Gloria Chavez Rosales
Expediente 817/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 817/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/09/2020
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Gloria Chavez Rosales
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México, a veinticuatro de septiembre de dos mil veinte. Vista la constancia que antecede y del estado procesal de los autos se advierte que ha fenecido el plazo de tres días otorgado a la parte quejosa, para desahogar la vista formulada el catorce de agosto de dos mil veinte, sin que hubiere acontecido, por lo que se procede a resolver con las constancias que obran en autos. Ahora bien, cabe traer a cuenta que el Decimoséptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en la resolución dictada en la sesión celebrada de cinco de marzo de dos mil veinte, en el R.A 456/2019 modificó la sentencia dictada en el presente juicio y resolvió conceder el AMPARO y protección de la Justicia Federal, para los siguientes efectos: .De tal suerte que debe modificarse la sentencia recurrida y por ende precisar que los efectos del amparo debe ser para que la autoridad Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, dé cumplimiento a la ejecutoria dictada el veintiuno de junio de dos mil dieciséis en el juicio de nulidad 414415-17-03-8 por la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en los términos precisados en dicha resolución de nulidad. En ese orden, por oficio 8492 registrado en libro de correspondencia de ese jugado federal, y previo requerimiento, se tuvo por recibido el oficio signado por la Delegada del Director Normativo de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por medio del cual, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de diecisiete de marzo de este año, exhibió copia certificada de las siguientes constancias: Cédula de notificación de siete de noviembre de dos mil diecinueve. Citatorio de seis de noviembre de dos mil diecinueve. Oficio número SP/5733/2019 de primero de noviembre de dos mil diecinueve, suscrito por el Subdirector de Pensiones de la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales. Constancia de recepción de once de diciembre de dos mil diecinueve del cheque número 0715682 de veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, por la cantidad de *****, a favor de Jorge Trinidad Rodríguez Fiscal. Asimismo, exhibió el original de la Constancia de Percepciones y Deducciones de los años dos mil diecinueve y dos mil veinte, de Jorge Trinidad Rodríguez Fiscal, en la cual se observa que en el mes de enero fue instalada la cuota diaria pensionaria de *****. En consecuencia, previo hacer el estudio de cumplimiento de la sentencia de amparo, es necesario que exista un pronunciamiento por parte de la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en cuanto a si se ha cumplido o su sentencia en el juicio de nulidad 414415-17-03-8, de su índice. Lo anterior, toda vez que el presente juicio se traduce en obligar a la autoridad responsable a cumplir con la omisión de la sentencia del juicio de nulidad dictada por la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo anterior tiene sustento en atención a lo resuelto por la Segunda Sala de la SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN en el INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA 306/2016, en sesión de dieciocho de octubre de dos mil diecisiete, en el que se determinó, entre otras cuestiones, que la obligación de pago debe ser resuelto en la jurisdicción contenciosa administrativa, la cual no concluye con la emisión de la sentencia, pues su actuación continúa hasta que se dé debido cumplimiento a las obligaciones que le impuso la autoridad demandada en su fallo, con las decisiones que se emitan con posterioridad en esa instancia y que sean una consecuencia directa a su materialización. REQUERIMIENTO En consecuencia, con copia del oficio junto con sus anexos, 8492 y con fundamento en el artículo 297, fracción I del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la Tercera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, para que en el plazo de DIEZ DÍAS, con las constancias que le son remitidas emita pronunciamiento en el que indique a) si se encuentra cumplida su sentencia o no dentro del juicio 414415-17-03-8, en su caso b) indique los extremos que faltan por cumplir y, c) en caso de que exista un cantidad diferente a pagar al quejoso (actor), la precise, informando la determinación con la que dé continuidad al procedimiento de ejecutoria así como el estado procesal actual que guarda dicho juicio de nulidad. APERCIBIMIENTO En el entendido que en caso de incumplimiento, se le impondrá una multa de cincuenta veces del valor inicial diario de la unidad de medida y actualización, en términos de lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, a veintidós de septiembre de dos mil veinte. Por recibido el oficio firmado por el Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de esta Ciudad, a través del cual solicita una prórroga a efecto de dar cumplimiento a los requerimientos formulados en autos. PRÓRROGA Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 192, se otorga prórroga Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, POR ÚNICA OCASIÓN para que dentro del plazo de QUINCE DÍAS, remita a esta juzgadora las constancias con las que acredite haber remitido un oficio a la Dirección de Operación e Inversión de Fondos, de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, acompañado