrito reconoce el derecho fundamental conocido como de petición, consistente en que a todo escrito que se eleve de manera pacífica y respetuosa deberá recaer un acuerdo o contestación por escrito y darse a conocer al interesado en un breve término. De la trascripción del artículo 8° de la Constitución Federal, se advierte que los funcionarios y los empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa. Asimismo, para se cumpla a cabalidad dicha disposición constitucional, las autoridades deben proceder de la siguiente forma: Que a la petición formulada recaiga un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido; Que se dé a conocer tal respuesta en breve término al peticionario; y, Que la contestación sea congruente con lo solicitado. Es aplicable a lo anterior la jurisprudencia VI.1o.A. J/54, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, de rubro siguiente: "PETICIÓN. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL SE CONFORMA DE DIVERSAS SUBGARANTÍAS QUE LE DAN CONTENIDO, Y QUE DEBEN CONSIDERASE POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A DICHO DERECHO." Ahora, como se adelantó, el acto reclamado en esta instancia es la omisión de dar respuesta a la petición de realizada por la quejosa y que la autoridad responsable conoció mediante oficio 120.121/SAVD/JSIVD/DA/1717/2022. Sobre esa base, la violación al dispositivo constitucional de mérito se afirma, en virtud de que la responsable ha omitido acordar la solicitud presentada por la quejosa el doce de mayo de dos mil veintidós, respecto de realizar los trámites para la entrega a favor de la quejosa de la subcuenta de retiro, cesantía y vejez; así como de las aportaciones voluntarias de su difunto esposo Héctor Martínez Madrigal; petición que le fue remitida a través del oficio 120.121/SAVD/JSIVD/DA/1717/2022, de treinta de septiembre de dos mil veintidós y recibido el veintidós de noviembre del mismo año. Lo anterior se afirma porque si bien el constituyente, en la redacción del artículo 8° constitucional, únicamente dispuso que las autoridades administrativas deben dar respuesta a las solicitudes que se les formulen de la manera ya referidas en breve término, es decir, un plazo genérico, tal concepto debe entenderse como un periodo racional y justificado para estudiar y atender lo peticionado. De tal manera, que si desde el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, la autoridad responsable recibió la petición que le fue remitida a través del oficio 120.121/SAVD/JSIVD/DA/1717/2022 y a la fecha en que se dicta la presente sentencia han transcurrido más de cuatro meses, es indudable que vulneró el derecho humano de la parte quejosa consagrado en el numeral 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es aplicable la tesis XVII.2o.P.A.1 CS, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, de rubro y texto: "DERECHO DE PETICIÓN. CONCEPTO DE "BREVE TÉRMINO" PARA EFECTOS DE LA RESPUESTA QUE DEBE DARSE AL PARTICULAR QUE LO EJERCIÓ." Así, ante lo fundado del concepto de violación en estudio, se concede el amparo solicitado. No pasa desapercibido para esta juzgadora los alegatos expuestos por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, sin embargo, resulta inocuo ocuparse de ello. A lo anterior, es aplicable la jurisprudencia: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. Con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a Fernando Zárate Gutiérrez, para que la autoridad responsable: De inmediato atienda por escrito la petición presentada por la quejosa el doce de mayo de dos mil veintidós, le fue remitida a través del oficio 120.121/SAVD/JSIVD/DA/1717/2022. En el entendido de que la respuesta de la cual se trata deberá ser congruente con la petición formulada, o, en su caso, manifieste la imposibilidad que tenga para ello. Por lo expuesto y con fundamento, además, en los artículos 74, 75, 76 y 77, de la Ley de Amparo, se resuelve: SE RESUELVE: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ----, por los razonamientos jurídicos precisados en el tercer y quinto considerandos de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ------, respecto del acto reclamado a la Jefa de Servicios de Asignación de Derechos de la Subdirección de Pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por las determinaciones tomadas en el considerando sexto y para los efectos fijados en el considerando último de esta resolución.
- Principal
Zapopan, Jalisco, tres de abril de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria. De la certificación que antecede se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 86 en relación con los diversos 81, fracción I, inciso e) y 84, todos de Ley de Amparo, para que las partes se inconformaran con la sentencia dictada en este asunto, en la que se concedió el amparo, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Requerimiento del cumplimiento de la ejecutoria de amparo y su respectivo apercibimiento en caso de desacato. En tal virtud, se requiere a la autoridad responsable Décimo Séptima Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, para que dentro del plazo de TRES DÍAS legalmente computados, cumpla con el fallo protector y remita las constancias que así lo justifiquen, o bien, informe las gestiones que se encuentra realizando para tal fin, a efecto de calificar el cumplimiento a la sentencia de amparo. Sin necesidad de conminar, en términos del 194 de la ley de la materia, requerir por conducto del superior jerárquico, toda vez y, atendiendo su génesis legal, no cuentan con uno. Tiene aplicación al caso que nos ocupa, el siguiente criterio jurisprudencial que establece: "JUNTAS Y TRIBUNALES LABORALES. NO TIENEN SUPERIOR JERÁRQUICO PARA EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO." Apercibida que, no cumplir con lo anterior en el término concedido para tal efecto, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, se le impondrá a la omisa una MULTA equivalente al valor de CIEN Unidades de Medida y Actualización a la data en que se le haga efectiva dicha sanción. Del mismo modo, en caso de que sea omisa en acatar con la ejecutoria de mérito, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostentan y serán puestos a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
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