de copia simple de la sentencia firme, el oficio original de visto bueno, la planilla de liquidación aprobada en autos, el cálculo del impuesto sobre la renta, el oficio de otorgamiento de suficiencia presupuestal y distribución del pago por Unidad Administrativa, en el que le solicite la obtención de la Cuenta por Liquidar Certificada "CLC", contra recibo y cheque a favor del quejoso. De la misma manera, REQUIÉRASE al Director de Operación e Inversión de Fondos, de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, para que dentro del plazo de VEINTE DÍAS, remita a este juzgado las constancias con las que acredite haber emitido el CLC, a través de dos contra recibos, así como haber elaborado el cheque a favor del quejoso ***; y ponerlo a su disposición, o en su caso, entregarlo ponerlo a su disposición, o en su caso, entregarlo a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que se entregado al promovente de amparo. De igual forma, requiérase al Coordinador General de Administración (antes Oficial Mayor) de la Fiscalía General de Justicia, y al Secretario de Administración y Finanzas, ambos de la Ciudad de México en su carácter de superiores jerárquicos de las autoridades requeridas, para que dentro del mismo plazo les ORDENEN y conminen a cumplir con el presente proveído; o bien, para que igualmente, y dentro del mismo plazo, informen y demuestren la razón objetiva que se los impide. Cabe señalar a propósito de lo anterior, que la emisión de oficios y su comunicación a éste órgano jurisdiccional no basta para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de sentencia a cargo de los superiores jerárquicos de las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento del fallo protector, sino que deben demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer para constreñir a la autoridad a que cumpla. APERCIBIMIENTOS SE APERCIBE a las autoridades en mención, que de no dar cumplimiento a los requerimientos que anteceden, mediante las actuaciones descritas o mediante el informe de imposibilidad de referencia, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de unidades de medida y actualización. Asimismo, se apercibe a todas las autoridades responsables, vinculadas y superiores jerárquicos, que en caso de que se les imponga una multa por desacato, en términos de los artículos 192 y 193 conforme a lo antes precisado, también se remitirá el expediente en el que se actúa al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en incidente de inejecución de sentencia, para que éste a su vez, en caso de considerarlo procedente, emita la resolución respectiva en relación con el incumplimiento de la ejecutoria de amparo y envíe los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, de su superior jerárquico y de las autoridades vinculadas; además de la consignación ante el Juez de Distrito que corresponda por los delitos relacionados con el incumplimiento de una sentencia de amparo. Se les informa asimismo, que transcurrido el plazo otorgado o bien su prórroga en los términos descritos, sin que obre en autos el resultado perseguido mediante el requerimiento correspondiente a la etapa del Protocolo de que se trate, se impondrá a las personas físicas que ocupen en ese momento el cargo de las autoridades que en este sentido se consideren contumaces, y que por ende hayan cometido la infracción, las multas con la que se apercibe; mismas que deberán ser pagadas con el patrimonio de dichos funcionarios en lo personal, y no con el del órgano o institución pública a la que pertenezcan. Se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la Secretaria Encargada del Despacho de este órgano jurisdiccional, así como por la Secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Ciudad de México, diecisiete de septiembre de dos mil veinte. Con la demanda de amparo presentada por Gloria Chávez Rosales, por derecho propio; fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 817/2020 y dese de alta en el sistema correspondiente. NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, debe precisarse en qué consisten, atendiendo al análisis integral del escrito de demanda. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) Analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) Prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda Con base en estas premisas, de la lectura integra de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa reclama la orden de realizar funciones en el puesto de trabajo en el que se ponen en riesgos los derechos de salud y la vida de la quejosa y sus menores hijos. Asimismo, de los antecedentes narrados en el escrito inicial se observa que la promovente del amparo afirma que presta sus servicios como auxiliar de limpieza e Higiene en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en la Clínica ciento veinte (120), y que se le informó que está asignada al área de Urgencias, en el área de Covid. ANÁLISIS DE COMPETENCIA En ese sentido, conviene tener presente que el análisis de la competencia es un presupuesto procesal cuyo estudio es de orden público y se puede realizar en cualquier momento del procedimiento, ya que su inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez cuya competencia no encuentra justificación. En ese tenor, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de ocho de julio pasado resolvió la contradicción de tesis 127/2020 entre las sustentadas por el Decimoquinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Decimosegundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y al respecto en la Contradicción de mérito de manera sustancial, entre otras cuestiones determinó en lo que aquí importa que: Si bien era cierto se emitieron diversos Acuerdos que establecen las medidas preventivas que deben implementarse para la mitigación y control de riesgos para la salud que implica la enfermedad por el virus SARSCoV2 (COVID-19), los cuales derivaron de autoridades de carácter administrativo, en ejercicio de las facultades que tienen en materia de salud pública, también lo era, que aquéllas también tienen un impacto en el mundo del trabajo, derivado de lo cual se instruyó a los empleadores, en un primer momento, a evitar la asistencia a los lugares de trabajo a aquellas personas con mayor riesgo de enfermar gravemente a causa del COVID-19 y, posteriormente, ordenando la suspensión total de las actividades que no fueran esenciales para hacer frente a la emergencia sanitaria. Las medidas implementadas para reducir los riesgos de contagio de la enfermedad por coronavirus COVID-19 derivan de una política de salud pública dirigida a enfrentar la situación de emergencia que se vive, lo cierto es que su aplicación se ubica, de manera importante, en el ámbito laboral al tener como consecuencia la adaptación de las condiciones de los trabajadores, a efecto de reducir su exposición a dicha enfermedad. Las referidas medidas implementadas para mitigar y controlar los riesgos para la salud originados por el virus SARS-CoV2 tienen naturaleza laboral, cuando su aplicación esté dirigida a garantizar la seguridad y salud de los trabajadores en sus centros de trabajo. Lo anterior derivó en la jurisprudencia que está pendiente de publicación de rubro siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA LA NEGATIVA DE APLICAR A FAVOR DE UN TRABAJADOR LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA MITIGAR Y CONTROLAR LOS RIESGOS PARA LA SALUD ORIGINADOS POR EL VIRUS SARS-CoV2 EN LOS CENTROS DE TRABAJO. CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN MATERIA DE TRABAJO. En ese sentido, si bien la jurisprudencia cuyo rubro se cita aún no está publicada y por tal motivo no es una obligación para esta juzgadora atenderlo, esa determinación es un criterio orientador que evidentemente debe observarse. Es aplicable a lo anterior por las razones que sustenta la tesis emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: SENTENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION. PUEDEN FUNDAR UNA SENTENCIA DE APELACION. No es exacto que una tesis aislada de este Alto Tribunal, no pueda fundar una sentencia de apelación, puesto que no existe disposición legal que prohíba a los tribunales orientar su criterio con los precedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Cuando el caso que se juzga es análogo al que con anterioridad fue resuelto en un amparo. En ese orden de ideas, atendiendo a lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 127/2020 antes descrita, este juzgado federal procede a verificar si cuenta con las facultades legales para ejercer su jurisdicción en el presente asunto, lo anterior en atención a lo establecido en la jurisprudencial P./J.21/2009 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. La competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Por otra parte, de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V y 94, párrafo sexto, constitucionales, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional. En congruencia con lo anterior, se concluye que aquella competencia es un presupuesto de validez del proceso cuya infracción por los citados órganos jurisdiccionales al resolver un juicio de amparo sin tener competencia por razón de materia, se traduce en el desconocimiento de la voluntad del Constituyente y, por ende, de la del legislador que la desarrolla, lo que ocasiona que se violen las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo en perjuicio de las partes, porque se les sujeta a la determinación proveniente de una autoridad que prorroga indebidamente su competencia y resuelve un juicio específico sin tener facultades para ello, afectando directamente los derechos sustantivos de aquéllas. En ese tenor, es conveniente tomar en cuenta la distinción que existe entre los conceptos de jurisdicción y competencia, entendiéndose por jurisdicción la potestad de con que cuentan los juzgadores para administrar justicia, mientras que la competencia se refiere a la facultad que tienen tales juzgadores para conocer de determinadas controversias. Así, para determinar cuáles son los asuntos que debe conocer un juzgador por razón de competencia, deben atenderse criterios como: a) Materia, la cual se establece en atención a la naturaleza jurídica del conflicto objeto del litigio, esto es, las cuestiones jurídicas que constituyen el fondo de la materia en el proceso, de acuerdo con las diferentes ramas del derecho sustantivo; b) Territorio, es decir, el ámbito espacial de validez dentro del cual un juzgador puede ejercer válidamente su función jurisdiccional, el cual puede denominarse de diversas maneras como circuitos, distritos o partidos judiciales. c) Grado, el cual se refiere a la posibilidad de que la decisión sobre una controversia sea sometida a revisión por parte de un juzgador de mayor jerarquía, con el fin de que determine si dicha decisión fue dictada con apego o no a derecho y resuelva si debe o no confirmarse. Así, los criterios mencionados constituyen factores determinantes de la competencia de los órganos jurisdiccionales para conocer de las controversias relacionadas con una rama específica del derecho, dentro de un espacio territorial concreto, en una instancia determinada. Ahora, de acuerdo con el artículo 94, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para determinar el régimen de distribución de competencias de los órganos jurisdiccionales de amparo, debe atenderse a las pautas que de manera expresa establezca la legislación ordinaria, específicamente la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la cual regula la especialización por materia de los Juzgados de Distrito y los Tribunales Colegiados de Circuito. En particular, respecto a las materias administrativa y de trabajo, los artículos 52 y 55 de la ley mencionada detallan la competencia de los Juzgados de Distrito en tales materias, de donde se advierte que el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado, así como de la autoridad responsable. Los artículos a que se han hecho referencia son del tenor siguiente: Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 55. Los jueces de distrito en materia de trabajo conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden; II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo; III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial; IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. VI. De las diferencias o conflictos de la materia laboral, en los términos de la fracción XX del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como se aprecia de los numerales transcritos, la competencia para conocer de un juicio de amparo, se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia del Trabajo, entre otros supuestos, cuando se promueva contra actos de autoridad distinta de la judicial. De esa forma, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 83/98, de rubro: COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. Determinó que para fijar la competencia por materia se debe atender a la naturaleza de la acción ejercida, sin analizar la relación jurídica existente entre las partes en litigio, en tanto que dicho tema pertenece al estudio de fondo del asunto. En ese mismo sentido, la Segunda Sala emitió la jurisprudencia 2ª/J. 24/2009, de rubro: COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS, en la que se concluyó que para determinar la competencia por materia de los asuntos sometidos a los jueces de distrito, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado, ya que éste es precisamente el elemento que define la acción constitucional, sin que ello implique el análisis de las expresiones alegadas en contra de aquél. Conforme a lo expuesto, se pone en evidencia que el acto reclamado en la demanda de amparo que se analiza, se encuentra dentro del supuesto resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por tanto, esta Juzgadora carece de competencia legal por razón de materia para conocer del presente asunto. Lo anterior, pues al resolver una cuestión competencial por razón de materia, debe atenderse fundamentalmente a la naturaleza material del acto reclamado, prescindiendo de la calidad de la autoridad que lo haya emitido. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 48, de la Ley de Amparo y 55, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa carece de competencia legal por razón de materia para conocer del presente asunto, por lo que se ordena remitir este expediente, al Juzgado de Distrito en Materia de Trabajo en la Ciudad de México, en turno; y una vez que el juzgado correspondiente tome conocimiento del presente asunto, se le solicita atentamente informe si acepta la competencia declinada en su favor. Fórmese cuaderno de antecedentes; háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y estese en espera de la determinación que adopte el Juez que se estima competente. SUSPENSIÓN DE PLANO. En el caso se advierte que la parte quejosa acude al presente juicio en defensa de un interés jurídico, dado que la orden de que preste sus servicios en un área de riesgo, puede causar una afectación directa a su derecho de salud. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente la tesis aislada, emitida por los Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: INTERÉS JURÍDICO PARA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. SE SURTE SI QUIEN LA SOLICITA ES PARTE DE UN PROCEDIMIENTO. Es verdad que a cargo del promovente del amparo pesa la obligación de probar en el incidente de suspensión su interés jurídico para obtener la medida cautelar de que se trata, empero en dicho incidente no se requiere la plena demostración del referido interés, bastando la prueba indiciaria, deducida de lo asentado por el quejoso en su demanda de amparo, bajo protesta de decir verdad, que es parte demandada en el juicio del que emana el acto reclamado. Además, se debe tener plena certeza de que efectivamente, los actos del que se duele la promovente inciden en su esfera jurídica, cuando menos de forma indiciaria. En ese sentido, la parte quejosa exhibió en el escrito de cuenta las pruebas siguientes: Copia de su recibo de pago de nómina. Solicitudes de estudios de diagnósticos del menor Alejandro Emmanuel Pérez Chávez. Información Clínica del menor Alejandro Emmanuel Pérez Chávez. Ahora bien, al haber realizado la parte quejosa la protesta de ley en su demanda de amparo, aunado al contenido de las documentales descritas, a juicio de la suscrita, resultan ser por el momento, elementos suficientes para acreditar de manera indiciaria el interés suspensional, ya que de ellos se advierte que es trabajadora del Instituto Mexicano del Seguro Social y que tiene un menor de edad con enfermedad respiratoria. Apoya lo anterior, la tesis del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que establece: ACREDITAR SER TITULAR DE UN DERECHO OBJETIVO TUTELADO POR LA LEY PARA PODER OBTENER LA. Es de explorado derecho que para obtener el otorgamiento de la medida cautelar definitiva, se requiere que los quejosos demuestren que son titulares de un derecho (propiedad, posesión, concesión, etc.); por tanto, si los recurrentes al formular la demanda de garantías que dio origen al incidente, se ostentaron como propietarios de algunos inmuebles, así como poseedores calificados de los terrenos que se dijeron afectados a través de la resolución agraria reclamada, manifestando que exhibían diversas documentales en vía de prueba, sin que de las constancias que integran el original del cuaderno incidental se advierta la existencia de éstas, de ahí que al no haber demostrado los quejosos la titularidad de un derecho objetivo tutelado por la ley, es lógico determinar que no acreditaron el interés jurídico que les asiste para obtener la suspensión definitiva del acto que reclaman. En el presente caso, esta juzgadora no advierte que mediante el otorgamiento de la medida cautelar, se afecte el interés social o se contravenga el orden público; y en cambio, la apariencia del buen derecho de la parte quejosa se acredita. Puesto que, conceder la suspensión en el área donde labora actualmente a favor de la quejosa, no parece, a partir de un análisis preliminar, pueda producirse una contravención ineludible a disposiciones de orden público, ni que pueda privarse a la colectividad de un beneficio que le otorguen las leyes, ni se le causaría un daño que de otra manera no resentiría. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que expresa lo siguiente: ACTOS CONSUMADOS DE UN MODO IRREPARABLE. OBJETO DE AMPARO. No tienen ese carácter los que pueden repararse por medio del juicio constitucional, cuyo objeto es precisamente volver las cosas al estado que tenían antes de la violación reclamada. En tales circunstancias, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO DEL ACTO RECLAMADO, para el efecto de que se ordene a las autoridades señaladas como responsables concedan el resguardo domiciliario a favor de la quejosa, sin responsabilidad jurídica alguna para ésta y con goce de sueldo, hasta en tanto las autoridades sanitarias competentes, suspendan o den por concluída la emergencia sanitaria decretada en el país por el virus Covid-19 o bien cuando se decrete el semáforo respectivo. Lo anterior no implica que la quejosa no pueda realizar actividades laborales de naturaleza administrativa relacionadas con su función desde su domicilio, en caso de que la dependencia donde labora así lo estime conveniente. Determinación que se toma en cumplimiento al criterio sustentado por el Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver la Q.A. 73/2020 deducida del juicio 470/2020 del índice de este órgano jurisdiccional. Pues de razonar en sentido contrario, se causarían daños de difícil o imposible reparación a la salud de la parte quejosa y la de su familia, pues al tener un hijo menor de edad con problemas respiratorios, es factible que corra el riesgo de mayores complicaciones en caso de contraer infección por el virus COVID-19; de ahí que deben tomarse todas las medidas pertinentes para evitarlo. La presente medida cautelar surtirá sus efectos desde luego, y hasta en tanto el Juez Distrito competente se pronuncie sobre la admisión de la demanda, sin suspender actos diversos a los reclamados. Pues de razonar en sentido contrario, se causarían daños de difícil o imposible reparación a la salud no solo de la quejosa, sino de su hijo menor de edad, pues al pertenecer a un grupo vulnerable es factible que corra el riesgo de mayores complicaciones en caso de contraer infección por el virus COVID-19, de ahí que deben tomarse todas las medidas pertinentes para evitarlo. Al respecto, resulta aplicable por no oponerse al contenido de la legislación citada en vigor, en términos del artículo sexto transitorio del decreto mediante el cual se emitió esta última, la jurisprudencia 1a./J. 33/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE Y NO AL NOTIFICARSE". Importa destacar que no solo las autoridades responsables están obligadas a cumplir esta medida cautelar, sino también aquellas que en virtud de sus funciones puedan materializar los efectos y consecuencias de los actos reclamados cuya suspensión se ha decretado. Al respecto, se hace de su conocimiento que en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se prevé: 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: --- (...) --- III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. Asimismo, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del plazo de veinticuatro horas siguientes a aquél en que queden debidamente notificados de esta determinación, informen a este órgano jurisdiccional sobre la forma en la que han dado cumplimiento a la suspensión otorgada, quedando a su discreción asignarla a un área administrativa. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado en la presente instancia constitucional, a la urgencia de la medida cautelar concedida y a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia a que se encuentra obligado este juzgado de Distrito, por mandato expreso del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona a los actuarios de la adscripción para que notifiquen mediante oficio a las autoridades responsables la suspensión de plano decretada en el presente acuerdo, a fin de que se dé cumplimiento a los efectos por los que se concede la medida cautelar solicitada, por sí, o bien, girando las instrucciones necesarias a las autoridades respectivas que, por sus funciones específicas, sean competentes para esa finalidad, pues debe recordarse que al cumplimiento de la medida cautelar otorgada se encuentran constreñidas todas las autoridades, aunque no tengan la calidad de responsables. En este punto, se hace del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el referido artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos, siempre y cuando no exista duda y resulte evidente su existencia, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan. Debiendo acreditar tales circunstancias a este Juzgado de Distrito con las constancias fehacientes vía correo institucional 9jdo1ctoa@correo.cjf.gob.mx, dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la siguiente a la en que queden legamente notificadas del presente proveído, en el ámbito de sus atribuciones, las actuaciones que realizan a fin de dar cumplimiento a la suspensión de plano decretada en el presente asunto. Apercibidas que en caso de ser omisas en desahogar el requerimiento que se les formula, el Juzgado de Distrito competente estará en aptitud de proceder en términos de lo previsto en el título quinto de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158, del propio ordenamiento citado. PROVIDENCIAS DE TRÁMITE. En términos de los artículos 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 12 de la Ley de Amparo, respectivamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, y como autorizados en los términos amplios a las personas que tengan inscritas sus cédulas profesionales de licenciados en derecho en el registro correspondiente del Poder Judicial de la Federación; y sólo en términos limitados a las personas que menciona para tal efecto por así haberlo solicitado. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente asunto, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, a través de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos; asimismo, se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales para la reproducción de constancias, con la misma salvedad, y en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. En caso de que las partes interpongan recursos previstos en la Ley de Amparo, se tendrá por agregado al presente expediente el acuse de recibo por parte de la Superioridad con la sola recepción del mismo en la oficialía de partes, previa certificación secretarial en la que conste la fecha y hora de recepción de la mencionada comunicación. De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y conforme con el derecho a la tutela judicial pronta y efectiva y al debido proceso, de los artículos 12 a 124 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 57 y 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles, este juzgado determina que los oficios o escritos que presenten las partes relativos a los trámites que no incidan en la prosecución efectiva del juicio ni requieran ser acordadas mediante determinación judicial adoptada por este órgano jurisdiccional, -por ejemplo, los acuses de recibo, las autorizaciones de las partes, las notificaciones a los peritos o gestiones para hacer efectivas multas ya impuestas, etcétera- con excepción de aquellas con las que por disposición expresa de la ley deba darse vista a las partes, se glosarán en el expediente, en términos del artículo 62 del citado código adjetivo, el secretario hará constar el día y la hora en que se presentó el oficio o escrito, considerando desde este momento procedente la pretensión plasmada en el documento, quedando las partes en aptitud de imponerse de ellas y, sólo en caso de que resulte notoriamente improcedente su solicitud, se comunicará a la parte promovente tal determinación mediante acuerdo del juzgadora y notificación correspondiente. Este criterio tiene como objetivo evitar dilaciones excesivas e innecesarias en observancia directa del artículo 17 constitucional y que el expediente se encuentre en la mesa de trámite el mayor tiempo posible para consulta de las partes, a fin de que puedan imponerse de las constancias exhibidas en autos y los proveídos dictados. HABILITACIÓN DE ACTUARIOS De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. A efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentran adscritos a este juzgado, comisionados para realizar las diligencias de carácter urgente, se les conmina a que cuando resulte necesaria la práctica de una diligencia personal, ésta se realice en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Asimismo, se ordena que el presente acuerdo se publique de manera temporal y únicamente con fines informativos bajo las pautas del artículo 29 de la Ley de Amparo,11 para lo cual, los actuarios de la adscripción deberán fijar una lista al exterior del inmueble -reja perimetral-, misma que podrá ser consultada por las partes interesadas, o bien, si así lo desean podrán ingresar a la página https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/circuit os.asp?Cir=1&Exp=1. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la Secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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